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Entrevista: La crisis acelera el comercio electrónico

Jueves, Julio 5th, 2012

Hace unos meses tuve el placer de ser entrevistado por el Servicio de Planificación, Desarrollo Territorial y UE de la Diputación de A Coruña para el número Final del boletín oficial del Proyecto PARNET-TIC financiado por la Unión Europea.

A continuación, reproduzco el texto completo de la entrevista donde abordamos algunas cuestiones relativas al comercio electrónico, los medios de pago online, el copyright y otros aspectos del Derecho TIC. Espero que os resulte de interés!

El boletín completo podéis descargarlo o verlo online, tanto en inglés como en castellano, en los siguientes enlaces:

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“La crisis no sólo no frena el desarrollo de lo Sociedad de la Información sino que lo acelera”

Víctor Salgado, abogado especializado en Derecho Informático

Víctor Salgado publica con asiduidad artículos en boletines y revistas especializadas, tanto o nivel nacional como internacional, en materias tales como los aspectos jurídicos del comercio electrónico, la legislación en materia de protección de datos, los derechos de autor en Internet, la criminalidad informática o la regulación de los nombres de dominio, entre otras.

 

– ¿Cómo cree que influyen en el comercio electrónico iniciativas como PayPal? ¿Considera que las entidades bancarias deben incentivar el comercio electrónico de alguna manera?

Realmente los medios de pago son la gran asignatura pendiente del Comercio Electrónico. Parece mentira, pero todavía no se ha implantado un sistema de pago generalizado en la Red que no implique la necesidad de dar nuestros datos de carácter personal. Eso hace que las compras se retraigan por miedo a los fraudes y a qué se hace con nuestros datos. Iniciativas como PayPal simplifican el proceso de pago y limitan los datos que damos a la tienda final pero a cambio de dejar nuestros datos de pago en una empresa americana que no tiene una obligación legal de proteger nuestra privacidad, como en Europa, con el consiguiente riesgo. En mi opinión, las entidades bancarias (y las tecnológicas) deberían fomentar más iniciativas como las de tarjetas monedero y las de dinero electrónico que ya son posibles legalmente en España y que permitirían realizar transacciones seguras y micropagos anónimos en la Red. Otra cosa es que les interese hacerlo: nuestros datos valen demasiado dinero.

 

– La protección excesiva sobre los derechos de autor, ¿puede perjudicar la Sociedad de la Información?

En el momento actual asistimos a una verdadera revolución cultural. En contra de lo que muchos afirman, la cultura no está en crisis: ¡Todo lo contrario! Nunca se ha escuchado más música, visto más cine o leído más que con el surgimiento de las tecnologías digitales que han permitido facilitar la reproducción y acceso remoto a todas estas obras de creación intelectual. Del mismo modo, el número de obras se ha multiplicado: cualquiera puede escribir, componer o grabar un vídeo y publicarlo en la Red con acceso a millones de personas. Esto no debemos censurarlo sino fomentarlo. Imaginemos que se intentara limitar el número de copias que hacía Gutemberg con su imprenta: no tiene sentido luchar contra la tecnología.

Lo que sí está en crisis, sin duda alguna, son los antiguos modelos de negocio de la Industria Cultural: comprar un CD o un DVD cada vez tiene menos sentido en el actual escenario digital y más con los precios a los que se han distribuido durante años. En vez de modificar dichos modelos y adaptarse a los tiempos dando opciones sencillas y económicas de acceder a sus obras, dicha Industria ha presionado para endurecer la legislación e ilegalizar prácticas, como la copia privada, que siempre fueron legales en nuestro país: para eso estaba el canon y no para compensar la piratería.

La generalización de estas iniciativas como la Ley HADOPI en Francia, la Ley Sinde en España o la nueva Stop Online Piracy Act (SOPA) en Estado Unidos, puede perjudicar mucho en correcto desarrollo de la Sociedad de la Información puesto que se basan en limitar derechos fundamentales como la libertad de expresión o la privacidad en aras de proteger derechos mercantiles privados y no fundamentales.

 

– ¿Qué papel desempeña la Unión Europea en el fomento de la Sociedad de la Información y de las nuevas tecnologías? ¿Hace especial hincapié en las zonas rurales y la brecha digital?

La Unión Europea ha contribuido a fomentar de manera esencial el uso de Internet y el acceso universal a la Red, tanto desde un punto de vista normativo como de ejecución y financiación de programas. La prueba la tenemos en la política de Sociedad de la Información cuyo origen se remonta ya al Informe Bangemann de 1991. Sin embargo, aún le queda mucho que hacer para superar precisamente la importante brecha digital que aún existe en Europa así como el hecho de lograr y mejorar el acceso de zonas rurales: ambos problemas están muy presentes aún en nuestro país y en Galicia en particular.

 

– ¿Qué opciones tiene la ciudadanía para mantener controlada su “reputación online”?

La decisión de estar o no estar en Internet ya no es algo que dependa de nosotros. Aunque no tengamos correo electrónico ni cuenta en Facebook o cualquier otro servicio o perfil social, nuestros datos ya se encuentran en la Red. Sólo tenemos que hacer una mera búsqueda en Google con nuestro nombre completo para comprobarlo (y más si lo entrecomillamos): ahí veremos que distintas publicaciones e Instituciones ya han volcado nuestros datos en la Red: nuestra participación en unas oposiciones, una multa de tráfico o una foto que nos sacó un amigo y que etiquetó en Facebook están ya ahí y, en ocasiones, pueden afectar nuestra dignidad e imagen pública. Es aquí donde, muchas veces, debemos de actuar para proteger nuestra privacidad y nuestro derechos al honor. No siempre es fácil por lo que, en ocasiones, debemos actuar legalmente.

 

– ¿Qué pasos deberían darse o ya están dándose para avanzar hacia la plena implementación de la sociedad de la información y las TICs?

Esto ya está en marcha y es imparable: afecta ya a todos los ámbitos de nuestra vida y continuará haciéndolo con mayor intensidad y profundidad. Sin embargo, se echa en falta una mayor coordinación y apoyo estructurado en el proceso por parte de nuestra legislación e instituciones: a menudo las leyes llegan tarde y más que una ayuda suponen un obstáculo para el correcto desarrollo de la Red.

