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Hacia la Justicia Electrónica

Escrito por Víctor Salgado
22 de Septiembre de 2011 a las 8:05h

Estos últimos meses han sido muy intensos, plagados de retos y oportunidades para dar a conocer e impulsar esta rara especialidad nuestra que es el Derecho de las Nuevas Tecnologías.

En este artículo quiero destacar especialmente dos proyectos en los que hemos tenido el privilegio de colaborar y ambos relacionados con la nueva Justicia Electrónica:

Imagen de previsualización de YouTube

El primero de ellos, en el que hemos depositado gran ilusión, es poner nuestro granito de arena en la difusión de la nueva realidad digital y de las buenas prácticas en prueba electrónica en el ámbito judicial. Este honor debo agradecérselo muy especialmente al Colexio Profesional de Enxenieiros Técnicos en Informática de Galicia (CPETIG) y a la Xunta de Galicia, cuya organización y patrocinio ha hecho posible que un viejo sueño se haya convertido en realidad: me refiero a los, ya comentados, Seminarios de informática judicial, peritaje técnico y prueba electrónica que este mes completan su andadura por toda la geografía gallega con muy buena acogida entre los miembros de la carrera judicial.

En un reciente artículo de La Voz de Galicia (cuya lectura recomiendo), escrito con ocasión del Seminario de Lugo, Lucía Rey resumía perfectamente el objetivo principal del mismo: “Explicar y familiarizar a profesionales de la justicia con la nueva realidad tecnológica y con cómo enfrentarse a ella en los procedimientos judiciales”. Se puede decir más alto, pero no más claro.

Y es que, desgraciadamente, uno de los tres poderes del Estado ha quedado escandalosamente a la cola en la asimilación de las nuevas tecnologías en su funcionamiento ordinario.

La imagen más patente de ello,  es ver aún las mesas, estanterías y, ¿por qué no decirlo?, suelos de nuestros juzgados y tribunales llenos “a rebosar” de auténticas columnas de tomos y tomos de papel que literalmente “sepultan” la agilidad y eficiencia de nuestra Administración de Justicia. Y es que nuestra Justicia vive aún en pleno siglo XIX, en cuanto a la gestión de expedientes se refiere.

“¿Pero cómo es esto posible – me diréis – cuando vivimos en la era digital?”

Pues bien, ¡hasta aquí hemos llegado!

Una de las grandes novedades de este verano ha sido la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia (LUTICAJ).

Precisamente el segundo proyecto que voy a referir, gracias a la oportunidad que me ha brindado mi buen amigo y profesor Javier Sanz Larruga (cuyo blog, Ambiental y Cual recomiendo encarecidamente a todos los amantes del Derecho y del Medio Ambiente), me ha dado la ocasión de estudiar esta ley con cierto detenimiento, a raíz de la colaboración en un libro, coordinado por Julián Valero Torrijos, que se publicará próximamente sobre ella.

Pues bien, baste decir que la LUTICAJ está llamada a acabar con el papel en los procedimientos judiciales por “imperativo legal”, vía expediente judicial electrónico.

Una utopía, ¿no? ¡Pues no!

De hecho, el artículo 6.3 de la LUTICAJ llega a imponer algo que traerá mucha cola en los próximos años:

“Los profesionales de la justicia, en los términos previstos en la presente Ley, tienen el deber de utilizar los medios electrónicos, las aplicaciones o los sistemas establecidos por las Administraciones competentes en materia de justicia, respetando en todo caso las garantías y requisitos previstos en el procedimiento que se trate.”

Es decir, no es una opción ni una “recomendación encarecida” sino una verdadera obligación de usar las nuevas tecnologías para todos los profesionales de la justicia (léase: jueces, secretarios judiciales, oficiales, así como abogados y procuradores, entre otros). Sin duda, traerá cola y obligará a un esfuerzo extraordinario de formación y adaptación de un colectivo afectado en ocasiones con una gran “brecha digital” en su ámbito laboral diario.

Esto es una verdadera revolución para un ámbito tradicionalmente muy ajeno a la tecnología.

