Ibrahim Keita, Armand Debordo Bakayoko, Ousman Kenzo, Oumar Ben Sanda, Yves Martin Bilong, Daouda Dakole, Nimen, Blaise…  Y así hasta 15 personas muertas hace casi dos meses en Ceuta. Ninguno de ellos superaba los 26 años, Armand tenía 16.

Por decencia y contra la indiferencia y el olvido creo obligado comenzar este artículo recordando por su nombre a estas personas, obligadas a escoger entre un ataud o una maleta. «No preguntéis su nombre a quién os pide asilo. Precisamente quién más necesidad tiene de asilo es el que tiene más dificultad en decir su nombre«, escribía Victor Hugo en Los Miserables.

Hace unos meses, Violeta Assiego, una reconocida experta en derechos humanos, Vulnerabilidad Social y Discriminación, en Si viaja al Norte no olvide sus cadenas escribía sobre toda la demagogia y falsedad que oculta el fenómeno de la inmigración, afirmando con razón que en España «no existe una cultura civil de defensa de los derechos de otros seres humanos que no seamos nosotros«.

Hoy Violeta, con su rigor habitual, continúa contándonos esta historia infame con el espanto de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Y yo me sigo haciendo la misma pregunta incómoda:  ¿Si los muertos fueran blancos o españoles reaccionaríamos igual?

¡Gracias, Violeta!

Los «Guantánamo» españoles

Desde el año 2009 más de 50.000 personas de origen extranjero han pasado por los centros de internamiento sin que sus derechos fundamentales hayan sido garantizados suficiente y adecuadamente.

Durante este periodo y en seis meses desde que la normativa de Extranjería entró en vigor aquel año, debía haber estado vigente su reglamento de funcionamiento. Casi cinco años después se acaba de aprobar el Real Decreto 162/2014, que regula el funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros. Hasta este momento estuvo vigente una Orden del Ministerio de la Presidencia del año 1999 que —a efectos prácticos— ha supuesto un verdadero “limbo jurídico” en el funcionamiento de los CIE y que ha dado cabida a irregularidades denunciadas por las  ONG y sobre las cuáles han preguntado varios grupos políticos en sede parlamentaria.

Cincuenta mil personas desde el 2009 es una cifra estimada obtenida a partir de los informes del Defensor del Pueblo sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y de las memorias de la Fiscalía General del Estado. A falta de los datos del año 2010 y 2013 (en todo caso similares a los de años anteriores)  y desde luego muy inferior a la cifra total posible desde que los CIE entraron en funcionamiento en 1985.

Es necesario señalar que localizar información objetiva sobre los CIE es como buscar una aguja en un pajar. No existe ninguna fuente oficial que agrupe de manera sistematizada y clara –además de desglosada por CIE- el número de plazas, de ingresos, de expulsiones, el tiempo medio de estancia, los egresos, la ocupación media, las nacionalidades, los costes, el personal destinado, la estructura física, ni por supuesto las características personales y sociales de las personas que allí permanecen. Algo que hace sumamente complicado el poder rendir cuentas de un servicio de custodia de personas gestionado por el propio Estado.

Los CIE, a pesar de su apariencia, no son cárceles. Al igual que los inmigrantes irregulares por el hecho de serlo no son malos. Es interesante ver a través de este video de una encuesta que se hizo en México a niños y niñas la asimilación de estereotipos que absorbemos desde muy pequeños y hasta qué punto estaba arraigado en ellos el racismo:

Las personas ingresan en los CIE no porque hayan cometido un delito.

Es la irregularidad en su situación administrativa la que les lleva a ese lugar, el hecho de ‘ser ilegal’. Se les priva del derecho a circular libremente —según el texto del nuevo reglamento— como ‘medida preventiva o cautelar para garantizar la expulsión y devolución en virtud de expediente administrativo, o la expulsión como medida sustitutiva la pena privativa de libertad de una duración máxima de 6 años’.

De esta forma, se pueden llegar a dar, y de hecho se dan, situaciones en las que en el mismo espacio físico conviven —durante un máximo de 60 días— personas que han cometido delitos (y están condenadas por ello) con otras cuyas vidas están completamente ‘integradas’ en la sociedad española y que migraron a nuestro país por razones económicas. Sobre las vidas de las personas del CIE de Aluche (en Madrid) acaba de publicar un informe Pueblos Unidos que describe con suficiente rigor las dramáticas situaciones  personales, familiares y sociales —denunciadas también por otras ONG— de ‘los que van a parar’ al CIE: personas enfermas, víctimas de la trata, personas con mujer hijos, personas que están trabajando en B, posibles solicitantes de asilo y refugio, personas que desconocen el idioma y/o la cultura, etc. PERSONAS que viven con total normalidad entre nosotros.

A raíz del eco mediático por la reciente aprobación del Reglamento de funcionamiento de los CIE, la opinión pública ha empezado a tener conocimiento de las irregularidades que se han venido cometiendo y se ha subido el volumen a la voz de los representantes de las ONG y de las propias personas afectadas y que ya venían contando lo que ha estado sucediendo año tras año. Es muy recomendable este video de SOS Racismo y Amnistía Internacional al respecto

Silencio y opacidad para un reglamento inadecuado e insuficiente

No deja de ser llamativo el silencio y la opacidad sobre las condiciones de estos centros durante diferentes legislaturas y de distintos signos políticos. Es difícilmente negable que el limbo jurídico de todos estos años ha vulnerado, y sobretodo limitado, derechos fundamentales de cada uno de los hombres y mujeres que han pasado por alguno de los 8 CIE que a fecha de hoy siguen funcionando.

A pesar de todo esto, el actual Reglamento —que ha tardado casi un lustro en llegar— es insuficiente e inadecuado. La nueva norma olvida y calla muchos de los aspectos básicos que debía recoger si hubiese atendido a las recomendaciones de los organismos oficiales, las ONG y las directivas europeas respecto a este tipo de internamiento. No ha sido así y la asistencia sanitaria sigue sin estar garantizada las 24 horas; la privacidad en las comunicaciones con la familia o los abogados tampoco; no hay garantías suficientes cuando se realicen ‘cacheos en desnudo integral’ tal y como pide el Tribunal Constitucional; tampoco cuando se use la celda de aislamiento o se interpongan quejas al juzgado sobre lo que esté pasando en el CIE y la lista es larga como para continuar aquí.

Criminalizar a quien no es un criminal

Pero ha sido al dar un protagonismo inusual a la Dirección General de Policía en un espacio que no es penitenciario donde se observa cómo se vuelve a criminalizar a quien no es un criminal y se expone a un plus de vulnerabilidad a quien debía ser protegido por las Fuerzas de Seguridad. Un mensaje en off parece repetirse una vez tras otra a la sociedad: no pasa nada si el inmigrante en situación irregular lo pasa mal. Que existen lugares siniestros como los CIE son necesarios aunque allí los derechos pueden tener otros matices. ¡Qué más da! Es como  poner una concertina más.

Pero ¿realmente da igual? La respuesta desde los Derechos Humanos es que NO da igual y la social es que nunca es tarde para empezar: ‘ni una concertina más’ ‘ en sentido metafórico y en sentido real.

@Vissibles