Desde mi punto de vista, quedan tres ámbitos esenciales sobre los que se debería avanzar en los próximos años: uno es el voto electrónico (que debería facilitar una verdadera Democracia 2.0 continua y no solo cada 4 años), otro es el fomento real de la generalización del uso de la firma electrónica e identidad online en todas nuestras transacciones (y no sólo en las públicas) y finalmente la consecución de una verdadera interoperabilidad  y neutralidad tecnológica que permita a cualquier persona acceder a los mismos servicios con independencia del sistema informático que use y de dónde se ubique.

 

– Además de la necesaria alfabetización digital, ¿que fórmulas podrían aplicarse para conectar con la población y fomentar la participación ciudadana en este ámbito?

Además de medidas educativas y de formación continua, creo que la implicación de los padres es esencial: mal vamos a poder enseñar a nuestros menores a cruzar la calle si nosotros no andamos por ella: dejemos de tener y sembrar miedo a la Red y empecemos a usarla nosotros también. Sólo hay una manera de aprender a nadar y lo mismo se aplica a la Red.

Dejemos de advertir tanto de los peligros de la red y comencemos a difundir sus beneficios. Y ello no sólo con palabras: ofrezcamos beneficios fiscales, laborales o sociales tangibles y directos a las personas que usen Internet en sus transacciones. Ello fomentará rápidamente el uso y aprovechamiento de la Red en beneficio de todos: ahorro de tiempo, menos consumo energético, mayo productividad, mejora del medio ambiente y de nuestra calidad de vida, etc.

 

– ¿Considera que la actual crisis ralentizará el avance de la Sociedad de la Información? ¿Cómo considera su estado actual en España a día de hoy?

Creo firmemente que la crisis no sólo no frena el desarrollo de la Sociedad de la Información sino que la acelera: por los motivos expuestos, no hay mejor medio de ahorrar costes e incrementar nuestra productividad que el uso de las nuevas tecnologías. Sólo hay que ver los datos reiterados de incremento sustancial del comercio electrónico en los últimos años para darse cuenta de ello. España, por supuesto, no es una excepción y tiene un desafío mayor que otros países al haber basado su modelo productivo en bienes reales más que en bienes intelectuales o en la innovación. Tengo el placer de comprobar cada día en mi trabajo que esto está empezando a cambiar y a un ritmo muy alto. Lo apreciaremos plenamente en los próximos años.

 

Muchas gracias a la Diputación de A Coruña por la entrevista y la cesión de este texto para su publicación íntegra en este blog.

Videoblog: ¿Cómo saber si una Web es legal?

Viernes, Marzo 23rd, 2012

Cuando navegamos por internet y accedemos a una página web o a una tienda online, no siempre sabemos si es un sitio “de fiar”. A diferencia del mundo físico, donde sí tenemos más experiencia y podemos distinguir a primera vista si un negocio es legal o no, en Internet esto puede ser más complicado.

¿En qué debo fijarme para saber si un sitio web es de confianza y cumple con la ley? ¿Qué tipo de información debe incluir sobre el titular del servicio? ¿Cuáles son mis derechos y dónde deben figurar? ¿Qué condiciones deben cumplir los precios? ¿A quién y dónde me puedo dirigir? Éstas y otras cuestiones son a las que intentaremos dar respuesta en el video de hoy reuníendolas en nueve claves o puntos críticos a tener en cuenta para revisar si una web cumple o no con la legalidad vigente.

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Videoblog: Pagos seguros e identidad electrónica

Viernes, Diciembre 23rd, 2011

En estas fechas tan señaladas en las que nos apelotonamos en los centros comerciales para hacer nuestras compras de Navidad, me pregunto cómo es que el comercio electrónico no tiene más éxito todavía. Como compradores online, todavía somos recelosos a la hora de facilitar nuestros datos de tarjeta de crédito y pagar por Internet. ¿Por qué ocurre esto? ¿Tenemos motivos para sentirnos más inseguros en la Red? ¿Quién está más desprotegido: el consumidor o la empresa? ¿Podemos identificarnos y hacer transacciones de un modo más seguro en Internet? ¿Qué es la firma electrónica? ¿Son válidas jurídicamente las firmas estampadas en una tableta digitalizadora? A éstas y otras cuestiones les intento dar respuesta en el video de hoy:

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Aprovecho, cómo no, para desearos una muy Feliz Navidad y un próspero 2012 (con compras más seguras, eso sí).

Dinero electrónico: el pago anónimo en la Red

Miércoles, Octubre 19th, 2011

Ya lo sé. Nos hemos acostumbrado. Pero eso no significa que sea lo correcto o que no haya alternativas…

Me refiero al funcionamiento actual del comercio electrónico y, en concreto, a su modelo de negocio y a los medios de pago. Parece mentira, pero cuando consumo productos o servicios en Internet sólo tengo dos alternativas:

  1. O no pago nada por ellos, con lo que se fomenta el mal llamado “todo gratis” de Internet y que, en realidad, pague con otra moneda como mi privacidad.
  2. O utilizo un medio de pago que siempre me exige facilitar mis datos personales en la transacción, lo que nos plantea la eterna pregunta de ¿Dar o no dar mi tarjeta en la Red?

Y yo me pregunto, ¿es que no hay alternativas? ¿es que no tengo modo de comprar o consumir en la Red sin tener que identificarme permanentemente?

El mercado online parece insistir tercamente en que no. De hecho, los sistemas que (nos cuentan) más seguridad y privacidad aportan a nuestras transacciones online requieren que, al menos, debamos facilitar nuestra dirección de correo electrónico (PayPal) o nuestros datos de teléfono móvil (pagos por SMS o Google Wallet).

Sin embargo, en el comercio tradicional del mundo offline estamos acostumbrados a pagar de forma anónima. De hecho, lo hacemos todos los días: símplemente usamos billetes y monedas.

¿Por qué no puedo pagar anónimamente en Internet?

Se nos han puesto muchas excusas para ello. Las principales han tenido que ver con la “necesidad” de garantizar seguridad en las transacciones online o la ausencia de normativa legal adaptada.

