El 21 de marzo, Día Internacional contra el Racismo, con un sencillo pero contundente «Miradnos bien, somos gallegos» la portada de La Voz de Galicia le dio una alegría inmensa a personas como Samba, Amdy, Zinthia, Libass, Alexque o Yosi que se vieron reconocidas como ciudadanas con los mismos derechos y obligaciones que cualquiera de nosotros.
Ese mismo día se publicaba el suplemento semanal La Voz de la Escuela, imprescindible para cualquier persona interesada en la educación. Y este artículo en gallego de Fernando Pariente explicando por qué es vital para niños y niñas entender y apoyar la defensa del sistema del sistema público de pensiones que ha puesto en pie a miles de pensionistas en defensa de sus derechos.
Quizá parezca que son temas diferentes, pero en realidad tienen mucho que ver. De hecho están hablando de lo mismo: el serio peligro de desaparición de nuestro estado del bienestar, forzándonos a pasar de un modelo de sociedad en el que todas las personas que vivimos en España cuidamos unas de otras a otro en el que cada uno se debe buscar la vida y si es un inútil o vago por no hacerlo, aguantarse y pedir limosna si acaso.
Si quieren entender mejor la extrema importancia de esta decisión política y como explicarla si acaso en sus clases, ademas de leer el artículo de Fernando Pariente, les recomiendo ver los vídeos, algunos de los que incluye la unidad didáctica elaborada por la Fundación FOESSA de Cáritas para explicar las conclusiones de su último y monumental informe sobre la pobreza en España. Como bien dicen: «La pobreza no es un problema de la crisis, sino de modelo social»
Los abuelos salen a la calle
El pasado 22 de febrero ocurrió algo insólito en España. Los jubilados y pensionistas se manifestaron en más de sesenta ciudades. Numerosas personas mayores mostraron su indignación y su protesta contra elridículo incremento del 0,25 % que se viene aplicando a sus pensiones desde hace cinco años. En muchos casos eso significa un aumento de algunos céntimos nos sus ingresos mensuales. Menos de lo que vale la remisión de la carta con la que el Gobierno se lo comunica cada año. Por eso muchos procedieron simbólicamente a romper esas cartas en público. Parece que en los tiempos que corren se puede producir entre los abuelos un movimiento parecido al de los chicos indignados del 2011.
Las pensiones garantizan a los ciudadanos el bienestar mínimo indispensable. El sistema público mantenido por la Seguridad Social certifica que el Estado cubrirá tanto el cuidado de su salud como la satisfacción de sus necesidades cuando dejen de trabajar por jubilación o no encuentren trabajo. Que el Estado asuma esta responsabilidad es una conquista social tras muchos años de lucha desde mediados del siglo XIX, con la revolución industrial.
En el sistema que funciona en España, el Estado recibe obligatoriamente alrededor de una tercera parte de la retribución de cada trabajador durante toda su vida laboral y financia con esos fondos las prestaciones de jubilación y de paro, cuando estas sean necesarias. Los trabajadores españoles estamos pagando durante toda nuestra vida laboral al Estado para que este cubra nuestras necesidades cuando dejemos de trabajar o cuando quedemos en el paro.
Estas prestaciones están destinadas a toda la población y son, por tanto, un efecto de la solidaridad de unos ciudadanos hacia los otros. Es importante comprender y reflexionar sobre esta idea. Durante toda nuestra vida laboral estamos cooperando para conseguir el bienestar de todos.
Este modelo está siendo objeto de debate porque hay quien piensa que no es económicamente sostenible. Los jubilados entraron en estado de alarma y las pensiones son noticia todos los días, mientras en el horizonte acechan amenazas de recortes en las prestaciones.
Los indignados pensionistas tratan de conseguir que su poder adquisitivo no se vea cercenado por un crecimiento ridículo de sus pensiones frente al alza de los precios de los bienes de consumo. Calentar la casa y pagar la luz cuesta hoy mucho más que hace cinco años, mientras que el incremento acumulado durante estos mismos cinco años en su pensión no pasa de los diez euros en muchos casos. Así que exigen que se aplique a las pensiones el mismo incremento, como mínimo, que se produjo en el año anterior en el IPC (índice de precios al consumo).
Para resolver esta difícil papeleta el Gobierno y los partidos políticos tienen que reunirse de nuevo en el Pacto de Toledo que firmaron hace años. Las personas mayores están en pie de guerra y al acecho del que ocurra.
