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La libertad de prensa en Internet: el caso Wikileaks

Escrito por Víctor Salgado
9 de Septiembre de 2010 a las 8:21h

El pasado 29 de agosto, se publicó en el dominical de La Voz de Galicia un interesante reportaje de Irene Tomé con relación al caso Wikileaks (lamentablemente sólo disponible en papel), donde tuve el placer de ser entrevistado sobre la aplicación o no de la libertad de prensa en Internet así como de sus límites a nivel nacional e internacional.

press_barnstarSiendo un tema que ha suscitado bastante polémica en verano y por su evidente vinculación a este blog, reproduzco a continuación el núcleo de la misma con alguna referencia y un pequeño añadido final:

Respecto al caso en sí…

Realmente, lo más apasionante de la actual problemática planteada con Wikileaks no es sólo la plasmación, una vez más, de que Internet rompe totalmente las costuras de la legislación nacional, sino de si las protecciones de la misma son realmente aplicables a la Red.

En el presente caso, vemos la implicación de varios países, todos ellos con legislación muy diversa en materia de libertad de prensa y confidencialidad de las fuentes. Sin duda, Suecia es uno de los países con una legislación más protectora en este sentido. Su Ley de Libertad de Prensa garantiza el total anonimato de las fuentes de los periodistas y persigue su vulneración. Lo mismo cabe decir de la ley Belga que desde el 2005 protege explícitamente todas las comunicaciones producidas entre los periodistas y sus fuentes.

Respecto a si la libertad de prensa es aplicable a Internet…

Una cosa es la libertad de expresión, que nos protege a todos los ciudadanos en cuanto al derecho de emitir libremente ideas u opiniones y otra muy distinta es la libertad de prensa que protege a los medios de comunicación en su derecho a emitir libremente información veraz. Éste último, aplicable a los periodistas, es el que se beneficia en muchos países de este derecho a la confidencialidad de las fuentes de dicha información. En otras palabras: su derecho y deber de secreto profesional.

Respecto a Estados Unidos…

Estados Unidos ha sido bastante errático en la aplicación de estas libertades. Por un lado, su famosa primera enmienda de la Constitución Federal garantiza tanto la libertad de expresión como la libertad de prensa, pero no reconoce especialmente el derecho a la confidencialidad de las fuentes, según se recoge en una conocida Sentencia del Tribunal Supremo de 1972.

Esto motivó que dicho derecho fuera reconocido a nivel de legislación estatal y, hoy en día, las diferencias este los Estados en esta materia es muy sustancial: así, por ejemplo, California, Nueva York o Washington D.C. han adoptado sus llamadas “Leyes escudo” de la prensa, que están a un nivel muy similar al Sueco mientras que otros estados como Texas lo protegen en parte y otros como Virginia o Massachusetts no lo reconocen en su legislación. En cualquier caso, no hay una legislación adoptada a nivel federal.

Respecto al posible delito de robo de secretos militares…

La eventual sustracción o robo de material militar clasificado para su ulterior acceso por personas no autorizadas para ello puede estar tipificada como delito de revelación de secretos, intrusión en sistemas protegidos, espionaje y, en el caso de que fuera realizado por alguien del gobierno o de los estamentos militares, como violación de la seguridad nacional o, incluso, alta traición. Para su instrucción y enjuiciamiento se aplicarían las normas penales y procesales civiles o militares según el caso.

Respecto a la reciente iniciativa de Islandia: Icelanding Modern Media Initiative (IMMI) y su posible extensión a Europa…

En realidad, la IMMI no es una ley en si misma sino que se trata de un paquete de medidas de futuras revisiones legislativas (que ya están en marcha) y que se estima puedan estar terminadas en el plazo de un año.

Sin duda, se trata de una reforma ambiciosa que pretende convertir a Islandia como un eventual “paraíso” de la libertad de prensa y de la protección del secreto profesional de los periodistas. El hecho de que se esté enfocando específicamente al ámbito del periodismo en la Red hace de ella una iniciativa a observar de cerca por sus posibles implicaciones internacionales en los próximos años.

En cualquier caso, no podemos olvidar que el derecho de libertad de prensa (como casi todos los derechos fundamentales) no es absoluto y puede ceder ante otros derechos de igual o superior importancia, como son la intimidad, el honor, la propia imagen o, incluso, el derecho a la vida.

En este sentido, es amplia la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha sido recogida por la Recomendación nº R (2000) 7 del Consejo de Europa, la cual admite posibles injerencias en dicho derecho en aras de la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.

Una eventual legislación Europea podría ir más en este sentido que en el del modelo islandés.

Respecto a la revelación de nombres de personas en reportajes de prensa…

Toda revelación de nombres o datos identificativos concretos de personas en artículos o publicaciones de cualquier tipo debe de ir precedida de un detenido análisis previo en cuanto a su pertinencia o no para la noticia principal y, en todo caso, en cuanto a la necesidad de protección de los derechos de intimidad, honor, propia imagen y privacidad de los ciudadanos afectados. En este último punto, resulta aplicable la normativa nacional e internacional en materia de protección de datos de carácter personal. En el presente caso es especialmente grave la posible afección de otros derechos más relevantes como los referidos a la integridad física y a la propia vida de las personas publicadas.

En el presente caso, Wikileaks debería evitar identificar directa o indirectamente a las personas que no sean, en si mismas, objeto noticiable y podría ser responsable en caso contrario de vulnerar la legislación relativa.

Finalmente, como referencia especial a España (ausente explícitamente en la entrevista), sólo mencionar que la libertad de prensa se regula en nuestro país como derecho fundamental en el artículo 20.1.d) de nuestra Constitución, el cual reza lo siguiente:

“(Se reconoce y protege el derecho) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.”

A pesar de este mandato constitucional, lo cierto es que el secreto profesional del periodista no se ha regulado aún por ley en nuestro país, lo que ha llevado a no pocas dudas sobre su alcance y límites reales.

La propiedad ha muerto, ¡vivan los derechos de uso!

Escrito por Víctor Salgado
22 de Julio de 2010 a las 8:14h

El martes tuve ocasión de asistir a la inauguración de la nueva tienda de IKEA en Coruña. Es impresionante lo que esta cadena sueca de muebles ha logrado en el aprovechamiento del espacio cada vez más limitado de nuestras viviendas. No importa la cantidad de cosas que tengas, ellos te las colocan.

