«Inactividad laboral forzosa»

Una expresión que no conocía pero que define muy bien la situación de millones de personas en nuestro país y especialmente la de las miles con discapacidad (o con diversidad funcional, como también se las conoce).  Se la escuché hace unos días al presidente del CERMI, que añadía:  «Buena parte de estas personas en edad laboral ni trabajan ni buscan trabajo, porque un entorno hostil las ha colocado en una situación de inactividad forzada, obligadas a sobrevivir de subsidios y prestaciones sociales, siempre escasas, o con apoyos en solitario de sus familias«.

En una época en la que parecemos ir para atrás en la defensa de derechos sociales, la lucha por un empleo digno e inclusivo es irrenunciable y obliga a renovar normativas y a exigir que se cumplan.

Para hablarnos de este reto,  hoy le dejo con Javier Luengo, director de la Federación de Organizaciones en favor de personas con discapacidad intelectual (FEAPS Madrid). Le conozco gracias a las benditas redes sociales, su conocimiento y capacidad de trabajo en red son dignas de imitar.

Gracias, Javier

La LISMI 30 años después: Renovarse o morir

Cumplidos ya 30 años desde la promulgación de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), como se denominaba antes a las personas con discapacidad, existe un consenso generalizado en que es preciso afrontar de manera decidida su profunda renovación.

No significa esto que la LISMI no haya sido útil a lo largo de tres décadas. Más bien al contrario, su promulgación fue un referente y la base del reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad a partir de la cual se fueron construyendo las políticas públicas de atención a este colectivo.

A pesar de ser trascendental, esa base que fue la LISMI ha quedado obsoleta: el concepto de discapacidad, minusvalía entonces, ha variado, pero sobre todo lo ha hecho su concepción. Mientras antes se hablaba de un marco rehabilitador de la discapacidad, ahora existe, afortunadamente, un marco integrador.

A día de hoy y a efectos prácticos, lo cierto es que cuando hablamos de la LISMI todos entendemos que nos referimos a ella desde el punto de vista del empleo. Es decir, como la Ley que obliga a las empresas de determinada dimensión a reservar un porcentaje de su plantilla a personas con discapacidad. Y es aquí, donde quizá más haya fracasado.

La LISMI ha tenido luces y sombras a lo largo de su existencia. Luces, por la normativa que fue surgiendo a partir de esta ley y sombras, que vienen marcadas especialmente por el escaso cumplimiento en materia de empleo. Sólo un tercio de las empresas españolas cumple con la LISMI.

Esta falta de cumplimiento viene dada por varios factores. Uno de ellos, y quizá determinante, ha sido la laxitud con que los sucesivos gobiernos han vigilado su cumplimiento. Según un estudio de la Fundación Equipara en el 2008, apenas un 24% de las empresas entrevistadas había tenido una inspección en los últimos 4 años.

Hace 30 años la discapacidad era prácticamente un tema tabú y no quedan tan lejanos los tiempos en los que las personas con algún tipo de limitación permanecían recluídas en sus hogares, ajenas a los entornos sociales.

Afortunadamente la sensibilización social y el contexto han cambiado gracias especialmente a la labor de los distintos movimientos asociativos, fundados en su mayoría por familiares de personas con discapacidad intelectual, y que han venido luchando no sólo por ver reconocidos los derechos del colectivo, sino sobre todo por acercar su realidad al resto de la sociedad, Un acercamiento que resulta vital para avanzar hacia la inclusión social pues, por la propia condición humana, nos cuesta tender puentes y aceptar aquello que desconocemos.

Sociedad y discapacidad han ido acortando las distancias de forma progresiva aunque lenta y hoy, aunque queda mucho camino por recorrer, las personas con discapacidad comienzan a ser aceptadas y lo que es más importante, a ser insertadas e incluidas laboral y socialmente. Quienes cuentan con personas con discapacidad en sus empresas valoran de manera muy positiva la experiencia y no sólo desde el punto de económico, sino también social, laboral y humano.

Pero aún queda mucho por hacer. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), sólo el 36,6% de las personas con discapacidad legalmente reconocida eran activos en 2011. Esta tasa de actividad era casi 40 puntos inferior a la de la población sin discapacidad (76,4%). Las tasas de desempleo de personas con discapacidad se multiplican con respecto al resto de la población y el aumento va siendo progresivo cuando se trata de discapacidad intelectual y de mujeres especialmente.

Es necesaria una LISMI operativa en su desarrollo y aplicación. Una LISMI renovada basada en conceptos y realidades actuales que sea realmente efectiva y positiva para el conjunto de una sociedad que no puede permitirse el lujo de desaprovechar el potencial de un colectivo tan importante como el de la discapacidad. Una nueva ley que tenga en cuenta la visión moderna de la discapacidad que ya no se analiza desde la consideración de servicio social sino desde la óptica de los derechos del individuo, independientemente de su condición.

La LISMI, que fue vanguardia hace 30 años, hoy ya no lo es. Es preciso que vuelva a serlo, esta vez de inclusión y que tendrá visos de ser exitosa si en su despliegue se cuenta con las organizaciones sociales y la voluntad firme de aplicar la legislación por parte de las Administraciones en una sociedad que cada día es más sensible y abierta a las personas con discapacidad.

@Javier_luengo