Xaquín Marín

Ya tenemos nuevo gobierno y nuevas ilusiones y promesas. Veremos si son palabrería o se hacen realidad, pero al menos el discurso oficial parece haber asumido por fin la emergencia social del aumento de la desigualdad de la renta (a la cabeza de la Unión Europea) o la pobreza (también la infantil).

Hace unos días denunciaba esa concepción de la economía que desprecia y hasta odia o los más débiles. Una «aporofobia económica» que confunde de forma interesada pobreza y miseria, niega que 12.400.000 de personas están en riesgo de pobreza o exclusión en España, no reconoce que tanto la crisis económica como la pretendida recuperación la han pagado y la siguen pagando las personas más pobres, en especial las mujeres. O lo que es peor, que se ha utilizado como excusa ideológica para avanzar en el desmantelamiento del tesoro de nuestro estado de bienestar.

He intentado resumir en ocho factores que creo que motivan el desplome de las rentas más bajas y que España sea un paraíso de la desigualdad. Afrontarlos debería ser la base de cualquier política económica que asegure sin rastro de aporofobia el desarrollo del país.

Tener empleo no es suficiente para reducir la pobreza.

Si ya en España el desempleo es un problema estructural, la reducción de la elevada tasa alcanzada en los años más negativos de la crisis se está realizando a costa de la creciente precarización del mercado laboral y del empeoramiento de los salarios y condiciones laborales.

Desde 2009, el peso de la remuneración salarial en la distribución del PIB ha caído en cuatro puntos. En 2016, mientras los beneficios empresariales crecieron un 200,7% sobre el año anterior, el coste laboral por trabajador se mantiene estancado desde 2012 (Informe «Premiar el trabajo, no la riqueza» Oxfam Intermon)

Una desigualdad que también se acentúa en la estructura salarial: entre 2008 y 2016, los salarios más bajos se han reducido un 15%, mientras que los más altos han crecido un 15,2%.

No debería extrañar que el 13,6% de la población ocupada esté en riesgo de pobreza, o que la última EPA del 2017 alerte del crecimiento del número de hogares con todos sus miembros activos en paro o del número de parados de larga duración.

Las personas desempleadas están en un callejón sin salida y sin entrada, con cada vez menos posibilidades de acceder a unas prestaciones por desempleo cada vez más escasas.

Miren el gráfico: la línea azul que baja son las personas que percibían alguna prestación por desempleo; la roja que sube las que han pasado a estar en riesgo de pobreza. Aporofobia en estado puro.

Tasa cobertura desempleo y % población en riesgo pobreza o exclusión. Fuente: Elias Trabada/Público

Falta de competencia como política social.

España es la economía europea con mayor número de oligopolios y carteles, especialmente en mercados relacionados con la vivienda y los servicios vinculados. Esta falta de competencia, además de suponer una barrera de entrada notable para pequeñas y medianas empresas, provoca que los precios de muchos bienes y servicios sean más elevados, detrayendo renta de los hogares.

Mientras entre 2008 y 2016 los ingresos de los hogares medios descendieron un 1,2%, el precio de la electricidad subió un 46,7%, el gas natural 31,2%, la gasolina un 39,5% y el gasóleo un 22,4%.

Y espántense con este gráfico y el imprescindible artículo de Ana Balseiro que lo explica: entre 2015 y 2018, el precio de algunos alimentos creció hasta cinco veces más que el salario medio.  ¿Se atreven a calcular lo que supone para las personas en pobreza severa que, con suerte, perciben desde hace 8 años los mismos 400€ al mes de una renta mínima autonómica?

Ya ven, defender la libre competencia y el libre mercado para luchar contra la pobreza, justo lo contrario que muchos subvencionados neoliberales de pacotilla hacen. No por casualidad, Joseph Stiglitz inventó el término “capitalismo de amiguetes”, o el primer informe sobre desigualdad de Oxfam Intermon en 2014 se titulaba “Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica”.

