Ya lo saben. En circunstancias muy poco claras todavía, 15 personas han fallecido al tratar de alcanzar a nado una playa ceutí. 15 más de una larga lista.

Es difícil conocer el sufrimiento que ha llevado a estas y a otras muchas personas a arriesgar su vida para buscar una futuro digno. Es doloroso imaginar e intentar ponerse en su lugar al ahogarse, cuando se cortan con las cuchillas de las vallas, mientras ven morir a su lado a personas queridas…

Difícil, no imposible.

Me hago esta pregunta incómoda: ¿Si los muertos fueran blancos o españoles hubieramos reaccionado igual?

Debo reconocer que mi respuesta es no.  Por eso le agradezco mucho a Violeta el artículo con el que les dejo y que me haya sacudido con frases como esta: «No existe una cultura civil de defensa de los derechos de otros seres humanos que no seamos nosotros»

Violeta Assiego, además de una conversadora envidiable, es abogada, docente  y activista en diferentes organizaciones desde una perspectiva de derechos además de especialista en Vulnerabilidad Social y Discriminación.

Gracias, Violeta.

La inmigración no se encuentra entre los principales problemas que preocupan a los españoles. A los ciudadanos –según el último Barómetro del CIS– antes que la inmigración les inquieta el paro, la corrupción, la sanidad, la política y los políticos, la educación, el Gobierno, los recortes, las entidades bancarias, la administración de Justicia, la calidad del empleo, las pensiones e incluso la crisis de valores.

Sin embargo, el Ministerio del Interior viene tratando últimamente la inmigración en su conjunto como un problema de seguridad.

A las ya preocupantes irregularidades que se dan en las identificaciones policiales a los ciudadanos en función de su perfil racial y/o étnico – y que han sido puestas de relieve reiteradamente y tal y como se ve en un informe de Open Society Justice– o la falta de garantías legales en los centros de internamiento de extranjeros –denunciado también insistentemente por ONG como Pueblos Unidos– se suma el controvertido trato que dispensan las Fuerzas de Seguridad a los inmigrantes que tratan de entrar por nuestras fronteras, especialmente por la de Marruecos.

El reciente suceso de Ceuta pone de relieve una preocupante situación que no es nueva, además del tremendo drama que representa que quince personas pierdan la vida ahogadas en circunstancias todavía por esclarecer. Denota por parte de las autoridades un mensaje ofensivo y hostil hacia la inmigración y los inmigrantes que está muy lejos de la función de garante y protección de los derechos humanos que debe tener un Estado, y por tanto sus funcionarios, tal y como acaba de recordar ACNUR al Gobierno español.

Foto: Amnistía Internacional

Un ejemplo próximo de este trato hostil y desproporcionado, y que tan solo sirve para incrementar la tensión, es la instalación en la valla de Melilla -hace ya más de dos meses- de las llamadas “concertinas”. Este tipo de medidas –además de haber sido rechazadas de forma rotunda por las ONG de derechos humanos– estigmatiza a los inmigrantes ante la sociedad como personas enemigas de la paz que han de ser “frenadas” por cualquier medio, sin preocupar ni su integridad física ni sus motivos para emigrar.

El simple hecho de que una persona quiera entrar en un país es, desde ese punto de vista, interpretado como un acto de violencia que justifica el uso de la fuerza en la defensa de la frontera.

En todo caso es este un enfoque inaceptable –que además de ir contra las recomendaciones de derechos humanos y los tratados internacionales– induce a los ciudadanos a un grave error de percepción sobre cuáles deben ser los medios que se necesitan para regular los flujos migratorios y cuál es la responsabilidad del Estado frente a la inmigración irregular.

Asociar inmigración irregular a “avalanchas violentas” eclipsa la situación de vulnerabilidad real en que se encuentran los inmigrantes y omite la obligación que tienen los Estados de asegurar las normas de derechos humanos cuando apliquen las leyes de inmigración, tal y como recomienda la propia Agencia Europea de Derechos Humanos. Asimismo, sesga la percepción de la realidad promoviendo entre la sociedad estereotipos equivocados sobre las personas tiñéndolas de tintes violentos o amenazantes. Es muy recomendable este video de la ONG noruega Mama Hope –que no sin cierto sentido del humor- evidencia cómo afecta la influencia de Hollywood en la imagen común que tenemos de los hombres africanos.

Las medidas de control migratorio agresivas y restrictivas transmiten a la opinión pública una tensión que más bien es fruto del modelo de intervención fronteriza de las autoridades que por el propio fenómeno de la inmigración.

El número de personas extranjeras que han entrado a nuestro país de manera irregular durante el año 2013 fue un 88 % menor que en el año 2006, justo un año antes de que se retiraran las concertinas de la valla de Melilla. Desde ese año -cuando hubo 39.180 entradas irregulares- hasta el 2012 (una época sin concertinas en Melilla) han ido disminuyendo las entradas irregulares significativamente. Es cierto que en el último año se ha dado un incremento del 20 % en este tipo de entradas pero es necesario contextualizarlo en los números totales para observar que estas no superan las 5.000 en el año 2013, dato todavía inferior al del año 2011.

Es una obviedad que endurecer la entrada a un país con estrategias coercitivas agrava la tensión y dificulta el respeto a los derechos humanos de los inmigrantes por parte de las fuerzas de seguridad. Sin embargo no es tan obvio que con ese tipo de políticas ni se habla ni afronta lo verdaderamente importante: los motivos que llevan a las personas a migrar, las causas de la irregularidad, el papel de las mafias, la utilidad de las políticas de cooperación al desarrollo, los beneficios económicos y culturales que suponen la migración para el país que la recibe, etc.

Las ONG y la sociedad civil juegan en este tema -como en tantos otros- un papel crucial cuando el Estados no protegen a los más vulnerables ni terminan de velar porque se respeten sus derechos. Las ONG por ser la voz de los propios inmigrantes cuya legitimidad está inexplicablemente en entredicho a la hora de denunciar los excesos y los abusos que sufren; y la sociedad civil por ser ese “oscuro objeto de deseo” que los políticos populistas necesitan para obtener sus votos con argumentos apocalípticos y llenos de estereotipos.

Sin embargo -y a pesar del excelente trabajo de denuncia e incidencia que hacen en nuestro país ONG como Médicos del Mundo, Yo Sí Sanidad, Cear, Sos Racismo, Amnistía Internacional, etc.- los abusos y violaciones de derechos a los inmigrantes no movilizan a los ciudadanos nacionales de los países.

No existe una cultura civil de defensa de los derechos de otros seres humanos que no seamos nosotros.

Recuerdo con tristeza como quince días antes de entrar en vigor el Real Decreto Ley 16/2012 -que ha permitido la retirada de la tarjeta sanitaria al menos a 900.000 inmigrantes en situación irregular- los funcionarios se manifestaban en la calles de Madrid para protestar por la retirada de su paga extra. Una imagen realmente chocante que añade algunos matices a la creencia generalizada de que España es una sociedad solidaria.

Decía Gioconda Belli que la solidaridad es la ternura de los pueblos, y con su permiso añado: la solidaridad además de ternura, es no consentir la injusticia entre los pueblos. Ahí es donde toma cuerpo el concepto sociedad civil que además de votar puede transformar su realidad social de una manera inclusiva y justa.

Solo tiene que unirse y creerlo, en ocasiones no basta solo con votar.

@Vissibles