Nos hace mejores
Desde que existe la Seguridad Social pública nuestra sociedad es mejor porque es más solidaria y tiene más conciencia de cuerpo social. Dejamos de ser una colección de individuos que coinciden viviendo sobre un territorio, para convertirnos en una organización solidaria que se compromete con el bienestar de todos sus miembros. Si sólo nos consideráramos individuos aislados, cada uno se dedicaría a solucionar su vida y, en el mejor de los casos, podríamos ayudar a otros por mera condescendencia, como un acto de caridad. Es lo que se hacía hasta el siglo XIX. Pero gracias a una nueva concepción de la sociedad, esta se convirtió en un conjunto solidario de ciudadanos en el que todos tienen derecho a un nivel básico de bienestar.
Ya no es una cuestión de caridad voluntaria, todos los ciudadanos tienen derecho a vivir dignamente y el Estado, centro de cohesión de todo el cuerpo social, tiene la obligación de garantizarlo. Por eso somos una sociedad mejor y este es un logro irrenunciable.
Un sistema que nació hace 135 años
Esta conquista social, que caracteriza especialmente a las democracias europeas, tiene su origen en las leyes que promovió en el Parlamento alemán el canciller de hierro, Otto von Bismarck, hace 135 años, para imponer un seguro obligatorio contra enfermedades y accidentes a favor de todos los trabajadores de la industria y de la Administración del país.
Bismarck no era precisamente socialista, pero fue el mejor medio que encontró para atemperar el creciente malestar de los obreros alemanes. La nueva ley, que entró en vigor el 15 de julio de 1883, estableció que el coste de estos seguros obligatorios debía ser abonado en dos terceras partes por los trabajadores y en una tercera parte por los empresarios, pero la ley fue impugnada ante la consideración de que no se debía exigir su financiación a los trabajadores. La impugnación prosperó y en 1884 se aprobó que la financiación corriera por completo a cargo de los patrones. Durante los años siguientes a ley se extendió al resto de los trabajadores asalariados y en 1889 se estableció de la misma forma un seguro de jubilación e invalidez.
Con todo, el sistema creado por Bismarck no fue, aun, un verdadero sistema público de seguridad social, porque la prestación de los seguros la realizaban las empresas privadas con las que se contrataba y cubría sólo a los trabajadores por cuenta ajena, fundamentalmente el proletariado industrial y el personal de la Administración. Quedaban fuera muchas mujeres que trabajaban nos sus hogares y los artesanos, los pequeños comerciantes y emprendedores autónomos.
El auténtico concepto de Seguridad Social pública tiene que incluir dos características necesarias. La primera es el carácter público del servicio prestado y la segunda es la cobertura total de la población. Por eso la Seguridad Social tiene que estar organizada por el Estado y amparar a todos los ciudadanos de la nación. Para llegar a la concepción de un sistema de carácter público en el que el Estado se hiciera responsable de forma integral de la Seguridad Social hubo que esperar al año 1938, con la Ley de Seguridad Social de Nueva Zelanda, que sirvió de modelo para muchos países.
Actividades para trabajar en clase…
1) La Constitución española determina en su artículo primero que «España se constituye en un Estado social y democrático de derecho». Esta definición básica de la nación española deja constancia de que nos constituimos como un conjunto solidario de ciudadanos y la organización estatal responde de satisfacer nuestros derechos en pie de igualdad. Eso tiene que ver con la supervivencia necesaria de la Seguridad Social y su carácter público. Buscad en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de la comunidad los artículos que hagan referencia al derecho de los españoles a disfrutar de una Seguridad Social y a la forma de organizar sus prestaciones.
2) Probablemente no haya nadie en vuestra clase que no haya recibido alguna vez o que no esté recibiendo en su familia alguna de las prestaciones de la Seguridad Social. Muchos tendrán abuelos jubilados que perciben una pensión, alguien puede o pudo tener a su padre o su madre en paro o padeciendo una enfermedad de larga duración y percibiendo la prestación por desempleo, etcétera.
Haced un estudio de la relación de vuestra entorno familiar con la Seguridad Social. Comprobad cuántos miembros de vuestra familia están trabajando, reciben un salario y contribuyen con casi una tercera parte a sufragar los gastos de la Seguridad Social (ellos son miembros activos). Comprobad también cuántos son perceptores de prestaciones porque son jubilados, sufren incapacidad laboral o están en paro.
Comparad una lista con la otra y tomad conciencia de si el resultado en vuestro caso es favorable a la Seguridad Social o lo es a vuestra familia. Reflexionad sobre eso.
3) Para comentar el tema de hoy es muy recomendable que leas los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
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