¿Y el plazo? ¡Pues lo cierto es que la Ley es muy taxativa al respecto! La Disposición Adicional Segunda de la LUTICAJ dispone lo siguiente:

“Para garantizar la efectividad del derecho a la tutela judicial reconocida en el artículo 24 de la Constitución, en el plazo de cinco años desde la entrada en vigor de esta Ley las Administraciones con competencia en materia de Administración de Justicia dotarán a las oficinas judiciales y fiscalías de sistemas de gestión procesal que permitan la tramitación electrónica de los procedimientos.”

De nuevo, no hay opción. A diferencia de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (LAE), en la que se ponía la salvaguarda de “siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias” que permitía dilatar los plazos de aplicación de la Administración Electrónica en las AA.PP., tal y como comentamos en su día, lo cierto es que la presente Ley no admite excusas de este tipo.

¿Se hará realidad la Justicia Electrónica antes del 2016?

Con mucha ilusión por nuestra parte, habrá que esperar y ver…

Seminarios de informática judicial, peritaje técnico y prueba electrónica

Escrito por Víctor Salgado
18 de Agosto de 2011 a las 8:14h

Como continuación al éxito cosechado en el primer seminario de Santiago, así como de la Jornada de 2010 en la Toja, en el próximo mes de septiembre se celebrarán tres nuevos seminarios organizados por el Colegio Profesional de Ingeniería Técnica en Informática de Galicia (CPETIG) y la Xunta de Galicia en materia de Informática Judicial, peritaje técnica y prueba electrónica. En esta ocasión, se impartirán en Lugo, Ourense y Pontevedra.

Estos seminarios absolutamente pioneros, en los que tenemos el honor de colaborar desde el bufete, tienen como objetivo informar y concienciar a los jueces, magistrados, juristas en general y peritos de los avances en materia probatoria en los casos en que intervenga el factor informático en el proceso, así como de los importantes beneficios de la incorporación y uso de las nuevas tecnologías en el propio proceso judicial y sensibilizar sobre la ayuda que pueden prestar los peritos informáticos en las causas judiciales y las claves de valoración de la prueba informática.

El objetivo último no es otro que el de dotar de mayor seguridad jurídica a la nueva realidad tecnológica al tiempo que incrementar la efectividad y la eficiencia de nuestra administración judicial con el uso de las nuevas herramientas electrónicas y forenses avanzadas.

Entre los ponentes, se encuentran los mejores expertos del país en peritaje informático forense, incluyendo la inestimable participación del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil y de la propia Fiscalía, con amplia y exitosa experiencia en la materia.

Podéis consultar más información de los eventos, incluyendo el programa e inscripciones, en el siguiente enlace: http://www.cpetig.org/blog/?p=1244

¿De quién es mi perfil en las redes sociales?

Escrito por Víctor Salgado
4 de Agosto de 2011 a las 8:15h

Hace unos días, Enrique Dans (@edans) publicaba un interesante artículo en su blog titulado “¿De quién es una cuenta en Twitter?”. Cuándo me hacía eco del mismo, un buen amigo y seguidor de Twitter (gracias @regueiro) me pidió mi opinión al respecto. Como buen gallego (y además abogado) no pude por más que responder con un “depende”. Obviamente, 140 caracteres no dan para mucho más por lo que me comprometí a desarrollar el tema en el blog y ¡aquí estamos!

Foto: Ben Schumin - Licencia Creative Commons

Dado que lo que voy a comentar a continuación es también aplicable a otras redes sociales, y a fin de que el bueno de Enrique no me acuse de plagio en el título, he decidido ampliarlo a: “¿De quién es mi perfil en la redes sociales?”

Como ya os he adelantado mi respuesta corta:”depende”, permitidme empezar por ella: ¿De qué depende? Pues, en realidad, de lo que entendamos por el “de quién” o, en definitiva, del concepto que manejemos de “propiedad” o “pertenencia”.