Tal y como ya adelantábamos en su día en el post De la sal al dinero electrónico , esta última excusa desaparecería en cuanto se transpusiera en nuestro país la Directiva 2009/110/CE, de 16 de septiembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio.

Pues bien, el día ha llegado y ya está vigente en España la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico. Esta ley viene a sentar las bases del pleno reconocimiento jurídico del propio dinero electrónico y del régimen aplicable a las entidades emisoras del mismo, las cuales no necesitan ser ni siquiera entidades de crédito, flexibilizándose sus otrora duros requisitos.

Así, el artículo 1.2 de la citada Ley 21/2011, define al propio dinero electrónico del siguiente modo:

“Se entiende por dinero electrónico todo valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos que represente un crédito sobre el emisor, que se emita al recibo de fondos con el propósito de efectuar operaciones de pago según se definen en el artículo 2.5 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, y que sea aceptado por una persona física o jurídica distinta del emisor de dinero electrónico.”

Por tanto, nada obsta ya para que cualquier entidad, cumpliendo símplemente los requisitos contenidos en la Ley, pueda emitir directamente “monedas” y “billetes” electrónicos con pleno valor jurídico a nivel europeo.

¿Estaremos a las puertas de una nueva era de medios de pago anónimos en la Red? El tiempo lo dirá pero, sin duda, ello impulsaría el ansiado y definitivo despegue de nuestro comercio electrónico a nivel global.

¿Quiénes serán los valientes?

Nombres y marcas en Internet

Jueves, Abril 28th, 2011

El grito (1863) - Edvard Munch

En el momento de escribir este post, somos ya 6.914.446.482 seres humanos en el planeta. En un número tan abrumadoramente alto, ¿cómo es posible que no perdamos nuestra individualidad? Muy sencillo: cuando nacemos, nos ponen un nombre “propio”. Dicho nombre, que configura nuestra identidad, debe ya reunir unas características particulares para inscribirse legalmente. En concreto, el artículo 54 de la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil dispone que:

1- No podrá consignarse más de un nombre compuesto, ni más de dos simples,

2- Quedan prohibidos los nombres que objetivamente perjudiquen a la persona, así como los diminutivos o variantes familiares y coloquiales que no hayan alcanzado sustantividad, los que hagan confusa la identificación y los que induzcan en su conjunto a error en cuanto al sexo.

3- No puede imponerse al nacido nombre que ostente uno de sus hermanos, a no ser que hubiera fallecido, así como tampoco su traducción usual a otra lengua.

4- A petición del interesado o de su representante legal, el encargado del Registro sustituirá el nombre propio de aquél por su equivalente onomástico en cualquiera de las lenguas españolas.

Por tanto, convivimos con nombres desde nuestra más tierna infancia: conocemos el de nuestros familiares, amigos, profesores, personajes favoritos, etc.

A medida que crecemos y vamos ampliando nuestro círculo de relaciones, ya no nos llega con saber los nombres propios sino que debemos manejar también otros datos como los “apellidos” (o apéndices de filiación) de nuestros conocidos. De este modo, se garantiza que, cuando hablamos de alguien, podamos individualizarlo e identificarlo concretamente. Así, Pedro no es sólo Pedro sino Pedro Rodríguez Pérez o Pedro, el hijo de Rodrigo (que es el origen remoto del apellido “Rodríguez”).

Sin embargo, esta identificación se complica en Internet ya que, según los casos, puede haber literalmente “cientos o miles” de personas con nuestro mismo nombre y apellidos. En concreto, en Google aparecen un total de 97.400 referencias del nombre “Pedro Rodríguez Pérez”. ¡Como para encontrarlo en Facebook!

Esto en cuanto a las personas: ¿Y qué hay de las empresas? Sólo en España, hay un total de 3.291.263 activas.

Como en el caso de los individuos, cada empresa tendrá una denominación propia que se le atribuye en el momento de su creación. Del mismo modo, dicha denominación será inscribible y, por tanto, está sujeta al cumplimiento de unos requisitos normativos. Al efecto y en el caso de sociedades de capital, el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil se dictamina resumidamente lo siguiente:

  1. “Artículo 398.1: Las sociedades y demás entidades inscribibles sólo podrán tener una denominación.
  2. Artículo 401.1. En la denominación de una sociedad anónima o de responsabilidad limitada o de una entidad sujeta a inscripción, no podrá incluirse total o parcialmente el nombre o el seudónimo de una persona sin su consentimiento. (…)
  3. Artículo 402.1: La denominación objetiva podrá hacer referencia a una o varias actividades económicas o ser de fantasía.
  4. Artículo 404: No podrán incluirse en la denominación términos o expresiones que resulten contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
  5. Artículo 406: No podrá incluirse en la denominación término o expresión alguna que induzca a error o confusión en el tráfico mercantil sobre la propia identidad de la sociedad o entidad, y sobre la clase o naturaleza de éstas.
  6. Artículo 407: No podrán inscribirse en el Registro Mercantil las sociedades o entidades cuya denominación sea idéntica a alguna de las que figuren incluidas (…) o entidades cuya denominación les conste por notoriedad que coincide con la de otra entidad preexistente, sea o no de nacionalidad española.”

Estos requisitos, que pueden parecer suficientes para evitar duplicidades y confusiones en el ámbito local tradicional, no evitan que las mismas se sigan produciendo en el ámbito comercial y, muy especialmente, en el nuevo entorno globalizado que representa Internet.

Pero, ¿cómo podemos proteger nuestro nombre propio o nuestra denominación comercial para evitar que otros nos la “pisen” en la Red?

Pues, sin perjuicio de otras medidas, un buen primer paso sería garantizarnos jurídicamente el uso “exclusivo” de dicho nombre o denominación en un ámbito de actividad concreto: ello es posible a través de las marcas y los nombres comerciales.

El artículo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM) las define como “todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras” incluyendo, entre otros, “las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas” y “las letras, las cifras y sus combinaciones”.

Por su parte, el artículo 87 LM define a los nombres comerciales como “todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares”.

Al igual que los nombres propios y las denominaciones sociales, las marcas y los nombres comerciales deben ser registrados para ser reconocidos. Así, el artículo 2 LM dispone que “el derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley”.

