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No me pidan calma

Robo, hurto y fraude fiscal. Adiós a las clases medias

17 de enero de 2013 a las 21:07

¡Cómo no va a ser respetable con lo que lleva robado! Xaquín Marín

Antes de las pasadas elecciones gallegas, V Televisión organizó un ejemplar debate sobre política social en el que distintos representantes de ONG pudimos conocer las propuestas de los candidatos. Yo pregunté sobre el fraude fiscal  (minuto 36) y pensé que había salido bien pero tuve mis dudas cuando al día siguiente mi madre me dijo: “que bien hablaste, Josiño, pero mira: ¿que es eso del fraude fiscal?”. “Los que no pagan impuestos, mamá” . “Ah, unos ladrones todos” me respondió…

Robar:  Quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno. Si no hay violencia es hurto.  Ante noticias como el volumen del fraude fiscal en España, su consentimiento por este gobierno y por el anterior, la fracasada amnistía fiscal o las noticias sobre Luis Bárcenas, decidan ustedes el verbo a utilizar.

Yo le llamo robo, porque renunciando a la lucha contra el fraude se está utilizando conscientemente la violencia contra la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de este país. No sólo  las 12.741.434 personas que a final del 2011 estaban en situación de pobreza y exclusión social (662.515 en Galicia) sino también contra la gran mayoría de la clase media.

Hace unos meses, Carlos Cruzado, el presidente de GESTHA, el admirado Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda ya escribió sobre déficit público o déficit fiscal. Hoy tengo el honor de dejarles con la opinión de Francisco González Barona, su representante en Galicia y a partir de hoy colaborador habitual de este blog.

Gracias Francisco

 

ADIÓS A LAS CLASES MEDIAS (I) . La brecha salarial provocada por la crisis

Los recortes aprobados en los últimos años han impactado con mayor virulencia en el poder adquisitivo de las rentas inferiores a los 33.000 euros anuales, que representan al 85% de los trabajadores, que son las que han soportado el mayor peso de los ajustes fiscales como la subida del IRPF, el aumento del IVA, la reducción de salarios a los funcionarios o la congelación de las pensiones.

Pese al teórico impacto positivo para las arcas públicas, la puesta en marcha de estas medidas reduciría notablemente el consumo interno, provocando el cierre de centros de producción y el aumento del desempleo, lo que a corto y medio plazo agravaría aún más la recesión de la economía española y el desplome de la recaudación prevista.

Además, Gestha considera que la subida del IVA es “injusta” en la medida en que aumenta el esfuerzo fiscal de las familias frente a las empresas y grandes patrimonios, y es “regresiva” porque afecta en mayor medida a los ciudadanos con bajos ingresos que a quienes disponen de más recursos: mientras los primeros dedican gran parte de sus ingresos a pagar el IVA – que grava el consumo-, los segundos además tienen posibilidad de ahorrar, sobre lo que no se aplica este impuesto.

Los más perjudicados serán, por tanto, mileuristas y pensionistas, pese a ser uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Por su parte los empleados públicos tendrían que soportar una nueva rebaja de sueldos que vendría a sumarse a la rebaja de 2010 y a las congelaciones aprobadas en anteriores legislaturas.

En consecuencia, cada vez es mayor la brecha salarial surgida en España entre las clases medias y bajas y los grandes patrimonios como consecuencia de la crisis económica y de las medidas de ajuste que se están aplicando.

Ante esta situación, los Técnicos de Hacienda proponen una serie de alternativas que permitirían obtener una recaudación similar o incluso superior sin que ello implicase contrapartidas negativas en materia económica o social y, por tanto, sin necesidad de ampliar las diferencias salariales.

Bastaría con aplicar un nuevo tipo impositivo del 35% en el Impuesto de Sociedades a los beneficios que superen el millón de euros anuales -declarados sobre todo por las grandes empresas que superan los 45 millones en ventas- para elevar los ingresos en 592 millones de euros en Galicia y 13.943 millones de euros para el conjunto de Estado, equivalente de por sí a todas las medidas exigidas desde el exterior.

La creación de un Impuesto a las Transacciones Financieras que gravase este tipo de operaciones, actualmente exentas de IVA, generaría unos 4.500 millones. Por su parte, la compra de Deuda Pública española en el mercado primario y la prohibición de las operaciones en corto reduciría en 1.400 millones de euros los gastos del Estado.

Estas medidas, sumadas a una reorganización del Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria, centrando las inspecciones sobre grandes corporaciones y patrimonios, que concentran más del 70% de la evasión fiscal, para aflorar 1,6 puntos porcentuales de la economía sumergida (actualmente en el 23,3% del PIB) y mejorar el control del gasto público, elevarían la recaudación estatal en otros 6.200 millones de euros, lo que en total sumaría más de 26.000 millones con los que cubrir las necesidades del Estado para asegurar el cumplimiento de déficit y transmitir mayor confianza a los mercados financieros.

Administración, Corrupción, Derechos humanos, Exclusión, Impuestos, Inversión social, Mujeres y hombres, NO Violencia, Personas, Pobreza, Riqueza, Transparencia
Escrito por xosecuns 2 Comentarios
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