Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
No es broma. Lo dice la Constitución Española en su Artículo 48. ¡La vivienda es lo primero!. Una de las reclamaciones más repetidas por miles de personas y familias en pobreza y por las ONG que tratan de defender sus derechos… y una de las más ignoradas. Así se explica, entre otras razones, por qué es casi imposible reducir la pobreza severa en España.
No tener una vivienda o vivir en un hogar en mal estado impide aspirar a una vida digna y perjudica seriamente la salud. Por eso tiene tanto mérito el informe “Cuando la casa nos enferma. La vivienda como cuestión de salud pública” impulsado desde la ONG Provivienda.
Detrás de este informe están investigadores como Thomas Ubrich. Si en la agenda política de muchas comunidades autónomas (en Galicia desde luego) se ha conseguido que figure como prioridad la lucha contra la pobreza en familias monoparentales en las que una mujer sola está a cargo de varias hijas o hijos es gracias a investigadores reconocidos y rigurosos como el.
¡Gracias Thomas!
Invertir en vivienda para prevenir en salud
Invertir en políticas de vivienda eficaces como las que se implementan desde hace varias décadas en muchos países de nuestro entorno europeo, que generen un parque de vivienda asequible, accesible y eficiente energéticamente, tendría un impacto muy positivo en las vidas de muchas personas, particularmente en nuestra salud.
Sin duda, la vivienda y la salud son indisociables: existen múltiples y estrechas interrelaciones entre el derecho a la vivienda y el derecho a la salud, entendida desde su vertiente física, mental y social. Así, el estado de la primera ejerce una influencia decisiva sobre la segunda: la casa húmeda causa asma, las tuberías antiguas de plomo generan un riesgo de envenenamiento, un calentador de agua defectuoso expone sus habitantes a un envenenamiento por monóxido de carbono, la sensación de opresión está inducida por la falta de espacio en la vivienda, los trastornos neuropsiquiátricos aparecen (o se exacerban) al vivir en la calle, la calle enferma y mata,…
En todos esos casos, los impactos de la vivienda deficiente en la salud son múltiples y de intensidades variables (patologías, discapacidades, síndromes o trastornos). Se desarrollan en diferentes niveles, ya sea en términos de salud física o psicológica, pero también de bienestar social y relacional. Cuando es la casa que nos enferma, la vivienda es una cuestión de salud pública.
Pero más allá de las condiciones de habitabilidad que presentan las consecuencias más directas y alarmantes en la salud o el bienestar de las personas, las situaciones de fragilidad o inseguridad en la vivienda impactan seriamente en el bienestar de las personas, en especial de los niños y niñas.
En la actualidad estamos inmersos en una importante crisis de asequibilidad, y mantenerse en su casa de alquiler o propiedad es un desafío de cada día. Los datos oficiales sobre condiciones de vida de la población en España manifiestan una cronificación de las situaciones de pobreza o exclusión social.
Por su parte, las principales tendencias del mercado de vivienda no invitan al optimismo acerca de una recuperación de las familias con mayores dificultades. Los precios del alquiler han aumentado de manera brusca (casi un 10% entre 2014 y 2016, y un 18,3% en el último año), mientras que la renta disponible por los hogares a día de hoy es claramente inferior a la de hace 10 años. La combinación de ambas situaciones, hace que cada vez sea más difícil para las personas vulnerables acceder a un alquiler normalizado y adecuado.
Millones de personas, familias con niños y niñas a su cargo, tienen muchas dificultades para cubrir los gastos de su vivienda: una de cada diez personas en España, que casi alcanza a cuatro de cada diez entre los más pobres. Además, pese a duros sacrificios en la economía familiar, prescindiendo a veces de otras necesidades básicas, durante el último año 163 hogares no lo han conseguido y han perdido su vivienda diariamente, más de la mitad por no poder pagar su alquiler.
