Ataque contra un barrio residencial en Ahma, Saada, en el norte de Yemen. 27 de octubre de 2015 © Particular/Amnistía Internacional

¿Barcos españoles para violar derechos humanos en Yemen? No en nuestro nombre

Soy una de las 14.430 personas que ya han firmado esta petición de Amnistía Internacional dirigida a la Secretaría de Estado de Comercio, o de las más de 25.000 que lo hicieron hace un año al presidente de Navantia y a Mariano Rajoy para que cumplan la legislación vigente e impidan la venta de cinco corbetas a Arabia Saudí, por el riesgo claro de que se usen para cometer violaciones graves del derecho internacional como ataques indiscriminados a civiles o mantener el bloque naval saudí de Yemen que ha agravado la catástrofe humanitaria en ese país.

Conviene recordar antes de seguir que no estamos hablando del principio de este vídeo, sino sobre todo de su final.

Parece que cumplir la ley o evitar que se cometan atrocidades con estas fragatas es secundario ante los 3.000 millones de euros de este contrato que la empresa Navantia llevará adelante en sus astilleros de Ferrol y Cádiz, dos comarcas empobrecidas que piden empleo a gritos. Ferrol es la ciudad gallega con más personas en la pobreza (16,5%) y con su población más envejecida (el 26,54% es mayor de 65 años).

Con una exhaustiva argumentación legal y ética, Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón se oponen a esta exportación por el riesgo claro de que Arabia Saudí utilice estos barcos para llevar a cabo ataques militares indiscriminados contra civiles en Yemen y para mantener un bloqueo naval desde marzo de 2015, en un conflicto que, según la ONU, se ha cobrado 6.100 víctimas, la mitad de ellas, civiles, y en el que 8 de cada 10 yemeníes depende de la ayuda humanitaria.

Chantaje a costa de empleos y víctimas

El debate político sobre esta venta ilegal de armas está siendo de un simplismo obsceno, especialmente insultante cuando se trata de jugar y oponer el legítimo derecho al trabajo de miles de personas en Ferrol y Cádiz por encima de la muerte de personas inocentes.

Insultante, pero no novedoso. Es habitual escuchar en oenegés que luchan contra las causas de la pobreza este tipo de chantaje emocional de argumentos basados en la emergencia y el alarmismo. Políticos de todo signo con la torpe excusa de atender una necesidad urgente de las personas para despreciar sus derechos, evitando investigar y denunciar las causas de su situación y no digamos buscar soluciones a medio y largo plazo:¡Recojamos tapones para operar a este pobre niño!¡Hagamos escarnio con colas de personas recibiendo alimentos!¡Lo que importa es el derecho al trabajo y el pan de esta pobre gente!

En este caso, políticos españoles de partidos supuestamente antagónicos (PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, Por Cádiz Sí Se Puede, Ferrol en Común e Izquierda Unida), se han puesto de acuerdo para apoyar este contrato de Navantia, obviar sus gravísimas consecuencias y olvidar que el respeto a la legalidad y al derecho internacional humanitario está por encima de otras consideraciones, incluidas las económicas.

Qué triste que se olvide con tanta facilidad y hasta el presidente del Comité de empresa de Navantia en Cádiz (CCOO) se apunte a este cortoplacismo suicida. Que lejos queda 1977 cuando los trabajadores de la Bazán se negaron a reparar un buque de la marina de guerra de la dictadura chilena.

Incluso se ha criticado al alcalde de Ferrol por atreverse a decir que «tengo problemas de conciencia ya que no es lo mismo hacer buques para Noruega que para Arabia Saudí… pero la situación de la comarca es la que es»… A las verdes y a las maduras, le responde Xabier Masllorens desde Fundipau… de la misma forma que hace ¡veinte años! le escuche responder desde Oxfam Intermón.

Gracias por la coherencia Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón

Por acciones como esta soy socio de estas ONG coherentes que se atreven a bajar al barro defendiendo los derechos humanos.

No vale emocionarme, hacer un donativo fácil y olvidarme con la conciencia tranquila cuando veo imágenes de niñas y niños ahogados (y desde la del famoso Aylan Kurdi, hay 450 más), atentados en París, Estambul o Madrid,  o miles de personas refugiadas huyendo del horror de la guerra y la barbarie yihadista en la que casi siempre aparece el nombre de la obscena dictadura saudí.