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Uno de los productos más inteligentes de la marca han sido, en mi opinión, sus librerías Billy. Diseñadas hace ya 30 años por Guillis Lungren, permiten optimizar enormemente el espacio en el almacenamiento de libros, CDs, DVD, etc.

Viendo precisamente este producto, me puse a pensar en su necesidad real hoy en día (o en el futuro más inmediato) y llegué a una conclusión: está en vías de extinción.

Podemos poner un ejemplo muy palpable: ¿quién tiene ya una enciclopedia en su casa? La verdad es que, salvo que sea “heredada”, muy poca gente. El motivo es simple: tenemos Internet con los oráculos Google y Wikipedia.

Otro caso es el de los CDs. Por supuesto, quedan muchos coleccionistas que incluso siguen adquiriendo aún LPs de vinilo, pero seamos realistas: la música ya está en MP3, mediante iTunes o la también sueca Spotify.

Lo mismo está pasando con los DVDs (incluso con el Blu-Ray). Las películas y series se adquieren cada vez menos en dichos soportes y se consumen ya en un gran porcentaje en soporte digital (Youtube, Hulu, webs de series, etc.).

Lo último que nos queda es el libro. El cual, gracias a la gran calidad de dispositivos como el Kindle o el iPad, ya se está empezando a consumir masivamente en soporte digital. Amazon ha anunciado en Estados Unidos que vende ya casi el doble de libros electrónicos que libros de tapa dura. En nuestro país, plataformas como la recién estrenada Libranda harán esto posible en muy breve plazo.

En efecto, los contenidos están escapando rápidamente de los viejos soportes al mundo digital y, en consecuencia, no ocupan espacio físico.

Por tanto, ¿Qué nos va a quedar en nuestras estanterías? Pues, a este paso, únicamente adornos y piezas de colección.

Pero, ¿qué ha pasado con nuestra tradición de poseer cosas? ¿Es el fin de la propiedad tal y como la conocemos?

En este sentido, es muy ilustrativo este magnífico artículo de Ramón Muñoz para El País: Si puedes consumir, ¿para qué poseer?

Desde luego, Karl Marx estaría encantado con el posible ocaso de la piedra angular del sistema capitalista: la propiedad privada (aunque su homónimo Groucho diría aquello de “Estos son mis principios. Si a usted no le gustan, tengo otros.”)

Lo que sí es cierto es que la normativa y el propio concepto de la propiedad ha variado mucho a lo largo de la historia:

En la Antigua Roma, el derecho de propiedad era absoluto: confería a su titular la potestad de disponer totalmente y sin restricciones sobre una cosa (o persona). De hecho, en el caso del cabeza de familia, este poder se extendía incluso sobre la propia esposa y los hijos (además de los esclavos) hasta el punto de la libre disposición sobre su vida y su muerte.

Afortunadamente, hoy en día el derecho de propiedad es mucho más limitado. El artículo 348.1 de nuestro Código Civil nos da la siguiente definición:

“La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.”

Es decir, la ley puede limitar (y de hecho lo hace) enormemente el derecho de propiedad. Ya no es un derecho absoluto. Por ejemplo, yo puedo ser propietario de una estupenda casa en el campo con finca aledaña, pero si en el plan urbanístico o de carreteras se contempla una autovía que pase por ella: perderemos nuestro derecho por expropiación (aunque, eso sí, con el pago de una indemnización o justiprecio tasado).

Del mismo modo, yo puedo ser propietario de un mueble o de mi ropa: para el Derecho Romano, yo podría destruir y quemar dichos bienes ejerciendo mi poder de propietario plenipotenciario pero hoy en día, tendríamos verdaderos problemas con Medio Ambiente si hacemos lo propio sin la debida autorización y medidas de seguridad.

¿Y qué pasa con los libros, los discos o los programas de ordenador? ¿Somos realmente sus propietarios?

La respuesta es no. En ningún caso.

“Pero ¿cómo es posible?”, me diréis, “Yo cuando voy a la tienda y compro un libro es mío y solo mío y puedo hacer con él lo que quiera… (Bueno, excepto quemarlo fuera de la noche de San Juan) ¿no es así?”

Bueno, desde luego eres propietario del material físico del libro (es decir, del papel, pegamento y tinta del que se compone) pero nunca del contenido en sí.

Esto es porque el contenido (es decir, la obra) sólo es propiedad de su autor original. Así está dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Propiedad Intelectual:

“La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley.”

Es decir, nunca seremos “propietarios” de un libro, (salvo que seamos los autores del mismo, claro). Por ejemplo, no podré fotocopiarlo y vender sus copias, ni traducirlo a otro idioma, ni tampoco hacer una película a partir de él. No soy, en definitiva, su propietario.

Entonces, ¿qué compramos cuándo compramos un libro, una película, un disco o un programa de ordenador?

Pues, además de su soporte físico (en su caso y, como vemos, en vías de extinción), lo que compramos es un mero “derecho de uso limitado” de dicha obra.

Por ejemplo, en el caso de un DVD común, lo que compramos simplemente es el derecho a visionar su contenido en el ámbito doméstico (eso sí, las veces que queramos) pero nada más. ¿Y si queremos invitar a los vecinos del barrio y proyectarlo en una pantalla grande? No podemos. ¿Y si queremos alquilarlo? No podemos. De hecho, el precio de un DVD para un videoclub es muy superior que para un particular ¿Por qué? No porque su calidad de materiales y confección sea superior sino, principalmente, porque el derecho de uso adquirido es mayor: un videoclub paga también por el derecho a alquilar dicho DVD.

¿Y un CD de música? Lo mismo. Sólo pago por el derecho a escucharlo en privado. Nada de usarlo como hilo musical, banda sonora o pincharlo en una discoteca (ahí entraría la SGAE para cobrar por esos “derechos extras”).

Ya lo sé, es posible que a estas alturas estés mirando a tu preciada colección de CDs o DVDs donde tanto tiempo y dinero has invertido y te preguntes ¿realmente no es nada de esto mío?

Pues no, desgraciadamente, no lo es (al menos en sentido jurídico estricto). Pero, en cualquier caso y tal y como vimos antes, la propiedad tampoco es, en sí misma, un derecho absoluto.