Una vez registrado, el titular de una marca o de un nombre comercial tendrá el derecho exclusivo a utilizar su denominación en el tráfico económico pudiendo impedir que otros los usen para la misma área de actividad.

¿Y qué hay de Internet?

Pues el artículo 34.3.e) LM, entre los derechos conferidos por el registro, reconoce expresamente el de “Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio”, pudiendo prohibir a otros que lo utilicen sin autorización en la Red.

Conocidos son ya los conflictos producidos en el ámbito de los nombres de dominio, como el llamado cybersquatting, en los que alguien registraba un dominio que coincidía con una marca o nombre comercial perteneciente a otro para, posteriormente, venderlo a un precio elevado.

Estos conflictos, aunque siguen produciéndose, han descendido en los últimos años por dos factores, principalmente:

1-    El agotamiento de los propios nombres de dominio: en este momento hay ya más de 200 millones registrados, entre todos los TLD o dominios de primer nivel.

2-   El sistema internacional arbitrado por la ICANN (a través de la Política Uniforme de Resolución de Conflictos en Nombres de Domino o UDRP) que supone un fórmula rápida de defender al titular de la marca en caso de “ciberocupación” de “mala fe” de un dominio.

Sin embargo, sí están aumentando los casos de ciberocupación y suplantación de identidad (tanto personal como corporativa) en otros servicios de Internet como las propias Redes Sociales: ocupación de denominaciones en Twitter o Facebook ya están produciendo conflictos importantes en la Red. Y esto no tendrá fin: se irá repitiendo con nuevas redes, dominios y servicios que surjan en el futuro y utilicen sistemas de denominación propios.

Como decíamos, un buen primer paso es proteger nuestra denominación como marca o nombre comercial, sin perjuicio de otras medidas que se pueden acometer y de las que, sin duda, iremos comentando en futuras entradas del blog.

Afortunadamente, hay vías efectivas para proteger nuestro nombre en Internet.

De la sal al dinero electrónico

Jueves, Septiembre 23rd, 2010

El Gobierno, en Consejo de Ministros de 10 de septiembre de 2010, aprobó el nuevo Anteproyecto de Ley de Dinero Electrónico que se espera se tramite a nivel parlamentario en los próximos meses. Pero, antes de entrar en lo que ello supone, ¿sabemos realmente lo que es el dinero?

billets_de_5000b“Poderoso caballero es Don Dinero”, decía Quevedo en su famosa poesía. Y es que no es ningún secreto que, para bien o para mal, el dinero es el valor fundamental de nuestra sociedad actual. Todo se valora y mide en función del mismo (incluso las propias personas).

De hecho, el dinero está tan presente en nuestra vida diaria que no nos paramos a pensar en su origen y significado real (y mucho menos en dónde está realmente).

Cuando a principios del siglo pasado le preguntaban al famoso ladrón Willie Sutton el motivo de que atracara bancos, él respondía simplemente: “porque allí es donde está el dinero”.

¿Podríamos hoy decir lo mismo? ¿Está realmente el dinero en los bancos? Pues lo cierto es que cada vez menos, como veremos.

Y es que el dinero ha sufrido un imparable proceso de desmaterialización desde que el mundo es mundo.

Por supuesto, hubo un tiempo en que el mero concepto de dinero no existía: las personas intercambiaban bienes o servicios directamente entre sí a través del llamado trueque (sistema, por cierto, que está resucitando en Internet), pero pronto se empezaron a utilizar materiales u objetos, de amplio uso y aceptación, como bienes intermedios en las transacciones. Dichos elementos se convirtieron, de facto, en el primer dinero de la historia. Fue el caso, por ejemplo, de la sal que fue utilizada incluso en el Imperio Romano como medio de pago a sus soldados (de ahí el término de “salario”).

Luego el dinero se depositó en metales preciosos como la plata o el oro, mucho más manejables e imperecederos, que pronto se acuñarían en forma de monedas para “certificar” su pureza y valor por parte de una “autoridad de confianza” (el rey, el emperador, etc.).

Más tarde, y debido a que los metales preciosos y las monedas pesaban mucho y costaba transportarlos y protegerlos, se empezaron a “depositar” en lugares de “confianza” (los primeros bancos) los cuales emitían un “recibo” o “certificado” en papel a favor del depositante por el valor indicado que confería el derecho a su titular a retirar dichos fondos. Estos “recibos”, mucho más fáciles de transportar, se empezaron a aceptar por sí mismos como medio de pago y constituyeron los primeros billetes.

Por tanto, el dinero pasó de la sal al metal y de éste al papel. Pero, claro está, no un papel cualquiera sino uno “emitido” y “rubricado” por una entidad de confianza. Pronto, se atribuyó la exclusiva al Estado para hacerlo, constituyendo los primeros “billetes de curso legal” que nos llegan hasta nuestros días.

bancozettel_1806Por supuesto, hoy en día gozamos de medios de pago mucho más sofisticados como lo son las tarjetas de crédito o de débito. Dichas tarjetas nos permiten pagar bienes o servicios, sin la incomodidad (e inseguridad) de llevar billetes y monedas encima, así como hacerlo a distancia a través de Internet (y con una seguridad muy superior a la que inicialmente estimamos).

Pero lo cierto es que, a pesar de ser denominadas como “dinero de plástico”, no son realmente “dinero” en el sentido legal del término.

Por tanto, el verdadero salto evolutivo del concepto de dinero desde el papel no se ha producido hasta la aparición del mencionado “dinero electrónico”.

Aunque el mismo ya estaba regulado y reconocido en nuestra legislación nacional y europea, lo cierto es que su aplicación real ha sido más bien anecdótica en Europa, en parte debido a su complejidad y gran nivel de exigencia para las entidades de dinero electrónico.

Ello motivó la adopción de una nueva normativa europea plasmada en la Directiva 2009/110/CE, de 16 de septiembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades. Dicha Directiva es, precisamente, la que ha motivado la elaboración en nuestro país del Anteproyecto de Ley de Dinero Electrónico anteriormente mencionado.