En su día ya tuve oportunidad de reflexionar sobre ello y, por tanto, me remito al artículo que escribí al respecto: “La propiedad ha muerto, ¡vivan los derechos de uso!” (uno de mis preferidos, por cierto) y continúo mi reflexión aplicándolo al presente caso:

Dado que el concepto de propiedad actual es relativo, ya solo cabe hablar de “derechos de uso” y de sus respectivos titulares. Un perfil de una red social se compone de varios elementos con distintos derechos aplicables que vamos a intentar sintetizar aquí a ver si nos aclaramos y encontramos a sus verdaderos titulares o “propietarios”. Dichos elementos serían cuatro: el sistema informático que da soporte a la red social, los contenidos que publicamos, nuestros datos personales y el nombre o denominación del perfil.

Por tanto y como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes:

1- Propiedad Material del sistema informático:

Si vamos a la propiedad material, es decir a la de los elementos físicos y de software que integran el sistema que le sirve de soporte. Diríamos que nuestro perfil es propiedad de la empresa titular de la red social donde se ubica. Así, mi cuenta de Twitter pertenecería a Twitter, Inc., la de Facebook a Facebook, Inc., la de Google+ a Google Inc., etc.

Esto es porque nuestro perfil no es otra cosa que una parte de un sistema informático cuya titularidad pertenece a estas empresas como proveedores del servicio.

De este modo, todo el esfuerzo que una persona o entidad ha dedicado a desarrollar su presencia en dicha red y acumular cientos, miles o millones de amigos, fans o seguidores puede no significar nada si, de la noche a la mañana, ya sea por normativa interna o por una decisión empresarial, el proveedor del servicio decide eliminar o transferir dicho perfil a otro.

“¿Y esto es legal?” Me preguntaréis: Pues sí, siempre que no se afecten el resto de “propiedades” o derechos que vamos a describir a continuación:

2- Propiedad Intelectual de los contenidos publicados.

Está claro quién es el propietario del sistema, pero ¿quién lo es de los contenidos publicados en nuestro perfil?: Comentarios, fotos, enlaces, videos, etc.

En este caso, debemos atenernos exclusivamente a la normativa en materia de propiedad intelectual. Dicha normativa nos dice que el titular de una obra es, en primer lugar, su autor “por el mero hecho de su creación”. Por tanto, aquellos textos o imágenes creados o captadas por nosotros nos pertenecen, mientras que aquellos otros contenidos ajenos que referenciemos o reproduzcamos en nuestro perfil pertenecen a sus respectivos autores o titulares que los hayan adquirido mediante licencia.

Si bien, conviene tener en cuenta que algunas redes sociales, como es el caso de Facebook que comentamos en su día, recogen en sus condiciones generales de uso que adquieren la titularidad intelectual de todos los contenidos que publiquemos en nuestro perfil, ya sean propios o ajenos.

3- Propiedad de los datos personales introducidos.

Otro elemento esencial de nuestro perfil son los datos personales. ¿A quién pertenecen los datos?

Aquí hay que diferenciar claramente dos modelos normativos: el americano y el europeo, tal y como también comentamos en su día.

A consecuencia de ello, podemos decir que en los Estados Unidos los datos personales pertenecen a las entidades que los tratan y se convierten en una mercancía más: es decir, son propiedad de la empresa lo mismo que sus locales o sus ordenadores. Sin embargo, en Europa dichos datos nunca dejan de ser propiedad de las personas a las que se refieren.

Esto, sin duda, plantea un conflicto: para Facebook, Twitter o Google, todas con sede en California, mis datos son suyos pero para mí, que resido en España, mis datos son míos, por el mero hecho de referirse a mi.

Lo mismo cabe decir de los datos de nuestros amigos, seguidores o contactos, así como los que publiquemos de otras personas (nombres, fotos, etc.): con arreglo a nuestro derecho, no nos pertenecen sino que les pertenecen a ellas. Es importante tenerlo en cuenta cuando publicamos dichos datos en nuestro perfil, tal y como advertimos también en su día.

4- Propiedad del nombre o denominación utilizada en el perfil:

Finalmente, nos referimos al último elemento de nuestro perfil: su nombre o denominación.