De hecho, en el mundo de la propiedad intelectual nadie es realmente propietario de nada. Incluso el propio autor ha vendido, cedido o vistos recortados sus derechos exclusivos sobre la obra a favor de toda suerte de intermediarios o terceros con derechos preferentes (el propio Estado, las bibliotecas o, incluso, los particulares con la famosa copia privada legal).

Lo realmente importante hoy en día es, más que nunca, ya no el derecho de propiedad sobre una cosa u obra sino los derechos de uso adquiridos sobre la misma.

Estos derechos, que determinan el disfrute real de nuestras posesiones, vienen regulados por la propia Ley y por los contratos que hayamos celebrado en cada caso (el contenido de la licencia de uso de la obra, en su caso).

Parece que en los últimos tiempos, y gracias a la naturaleza del mundo digital y de Internet, estamos tomando conciencia de esta realidad respecto a los contenidos que usamos y disfrutamos desde siempre pero que solo ahora se desmaterializan ante nuestros ojos.

En cualquier caso, como decía Albert Einstein: “La realidad es una mera ilusión, aunque (eso sí) una muy persistente”.

Os deseo a todos unas felices vacaciones. Nos leemos en septiembre.

Entrevista en Nación Red sobre derechos en Internet

Escrito por Víctor Salgado
8 de Julio de 2010 a las 9:21h

Esta semana he tenido el placer de ser entrevistado por uno de los medios más prestigiosos y activos en la divulgación y defensa de los derechos de los internautas en la Red: el blog Nación Red de Weblogs. La entrevista, que se puede leer a texto completo en esta enlace, ha hecho un repaso por algunos de los temas claves comentados en el blog, gracias a las interesantes preguntas formuladas por David Ballota.

nacion red

Gracias al amable ofrecimiento de Nación Red, reproduzco a continuación el núcleo de la entrevista:

“Me ha parecido muy interesante un post que has escrito en tu blog sobre el polémico canon digital. Para sostener la incongruencia de su aplicación mantienes que es como cobrarle un impuesto a Al Capone por comerciar con el alcohol…

Efectivamente. En los últimos años, se nos ha presentado el canon digital como una compensación por la piratería. Esto legalmente no es así.

El canon digital es, en todo caso, una compensación por la copia legal privada, autorizada desde hace años por el art. 31 de la LPI. Lo contrario sería como reconocer la legalidad de aplicarle un impuesto sobre el alcohol a Al Capone en plena ley seca. Ello sería, ni más ni menos, la participación del Estado en un negocio ilícito.

Por tanto, una de dos: o las descargas son ilegales y, por tanto, no se les aplica canon o, por contra, las descargas son legales y, por ello, se les aplica canon. En este sentido, aunque la Ley es clara, ha habido mucha desinformación, en ocasiones interesada y en otras por mero desconocimiento, tanto por parte del gobierno como por los propios representantes de las entidades de gestión. Ello nos ha llevado, desgraciadamente, a las actuales “trincheras” de la Red.

Has pronosticado algo verdaderamente “revolucionario”, la SGAE defendiendo a los internautas… ¿una provocación o algo en lo que verdaderamente crees?

No es nada descabellado. Una de las consecuencias principales de la revolución Web 2.0 es que el internauta deja de ser un mero receptor pasivo de contenidos digitales y se convierte en un activo creador de los mismos. En tanto en cuanto dichos contenidos sean originales, la Ley reconoce al propio internauta como legítimo autor de sus creaciones (ya sean texto, imágenes, audio, vídeo o software). En cuanto autores de lo que introducimos en la Red, los internautas tenemos derechos exclusivos de propiedad intelectual sobre nuestras obras entre los que se encuentra su explotación.

La SGAE, así como otras entidades de gestión, tienen como fin principal la explotación y defensa de esos mismos derechos pertenecientes a los autores de su catálogo.

Por tanto, nada obsta jurídicamente para que los internautas creadores (un blogger o un músico independiente, por ejemplo) se integren en la SGAE o en cualquiera otra de estas entidades de gestión y, a partir de dicho momento, deban éstas proteger sus intereses en la Red. Todos somos autores de Internet.

En este sentido, sí sería factible que, por ejemplo, un blogger reclamase su parte proporcional y correlativa del canon digital por la reproducción privada (esta vez legal) de sus artículos a través de la Red.

Los poderes públicos, parecen más dispuestos a tutelar la cultura que el acceso a la cultura, que es su mandato constitucional. ¿Crees que Internet ha hecho todavía más “dirigistas” a los poderes públicos?

Creo que el dilema actual de los poderes públicos es cómo enfrentarse ante la nueva realidad social que supone Internet. De hecho, podemos hablar ya de una Sociedad 2.0. Por un lado, la Red hace realidad el viejo sueño de un acceso directo, instantáneo y global a todo el saber de la Humanidad, por primera vez en su Historia. Por otro, gracias a la Web 2.0, permite también una participación inmediata y sin intermediarios de los ciudadanos en los asuntos públicos, haciendo por primera vez realidad lo preconizado por Rousseau al hablar de las virtudes de la Democracia Directa, frente al modelo actualmente vigente de Democracia Representativa. Finalmente, están los intereses de la industria cultural (que no necesariamente de la cultura) que se está viendo afectada por un fuerte cambio de su modelo de negocio derivado de tecnologías como el P2P y que están haciendo un fuerte papel de lobby para mantener, aunque sea artificialmente, el modelo anterior.

Ante este importante dilema, los poderes públicos (y no hablo sólo de los españoles) se ven fuertemente tentados a intervenir e intentar “controlar y dirigir” los efectos que ya se están percibiendo en la Sociedad, en la Cultura y en la Economía. Entiendo que esto es un error fundamental ya que los efectos ya están ahí y muchos de ellos son imparables. Lo que a mi juicio deberían hacer los poderes públicos es no intervenir en primera instancia y confiar en la ya importante y suficiente legislación actual y en sus tribunales para solucionar los nuevos problemas que van surgiendo. En mi opinión, no se puede legislar sin una cierta perspectiva de la realidad social y de sus consecuencias. Es por ello que la ley necesariamente debe de ir después de la realidad. Lo contrario supone poner en riesgo nuestros valores y derechos universales como lo es el derecho de acceso a la cultura de todos los ciudadanos, sin descuidar, por supuesto, la adecuada compensación de los titulares de la misma.