La corrupción como causa de desempleo

Directamente relacionada con el apartado anterior. La corrupción no es solo una cuestión ética que se pueda perdonar a través de las urnas.

Como advierte repetidamente la Comisión Europea, falsea la competencia, permite que firmas poco competitivas se alcen con contratos millonarios sin ser las mejores para desarrollar los trabajos, por lo que el coste se eleva no solo a la supuesta ‘comisión’, sino también a la ineficiencia del gasto público.

Un informe del Banco de España lo dice de forma más elegante: «el crecimiento económico producido en España entre 1995 y 2007 se focalizó en los sectores con peores productividades, pero con mejor conexión con las administraciones públicas».

El Estado ha «despilfarrado» más de 45.000 millones de euros en 20 años en infraestructuras innecesarias o infrautilizadas. ¿Hace falta hablar de infraestructuras innecesarias, autopistas rescatadas, el 3%? Quizá si, porque muchos de los nombres de empresas en las que están pensando han encontrado un filón enriqueciéndose, dentro y fuera de España, con la pobreza y la exclusión.

El aumento del precio de la vivienda, sobre todo de alquiler.

Según Eurostat, el 43,3% de los arrendatarios españoles destinan más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, cuando la media europea es del 27%. España es también uno de los países europeos con menor porcentaje de vivienda social: un 1,1% frente al 32% de Holanda o el 17% de Francia.

Lo que está pasando en el mercado del alquiler de vivienda es una burbuja de manual… y un buen «jugo» para aumentar la desigualdad. Los juzgados emiten más de cien órdenes de desahucio diarias a inquilinos, el 7% más que hace dos años.

El precio de los inmuebles creció un 6,2% en el primer trimestre del año, sobre todo en Madrid, Cataluña y Baleares. Solo en Galicia los alquileres suben hasta cinco veces más que los sueldos.

Fuente: Expansión

El sistema fiscal en España apenas reduce la desigualdad.

Se recauda mal y de manera injusta, ya que son las familias más pobres quienes soportan un peso desproporcionado de los impuestos, sobre todo indirectos, y perciben muchas menos transferencias sociales. En 2014 el 20% de la población más pobre pagó de promedio un 29% de su renta en impuestos, una cifra sólo superada por el 10% más rico.

El 72% del inmenso fraude fiscal español está generado por grandes empresas y grandes fortunas. No debería sorprender que el presidente de la Red Española contra la Pobreza (EAPN España) reclame un batallón de inspectores fiscales y de trabajo para luchar contra la desigualdad. No hay dinero. ¡Mentira!

La pobreza y la desigualdad se heredan.

Aunque creamos que los logros que obtenemos en la vida se deben a nuestro esfuerzo y talento, lo cierto es que en España el techo de cristal, o mejor el suelo pegajoso, que paralizará el ascensor social para los niños y niñas más vulnerables se muestra en múltiples detalles: a los 15 años han repetido curso un 53% frente a un 8% de los de familias acomodadas. Sus padres acuden tres veces más al médico de cabecera, tienen más riesgo de depresión o enfermedades mentales o cardiovasculares.

Nacer pobre implica hipotecarse de por vida y probablemente también la del 80% de sus hijos e hijas y nietos, la llamada transmisión intergeneracional de la pobreza

Y como contraste, el suelo de cristal en el que los hijos de familias de altos ingresos con signos de baja capacidad académica a los 5 años, tienen un 35% más de probabilidades de tener altos ingresos cuando sean adultos que los niños de familias más pobres con signos tempranos de alta capacidad. Los Cifuentes no son precisamente una excepción)

No hay mejor discriminación positiva que el hecho de que la mitad de las fortunas españolas provenga directa o indirectamente de la herencia. Muy lejos quedan las intenciones de millonarios como Zuckerberg, Gates o Buffet de donar la mayor parte de su fortuna a la lucha contra la pobreza a través de la iniciativa “The Giving Pledge” (El placer de dar)

Burocracia

«Nuestro trabajo es luchar contra la pobreza, no hacer sudokus burocráticos» es un grito continuo de las organizaciones que deben relacionarse con la administración para llevar a cabo sus actividades (y el de muchas empresas, por cierto).

