Dan igual todos los argumentos. No importan. En cualquier crisis es imprescindible encontrar chivos expiatorios a los que echar la culpa de nuestros males, antes que afrontar sus verdaderas causas o enfrentarse a sus causantes. Antes que juzgar a defraudadores fiscales, delincuentes financieros o politicos corruptos, mejor echarle la culpa a vagos y maleantes como inmigrantes, parados, jubilados, personas con discapacidad …

Estea semana le toca a las personas migrantes que parece que al enfermarse dilapidan con su avaricia nuestro sistema público de salud. Para combatir esta injusticia, ya saben que nuestro gobierno acaba de aprobar una reforma en la que se  limitará el acceso a la atención sanitaria para las personas migrantes mayores de edad en situación irregular. Esta se verá reducida a la atención en urgencias, y a la asistencia al embarazo, parto y posparto.

Como afirma Amnistía Internacional (y les piden su firma), ninguna medida de recorte del gasto público puede poner en peligro el derecho a la salud. Esta reforma constituye una medida regresiva, contraria al Pacto Internacional de Derechos, Económicos y Culturales del cual España es estado parte.

Pues bien, conviene recordar que ni en la sanidad, ni en los servicios sociales, ni en empleo, los inmigrantes no sólo no nos roban, sino que en realidad aportan más al Estado español de lo que reciben de él. Los Titos de la campaña «Andalucía somos todos«, nos lo empiezan a demostrar de forma simpática en su ambulatorio

Y nos lo demostraba sobradamente hace unos meses la Fundación La Caixa, en su imprescindible informe «Inmigración y Estado de bienestar en España«, dirigido por Francisco Javier Moreno en el que con datos se desmontan los prejuicios que todavía mantienen algunos sectores respecto de la inmigración.

Los inmigrantes apenas tienen peso en el gasto sanitario y el cobro de pensiones, son más pobres y se han visto más afectados por la crisis, aunque son los que más contribuyen a las arcas públicas, a mantener el sistema de protección social y a frenar el envejecimiento poblacional. Los extranjeros residentes en España, suponen el 12,17 por ciento de la población actual (5,7 millones) y, sin embargo, solo son responsables del 5,6% de la utilización de los servicios sociales, especialmente sanidad y educación.

Las personas migrantes, especialmente los no europeos, son jóvenes y por tanto están en plena etapa productiva, con lo que su aporte al sistema de pensiones es fundamental para el país. Según este estudio, su presencia ha permitido retrasar en cinco años la entrada en déficit de este sistema, mientras que menos del 1 por ciento de los extranjeros residentes son perceptores de pensiones y de ellos más de la mitad son comunitarios.

También se destaca que el 50 por ciento del superávit de las finanzas públicas en los años de mayor crecimiento económico correspondió, justamente, a impuestos y contribuciones sociales aportados por los colectivos inmigrantes.

Aún así, la crisis los ha castigado duramente, ya que sufren tasas de desempleo cercanas al 30 por ciento y los que trabajan lo hacen en condiciones de mayor precariedad.

El estudio de la Fundación La Caixa sostiene que “más de la mitad de los españoles percibe al inmigrante como un competidor en el acceso a prestaciones y servicios sociales”, especialmente por su alta concentración en determinadas zonas o comunidades, y que esto podría agravarse en los próximos 20 años “con el envejecimiento del colectivo”.

De momento, los datos recabados indican que el 30 por ciento de los inmigrantes son pobres, frente al 18 por ciento de autóctonos que se encuentra en esta situación, y que pese a ello sólo un 6,8 por ciento de las intervenciones de los servicios sociales están destinadas a ellos.

Algunos sectores y grupos políticos señalan a los inmigrantes como principales responsables del gasto sanitario y del colapso de algunos servicios públicos de salud. Sin embargo, este informe indica que los extranjeros residentes, aunque recurren un 3,2 por ciento más a urgencias, consultan un 7 por ciento menos que los nativos al médico de cabecera y hasta un 16,5 por ciento menos al especialista. Sumado a esto, “la proporción del gasto sanitario que absorben equivale a poco más del 5 por ciento del total”.

Los inmigrantes tienen especial incidencia en el sector servicios y, dentro de él, en el cuidado de niños y ancianos, actividad a la que se dedican muchas extranjeras (un 40 por ciento de las cuidadoras lo son y hasta un 80 por ciento de las internas).

En cuanto a la educación, el informe revela que “la proporción de alumnos extranjeros en nuestras aulas (9,6 por ciento) está por debajo de la media europea y a mucha distancia de países con más tradición inmigratoria”, aunque está en crecimiento.

Los extranjeros, eso sí, se decantan por las escuelas públicas (el 82 por ciento de ellos), corren más riesgo de abandono prematuro de sus estudios y solo el 10 por ciento de ellos continúa estudiando más allá del ciclo obligatorio.

Aunque el Estado español invierte en pensiones y sanidad, “presta escasa atención” a las políticas relativas a vivienda y familia, asegura este análisis. Por eso recomienda aumentar el gasto social, que en España es “significativamente inferior a la media europea». Esta inversión contribuiría a derribar prejuicios y evitar hostilidades.

También subraya que deberían incrementarse las rentas mínimas de inserción destinadas al colectivo inmigrante, que sólo percibe el 11,2 por ciento de ellas cuando suele encontrarse entre los más desfavorecidos.