Me gustaría conocer tu opinión sobre el ACTA (Acuerdo Comercial Anti-Falsificación)

Mi opinión sobre el ACTA se resume en lo ya comentado anteriormente sobre la actitud de los poderes públicos frente a la nueva realidad que nos viene. Lo que es, sin duda, más criticable en este caso es que este importante Acuerdo internacional se ha estado negociando durante varios años en la más absoluta opacidad. De hecho, sólo gracias a las Instituciones de nuestra Unión Europea y a contadas filtraciones hemos podido acceder a diversos borradores del mismo. Por otro lado, no es negativo que estas cuestiones se debatan a nivel internacional, ya que la Red es global, aunque su resultado debe respetar los derechos ya reconocidos a los ciudadanos. El hecho de que, por ejemplo, se esté planteando eliminar la copia legal de obras para discapacitados me preocupa enormemente.

… y la denominada “Ley Sinde”

Una vez más, me remito a lo ya comentado anteriormente. La disposición adicional primera del Proyecto de Ley de Economía Sostenible es un claro ejemplo de una apresurada intervención de los poderes públicos, en un ámbito ya regulado y protegido adecuadamente por la legislación vigente, en aras de cargar demasiado la balanza en la defensa de los derechos de los titulares y a costa de otros derechos más importantes y de rango constitucional como lo es la libertad de expresión o el acceso a la cultura.

Desde luego, lo que era inadmisible era el cierre de páginas Web sin ninguna intervención judicial, como estaba en el borrador inicial, pero la solución actual, con una mínima y totalmente sesgada y condicionada intervención de la Audiencia Nacional en dicho cierre, sin poder entrar, siquiera mínimamente, a analizar el fondo del asunto, no es tampoco satisfactoria.

Defiendes el concepto de privacidad “a la europea”, bien blindado o garantizado en nuestra Carta de Derechos, frente al concepto más “vulnerable” de Estados Unidos, ¿puedes explicarnos brevemente sus diferencias y la importancia de defender el “modelo europeo?

En estos momentos, estamos asistiendo a una fuerte colisión de dos ideas opuestas de privacidad. Por un lado, el modelo europeo: cuya privacidad es una extensión del derecho a la intimidad reconocido en todas las constituciones continentales y se protege mediante una avanzada normativa en materia de protección de datos personales (LOPD en España) cuyo incumplimiento se sanciona fuertemente. Por otro lado, el modelo americano: donde ni siquiera el derecho a la intimidad está reconocido en la constitución de los EE.UU. (frente a la libertad de expresión que si se reconoce en su famosa “primera enmienda”) y no existe una Ley de Protección de Datos a nivel Federal.

El problema deriva de que la mayor parte de servicios que usamos actualmente en Internet y en los que volcamos diariamente nuestros datos personales están en manos de empresas norteamericanas (Google, Facebook, Microsoft, Apple, etc.) las cuales sólo se someten a las “Políticas de Privacidad” que ellos mismos han diseñado o suscrito voluntariamente pero sin siquiera un control público sancionador en caso de incumplimiento.

Este déficit de control y de adecuada protección de la privacidad en EE.UU. ha quedado especialmente patente con el actual desarrollo de las Redes Sociales en las cuales los ciudadanos vuelcan gran cantidad de datos sobre sí mismos y su entorno sin ser plenamente conscientes de su eventual uso o acceso público ulterior a dichos datos, por no hablar del reciente fenómeno de la “nube” o “cloud computing” que llevan nuestros datos a países remotos e indeterminados.

Como resumen, baste decir que en Europa los datos personales son siempre propiedad de sus titulares, aunque los tengan tras entidades, mientras que en EE.UU. dichos datos pueden ser propiedad de las propias compañías (baste el ejemplo de Facebook cuyas Condiciones de Uso establecen que todos los contenidos que los usuarios introduzcan en su sistema, les pertenecerán legalmente en cuanto a sus derechos de explotación).

Actualmente, hay un fuerte movimiento de derechos civiles por la privacidad en EE.UU. que quizá concluya en un cambio normativo importante a nivel federal.

Hay una iniciativa española (ColorIuris) de autogestión y cesión de derechos de autor en línea a partir del modelo continental, que por así decirlo también es una alternativa a Creative Commons, ¿la conoces?. ¿Qué te parece?

La verdad es que no conozco directamente la iniciativa ColorIuris pero la misma es, sin duda, una muestra de la tremenda flexibilidad y potencia que tiene nuestra actual legislación en materia de propiedad intelectual, en contra de lo que inicialmente nos pudiera parecer. Es un sistema que permite la coexistencia lícita y pacífica de sistemas tan distintos como el software propietario o el software libre, el copyright o el “copyleft”, las obras con todos los derechos reservados o las distribuidas bajo la licencia Creative Commons o similar.

¿Cuántas licencias o modelos de explotación de derechos existen? Literalmente millones. La gran magia de esta normativa es que el autor o el titular de una obra puede crear su propia licencia de cero o asumir cualquier otra que encuentre en la Red. Casi el único límite es la imaginación. La ley se encarga del resto que es proteger sus derechos con cargo a su decisión. Es por ello que creo que, sin mayor intervención legal, los propios usuarios pueden encontrar el mejor sistema de protección de sus derechos a la vez que un nuevo modelo de negocio para los contenidos en la Red.

También has advertido sobre la importancia de despejar la creencia de que el “software libre” es del todo libre, en el sentido de que muchas personas desconocen o no prestan atención al tipo y condiciones de la licencia…

Efectivamente. Al hilo de lo comentado, cuando hablamos de “software libre” solo nos referimos a un modelo de licencia para proteger y determinar el uso de nuestra obra por otros. De acuerdo que es un modelo mucho menos restrictivo que el denominado de “software propietario” pero no es totalmente libre: tiene condicionas y límites que debemos conocer y que dependerán de cada licencia concreta (que es recomendable leer atentamente en todos los casos). Por ejemplo, la licencia GNU (en la que se basa Linux) establece que todo desarrollo que se base en ella debe obligatoriamente acogerse bajo dicha licencia y su código fuente ser publicado. Es decir, no podríamos utilizar trozos de código bajo GNU para incorporarlo a un software propietario sin vulnerar su licencia. Estas limitaciones debemos tenerlas en cuanta a la hora de programar y sólo se puede hacer leyendo (y entendiendo) las licencias previas.

