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No me pidan calma

¡Viva la Confederación Española de Derechos Sociales Autónomos!

29 de Marzo de 2015 a las 15:22

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” 

Artículo 14. Constitución Española

Discúlpenme. Pero ni en sueños.

 

El 27,3% de la población española está en pobreza o exclusión. 12.866.431 personas sin un estado que las defienda.

La última de las 10 claves que describen este fracaso colectivo es decisiva: España es un país desestructurado en donde la desigualdad entre Comunidades Autónomas es brutal, tanto en datos objetivos como en el compromiso y presupuesto de cada gobierno autónomo en combatirla.

Una obscena lotería social en donde la posibilidad de que un ciudadano tenga una vida digna depende de la comunidad autónoma o el ayuntamiento en el que nace o vive.

En un estado con escaso gasto social (apenas 6.026 euros por habitante, frente a los 8500 euros de media de los países de la zona euro (Eurostat 2012).

Que beneficia sobre todo a los más ricos, como acaba de echarnos en cara la OCDE. 

En donde Comunidades y ayuntamientos han recortado 2.200 millones en servicios sociales desde el 2011.

Y con un sistema de servicios sociales más pensado en expulsar a las personas del sistema que en que salgan de la pobreza, como dice Miguel Laparra.

Comprueben en los gráficos si viven en una comunidad en la que les ha tocado el gordo o la pedrea de los derechos sociales. Comenzando por el de la población en situación de pobreza o exclusión (AROPE) del informe El Estado de la Pobreza de EAPN España.

Pobreza infantil

En La infancia en España 2014, UNICEF nos dice que un 32,6% de nuestros niños y niñas están en riesgo de pobreza o exclusión. La inversión global en infancia ha disminuido en 730€ por niño entre 2007 y 2013 . En  “La infancia en sus presupuestos” nos indican la inversión por niño en cada comunidad. Cuanto más claro el color azul, menos presupuesto.

¿Qué delito han cometido los niños y las niñas en Murcia, Madrid, Cantabria o Navarra para que se les castigue así?

Desigualdad

Fuente:ECV/Informe Foessa 2014

No es decente hablar de causas y soluciones a la pobreza sin hacerlo también de riqueza y desigualdad. Es asombroso el crecimiento de la brecha entre ricos y pobres: 7 de cada 10 personas viven en países donde la brecha es mayor hoy de lo que lo era hace 30 años.

También y a gran velocidad en España, donde en 2013 y según EUROSTAT ya éramos el séptimo país europeo en desigualdad (y no es un brote verde que en 2012 fuéramos el segundo tras Letonia). Entre 2008 y 2012 según el Informe sobre exclusión y desarrollo social de Caritas España, el Indice de Gini que mide la desigualdad creció nada menos que 8,64 puntos.

Pero la sorpresa surge al mirar este crecimiento por Comunidades Autónomas. ¿Qué culpa tienen las personas en Castilla-La Mancha, Andalucía o Canarias? ¿Dónde estaban mirando los gobiernos de Asturias, Cantabria o Aragón mientras la desigualdad se desbocaba? 

Servicios sociales. ¿A quién le importa?

Porque esta es la pregunta: ¿Qué gobiernos autónomos actúan con decisión ante la pobreza y la exclusión en la que vive una gran parte de las personas a las que dicen defender?. Lo resume bien este mapa del Indice DEC que elabora cada año la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. En el Indice del 2013 les daba el pésame si tenían la mala suerte de vivir en Canarias, Madrid, Murcia o en el infierno de Valencia. En el 2014 hay que dárselo también a miles de andaluzas y gallegas.

La misma asociación detalla la canallada del desmantelamiento de la Ley de Dependencia. Además de demostrar como el estado central ha dejado a su suerte a las CCAA recortando 1400 millones de euros de su presupuesto, en 28 imágenes describen a qué gobiernos les importa. ¿A qué les van sonando las CCAA que están en último lugar?

Rentas mínimas. ¿Euskadi es ciencia ficción?

En donde peor lo están pasando es en los casi 1.800.000 hogares en la que las nadie tiene empleo pero especialmente en los 742.900 que no disponen de ningún tipo de ingreso familiar y que están prácticamente en la indigencia.

El último recurso para que estas familias puedan satisfacer sus necesidades básicas está en muchos casos en los diferentes sistemas de las llamadas rentas mínimas que tienen las comunidades autónomas. Es decir, percibir un mínimo ingreso para quien no puede trabajar o acceder a un trabajo decente mientras, en teoría, se les acompaña hasta que puedan salir de esta situación.