Aquí pueden surgir muchos problemas, como también tuve ocasión de comentar en otro artículo del blog.

Baste decir aquí que sólo deberíamos utilizar una denominación que se identifique bien con nuestro nombre propio o el de nuestra entidad o bien con una marca o nombre comercial del que seamos titulares. En otro caso, corremos el riesgo de que dicho perfil sea reclamado por el titular de dicha denominación y, en función de la legislación aplicable y/o de la normativa interna del proveedor del servicio, nuestro perfil puede ser dado de baja o transferido a dicho titular.

El titular de una marca o nombre comercial es el único que puede reclamar su derecho exclusivo a usar dicha denominación en un perfil y, por tanto, es su propietario a estos efectos. Cuidado con utilizar denominaciones de este tipo sin autorización.

Como hemos visto y resumiendo, no hay un único “propietario” de nuestro perfil sino que pueden ser muchos y nosotros, en muchas ocasiones, estamos al final de la cola.

Privacidad en redes sociales: conferencia para B.Web

Escrito por Víctor Salgado
30 de Mayo de 2011 a las 19:33h

Durante los próximos días 2 y 3 de junio tendrá lugar en EXPOCoruña uno de los grandes eventos de referencia en materia de comunicación y marketing empresarial: El II Encuentro profesional online & digital business B.Web 2011.

Durante el segundo de estos dos intensos y apasionantes días de actividades, tengo el honor de impartir una conferencia bajo el título Más allá de la LOPD: Privacidad en las redes sociales y normativa en el entorno online. A continuación reproduzco unas breves líneas usadas a modo de presentación:

“Hoy en día estamos inmersos en el fenómeno de la Web 2.0. Fenómenos como el de los Blogs, los foros de opinión y las webs de imágenes y vídeos publicados por los usuarios o las propias redes sociales son muy recientes y han supuesto una nueva revolución tanto dentro de la propia Red como, muy especialmente, fuera de ella.

Nos hemos acostumbrado, además, a que todos estos servicios de la Red que usamos más habitualmente sean completamente gratuitos: las bús- quedas que realizamos, nuestro correo electrónico, el perfil de nuestra red social, etc. Esto no es cierto, como veremos, en realidad estamos pagando con otra moneda que no conoce divisa: nuestros propios datos personales. Este nuevo modelo de negocio hace que, hoy más que nunca, se deba vigilar la protección de los derechos de intimidad y privacidad en la Red.

Pero, ¿Qué entendemos por intimidad? ¿Y por privacidad? ¿Qué normativa se aplica a la Red? ¿Cómo se deben proteger los datos personales en las Redes Sociales? ¿Qué obligaciones debo cumplir si tengo una Web o una página en Facebook? ¿Cómo protejo mi marca en la Red? ¿Puedo publicar una fotografía de un evento con otras personas? ¿Qué requisitos debo cumplir para hacer campaña de publicidad a través de una red social? ¿Puedo usar los datos de mis amigos? ¿Y de mis seguidores? ¿Y de mis fans?”

Para más información sobre el evento e inscripciones, podéis consultar el Programa completo aquí y su página web oficial aquí.

¡Espero veros por allí!

ACTUALIZACIÓN:

El viernes 3 de junio a las 18:00 tendré el honor de participar también en una original experiencia de “speed assesoring” para emprendedores, de la mano de Iniciador Galicia y dentro del mismo evento B.Web 2011.

De Rousseau a la Democracia 2.0

Escrito por Víctor Salgado
25 de Mayo de 2011 a las 8:05h

Decía Winston Churchill que “La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás.”

Autor: Osvaldo Gago - Creative Commons

Lo cierto es que, hoy en día, no concebimos un sistema político más justo o que mejor defienda los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos que el sistema democrático.

Sin embargo, a nadie se le escapa (y menos a Winston Churchill) que este sistema está lejos de ser perfecto y no siempre encarna y defiende los intereses de la mayoría. Ello es debido, en parte, a que la mayor parte de las democracias actuales son “democracias representativas” en las que, como bien decía el antiguo periodista americano Ambrose Bierce: “El elector goza del sagrado privilegio de votar por un candidato que eligieron otros.”