Un software sólo sería realmente libre si su autor o titular lo liberase como “obra de dominio público”. Esta fórmula, sin embargo, aunque posible y válida jurídicamente, no es frecuente en la Red.

Bueno, Víctor, ya por último, ¿qué recomendaciones básicas nos darías a los blogueros o usuarios de redes sociales en algún aspecto elemental y que quizá estemos descuidando?

Aquí habría mucho que decir y creo que ya me he extendido bastante como para aburrir al lector. Baste recordar aquí la regla número 2 de net-etiqueta que destacaba Virginia Shea en su clásico libro “NETiquette” para comportarse correctamente en la Red: “Adhiérase a los mismos estándares de comportamiento en línea que usted sigue en la vida real”. Es decir, usemos nuestro sentido común y sólo compartamos en la Red Social lo que compartiríamos con un desconocido. Y ello, siendo conscientes de dos realidades de la Red Social: 1- Todo lo que compartamos, va a ser públicamente accesible (aunque creamos que no) y 2- Una vez introducido un dato o contenido va a ser muy difícil o imposible de eliminar posteriormente.

A ello sumaríamos que, al hilo de lo dictaminado recientemente por el Grupo del Artículo 29 de la Directiva Europea de Protección de Datos (que aglutina a representantes de todas las autoridades europeas en la materia), si compartimos contenidos o datos de otras personas (como fotos) y nuestro número de amigos pasa del “número razonable” de 20, debemos de cumplir con la LOPD y pedir autorización previa a dichas personas para poder publicar los mismos (y no digamos de menores).

Finalmente, en el caso de los blogueros, debemos tomar conciencia de nuestra condición de autores en Internet y, como tales, proteger adecuadamente nuestras obras con una licencia de nuestra elección o confección así como leer atentamente la de otros antes de utilizar o redistribuir obras ajenas sin perjuicio de las excepciones de uso permitidas en la Ley, como las de cita, ilustración de la enseñanza o reseñas periodísticas.

Gracias y un placer.”

La Web 2.0 y la Ley

Escrito por Víctor Salgado
1 de Julio de 2010 a las 8:49h

En el día de ayer tuve el placer de dar una charla sobre el sugerente pero, sin duda, desafiante tema de “La Web 2.0 y la Legislación Actual”, dentro del interesante Curso de VeranoWeb20Ou” organizado en el Campus de Ourense de la Universidad de Vigo.

La preparación de la charla me ha dado la oportunidad de pararme y reflexionar de nuevo sobre uno de los grandes temas que están, sin duda, redefiniendo nuestra realidad casi sin darnos cuenta.

Web 2.0

Pero, ¿qué es la Web 2.0?

Sin perjuicio de definiciones más elaboradas, podemos referirnos a la Web 2.0 como aquel conjunto de tecnologías y aplicaciones de Internet que hacen mucho más sencilla la tarea de publicar contenidos en la Red.

Uno de sus primeros referentes lo constituye Youtube. El más famoso portal de vídeos de Internet basa su éxito en la enorme facilidad para subir cualquier vídeo a su sistema por parte de los propios usuarios, compartiéndolo de modo casi instantáneo con el mundo.

En la Web 2.0 el internauta se libera de su tradicional papel pasivo, como mero “consumidor” de la Red, para convertirse en un activo “creador” de contenidos para el medio.

Esto, tal y como hemos visto anteriormente, supone una verdadera revolución con grandes consecuencias culturales, sociales y políticas que aún estamos empezando a vislumbrar.

Sin embargo, me preocupan ahora, por razón del tema de mi charla, sus especiales consecuencias jurídicas.

¿Qué significa la Web 2.0 para la legislación actual?

Pues, la principal consecuencia la encontramos, como no podía ser de otro modo, en nuestra Ley de Propiedad Intelectual (LPI). En concreto, su artículo 5.1 dispone lo siguiente:

“Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica.”

Por su parte, el artículo 10.1 LPI señala que:

“Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro”

Ello significa que todos y cada uno de los internautas de la Web 2.0 son “autores” de los contenidos que vuelcan en la Red, siempre que se trate de “creaciones originales” claro está.

Sin embargo, nada obsta para que una obra de “nueva creación” pueda incluir, total o parcialmente, una obra previa de otro autor. Ello está contemplado como “obra compuesta” y se define en el artículo 9.1 de la Ley:

“Se considerará obra compuesta la obra nueva que incorpore una obra preexistente sin la colaboración del autor de esta última, sin perjuicio de los derechos que a éste correspondan y de su necesaria autorización.”

Sin entrar en mayores detalles ni profundidades, baste decir que sería necesario contar con la autorización del autor de la obra previa o bien usar la misma dentro de una de las excepciones reconocidas en la propia Ley (cita, ilustración de la enseñanza, reseñas periodísticas, etc.).

¿Y qué significa ser autor de una obra en Internet?

Pues supone, ni más ni menos, el tener la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de dicha obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley.

Por tanto, la primera consecuencia jurídica de la Web 2.0 es que todos, más que nunca, somos “propietarios” de Internet y, en todo caso, de los contenidos concretos que creamos e introducimos diariamente en servicios como Blogger, Flickr, Facebook, Twitter o el ya mencionado Youtube.

Es decir, cada vez más, la Ley de Propiedad Intelectual no sólo se nos aplica para limitar nuestro acceso y uso de contenidos ajenos sino también para proteger y defender nuestros propios contenidos volcados en la Red.

¿La SGAE defendiendo a los internautas? Todo llegará…

El Derecho de Acceso a la Cultura: del Libro y de las Bibliotecas

Escrito por Víctor Salgado
24 de Junio de 2010 a las 8:05h

La pasada noche fue la noite de meigas o, más conocida con la Noche de San Juan en la que, según la tradición, se encendieron miles de hogueras para acompañar la “noche más corta del año” (con permiso de los astrónomos que nos dirán que fue hace ya tres días).

riazor-sanjuan2010bNo he podido evitar, por lo que luego explicaré, relacionar estas mágicas hogueras con el famoso libro de Ray Bradbury Fahrenheit 451. En esta maravillosa y escalofriante novela, cuyo título se corresponde con la temperatura exacta en la que el papel se inflama y arde, se describe un mundo de pesadilla en el que la lectura ha sido totalmente prohibida por el Estado, y los bomberos se dedican a quemar libros.