Antes de definir propiamente lo que se entiende por “dinero electrónico”, la Directiva nos da varias pistas clave en su exposición de motivos:

1º- No es la tarjeta del bus:

“La presente Directiva no debe aplicarse al valor monetario almacenado en instrumentos prepagados específicos, diseñados para satisfacer necesidades precisas y cuyo uso esté limitado”

2º- No es el pago mediante el teléfono móvil:

“Conviene igualmente que la presente Directiva no se aplique al valor monetario utilizado para la adquisición de bienes o servicios digitales, cuando, por la propia naturaleza del bien o el servicio (…) En este régimen un abonado a una red de telefónica móvil o a cualquier otra red digital paga directamente al operador de la red y no existe ni una relación directa de pago ni una relación directa deudor-acreedor entre el abonado a la red y cualquier otro proveedor tercero de bienes o servicios suministrados en el marco de la transacción”

3º- Debe ser independiente de cualquier tecnología concreta (neutralidad tecnológica):

“Resulta adecuado introducir una definición clara de dinero electrónico para que este concepto sea técnicamente neutro.”

4º- Debe ser independiente de su soporte (ya sea en un chip o en la nube):

“La definición de dinero electrónico ha de extenderse al dinero electrónico tanto si está contenido en un dispositivo de pago en poder del titular del dinero electrónico o almacenado a distancia en un servidor y gestionado por el titular del dinero electrónico mediante una cuenta específica para el dinero electrónico”

5º- Debe ser convertible en dinero físico:

“Es necesario que el dinero electrónico pueda reembolsarse, a fin de mantener la confianza del titular del dinero electrónico.”

¿Qué es, pues, el “dinero electrónico”?

Al hilo de lo comentado, el artículo 2.2) de la Directiva lo define como:

“todo valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos que representa un crédito sobre el emisor, se emite al recibo de fondos con el propósito de efectuar operaciones de pago (…) y que es aceptado por una persona física o jurídica distinta del emisor de dinero electrónico”.

¿No nos suena a algo esta definición? ¡Pues sí! Eso es porque se parece enormemente al supuesto que comentábamos al hablar del origen de los primeros billetes emitidos por los bancos:

  1. Es un “valor monetario” (es decir, dinero en sí mismo como los billetes y no un mero “apunte contable”, como en el caso de las tarjetas de débito o crédito);
  2. Almacenado por “medios electrónicos o magnéticos”, como antes lo era en soporte papel;
  3. Que representa un “crédito sobre el emisor”, es decir, es un “recibo” que puede ser usado para exigir un reembolso al emisor;
  4. Se emite “al recibo de fondos”, esto es, cuando se deposita un contravalor (como lo era el metal precioso a los primeros bancos);
  5. Con el propósito de efectuar “operaciones de pago”: su finalidad de emisión es para poder pagar bienes o servicios con él, y de modo más cómodo, tal y como se usaban los primeros “recibos de depósito” o billetes en papel;
  6. Y que es aceptado por “sujetos distintos del propio emisor” del dinero electrónico: es decir, es reconocido como dinero por terceros y no sólo por su creador, como lo eran igualmente los billetes en papel al usarse en las transacciones comerciales ajenas.

Obviamente, para que todo el sistema dinerario en general se sostenga, es esencial la confianza (una palabra harto repetida a lo largo de este artículo y no por casualidad…). Si no confiáramos en que un billete de veinte euros vale lo que dice en su membrete todo el sistema se vendría abajo.

Dicha confianza, por tanto, la debemos de trasladar ahora al “dinero electrónico” (con el hándicap, además, de que no lo “vemos” ni “tocamos”).

Pues bien, ¿cómo lo hacemos?

Muy sencillo: garantizando su pleno “reembolso” en el dinero del que nos fiamos. Con los primeros billetes, era su equivalente en metal precioso (oro o plata) que siempre se podía demandar al banco emisor (hasta hace unos años, ante el propio Banco de España). Al principio, lo hacía alguna gente pero pronto se dejó de hacer. ¿Cuándo? Pues cuando la gente ya se “fiaba” del valor intrínseco del billete. (luego, incluso se abandonó el sistema del llamado “patrón oro”).

La Directiva, por tanto, garantiza esto mismo respecto al dinero electrónico en relación al dinero “tradicional” al disponer, en su artículo 11.2 lo siguiente:

“Los Estados miembros velarán porque los emisores de dinero electrónico reembolsen al titular del mismo, cuando este así lo solicite, en todo momento y por su valor nominal, el valor monetario del dinero electrónico de que disponga.”

La ventaja de esta nueva normativa es que, además y tal y como hacían los primeros bancos emisores de billetes, cualquier entidad que cumpla los requisitos de la misma y sea autorizada puede emitir, por sí misma, dinero electrónico. Estos requisitos, además, se simplifican y suavizan enormemente respecto a la normativa anterior y no es necesario tener la condición de entidad financiera o bancaria para ello, en absoluto.

¿Llegaremos a confiar tanto en el dinero electrónico como hoy confiamos en el físico? El tiempo lo dirá. Las bases se están fraguando, pero ¿acaso no nos fiamos hoy de un mero extracto numérico que nos da el banco para creer que efectivamente tenemos el dinero que nos indican en un mero papel ordinario o en una mera pantalla de ordenador?

Creo que el salto de fe en este caso, es mucho menor.

¿Y si Internet no fuese realmente libre?

Martes, Abril 13th, 2010
¿Qué pasaría si un día intentamos acceder a Google y no podemos o la conexión va muy lenta? ¿Qué pasaría si ese día, desesperados, accedemos a Yahoo o a Bing y la conexión va sin problemas o, incluso, más rápida de lo habitual? Si esto nos pasa durante varios días, sin duda pensaremos que Google tiene problemas y que usaremos mejor Yahoo o Bing a partir de ahora.

(Vídeo de ADN Stream sobre neutralidad en la Red via Enrique Dans y Microsiervos.)

¿Y si dichos problemas de acceso no se debieran a Google sino a nuestro propio proveedor de acceso a Internet que ha sido pagado por la competencia para ello? ¿Podría hacerlo legalmente?

Nuestro fuero interno nos indica que no, que está mal, y que debe ser ilegal. Pero, lo cierto es que no sería una práctica ilegal, al menos con la normativa actual.