Es decir, los ciudadanos votamos a meros “intermediarios” o “representantes” (los llamados “depositarios de la soberanía popular”), los cuales van a ejercer (eso sí, en nuestro nombre) el verdadero poder político sin mayor control por nuestra parte hasta las siguientes elecciones.

Pero, ¿es posible otro sistema?

Pues sí. De hecho, dicho sistema fue el realmente defendido por uno de los “padres modernos de la democracia” y uno de los inspiradores de la Revolución Francesa: Jean-Jacques Rousseau. En contra de lo que pudiéramos pensar, Rousseau no quería una democracia representativa (de hecho, la aborrecía) sino que defendía a ultranza la llamada “democracia directa”, es decir, aquella ejercida directamente por el pueblo, sin intermediarios y sin enajenarla en manos de ningún poder ni representante. Textualmente, decía el escritor suizo en su obra “El contrato social”:

“La soberanía no puede ser representada por la misma razón de ser inalienable; consiste esencialmente en la voluntad general y la voluntad no se representa: es una o es otra. Los diputados del pueblo, pues, no son ni pueden ser sus representantes, son únicamente sus comisarios y no pueden resolver nada definitivamente. Toda ley que el pueblo en persona no ratifica, es nula.”

“Ya, pero esto es una utopía”, me diréis.

Nada más lejos de la realidad. De hecho, la primera democracia de la que se tiene noticia en la Historia fue directa en la Antigua Grecia. Dicho sistema floreció en Atenas en el siglo V a.C. y duró 188 años ininterrumpidos (nada mal, en cuanto a estabilidad se refiere).

“Ya estamos con los tiempos de Maricastaña. Pero, ¿y ahora?”

Pues la democracia directa también funciona hoy en día. De hecho, el ejemplo más “representativo” (perdón por la palabra) es la democracia suiza: que ha evolucionado desde 1848 hasta la actualidad. Aunque también funciona limitadamente en otros países, como en Estados Unidos a nivel estatal y municipal (que no federal).

“¿Entonces? ¿Por qué no está más extendida la democracia directa?

Pues bien, sin entrar en otras consideraciones, baste decir que la democracia directa es muy difícil de implantar por sus grandes dificultades logísticas, salvo en países o comunidades de pequeño tamaño. (Eso de reunir a varios millones de personas en una asamblea para debatir y votar sobre asuntos de interés público, y más si se debe hacer con cierta frecuencia, convertía a la democracia directa en una mera utopía).

¿Hasta ahora?

En efecto, esto puede estar empezando a cambiar:

A nadie se le escapa que las redes sociales están contribuyendo de modo decisivo a aumentar las vías de concienciación y participación ciudadana en los asuntos públicos.

Movimientos recientes como los sucesivos Manifiestos contra la Ley Sinde, #nolesvotes, Democracia Real Ya!, el #15m y las sucesivas acampadas y manifestaciones ciudadanas en España #spanishrevolution (por no hablar de las revueltas vividas recientemente en el norte de África y Oriente Medio) han sido concebidos, organizados y consensuados en las redes sociales y de modo totalmente espontáneo.

Decir que estos son fenómenos anecdóticos o pasajeros es ignorar profundamente la nueva realidad que nos viene y que cada vez involucra a más y más ciudadanos conforme se va extendiendo el uso de las nuevas tecnologías y de estas nuevas herramientas de participación digital en la sociedad.

Si algo nos ha demostrado Internet es que es tremendamente efectiva acabando con “intermediarios”: antiguamente necesarios por motivos logísticos pero actualmente prescindibles gracias al nuevo mundo digital. Lo hemos visto en el comercio electrónico, en la educación y en la propiedad intelectual, ¿por qué la política iba a ser una excepción?

Se puede decir que estas nuevas redes sociales, lejos de servir para una comunicación meramente frívola o intranscendente, están contribuyendo a la formación de una especie de “conciencia colectiva” que trasciende y supera cualquier individualismo y deja en evidencia cualquier intento de ocultación o manipulación de información por parte de un individuo o grupo singular.

