Se acaba de aprobar el Ingreso Mínimo Vital (en adelante IMV), un instrumento reclamado desde hace años por las organizaciones de lucha contra la pobreza y semejante al que ya existe en la mayoría de países europeos. La emergencia de la crisis social causada por la pandemia del COVID19 ha obligado a ponerla en marcha en pocos meses con una escasa y confusa información, lo que está causando muchas dudas sobre su alcance, presupuesto (cada nueva semana son 500 millones de euros menos que la anterior) y características finales.
Pocas veces hay que aplicarse lo de «mientras no salga en el BOE es propaganda» que nos enseña Eva Belmonte, la creadora del BOE nuestro de cada día y uno de mis referentes en estos meses de confinamiento e inseguridad jurídica (el otro es Santiago Míguez, de Algalia), pero como tengo la suerte de participar en la exitosa campaña ‘Renta Mínima Sí’: Pon tus prejuicios en cuarentena» impulsada por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-España) con el apoyo de centenares de organizaciones de toda España, les dejo tres claves (y un extra) para comprobar si estamos ante una medida efectiva contra la pobreza o ante un gigantesco paripé.
Es urgente ponerse en el lugar de las personas. Y luchar contra quienes quieren aprovecharse de su sufrimiento.
Ana ha dejado el piso donde vivía con la expareja de la que recibía insultos y golpes. Tras 6 meses sigue sin encontrar empleo y sus ahorros se están acabando.
María es una niña de 6 años que vive en una familia donde los ingresos sólo permiten pagar el alquiler, la comida o la luz.
Manuel tuvo hace dos años un ictus. Tuvo que dejar su empleo. Su mujer tuvo que reducir su jornada laboral para cuidarlo. Sus ahorros se acabaron
Raúl tiene 28 años, vive en un piso compartido y después de años trabajando en hostelería no encuentra empleo.
Juan tiene 53 años y lleva años formándose y enviando currículums para encontrar empleo, pero todavía ninguna empresa ha querido contratarle.
Nerea trabaja en la gasolinera de su pueblo y sus ingresos no llegan a los 420€. Tiene una hija de 2 años y hace frente ella sola a todos los gastos.
La pandemia ha agravado de forma brutal la situación de las personas más afectadas durante la pasada crisis económica que apenas se beneficiaron de la recuperación: mujeres, jóvenes, niños y niñas.
Pero está afectando especialmente a aquellas con otros factores de exclusión: familias monoparentales (con mujeres solas a cargo de varios hijos), discapacidad, mujeres víctimas de violencia machista (en especial la más extrema por prostitución o trata), etnia, personas mayores -especialmente con alguna dependencia-, personas migrantes o refugiadas y, en general, aquellas personas que malvivían de la economía informal o precariedad laboral y que se quedaron sin ningún tipo de ingreso económico ni posibilidad de pedir ayuda a administraciones en muchos casos. Y con agravantes cuando estas personas viven en entorno rural.
Intentemos ponerle cara y en el lugar de personas como Ana, Maria, Manuel, Raul, Juan o Nerea. Hacerlo obliga a luchar contra los prejuicios y la aporofobia (odio a las personas en pobreza) que la ultraderecha interesa potenciar artificialmente y beneficiarse políticamente de su Violencia, Odio y Xenofobia,
Se lo intentaba explicar en Si las tolerantes se callan el odio vence pero les recomiendo releer la Declaración Institucional del Parlamento de Galicia: «Las personas no son culpables de su pobreza. Nadie es culpable de su sufrimiento. Ninguna persona es inútil» o mejor los tuits con la etiqueta #RentaMínimaSí
La formula del fracaso contra la pobreza: Condicionalidad = (Burocracia + Descoordinación) x Aporofobia
¿Superará el Ingreso Mínimo Vital esta fórmula maldita? ¿O será un nuevo paripé pensado más para los papeles y los mostradores que para las personas en pobreza?
Ni el PSOE, ni de Podemos, ni el PP en las comunidades en las que gobierna. Crear una renta mínima estatal con la mínima burocracia posible y que armonice el «carajal» actual del sistema de rentas mínimas autonómico es una exigencia de muchos años desde las organizaciones y plataformas del tercer sector de acción social. Más de 450 ONG de todo tipo lo han reiterado apoyando el manifiesto de la campaña «Renta Minima Sí«. Y les recomiendo el articulo de Natalia Peiro, de Cáritas Ingresos mínimos: ponernos en la piel del otro
Porque las personas no son culpables de su pobreza. El derecho a la salud obliga a que en una emergencia sanitaria vayamos a un hospital y nos atienden lo mismo debe ocurrir en una emergencia social como la pobreza. Un renta mínima estatal como el Ingreso Mínimo Vital debe ser un derecho sin condiciones ni exigencias ni absurdos y aporofóbicos requisitos burocráticos.