Así lo ha considerado una reciente sentencia que determinó la incapacidad legal de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) para impedir esta práctica al proveedor Comcast.

Este fue un duro mazazo para la FCC la cual, ya en 2005, se atribuyó la defensa de la neutralidad de la Red en su resolución del 5 de agosto, consagró los llamados “cuatro principios de la neutralidad de Internet” bajo el título de Nuevos Principios para preservar y promover la naturaleza abierta e interconectada de Internet. En base a los mismos, los usuarios de la Red tienen el derecho a:

  1. Acceder libremente a todos los contenidos (lícitos) de Internet;
  2. Ejecutar las aplicaciones y servicios de su elección en la Red;
  3. Conectar a Internet los dispositivos (no dañinos) que deseen y
  4. Beneficiarse de la libre competencia entre los proveedores de la Red.

Tras esta decisión judicial, la capacidad de la FCC ha quedado seriamente dañada para imponer estos principios en Estados Unidos dado que no tiene una base legal para ello. De hecho, la administración de Obama ya apoyó en campaña la necesidad de regular legalmente la neutralidad de Internet.

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¿Y qué hay de Europa?

Pues la verdad no andamos mucho mejor a la hora de proteger estos principios pero ya se han puesto en marcha los resortes necesarios para ello.

El 25 de noviembre de 2009, la Comisión Europea publicó una “Declaración sobre la neutralidad de Internet” donde anuncia, a bombo y platillo, la flamante reforma de la normativa comunitaria en la materia:

Se trata de las Directivas 2009/140/CE y 2009/136/CE, publicadas el 18 de diciembre de 2009, que modifican el marco regulatorio aplicable a los servicios de comunicaciones electrónicas en Europa.

En concreto, el artículo 1.8.g) de la Directiva 2009/140/UE, dispone que:

“(…) los Estados miembros tendrán en cuenta en la mayor medida posible la conveniencia de elaborar reglamentos neutrales con respecto a la tecnología (…) promoviendo la capacidad de los usuarios finales para acceder y distribuir la información o utilizar las aplicaciones y los servicios de su elección;”

Por su parte, el artículo 1.14 de la Directiva 2009/136/UE, obliga a los Estados Miembros a exigir que los proveedores de acceso incluyan claramente en sus contratos:

“- información sobre cualquier otra condición que limite el acceso o la utilización de los servicios y las aplicaciones, cuando tales condiciones estén permitidas por la legislación nacional con arreglo a la legislación comunitaria,

– los niveles mínimos de calidad de servicio que se ofrecen, en particular, el plazo para la conexión inicial, así como, en su caso, otros parámetros de calidad del servicio, que establezcan las autoridades nacionales de reglamentación,

– información sobre cualquier procedimiento establecido por la empresa para medir y gestionar el tráfico de forma que se evite agotar o saturar el enlace de red, e información sobre la manera en que esos procedimientos pueden afectar a la calidad del servicio, (…)”

Toda esta normativa europea, sin embargo, aún no es directamente aplicable. Dichas Directivas, deben ser transpuestas por los Estados Miembros mediante leyes que deberían aprobarse con la fecha límite del 25 de mayo de 2011.

En concreto, Francia acaba de iniciar una consulta popular a fin de confeccionar su borrador de Ley sobre Neutralidad en la Red afirmando que “se trata de un principio de no discriminación del tráfico en Internet (…) Es decir, todos los datos son tratados y transportados desde su origen a su destino de manera indiferenciada. Irían en contra de esta neutralidad las prácticas de bloqueo, degradación o para ralentizar el tráfico, en función de su naturaleza, origen o destino”.

Es importante que nuestro país inicie pronto un proceso similar para permitir la aprobación en plazo de una Ley que garantice una verdadera neutralidad de la Red en España.

Nuestra libertad en Internet depende de ello.

La factura electrónica: esa gran desconocida

Miércoles, Febrero 10th, 2010

Sin duda, la e-factura es la gran asignatura pendiente del Comercio Electrónico. Cuando compramos en un negocio tradicional sabemos que podemos pedir una factura. En ella vienen indicados, en papel firmado y sellado por la empresa, los detalles del producto, su importe y todos datos fiscales del comprador y del vendedor. Dicho documento acredita nuestra compra y nos sirve tanto para cómputo de la garantía como para desgravar ante Hacienda, en su caso.

invoice-blommaert2Pero, ¿qué sucede cuando compramos en un negocio “online”?

Pues la realidad es que, con carácter general, la factura vendrá en soporte papel (sí, he dicho bien, en papel) con el propio producto.

“Pero”, me diréis, “¿no sería más lógico que pudiera recibir dicha factura en soporte electrónico?”

Eso, sin duda, tendría mucho más sentido tratándose de una transacción que se efectúa a través de medios informáticos pero lo cierto es que o no se hace, o no se hace bien.

Entre los casos en que “no se hace bien” estarían aquellos en que se presenta una simple página web o un mero documento PDF a modo de factura.

Esto sucede, entre otras cosas, porque hay un “pupurrí” bastante importante en torno al tema de la factura electrónica.

Vamos a intentar aclararlo:

¿Es posible emitir facturas electrónicas con plena validez jurídica? Sí:

La Directiva Europea 2001/115/CE, de 20 de diciembre de 2001, impuso la obligación a los Estados miembros de regular el reconocimiento jurídico de la factura emitida por medios electrónicos lo cual se cumplió en España a través del Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Dicha normativa, como toda norma fiscal que se precie, es difícil de leer y aún más difícil de entender. En base a la misma y de modo resumido, diremos que, para que una factura electrónica tenga la misma validez legal que una emitida en papel, el documento electrónico que la representa debe cumplir lo siguiente:

  • Contener los datos obligatorios exigibles a toda factura (regulados por el artículo 6 del RD 1496/2003),
  • Estar firmado mediante una “firma electrónica avanzada basada en un “certificado reconocido” y
  • Ser transmitido de un ordenador a otro recogiendo el consentimiento de ambas partes (emisor y receptor).

