Viendo la desfachatez con la que el caso Bankia o el Consejo del Poder Judicial demuestran un poco más que este pais cada vez la ley importa menos, es una buena noticia que hoy nos presenten en Galicia una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la Proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social. EAPN Galicia-Red Europea contra la Pobreza, organizaciones de acción social y de cooperación al desarrollo, sindicatos, asociaciones contra el deshaucio, asociaciones de vecinos y ahora ustedes, impulsan esta campaña en toda España.

Para explicarles la campaña bien y en pocas palabras está claro que yo no sirvo, asi que me he buscado a una periodista reconocida.

No me ha costado mucho encontrarla. Romana Pérez de Lis es la responsable de comunicación de EAPN Galicia y con su profesionalidad y calidad está dejando el listón muy alto. No le pierdan la pista y si quieren hacer crecer a su entidad, contrátenla.

Gracias, Romana.

 El derecho a la vivienda: Por la Reforma de la ley hipotecaria.

“El derecho a la vivienda ha pasado de ser una política social a una mercancía, y luego a un producto financiero” dice la Relatora Especial de la ONU Rachel Rolnik.

En España, el procedimiento vigente prevé que, en caso de impago, la vivienda vaya a subasta. Si la subasta queda desierta, lo cual ocurre en el 90% de los casos, la entidad financiera se puede adjudicar la vivienda por el 50% del valor de tasación. Además, podrá seguir reclamando el resto de la deuda pendiente, más intereses y costes judiciales, a la persona ejecutada durante el resto de su vida.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, desde 2007 hasta el segundo trimestre de 2011, se han producido casi 315.000 ejecuciones hipotecarias en toda España, más de 8.000 en Galicia.

Los poderes públicos tienen la obligación constitucional de promover, por encima de los beneficios de las entidades financieras, las condiciones necesarias para que el bienestar, la libertad y la igualdad de los ciudadanos sean reales, y eliminar los obstáculos que impidan su plenitud (artículo 9.2).

En contra de este artículo, en febrero de 2011, el Congreso de los diputados rechazó tramitar una proposición de ley que reclamaba que en caso de no poder hacer frente a la hipoteca, la entrega de la vivienda cancelara la deuda con la entidad bancaria. De nuevo ocurrió lo mismo en junio de 2011, en la subcomisión del Congreso de los diputados creada para reformar el sistema hipotecario español.

El código de buenas prácticas del decreto ley de protección de deudores hipotecarios sin recursos que aprobó el Consejo de Ministros el pasado mes de marzo, además de ser simplemente eso, una recomendación para las entidades bancarias, sólo sería aplicable al 10% de  los desahuciados, según datos aportados por algunas organizaciones sociales.

Por todo esto, se pone en marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que permita llevar al Congreso de los Diputados una modificación de la ley hipotecaria y de la ley de enjuiciamiento civil que cuenta con el respaldo de EAPN, los principales sindicatos, organizaciones vecinales y otras entidades sociales. La Constitución prevé la posibilidad de que los ciudadanos planteen una ILP como uno de los procedimientos para la “elaboración de las leyes”.

Se disponen de 12 meses para recoger 500.000 firmas que la avalen, en este caso el plazo termina el 25 de enero de 2013.

La finalidad de esta ILP es modificar la ley de Enjuiciamiento Civil para: establecer la dación en pago con efectos retroactivos, es decir, que al entregar la vivienda a la entidad financiera con la que se tiene la hipoteca se queda libre de toda deuda,  paralización de los desahucios, siempre que se trate de la vivienda habitual y el impago sea debido a motivos ajenos a su voluntad y promover un alquiler social, no superior al 30% de sus ingresos mensuales por un período de 5 años.

La organización y recogida de firmas de la ILP se ha diseñado territorialmente para cada provincia. Por ello, se han definido una serie de Oficinas de Coordinación Territorial (OCT) entre las que se encuentra EAPN-Galicia a la que se puede recurrir tanto para pedir información como para firmar esta ILP.

Para participar puedes: hacerte fedatario o entidad adherida, pedir a tu Ayuntamiento que apruebe una moción de apoyo a la ILP,  difundir la información relativa a la iniciativa o simplemente firmar.

Ante todo, debemos tener presente que no aprobar esta medida implica no sólo condenar a la pobreza y la exclusión social a millones de personas, sino también hipotecar los recursos públicos de una generación entera y las políticas sociales presentes y futuras.