Desgraciadamente, a lo largo de nuestra historia, tenemos varios ejemplos de un comportamiento similar en los gobiernos. Y es que la cultura se ha visto siempre por algunos como un bien que hay que controlar y restringir a una minoría, a fin de que una gran mayoría pueda ser fácilmente dominada en la ignorancia.

Afortunadamente, en nuestra Constitución se protege como un derecho universal: su artículo 44.1 dispone lo siguiente:

“Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.”

Sin duda, uno de los principales templos a la difusión y democratización de la cultura han sido y son, por supuesto, las bibliotecas. En ellas se garantiza el acceso efectivo a este derecho con independencia del nivel social o económico de los ciudadanos.

Y aquí viene el motivo de la relación que establecía a la noche de ayer con el mundo literario ya que, durante estos días, estamos impartiendo desde el despacho un curso intensivo sobre Derecho de propiedad intelectual y contenidos digitales para bibliotecarios del Ayuntamiento de La Coruña.

Este curso, como viene siendo habitual en cualquier experiencia formativa en la que participamos, nos da la opción de aprender mucho y de reflexionar sobre el actual estado de nuestro derecho de acceso a la cultura y en su fuerte colisión con otros derechos como los de propiedad intelectual de los propios bienes culturales.

Y, para ser más concretos y en referencia a nuestras queridas bibliotecas, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), realizada en el 2006, afectó de modo importante a su derecho de préstamo.

Dicho derecho se define en el artículo 19.4 LPI como “la puesta a disposición de los originales y copias de una obra para su uso por tiempo limitado sin beneficio económico o comercial directo ni indirecto, siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a través de establecimientos accesibles al público.”

Dicha reforma afectó al artículo 37.2 LPI, especialmente en lo referente al segundo párrafo que reproduzco a continuación:

“Asimismo, los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas (…) no precisarán autorización de los titulares de derechos por los préstamos que realicen.

Los titulares de estos establecimientos remunerarán a los autores por los préstamos que realicen de sus obras en la cuantía que se determine mediante Real Decreto. La remuneración se hará efectiva a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.”

Esto supone, ni más ni menos, que la creación en nuestro derecho del llamado “canon de préstamo”, el cual no existía previamente en nuestro país ya que las bibliotecas estaban exentas de pago alguno por este concepto.

Afortunadamente, dicho canon no se traslada al usuario, lo que supondría otra nueva barrera de acceso a la cultura para aquellos con menos recursos, pero sin duda supone una carga que limita la nunca suficiente capacidad económica de nuestras bibliotecas para su fundamental labor de adquisición, conservación y difusión de la cultura.

Desde luego no es un debate sencillo, pero con todas estas reformas que se están haciendo en los últimos años a fin de defender a ultranza los derechos de propiedad intelectual frente a lo que se presenta como “la enorme amenaza del nuevo mundo digital” (“Ley Sinde” incluida), se corre el riesgo de limitar el importante derecho universal de acceso a la cultura.

Con Internet como primer referente actual en la localización del acerbo cultural de la humanidad y mientras esperamos por el reconocimiento del derecho de acceso universal a la Red de redes así como la garantía de su neutralidad, no estaría mal seguir conservando y defendiendo a quienes han desempeñado este rol durante siglos de manera paciente y silenciosa: nuestras bibliotecas, las cuales tienen aún un principal papel que cumplir en esta magna tarea.

No puedo evitar pensar que lo contrario nos llevaría al aciago mundo de Fahrenheit 451.

No lo permitamos.

Ciberterrorismo, el lado oscuro de la Red

Escrito por Víctor Salgado
17 de Junio de 2010 a las 7:57h

El pasado sábado fue emitido un interesante reportaje en Informe Semanal de TVE sobre el “Ciberterrorismo, el lado oscuro de la Red“. En el mismo interviene el Dr. Eloy Velasco, Magistrado de la Audiencia Nacional, con el cual tuvimos el privilegio de contar para la  I Jornada de Informática Judicial y Delitos Informáticos, organizada muy recientemente por el CPETIG en La Toja.

Primera parte:

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Segunda parte:

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Más allá de las teorías vertidas en el documental sobre la mayor o menor probabilidad de una acción ciberterrorista contra infraestructuras críticas en la Red, lo cierto es que se llama la atención sobre las nuevas formas de investigación y de obtención de pruebas electrónicas para la persecución tanto de los llamados “delitos informáticos” como de los propios delitos clásicos.

Y es que el rastro que dejamos en la Red poco tiene que ver con las consabidas huellas dactilares, manchas de sangre o restos de ADN.

Aquí, tanto la labor de los grupos especializados de la fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como de los propios peritos informáticos es, no sólo importantísima, sino también ineludible en la práctica judicial y forense del siglo en el que estamos.

Sin duda, la prueba electrónica es reina en la investigación criminal actual.

Una Agencia de Protección de Datos para Galicia

Escrito por Víctor Salgado
10 de Junio de 2010 a las 8:01h

Esta semana saltaba la noticia: El director de la Agencia Española de Protección de Datos se reúne con sus homólogos de las Agencias autonómicas. Desgraciadamente, la gallega no está entre ellas.

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En estos momentos, somos la única de las llamadas “Comunidades Históricas” que no tenemos este fundamental organismo. Tanto Cataluña como el País Vasco la tienen, además de Madrid que tiene tanto la central como la autonómica.

Pero, me diréis, ¿para qué sirve una Agencia de Protección de Datos?

Pues bien, una APD es un ente público autónomo que tiene como misión fundamental velar por la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (LOPD) en su ámbito de competencias. Aunque su Director es nombrado por el Gobierno (a propuesta de un Consejo Asesor), su independencia está reconocida y reforzada por su inamovilidad en el cargo durante su mandato (el cuál usualmente suele coincidir entre gobiernos de distinto signo).

Por otro lado, y por imperativo legal, la APD no depende jerárquicamente de ningún Ministerio ni Consejería, teniendo total autonomía organizativa y funcional.

