La Voz de Galicia
Hablando de riqueza, pobreza, exclusión y con quienes no quieren quedarse al borde del camino
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CONSEGUIDO!!! Vaya si se lo han preguntado…  

El PP rectifica y vota a favor de la iniciativa popular contra los desahucios

Muchas gracias a tod@s los que han participado y enhorabuena. Una vez más, ya ven:  #sisepuede.

Este es un post de emergencia.

Tanto si son una de las más de 1.402.854 personas (30.283 en Galicia) que han avalado con su firma la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social, como si están de acuerdo con sus demandas, antes del martes 12 se necesita que envíen un correo electrónico a los 350 diputados y diputadas del Congreso para que admitan a trámite esta ILP Hipotecaria.

Aquí tienen el modelo de correo electrónico y las direcciones electrónicas de todos los diputados.

En este blog, la comunicadora Romana Pérez ha escrito un par de veces sobre esta exitosa campaña pidiendo que no les hipotequen la vida o que no se la sigan hipotecando.  Hoy lo hace de nuevo para contarnos como está la situación.

Gracias otra vez, Romana

Que no nos sigan hipotecando la vida. ¿Pueden nuestros representantes políticos obviar la voz de más de 1.400.ooo ciudadanos?

Los desahucios son una de las caras más visibles de la crisis económica y social que estamos viviendo. Pero al margen de la coyuntura financiera actual, esta situación, aunque ahora agravada, se prolonga desde hace más de un siglo con una ley hipotecaria abusiva y excesivamente protectora de la banca. El procedimiento vigente prevé que en caso de impago, la vivienda vaya a subasta y si ésta queda desierta, lo que ocurre en el 90% de los casos, la entidad bancaria se la adjudique por el 50% de su valor. Además, podrá seguir reclamando la deuda, los costes judiciales e intereses a la persona ejecutada durante el resto de su vida.

Los más de 350.000 desahucios desde 2008 hablan por sí solos. El movimiento de repulsa por esta injusta situación se extiende no sólo a colectivos de profesionales y afectados sino que ha alcanzado relevancia internacional. El Tribunal de Justicia europeo tildó de ilegal el sistema procesal que rige los desahucios en España. La abogada general de dicho tribunal, Juliane Kokott, declaró que la normativa española incumple la directiva comunitaria al no proteger los derechos del consumidor. Mientras, las escasas medidas impulsadas desde el Gobierno han tenido un alcance insuficiente, como se ha señalado incluso desde Bruselas.

Siguiendo el curso legal establecido, diferentes colectivos y entidades sociales han recogido más de  1.402.854 firmas (30.283 en Galicia) que avalan la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social. La dación en pago, práctica extendida en el resto de países de la OCDE, no es nueva en nuestro país. Se permite recurrir a ella a las empresas de promoción inmobiliaria pero no con los deudores de buena fe que han entrado en esa situación por el empeoramiento de su situación económica.

Tras la comparecencia de la representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, en la Comisión de Economía del Congreso la pasada semana, el martes 12 de febrero tendrá lugar la próxima sesión plenaria en la que se tomará en consideración la iniciativa. El PP ya ha anunciado que votará en contra. El mismo día se votará otra iniciativa, la regulación de la fiesta de los toros como Bien de Interés Cultural, que parece que sí será admitida, con menos de la mitad de firmas.

¿Qué podemos hacer? Desde el grupo promotor de la ILP se ha organizado una campaña para enviar masivamente a los diputados un correo electrónico y asegurar que nuestra voz sea escuchada. Es necesario recordarles que no aprobar esta medida implica no sólo condenar a la pobreza y la exclusión social a millones de personas, sino también hipotecar los recursos públicos de una generación entera y las políticas sociales presentes y futuras.

¿Pueden nuestros representantes políticos obviar la opinión de más de 1.400.000 ciudadanos, cifra muy superior incluso al número de votos que tienen algunos de los partidos del Parlamento?

La cuestión va más allá de los desahucios y se adentra en el debate sobre si este sistema es una verdadera democracia representativa, en plena deslegitimación de las instituciones debido a los constantes casos de corrupción y recortes sociales poco justificados. España no saldrá de la crisis si se condena a las personas que sufren una ejecución hipotecaria a la economía sumergida.

Los poderes públicos tienen la obligación constitucional de promover, por encima de los beneficios de las entidades financieras, las condiciones necesarias para que el bienestar, la libertad y la igualdad de los ciudadanos sean reales, y eliminar los obstáculos que impidan su plenitud. Este martes sabremos si realmente la clase política está tan alejada de la ciudadanía que ha dejado a un lado el sistema democrático.

Romana Pérez de Lis Castro