Ha sido un domingo intenso, en el que coincidió la no celebración del Día contra la violencia de género y el Día de las personas sin techo. De estos temas no les pude hablar aquí (aunque sí en su página en Facebook «No nos pidan calma«), pero si me interesaba retomar el tema de los desahucios con un poco de tranquilidad tras toda la información de estos últimas días a cuenta de las nuevas medidas o mejor dicho, del nuevo trampantojo del gobierno sobre este tema. Aunque alguna pequeña mejora si que hay, es un ejemplo más del Miénteme Pinocho del que les hablaba irritado hace unos meses.

En mayo, la comunicadora Romana Pérez nos presentó la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Que no te hipotequen la vida buscando 500.000 firmas antes del 25 de enero del 2013.

759.502 firmas se han conseguido ya. Le he pedido a Romana un análisis y un resumen de toda la información de estos días y de las razones para continuar con esta campaña

Gracias de nuevo, Romana.

Que no te hipotequen la vida: por una auténtica reforma de la injusta ley hipotecaria

A estas alturas nadie cuestiona que los desahucios son una de las tragedias más sangrantes de la crisis. Aunque la situación de impago sí puede derivarse del actual contexto económico, la ley hipotecaria vigente que desprotege al deudor y lo condena de por vida a la exclusión es de 1909.

Podríamos hablar de cifras (350.000 desahucios desde que comenzó la crisis, 9.000 en Galicia), pero más allá de los números está la realidad de la persona que sufre, además de la pérdida de la vivienda, el mantenimiento de la deuda. Los casos de suicidios vinculados a la crisis económica aumentan, siendo ya una de las principales causas. No podemos olvidar los casos de Granada y Barakaldo, que han actuado, tristemente, como revulsivo para la clase política.

A pesar de la declaración de intenciones del Gobierno, el Decreto-ley 27/2012 que entró en vigor la semana pasada y establece una moratoria de dos años para casos de especial vulnerabilidad, no tendrá el alcance que debería tener dada la emergencia social en la que nos encontramos. Para poder acceder a la moratoria las familias tendrán que cumplir unos requisitos sociales y económicos muy restrictivos, tanto que por poner un ejemplo, en los dos suicidios que fueron el detonante para el Decreto, no se podría haber aplicado.

Entre las muchas críticas que desde diferentes colectivos y grupos profesionales se le hacen a esta medida, llamada por el propio Gobierno como “anti-desahucios” es que carece de retroactividad, no aclara los intereses hipotecarios que deberá pagar la familia cuando acabe el periodo de suspensión, sólo se podrá aplicar a una minoría de casos y sobre todo, no contempla una reforma real de la ley hipotecaria. Como denuncian la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Consejo General de Trabajo Social o la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales las consecuencias del RD, al que califican de “parche”, pueden empeorar la situación y generar más exclusión.

El siguiente paso es la tramitación parlamentaria, a través de la cual quizá se puedan introducir algunas reformas como el establecimiento de nuevos umbrales para la aplicación del Código de Buenas Prácticas o mejorar aspectos relacionados con las subastas y con los intereses de demora. Sin embargo, la dación en pago, receta fundamental para atajar el problema y equiparar el sistema hipotecario español al del resto de países desarrollados, no se contempla como opción, como aclaró el propio De Guindos.

Son muchas las voces que empiezan a rebelarse contra este sistema abusivo. Sin duda, una de esas voces discordantes que más peso ha tenido son un grupo de jueces del CGPJ, que señalan en un informe, la falta de adaptación del procedimiento a la actual situación,  que ya tiene más de un siglo. También el Tribunal Europeo de Justicia se mostró en contra calificando la ley como ilegal. A esto se unen cerrajeros, policías, entidades bancarias y ayuntamientos que de una manera u otra se plantan ante los casi 500 desahucios diarios que se viven en nuestro país.

Por todo ello, agentes sociales entre los que se encuentra la EAPN-Galicia, recogen firmas desde hace meses para llevar una Iniciativa Legislativa Popular al Congreso que aborde una auténtica reforma de la ley hipotecaria, exigiendo la dación en pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social. Ya superamos las 500.000 firmas necesarias pero el objetivo de los promotores es lograr un millón, para que los diputados comprendan el gran respaldo social con el que cuenta esta reforma.

Hasta el 25 de enero seguiremos recogiendo firmas y manteniendo nuestra lucha por lograr un sistema más justo y más social.

Romana Pérez de Lis

@romana_lis