Un completo desastre. Muy lejos de lo que debería ser un derecho subjetivo en todo el territorio y muy cerca de jugar con la dignidad de estas personas, como denunciaba hace poco Javier Pérez, una de ellas.

Lo demuestra el Informe sobre los Sistemas de Rentas Mínimas de EAPN España: complejo, incoherente, fracturado y sobre todo injusto según donde la comunidad autónoma en la que se viva, cuando no una excusa más para culpabilizar a sus perceptores.

Los datos oficiales reflejan un desprecio flagrante a miles de personas. Quédense en esta tabla con la columna “Tasa 2013 de personas perceptoras por cada mil habitantes”: 0,59 en la depravada Castilla La Mancha frente a los 34 de Euskadi.

No hace falta viajar a lejanos países nórdicos para encontrar ejemplos positivos de política social. No es ciencia ficción como algunas veces he escuchado en responsables de otros gobiernos autonómicos. Es una simple cuestión de prioridad política.

¿Gobernar o jugar al ping pong?

Sobran los ejemplos: Save the Children lo acaba de denunciar en inversión educativa en su informe “Iluminando el futuro“, la Red Jóvenes e Inclusión reclama un modelo común e integral para la inclusión social de los jóvenes. La extrema dispersión de la llamada cooperación al desarrollo descentralizada fue una de las claves del estallido de la burbuja solidaria.

Ante esta ausencia clamorosa de coordinación y liderazgo, la respuesta política normalmente aburre. O bien es un ping pong en la que la culpa es del otro, o bien una liguilla cutre en la que oposición y gobierno de cada comunidad denuncian o celebran para la galería el último ranking publicado. Y mientras las profesionales en la administración pública o en las ONG dedicadas a rellenar formularios y surfear en montañas de legislación dispersa y contradictoria.

No voy a cuestionar la organización territorial del estado. Tampoco meterme en un debate sobre banderas, patrias o naciones “unas grandes y libres” . Está bien para comentar en una cafetería y entre el 34% de los que llegamos sin problemas a fin de mes, pero de poco sirve si la prioridad es mejorar YA la calidad de vida de 12.866.431 personas.

Quizá la Administración General del Estado debería volver de sus vacaciones y centrarse en garantizar la igualdad de derechos para todo el territorio, estableciendo un mínimo común para todas las comunidades autónomas. Coordinando y liderando y contando con la colaboración de los gobiernos autónomos, gobernados la mayoría por los mismos partidos.

No digo imponer ni invadir competencias, aunque a la vista del calamitoso maltrato al que comunidades como Murcia, Canarias, Valencia o Castilla-La Mancha están sometiendo a miles de sus ciudadanos, me pregunto si sus gobiernos autónomos están capacitados para seguir gestionando la competencia de sus servicios sociales.

Anímense. Algo avanzamos

La Comisión Europea, uno de nuestros mejores aliados, en su Country Report sobre España al hablar de política social (páginas 62 a 67) nos describe a la perfección: “las competencias en los regímenes de ayuda a la renta y sus prestaciones se distribuyen entre instituciones y niveles de Administración muy diversos, y faltan criterios unificadores y una base de datos nacional” .

De hecho se está avanzando en una directiva para crear una Renta Mínima europea, de obligado cumplimiento en los países miembros.

Los empresarios saben de sobra de lo que estoy hablando, llevan lustros reclamando unidad de mercado.

En el Plan Nacional de Inclusión Social 2013-2016 se incluyen medidas como la 62: Aprobar una Ley de reordenación integral de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social.  El Fondo estatal de lucha contra la pobreza infantil, aunque con sus ínfimos 32 millones de euros de presupuesto, supone un avance de coordinación con las CCAA.

Fíjense si es posible que los ayuntamientos de toda España y antes de junio de 2015 deben modificar sus ordenanzas para asegurar que la tarjeta de estacionamiento de las personas con discapacidad es válida en todas las comunidades autónomas. Pues no, hasta ahora no lo era.

¿Y dentro de cada Comunidad Autónoma?

Pues igual o peor.  Si viven en Galicia, les recomiendo que entren en #Pobreza24M: Ayuntamientos al servicio de las personas y consulten lo que en el 2013 invirtió su ayuntamiento en servicios sociales. La media de todos ellos y las diputaciones fue de 109 euros por habitante y año.

Pregunten a sus candidatos, pregunten…

@xosecuns

Administración, Corrupción, Derechos humanos, Desigualdad, Exclusión, Inclusión, Inversión social, Personas, Servicios sociales, Transparencia, Unión Europea
Escrito por xosecuns 7 Comentarios
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