Por tanto, a efectos prácticos y según lo informado por la propia administración, podemos hablar de tres requisitos para la realización valida de la “e-Factura”:

  1. Contenido legal de factura ubicado en un formato electrónico (EDIFACT, XML, PDF, html, doc, xls, gif, jpeg o txt).
  2. Es necesaria una transmisión telemática (tiene que partir de un ordenador, y ser recogida por otro ordenador) y
  3. Este formato electrónico y transmisión telemática, deben garantizar su integridad y autenticidad a través del uso de una “firma electrónica reconocida” (a estos efectos vale la expedida por la FNMT a efectos tributarios).

Por si fuera poco y para que tenga la facturación electrónica la misma validez legal que una factura en papel, se necesita el consentimiento de ambas partes (emisor y receptor) para su uso.

En los últimos años han ido surgiendo varios formatos técnicos y programas de factura electrónica en el mercado. Sin embargo, nada obsta para desarrollar un formato propio basado en PDF, XML u otro estándar técnico del mercado.

El formato técnico, por tanto, es libre siempre que se cumplan los requisitos anteriores. En cualquier caso, lo que sí debe estar accesible a los clientes son las herramientas para verificar la identidad e integridad de los documentos generados.

Sin embargo, esta “libertad” tiene una salvedad importante: si la empresa emite facturas electrónicas para la Administración General del Estado, las mismas deben cumplir con un formato específico: el especificado en la Orden Ministerial PRE/2971/2007, de 5 de octubre, sobre la expedición de facturas por medios electrónicos cuando el destinatario de las mismas sea la Administración General del Estado u organismos públicos vinculados o dependientes de aquélla y sobre la presentación ante la Administración General del Estado o sus organismos públicos vinculados o dependientes de facturas expedidas entre particulares. Dicho formato es el llamado “Facturae. Se basa en XML y se describe en la siguiente dirección web: http://www.facturae.es/

En mi opinión, es posible que este formato se termine imponiendo igualmente en el ámbito privado ya que no tiene sentido que una misma empresa tenga un doble sistema de facturación electrónica.

En definitiva, y como se puede comprobar, la complejidad legal y técnica para la correcta creación y uso de sistemas válidos de facturación electrónica ha dificultado enormemente su implantación por parte de las empresas en general y, en particular, en el ámbito del Comercio Electrónico.

El resultado es el que vemos: o la utilización persistente del papel en ámbitos donde ya no tiene sentido su uso o la presentación de formatos electrónicos de factura (PDF sin firma, Word o HTML) sin las debidas garantías de integridad ni identidad de su emisor.

Sería deseable una simplificación y flexibilización de esta normativa si de verdad queremos una digitalización real de la documentación legal de nuestras empresas con un máximo de garantías y seguridad jurídica tanto para ellas mismas como para sus clientes.

Mientras tanto, llamemos a las cosas por su nombre y, como consumidores, pidamos que nos emitan facturas electrónicas válidas al menos en el ámbito de Internet.

La ley en la nube (que no en las nubes)

Miércoles, Enero 13th, 2010

¿Quién no ha recibido alguna reprimenda en su infancia por estar “en las nubes”? ¡Quién nos iba a decir que años después estaría bien visto e, incluso, estaría de moda estar “en la nube”!

De hecho, sobre esto último se están vertiendo verdaderos ríos de tinta (perdón, de bits) en Internet: estamos hablando del famoso “cloud computing” o “computación en la nube”.

La Nube

Esta tecnología parece haberse convertido en la panacea para todo tipo de empresas y organizaciones que buscan tratar grandes cantidades de información con una máxima eficiencia y un mínimo coste ( y esto es especialmente goloso en época de crisis).

Pero, ¿qué es la nube?

La nube no es otra cosa que la propia Internet. De hecho, el símbolo de la “nubecita” siempre ha representado a la Red en cualquier dibujo o diagrama de los sistemas informáticos.

Pero, ¿dónde está entonces la novedad?

Pues bien, lo novedoso estriba en que se han juntado una serie de tecnologías nuevas (como la computación GRID, la virtualización de software y hardware, la arquitectura SOA y otras de palabrejas similares) para hacer posible que todo un sistema informático deje de estar en un lugar concreto para “evaporarse” y mezclarse en la “nube” de Internet (inmensas “granjas de servidores” de empresas proveedoras repartidas por todo el mundo).

Así, la nube se ha convertido ya en un gran negocio emergente. Muchas empresas se han subido al carro del mismo y ya lo ofertan, entre otras, IBM, Google, Oracle, Microsoft o Apple.

Entre sus ventajas, está la disponibilidad de la información “en cualquier lugar”, el ahorro de costes de equipos informáticos físicos, menos quebraderos de cabeza por su administración y mejor conservación técnica de los datos.

Entre sus riesgos, como no podía ser de otro modo al ubicarse nuestros datos en sistemas informáticos ajenos, están los derivados de la seguridad de la información y del propio cumplimiento legal.

Desde nuestro punto de vista, el principal problema deriva de que, por el propio funcionamiento de la nube, no sabemos dónde están nuestros datos en concreto. Según las empresas proveedoras (las cuáles, a su vez, subcontratan a otras), dichos datos pueden estar en cualquier parte del mundo. De hecho, nos lo venden como una ventaja porque si pasase alguna catástrofe como el 11-S en un país concreto, nuestros datos estarán a salvo al repartirse duplicados por otros países y continentes.

Esto, sin embargo, conlleva importantes problemas legales como el referido al artículo 33.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) que regula el movimiento internacional de datos. Dicho artículo dice lo siguiente:

“1. No podrán realizarse transferencias temporales ni definitivas de datos de carácter personal que hayan sido objeto de tratamiento o hayan sido recogidos para someterlos a dicho tratamiento con destino a países que no proporcionen un nivel de protección equiparable al que presta la presente Ley (…)”

Por tanto, en base a lo dispuesto, no se podrán “subir” datos a la nube sin verificar previamente lo siguiente:

1- En qué país o países concretos estarán alojados dichos datos y

2- Que dicho país o países tengan una legislación de protección de datos equiparable a la nuestra.

Tal y como hemos visto por el propio funcionamiento de la nube, el primer punto será el más complicado de determinar (por no decir imposible). En cuanto al segundo punto, son muy pocos los países que lo cumplen. De hecho, un país tan importante para la nube como es Estados Unidos no está incluido, a excepción del acuerdo especial firmado con la Unión Europea denominado “Safe Harbor” o “Puerto Seguro” que sólo cubre a las empresas norteamericanas que lo suscriban voluntariamente.