La multiplicación de requisitos administrativos contraproducentes,creciente inseguridad jurídica y sensación de sospecha y desprecio institucional está perjudicando seriamente a miles de personas en riesgo de pobreza o exclusión social y de paso arruinando entre mostradores y formularios absurdos el prestigio de las políticas sociales públicas o de profesiones imprescindibles en la lucha por la inclusión social.

Es deprimente escuchar a responsables políticas su acuerdo rotundo con este tema pero reconociendo su impotencia casi inexorable para solucionarlo. Y es posible, la Xunta de Galicia se ha comprometido a reducir en dos tercios la información a cubrir y los plazos para valorar las solicitudes de reconocimiento de la discapacidad… ¿y si se extiende esta reducción a todos los procedimientos de inclusión social?

Ausencia y escasa eficacia de políticas públicas que aseguren ingresos mínimos e igualdad de oportunidades.

España es uno de los países más cutres de Europa invirtiendo en políticas sociales. Y es casi obsceno su interés en la lucha cntra la pobreza familiar e infantil.

Les dejo dos gráficos que lo resumen.  Uno de Daniel Fuentes sobre la evolución del gasto público en sanidad, cultura, educación y protección social (excluyendo pensiones) en España y en la media de los 19 países del área euro. Y otro de Unicef España sobre el gasto de prestaciones monetarias para la protección de familias con el que debería empapelar su despacho la nueva Comisaria contra la pobreza infantil.

Evolución gasto público en sanidad, cultura, educación y protección social (excluyendo pensiones) Vía @dfuentescastro

Se gasta muy poco, pero encima sin beneficiar a quien más lo necesita. Lo ha denunciado con inusual claridad la Comisión Europea: España es junto a Italia el país en el que las prestaciones menos ayudan a las rentas bajas. La OCDE lo concreta: el 20,4% de las transferencias públicas va a parar al 10% más rico de la población, mientras que el 10% más pobre sólo percibe el 4%.

Más allá de las pensiones o la decadente prestación por desempleo está la mediocridad. No existe una política estatal ni un sistema estructurado de protección de rentas o garantía de ingresos dirigido a combatir la pobreza, ayudar a las familias o dar acceso a la vivienda.

El último recurso para los hogares en pobreza severa, son las llamadas “Rentas Mínimas de Inserción”, una red de protección fragmentada por comunidades autónomas «que protege poco y a muy pocos» por sus bajas cuantía y unos requisitos burocráticos extremos y basados en la culpabilización y la sospecha sobre las personas perceptoras. ¡Bienvenidas a la Confederación Española de Derechos Sociales Autónomos!

Y el modelo de éxito para reducir la pobreza sin burocracias ni aporofobia está muy claro. Como se indica en el gráfico de la Fundación FOESSA, sin las pensiones de jubilación, ocho de cada diez personas mayores de 64 años estaría en la pobreza, 7 de cada 10 en pobreza severa, con ellas esta cifra se reduce al 11% (al 3% la pobreza severa). Observen la diferencia enorme del impacto en las personas menores de 65 años.

Los españoles toleramos peor la desigualdad que otros pueblos. Un 74% consideramos un problema muy grave la diferencia entre ricos y pobres. Las soluciones para combatir contra la desigualdad están muy claras, sólo hay que tener voluntad política para implantarlas y exigir una economía sin rastro de aporofobia en donde el bienestar de las personas sea la principal prioridad.

Quizá habría que empezar por menos apelaciones a la patria y más al estado social y de derecho, ¿no?.

@xosecuns

Barrio La Rondilla (Valladolid)