Entre sus variadas competencias, destacan las propias de inspección y sanción. Aquí las autonómicas se diferencian principalmente de la central en que las primeras sólo asumen dichas funciones respecto a las propias administraciones públicas locales y autonómicas de su Comunidad, mientras que la AEPD las ejerce tanto sobre el resto de administraciones como sobre todo el sector privado nacional.

¿Por qué entiendo que es fundamental tener una APD en Galicia?

Podría destacar varios motivos, como la aplicación del principio de subsidiariedad europeo, el no depender de Madrid a efectos de inspección y sanción de nuestras administraciones públicas locales y autonómica, o la necesidad de proteger un derecho fundamental desde nuestra propia tierra en un ámbito en plena expansión como es el de la administración electrónica o las redes sociales, pero voy a centrarme sólo en uno: en su fundamental papel para la formación, sensibilización y asistencia de nuestro sector público (y privado) en la responsabilidad de la protección y buen uso de los datos de todos los ciudadanos residentes en Galicia.

En la experiencia de otras Comunidades Autónomas, esto ha supuesto una aportación fundamental de sus Agencias que, desgraciadamente, no puede ser abordada en toda su amplitud por una AEPD central, cada vez más saturada y centrada principalmente en labores de instrucción y sanción.

Un ejemplo de ello ha sido, sin duda, la importantísima labor desarrollada en este sentido de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. La misma, lejos de convertirse en referente coercitivo, se ha centrado especialmente en tareas de difusión y concienciación tanto de sus administraciones “tuteadas” como del público general. Así lo avalan sus más de 30 libros especializados publicados y más de 50 seminarios y jornadas de formación impartidas a todos los niveles y campañas de sensibilización dirigidas al público sólo en lo últimos tres años.

Éste es el modelo que están imitando también el resto de Agencias autonómicas. Sus resultados, hablan por si mismos: unas administraciones públicas mucho mejor adaptadas a la LOPD y sensibilizadas respecto a la privacidad de sus ciudadanos. Esta labor social, sin duda, ha sido fundamental, diferenciadora y muy valorada por el resto de agentes públicos y privados de sus respectivos ámbitos de actuación.

¿Para cuándo una “Axencia Galega de Protección de Datos”? Esperemos que no pase mucho tiempo antes de que un Director de la AGPD represente a Galicia en una futura reunión de Agencias a nivel nacional.

La privacidad de las Redes Sociales en la TVG

Escrito por Víctor Salgado
2 de Junio de 2010 a las 7:56h

La revolución de las Redes Sociales en Internet es algo que, a estas alturas, no pasa desapercibido a nadie.

En pasados artículos, tuvimos ocasión de comentar este fenómeno así como de sus implicaciones para nuestra privacidad, con atención especial a nuestros menores y a las obligaciones que asumimos en función de nuestro número de amigos en dichas redes.

Este pasado domingo, se emitió un interesante programa sobre este fenómeno en la Televisión de Galicia (TVG). Se trata del número cuatro ya de la magnífica serie de Conexións, producida por Adivina Producciones. En el mismo, tuve el honor de ser entrevistado en el reportaje referente a la seguridad y privacidad en la Red.

Éste es el adelanto del mismo:

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El programa completo se puede visionar pulsando sobre este enlace de la TVG. (El reportaje con la entrevista se sitúa hacia el minuto 10′ del vídeo).

Espero que os resulte interesante.

Una posible solución para el canon digital

Escrito por Víctor Salgado
26 de Mayo de 2010 a las 7:57h

Lo prometido es deuda. Lo decía en el pasado artículo, donde abordaba la verdadera naturaleza del llamado “canon digital”, que en realidad no es una compensación por la piratería (recomiendo su lectura para un pleno entendimiento de lo que expondré a continuación). En este post me voy a “mojar” y, con vuestro permiso, iré al grano:

¿Cuál puede ser la solución para un canon digital más justo y efectivo en la situación actual de la Red?

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Desde luego es un tema complejo pero, en mi humilde opinión, la solución a la aplicación de este modelo en la actual realidad de Internet pasa por una nueva y definitiva reforma legislativa en los siguientes puntos:

1- Reconocer el derecho de copia “legal” privada con amplia aplicación en la red e incluyendo las redes P2P, Streaming y similares. (Con las condiciones y límites que ya comentamos en su día.)

2- Establecer un modelo realista y equilibrado de compensación de los autores mediante la reformulación del actual canon. Para ello, propondría la creación de un canon digital “razonable” ya no basado en “soportes” sino en “canales”. Es decir: un canon sobre el ancho de banda de acceso a Internet. Sé que la idea no es nueva, pero propondría lo siguiente:

a. Eliminación del canon en los actuales soportes digitales.

b. Fijación de un único canon digital proporcional al ancho de banda real de acceso a la Red del usuario:

i. Con un mínimo exento (por ejemplo: hasta 1 Mb no pagaría);

ii. No aplicable a accesos de empresas, por los motivos expuestos en el anterior artículo, y

iii. Su cuantía se ponderaría con el ancho de banda real de acceso a la Red (oscilando, por ejemplo, entre 0,50 y 2 euros mensuales).

iv. Se podría dar opción de una conexión sin canon, para los particulares que lo solicitasen aceptando medidas de limitación de su acceso (por ejemplo, mediante el corte voluntario de “puertos” utilizados por redes P2P o similares).

3- Dicho canon podría seguir siendo percibido inicialmente por las Entidades Gestoras que se deberían someter a un mayor control público y baremado con una total transparencia. Para ello:

a. Las reglas de distribución del canon deberán de estar claramente explicadas y publicadas oficialmente en sus respectivos sitios Web;

b. Los datos y ranking en los que se base su reparto, serán igualmente accesibles y contrastables por el público e, idealmente, basarse en datos automatizados obtenidos de estadísticas informáticas sobre descargas y accesos a contenidos disponibles en la web (sea por buscadores o datos de monitorización de las redes, ya plenamente legales, de P2P y similares).

c. Se crearía una nueva Agencia, dependiente del Ministerio de Cultura, con amplios poderes de inspección y control directo sobre las Entidades de Gestión que verificaran sus datos internos de reparto y gestión, además de controlar otras cuestiones como su política de tarifas e intervención en el mercado.

Obviamente, todo esto es sólo una idea pero, ¡quién sabe! Podría suponer una posible solución a las actuales “trincheras” de la Red.

¿Sería posible? ¿Qué os parece?