Un derecho y no una obligación es también la de disponer de un acompañamiento profesionalizado y de calidad para y un itinerario de inclusión sociolaboral. En el sistema público de servicios sociales y empleo, en ayuntamientos, comunidades y organizaciones del tercer sector con enfoque de derechos hay profesionales espléndidas que se coordinan y trabajan juntas. Los tiempos del dogmatismo de «todo lo que no sea estrictamente público es la segunda clase de lo social» se han acabado definitivamente con el tsunami del coronavirus.
Debería tener también las características que se indican en este documento. Son apenas 19 páginas, pero se resumen en este glosario de 3, y en la siguiente infografía..
Ni un euro menos de presupuesto contra la pobreza y la exclusión en su comunidad autónoma. No hay excusas para reducirla drásticamente, en especial la pobreza infantil
El Ingreso Mínimo Vital estatal debería ser un prestación estatal de la Seguridad Social con un suelo común para todo el estado que deberá ser complementado por las comunidades autónomas para asegurar que se reduce sistemáticamente la pobreza. Y eso se hace tanto sumando al ingreso mínimo estatal el importe necesario hasta el umbral de pobreza relativa de cada territorio como especialmente aumentando la cobertura para asegurar que ninguna persona que lo precise se quede sin ingreso mínimo.
Con las prisas y la escasa coordinación previa entre Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos, es casi seguro que en los próximos meses asistiremos a una confusión, retrasos y hasta colapso burocrático mientras no se ajuste y agilice el sistema. Es abrumador y merece toda la comprensión el trabajo legislativo y técnico que les espera a los departamentos de servicios sociales de las comunidades autónomas en las próximas semanas.
Pero estas dificultades no nos deben hacer olvidar nunca que el Ingreso Mínimo Vital, aún a pesar de su disminuido presupuesto, supone un refuerzo brutal para las comunidades autónomas, quienes tienen la competencia en las políticas sociales y la obligación en la lucha contra la pobreza. En el 2018 se invirtieron en el conjunto de los diferentes sistemas autonómicos de rentas mínimas 1.500 millones (y sólo Euskadi, Navarra y Asturias más del 50% de este importe). A pesar de las trampas en el solitario que se pueda hacer el gobierno con el presupuesto como mínimo debería igualarse esta cantidad.
Un refuerzo presupuestario que se suma a lo que las comunidades ya están invirtiendo y que bajo ningún concepto debería disminuir sino todo lo contrario en los presupuestos autonómicos y municipales del 2021 y así asegurar que se reduce drásticamente la pobreza infantil por ejemplo.
Que se entienda esta línea roja: el Ingreso Mínimo Vital no viene a sustituir a las rentas mínimas autonómicas.
Hurtar este presupuesto (y se empiezan a observar tentaciones y chantajes emocionales en este sentido) supondría un obsceno acto de desprecio a miles de hombres, mujeres, niños y niñas, impidiéndoles salir de la pobreza cuando por primera vez en este país es posible hacerlo.
Clave extra: No hay dinero: ¡Mentira!
Andan preocupados algunos aporofóbicos con que esto del Ingreso Mínimo Vital es un despilfarro bienintencionado y que a ver cómo lo pagamos. La misma mentira de la crisis económica cuando se nos decía que todos nos debíamos apretar el cinturón.
Pocos países europeos como en España pagan impuestos justos en vez de pecadores, Combatir la emergencia social, la desigualdad y el empobrecimiento de millones de personas por el coronavirus es imposible sin afrontar de una vez la siempre aplazada reforma del injusto sistema fiscal español. Las Plataformas por la Justicia Fiscal de España, representando a centenares de organizaciones sociales, sindicatos y técnicos de Hacienda han propuesto a la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social una batería de 67 medidas con las que sería posible aumentar la recaudación en casi 40.000 millones de euros más.
Para la sanidad pública, para educación, para las pensiones, para un Ingreso Mínimo Vital que nos beneficia a todas y todos.