Con mi dinero quiero que ayude a las víctimas pero sobre todo que se investigue y se luche contra las causas.

Les recomiendo que relean ¿Secretos y corruptelas españolas que matan? en donde Alberto Estévez les cuenta su lucha y la de estas cuatro ONG contra el tráfico de armas que sólo sirven para cometer atrocidades. Y su éxito cuando tras veinte años de esfuerzos por fin se aprobó en Naciones Unidas el Tratado Internacional sobre Comercio de Armas.

Según el informe Armas marca España  las ventas de armas españolas en 2014 superaron los 3428 millones de euros, incluidos 292 millones para Arabia Saudí que, según el Centre Delás, entre 2011 y el primer semestre de 2015, adquirió armas españolas por valor de más de 1.100 millones €.

Conviene recordar que se sigue investigando la corrupción en exportaciones de armas de la empresa Defex, cuyo accionista mayoritario es el Estado español, a Angola y ¡sorpresa! Arabia Saudí. De hecho, este país fue el segundo mayor importador mundial de armas entre 2011 y 2015.

Estas cuatro ONG argumentan que, de acuerdo con la Ley 53/2007 y las normas internacionales sobre transferencias de armas, incluidos los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas, el Gobierno español no debe autorizar la exportación de tecnología y material militar a Arabia Saudí que pueda ser utilizado en ataques militares directos a la población civil y en ataques indiscriminados en Yemen. Esto incluye el material, la tecnología y los productos que puedan ser utilizados por las fuerzas armadas saudíes y de sus aliados en la comisión de violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

¿En contra de la creación de puestos de trabajo en Navantia?

Nunca se ha dicho tal cosa. De hecho, Navantia está negociando otros acuerdos con otros países como Australia para la firma de contratos de diversos barcos. Simple y llanamente se oponen a este contrato en concreto con Arabia Saudí porque es ilegal.

La venta de estos barcos en este momento viola la legislación española sobre la exportación de armas y varias disposiciones de derecho internacional como el Tratado sobre el Comercio de Armas y la Posición Común 944/2008/PESC por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares de la Unión Europea, entre otras normas, que son de obligado cumplimiento para España.

Por eso, el respeto a las obligaciones internacionales que en este tema tiene España está por encima de cualquier eventual operación financiera.

Si España no construyese y vendiese esos barcos, lo haría otro país

Fragata Avante 2200 patrol Fuente: www.navantia.es

No es necesariamente así. El Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) aprobado en la ONU en 2013 es un instrumento clave para evitar este tipo de situaciones.

81 países, incluídos Francia, Alemania y España, son Estados que han ratificado este Tratado y, por lo tanto, están obligados a respetar los derechos humanos y su objeto: “establecer normas internacionales comunes lo más estrictas posible para regular o mejorar la regulación del comercio internacional de armas convencionales; prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y prevenir su desvío; con el fin de: contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad en el ámbito regional e internacional; reducir el sufrimiento humano; y promover la cooperación, la transparencia y la actuación responsable de los Estados partes en el comercio internacional de armas convencionales, fomentando así la confianza entre ellos”.

Los países que hasta el momento no son Estados Parte del TCA, a medio plazo, acabarán por darse de cuenta de los beneficios de que todos los exportadores de armas jueguen con las mismas reglas. Si no, se quedarán fuera de acuerdos y empresas conjuntas con otros países que impliquen la transferencia de tecnología avanzada y perderán oportunidades de negocio y de modernizar su industria de armas. Además, tampoco querrán convertirse en parias de la comunidad internacional que vendan armas para cometer violaciones graves del derecho internacional, sometido al escrutinio de los demás países y la opinión pública mundial.

La situación de las familias desesperadas por encontrar un trabajo es evidentemente dura, pero nuestros representantes políticos no deberían consolarnos con oportunidades de trabajo basadas en la vulneración de los derechos de otras personas, sino luchar para que el derecho al trabajo en Cádiz o Ferrol no suponga la muerte de nadie.

Si esto contribuye a que se plantee por fin un debate serio sobre la reconversión de la industria militar española en industria civil, bienvenido sea.

No en nuestro nombre. Pueden actuar aquí

@xosecuns