Hace unos días, Francisco González Barona, el representante en Galicia de GESTHA, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda denunciaba en Robo, hurto y fraude fiscal. Adiós a las clases medias que con la renuncia dolosa de nuestros gobiernos a la lucha contra el fraude y sus injustificables medidas de ajuste, estaba causando un brutal aumento de la brecha salarial surgida entre las clases medias y bajas y los grandes patrimonios.
Y no será por ganas de trabajar. Carlos Cruzado, el presidente de GESTHA, al tiempo que denunciaba que Hacienda está rozando la ilegalidad en el caso Bárcenas, afirmaba que «estamos con las manos atadas no sólo en la lucha contra el fraude sino también en el control del gasto público. Podríamos hacer mucho más (…), pero no se está contando con nosotros»
Gobernar en contra de las personas. Si antes denunciábamos que 12.741.434 personas están en situación de pobreza y exclusión social (662.515 en Galicia), hoy Francisco González nos habla de las 20.640.801 en situación de precariedad (1.333.897 en Galicia)…
Gracias, Francisco
ADIÓS A LAS CLASES MEDIAS (y II). La tasa de precariedad se dispara a consecuencia de la crisis.
La crisis aumentó en dos millones más el número de personas adultas que viven en situación de precariedad, debido sobre todo al repunte del desempleo, a la reducción de salarios y a los ajustes llevados a cabo por el Gobierno en los últimos años, según el informe ‘Adiós a las clases medias‘, elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda.
Como se puede apreciar en los cuadros adjuntos, el informe, elaborado a partir de datos oficiales de diferentes organismos estatales y autonómicos, revela que la tasa de precariedad en Galicia –que incluye núcleos familiares con ingresos conjuntos iguales o inferiores a 12.000 euros brutos anuales, así como familias sin ingresos– se sitúa en el 47,7% de la población, afectando en la actualidad a 1.333.897 personas.
De esta forma, las rentas de los hogares mileuristas se concentran, sobre todo, entre los asalariados, seguidos por los adultos sin ingresos y los autónomos.
A finales de 2007, cuando apenas se empezaban a notar los efectos de la crisis, la precariedad se extendía al 40% de la población, unos 18,5 millones de personas, entre los que se contabilizaban 2,1 millones de adultos sin ingresos, 744.000 menos que ahora. Desde entonces, los rendimientos del trabajo de los asalariados y autónomos no han dejado de caer, mientras que, por el contrario, las rentas altas han invertido gran parte de su capital en diferentes instrumentos como las SICAV, sociedades patrimoniales y otros instrumentos de inversión para reducir o eludir sus pagos al Fisco. De hecho, Hacienda pierde anualmente cerca de 300 millones de euros por la baja tributación de las sociedades de inversión, que se sitúa en sólo un 1%.
Esta cantidad es sólo la punta del iceberg, que oculta una bolsa de rentas del capital y plusvalías de dimensiones gigantescas en manos de los accionistas que no tributan en el IRPF, mientras no retiren su participación. Por su parte, las grandes fortunas evitan retirar sus fondos para no pagar al Fisco.
La elevada tasa de precariedad es diferente en función del lugar de residencia. De este modo, con el 53% y el 51% respectivamente, Extremadura y Andalucía son las comunidades con una mayor proporción de adultos mileuristas y sin ingresos, seguidas de Murcia (47,7%) y Galicia (47,7%). Por su parte, Navarra y el País Vasco registran la menor precariedad del Estado, con el 22,2% y el 24,1%, respectivamente.
Para contrarrestar esta situación de precariedad, Gestha propone una serie de iniciativas que por sí solas permitirían recaudar más de 63.000 millones de euros anuales sin necesidad de ampliar las diferencias salariales y centrando las inspecciones sobre grandes corporaciones y patrimonios, que concentran el 71,7% de la evasión fiscal.
Una de las medidas incluidas en este paquete, que consiste en excluir las ganancias patrimoniales especulativas -principalmente inmobiliarias y sobre valores mobiliarios- del concepto de rentas del ahorro, permitiría al Estado recaudar 1.380 millones de euros adicionales cada año.
Además, entre las propuestas para aumentar la recaudación y reducir la desigualdad entre rentas, Gestha también defiende la aprobación de un proyecto de ley para crear un Impuesto sobre la Riqueza de ámbito estatal -evitando así las bonificaciones autonómicas al 100% de la cuota- con mínimos exentos similares a los vigentes en el Impuesto sobre Patrimonio, al que sustituiría a partir de 2013.
Sin embargo, consideran que el tipo efectivo de esta nueva tasa debería triplicar al del actual impuesto, además de incorporar fórmulas para evitar la interposición de sociedades con las que las grandes fortunas puedan eludir su pago, así como incluir la ya mencionada exención de la plena propiedad de la deuda pública.
Además, para ser efectivas, todas estas medidas deberían ir acompañadas de una reorganización del Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria estatal, otorgando mayores responsabilidades y competencias a los 8.000 técnicos de Hacienda y dotándoles de más efectivos en la lucha contra el fraude. Actualmente la Agencia Estatal Tributaria cuenta con un empleado por cada 1.928 contribuyentes, la mitad que la media de los países de la OCDE, que se sitúa en uno por cada 903 contribuyentes.
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