En cualquier caso, nuestros datos pueden ir a parar a países que no tengan un nivel de protección jurídica equiparable al nuestro. Lo cual, no sólo será una amenaza para su seguridad, sino que supondrá incluso un incumplimiento de la Ley por nuestra parte, como hemos visto.

Parece que la nube viene bastante borrascosa. ¿Un chubasquero?

Firma Electrónica: tu identidad digital en la Red

Miércoles, Octubre 28th, 2009

Hoy en día, Internet nos permite realizar todo tipo de actividades que antes estaban confinadas al mundo físico: podemos realizar compras, acceder a nuestras cuentas bancarias, presentar la declaración de la renta, y un largo etcétera.

internetEsto, sin duda, es muy cómodo y tiene innumerables ventajas: nos evita colas y desplazamientos en nuestras cada vez más colapsadas ciudades, nuestras “gestiones” se realizan mucho más rápido (Hacienda nos devuelve antes), encontramos más a menudo lo que buscamos y, además, ¡ahorramos dinero!.

“Sí, todo eso está muy bien, pero ¿es seguro?

Ésta es “la gran pregunta del internauta” que ya hemos intentado contestar en otras ocasiones y que tiene todo el sentido del mundo por lo que vamos a comentar.

Pongamos un ejemplo: Me quiero comprar un libro. Tengo dos opciones, o me voy a la librería o lo compro por Internet, pero tengo algo claro: quiero pagarlo con tarjeta.

En el caso de que me vaya a la librería, a la hora de pagar y dar mi tarjeta ¿qué me pide el dependiente? Exacto: mi DNI para comprobar que mi nombre (y foto) coincide conmigo y con el titular de la tarjeta. Después de eso, el dependiente pasa mi tarjeta por el lector y, si es aceptada, ¿qué más me pide? Eso es: que firme el recibo aceptando y validando el cargo en la misma (el cual guarda celosamente).

Si compro por Internet ese mismo libro, en el momento de pagarlo y dar mis datos y los de mi tarjeta ¿cual es la diferencia fundamental con el caso anterior? Exacto: nadie nos pide nuestro DNI para verificar nuestra identidad. Simplemente pulsamos “Aceptar” y a esperar la confirmación. Por si esto fuera poco, al recibir dicha confirmación, nadie nos pide que firmemos un recibo de conformidad ni nada similar. Simplemente, ya hemos realizado la compra.

“Pero”, me diréis, “¿Cómo saben que soy yo el que está realizando la compra en Internet y no otro haciéndose pasar por mi?”

Ésa es la cuestión (y por favor, no os alarméis por ello): ¡no lo saben!, simplemente lo “presumen”. De hecho, si no fuera por el derecho de devolución legal que ya comentamos en su día, el consumidor estaría muy desprotegido en la Red.

Sin embargo y debido a ello, esta desprotección ahora la sufren las empresas que operan en Internet, las cuales no pueden demostrar que es el titular el que ha realizado efectivamente el pago y no otro (lo cual es relativamente sencillo en el mundo físico mediante la firma estampada en el recibo).

“Pero, ¿Cuál es la solución a este problema, si la tiene?”

Muy sencillo: el uso de la firma electrónica.

Desde 1999, nuestro país fue uno de los pioneros en reconocer la validez jurídica de la firma electrónica. Hoy en día ya se recoge en la práctica totalidad de países desarrollados y, en España, se regula ahora por la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Si os pidiera que me dijerais cuántos de vosotros tenéis firma electrónica, seguramente me responderíais muy pocos. Hace poco, hice este experimento con mis alumnos de la universidad y menos de un 5% levantaron la mano.

Sin embargo, si os pregunto cuántos de vosotros ha renovado recientemente su DNI, sin duda me contestaréis muchos más. Cuando hice esta misma pregunta en la universidad, levantaron la mano un 30% de los asistentes.

Pues, os digo los mismo que les dije a mis alumnos: los segundos deberíais haber levantado la mano al principio. Lo sepáis o no, vuestro reciente DNI (ese que tiene un pequeño chip como la tarjeta del Bus) incorpora ya vuestra firma electrónica en el mismo. Por tanto, ya la tenéis.

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“Muy bien, pero ¿cómo y dónde la uso?

Para usarla, necesitáis un lector especial del chip que lleva el propio DNI. Los ordenadores deberían traerlos de serie en breve pero, mientras tanto, se pueden comprar en tiendas especializadas por un precio asequible. Por su lado, el Gobierno ha anunciado un Plan para ofrecerlos gratuitamente en un intento de dar impulso al uso del DNI electrónico.

Una vez lo tengamos, descubriremos que cada vez son más los servicios de Internet donde podemos utilizar nuestra firma electrónica: principalmente en el ámbito de las administraciones públicas (Hacienda, Seguridad Social, Ayuntamientos, etc.) pero también comienza a introducirse (aunque aún tímidamente) en el ámbito privado donde podemos ver ya algunos Bancos y Cajas de ahorro que lo utilizan como forma alternativa a sus tradicionales contraseñas de acceso.

Por su parte, el artículo 23 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), serán válidos todos los contratos que realicemos a través de la Red, incluso los que la Ley exige “por escrito”:

“1. Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico,(…).

3. Siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier información relacionada con el mismo conste por escrito, este requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la información se contiene en un soporte electrónico.”

Legalmente, sólo se exceptúan de lo anterior:

1- Los contratos relativos al Derecho de familia y sucesiones.

2- Los documentos y escrituras públicas.

Finalmente decir que el DNI Digital no es la única firma electrónica reconocida en nuestro país (hay muchas otras válidas emitidas por empresas y entidades para su uso en distintos ámbitos y que no necesitan lectores especiales) pero, sin duda, será la que más difusión tenga en la población.

Lo único que hace falta es que los verdaderos desprotegidos en la Red, es decir, las empresas que venden sus productos y servicios a través de Internet, poco a poco vayan introduciendo el reconocimiento de la firma electrónica, aunque sea opcionalmente al inicio, para asegurar sus transacciones electrónicas.