El canon NO ES una compensación por la piratería

Escrito por Víctor Salgado
19 de Mayo de 2010 a las 8:09h

Es una de las palabras más polémicas en los últimos tiempos en la Red. Ha sido escudo de unos y arma arrojadiza de otros. Ha causado encendidos debates e impopulares reformas legislativas. Pero ¿qué es realmente el “canon”?

Autor: Pepe Farruqo 2007 - El Economista

© Pepe Farruqo 2007 - El Economista

Empecemos aclarando lo que no es:

En contra de lo que podríamos pensar, el canon no es un impuesto ni una tasa gubernamental.

El canon tampoco supone una compensación por la “piratería” o por la copia ilegal de las obras en la Red.

De hecho, el canon no ha surgido como medida de protección legal frente al fenómeno de las descargas en Internet. Tal y como vimos en su día, existía mucho antes en nuestra legislación.

Entonces, si no es todo lo anterior, ¿de qué se trata en realidad?

Pues, ni más ni menos, el canon es la compensación económica que la ley confiere al autor por la copia legal sin autorización de sus obras en cualquier soporte. He dicho bien, por la “copia legal”.

Dicha copia legal es la que deriva del artículo 31.2 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que dispone lo siguiente:

“No necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25 (…). Quedan excluidas de lo dispuesto en este apartado las bases de datos electrónicas y (…) los programas de ordenador.”

Sí, eso es, ésta es la famosa “copia privada” permitida por la Ley.

Es por esta copia “legal” privada (y no por la ilegal) por la que la Ley establece la necesidad de indemnizar al autor a modo de compensación. ¿Y cómo? Pues a través de un pequeño “sobreprecio” en los soportes de grabación y en los propios aparatos de grabación (CDs, DVDs, Grabadores digitales, Reproductores de MP3, etc.). Este sobreprecio es el que ha venido en denominarse “canon” o, más recientemente, “canon digital” por el tipo de soportes sobre los que últimamente se está aplicando.

El mismo se contiene, desde hace años, en el artículo 25.1 de la LPI del modo siguiente:

“La reproducción realizada exclusivamente para uso privado (…) originará una compensación equitativa y única (…) dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaran de percibir por razón de la expresada reproducción. Este derecho será irrenunciable para los autores y los artistas, intérpretes o ejecutantes.”

Por tanto, decir que el canon se dirige a compensar a los autores por la piratería (o por la copia ilegal de sus obras) es rotundamente falso. Esto equivaldría a decir, salvando las distancias, que el Gobierno norteamericano tenía derecho a percibir el Impuesto del Alcohol en plena Ley Seca de los años 20. (Bien es cierto que Al Capone fue condenado finalmente por evasión de impuestos, pero no precisamente por este concepto.)

Decir otra cosa, supondría reconocer oficialmente una participación económica en un negocio ilícito y esto, obviamente, no sería lícito. Por tanto, una de dos:

1- O la copia privada de obras es legal y, por tanto, da derecho al canon o

2- La copia privada es ilegal y, en consecuencia, no da derecho al canon.

Desgraciadamente, durante mucho tiempo se nos ha dicho todo lo contrario: que la copia privada es ilegal (e incluso delictiva) mientras que, por otro lado, se ha presionado para que el canon se incremente y generalice por este concepto (es decir: el alcohol es ilegal pero vamos a cobrarle un impuesto a Al Capone por comerciar con él).

Ahora, como no podía ser de otro modo, nos han corregido desde Europa y, en virtud del Informe de la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Verica Trstenjan, se concluye que el canon no puede ser objeto de una aplicación indiscriminada, como nos hemos acostumbrado en este país.

Esta crítica se suma a la gran opacidad con la que el canon se reparte en la práctica:

Con el fin de optimizar y simplificar su gestión, la Ley dispone que son las Asociaciones de Autores y Gestoras de Derechos (SGAE, AGEDI, etc.) quienes recaudan inicialmente dicho canon para que lo “distribuyan proporcionalmente” entre los autores y demás titulares de derechos de propiedad intelectual.

¿Cómo se distribuye en la práctica? Nadie lo sabe a ciencia cierta ya que los mecanismos que utilizan son totalmente opacos para los ciudadanos e, incluso, para las propias Administraciones Públicas las cuales no tienen conferido un control directo sobre ello.

Supuestamente, las Entidades Gestoras se basan en estadísticas manejadas (y muchas veces encargadas) por ellas mismas que indican el “ranking” de las obras más reproducidas por los ciudadanos (que no las más pirateadas).

Obviamente, de este ranking se deberían eliminar los datos de “reproducciones ilegales” o “piratería” que, como hemos visto, no puede compensar el canon. También se deberían eliminar aquellas obras que se hayan distribuido con sistemas de protección “anticopia” o similares, que tampoco pueden ser beneficiarias en base a la Ley (si no permites la “copia legal” de tus obras, no puedes pretender beneficiarte por una eventual compensación por ella).

Dado que no tenemos forma de fiscalizar dicho reparto desde un punto de vista público, no podemos evitar preguntarnos:

¿Esto se cumple en la práctica? No hay modo de saberlo.

Pero, aún en el caso de cumplirse, ¿es justo que sea así? Me explico: en base a la última reforma de la LPI del año 2006, las copias realizadas de redes P2P han devenido en ilegales. Por tanto, al no reconocer que esto es una copia privada legal como sí era antes del 2006, el autor cuya obra se descargue más en dichas redes no va a ser el más “beneficiado” por el reparto del canon. ¿Es esto justo? Parece que no, ¿verdad?

Por otro lado, ¿es justo que el canon se materialice en un sobreprecio de soportes que ya casi nadie utiliza? Seamos realistas, ¿quienes de nosotros utilizamos aún CDs o DVDs (y ya no digamos, disquetes)?. Pues, realmente, nos encontramos con que quienes más los utilizan son, paradójicamente, empresas y profesionales que en ningún caso pueden beneficiarse del derecho de copia privada (aunque quisieran) legalmente. Es en este sentido en el que va el reciente dictamen emitido en el seno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, anteriormente citado, respecto al caso de la empresa Padawan S.L. Es decir: no tiene ya mucho sentido.

Pero, me diréis, “todo eso está muy bien pero ¿qué solución propones?

Está bien, me comprometo a “mojarme” en el próximo artículo