En este sentido, es importante destacar la falta o insuficiente acción pública a la hora de garantizar el acceso a una vivienda digna a las personas que sufren procesos de desahucio, gran parte de ellas familias monomarentales con niños y niñas a cargo, a pesar de las últimas recomendaciones de Naciones Unidas a España. Estas familias se encuentran solas, agotando la solidaridad de su red familiar y de apoyo, para encontrar alternativas, todas ellas claramente inadecuadas: vivir en la calle, en un piso con hacinamiento u ocupar una vivienda propiedad de una entidad bancaria, son algunas de estas estrategias. De hecho, gran parte de las familias entrevistadas en nuestro estudio, refieren que si pudieran acceder a otra alternativa, lo preferirían. Se estima en 73.500 hogares los que se ven obligados a vivir ocupando un piso al no tener una alternativa mejor.
«Mi paz no la negocio con nadie» es la respuesta de Carolina, que vive con sus dos hijos en una casa ocupada en el distrito madrileño de Usera, cuando escucha que la ocupación es un privilegio. La tensión diaria, la incertidumbre, pensar que no estás cuidando bien de tus hijos «ocupar no es ningún lujo”. El no disponer de una vivienda digna devuelve diariamente a las personas la imagen de la degradación de su propia situación social. Como resultado, pueden reforzar un sentimiento de deterioro social y personal y, para algunas, en particular los niños, niñas y adolescentes, debilitar la conciencia de su propia dignidad y perjudicar su autoestima y desarrollo.
Lo hemos dicho, el derecho a la salud y el derecho a la vivienda están íntimamente conectados entre sí y, por tanto, no debemos abordarlos por separado: invertir en políticas de vivienda inclusivas es una forma de gasto preventivo para la salud. Una buena vivienda mejora la salud física y el bienestar, brinda a los niños y niñas un ambiente cálido y seguro en el que pueden preparar sus tareas escolares y jugar, la estabilidad puede dar a las personas que se han quedado excluidas la confianza para ingresar al mercado laboral. Sin embargo, si se descuidan estos aspectos, costará a las administraciones mucho más en términos de gasto en salud. Una buena política de vivienda es la mejor política de prevención de la salud.
Ante la urgencia social y residencial, es fundamental una reforma profunda de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Es necesario aumentar la duración de los contratos de alquiler para mejorar la estabilidad en la vivienda y favorecer el desarrollo de un proyecto de los inquilinos e inquilinas, más aún cuando diferencian entre propietarios particulares y entidades jurídicas, entre las que se encuentran las ya conocidas SOCIMIS.
También, el límite de las garantías adicionales, la regulación de la vivienda de carácter turístico o la repercusión de los gastos de inmobiliaria al arrendador son clarísimas mejoras que esperamos tengan su impacto en el ámbito residencial.
De igual manera, son necesarias medidas que habiliten a los ayuntamientos para regular los precios del alquiler en función de los incrementos en las llamadas “zonas tensionadas”. Asimismo, desde Provivienda proponemos la vinculación de los incrementos de renta a las variaciones del IPC para que el alquiler sea asequible y estable en el tiempo. Otra cuestión claramente vinculada con problemáticas de salud, como indicamos en nuestro informe es la de las condiciones de habitabilidad de la vivienda.
En resumen, es imprescindible repensar el concepto de vivienda social en nuestro país e introducir con la mayor celeridad el de vivienda asequible, así como contar con políticas de vivienda que aseguren la función social de la vivienda frente a su actual función especulativa. Igualmente importante es dotar a estas políticas del presupuesto necesario para acercarnos más y más a nuestros vecinos europeos.
Necesitamos un importante parque público de vivienda en alquiler, pero también de programas de movilización de vivienda vacía hacia el alquiler asequible, subvenciones a las rentas, regulación y promoción del derecho de superficie y cesión de uso, mutualización, colaboración público-privado, especialmente sin ánimo de lucro, y un largo etcétera de medidas que constituyen, en definitiva, una política de vivienda seria que cumple con la legalidad internacional y constitucional en España.