Ante esta nueva realidad, ¿podemos hablar del germen de una nueva forma de participación en lo público que nos lleve a la democracia directa que soñó Rousseau?

Desde luego, se están poniendo las primeras piedras para ello. Sólo se necesitaría utilizar las herramientas ya existentes como la firma electrónica para, por ejemplo, empezar a impulsar iniciativas legislativas populares (o ILPs) a las Cortes (reunir 500.000 firmas parece muy factible con mínimo esfuerzo a través de la Red sobre temas de interés general) o, incluso, la adopción de sistemas de voto electrónico, que garanticen el sufragio universal, directo y secreto a través de Internet (ya utilizados en otros países como Estados Unidos, el Reino Unido, Irlanda, Estonia o la propia Suiza) que, de un modo cómodo y económico, pueda ser ejercido de modo frecuente en periódicos referéndums.

Algo ya comenté en su día, pero, si me tiráis de la lengua, diré que creo que estamos ante los albores de la primera democracia 2.0 en la que los ciudadanos no sólo ejerzamos nuestra soberanía mediante el voto cada varios años sino de una manera más directa y continuada.

Sólo el tiempo lo dirá pero, al ritmo que se mueve el mundo últimamente, lo sabremos muy pronto.

Seminario de Informática Judicial y Prueba Electrónica

Escrito por Víctor Salgado
4 de Mayo de 2011 a las 8:15h

La próxima semana tendrá lugar el primero de los seminarios que serán organizados por el Colegio Profesional de Ingeniería Técnica en Informática de Galicia (CPETIG) y la Xunta de Galicia en materia de Informática Judicial, peritaje técnica y prueba electrónica.

Este primer seminario, en el cual tengo el honor de participar, se celebrará en la sede de la EGAP en Santiago de Compostela entre los días 10 y 12 de mayo y va dirigido a jueces, magistrados, juristas en general y peritos.

El fin de estos seminarios absolutamente pioneros, fruto de la exitosa experiencia de la Jornada de 2010 en la Toja, es informar y concienciar a los juristas de los avances en materia probatoria en los casos en que intervenga el factor informático en el proceso, así como de los importantes beneficios de la incorporación y uso de las nuevas tecnologías en el propio proceso judicial y sensibilizar sobre la ayuda que pueden prestar los peritos informáticos en las causas judiciales y las claves de valoración de la prueba informática.

El objetivo último no es otro que el de dotar de mayor seguridad jurídica a la nueva realidad tecnológica al tiempo que incrementar la efectividad y la eficiencia de nuestra administración judicial con el uso de las nuevas herramientas electrónicas y forenses avanzadas.

Entre los ponentes, se encuentran los mejores expertos del país en peritaje informático forense, incluyendo la inestimable participación del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, con amplia y exitosa experiencia en la materia.

Podéis consultar más información del evento, incluyendo el programa e inscripciones, en el siguiente enlace: http://www.cpetig.org/blog/?p=1090

Nombres y marcas en Internet

Escrito por Víctor Salgado
28 de Abril de 2011 a las 8:07h

El grito (1863) - Edvard Munch

En el momento de escribir este post, somos ya 6.914.446.482 seres humanos en el planeta. En un número tan abrumadoramente alto, ¿cómo es posible que no perdamos nuestra individualidad? Muy sencillo: cuando nacemos, nos ponen un nombre “propio”. Dicho nombre, que configura nuestra identidad, debe ya reunir unas características particulares para inscribirse legalmente. En concreto, el artículo 54 de la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil dispone que:

1- No podrá consignarse más de un nombre compuesto, ni más de dos simples,

2- Quedan prohibidos los nombres que objetivamente perjudiquen a la persona, así como los diminutivos o variantes familiares y coloquiales que no hayan alcanzado sustantividad, los que hagan confusa la identificación y los que induzcan en su conjunto a error en cuanto al sexo.

3- No puede imponerse al nacido nombre que ostente uno de sus hermanos, a no ser que hubiera fallecido, así como tampoco su traducción usual a otra lengua.

4- A petición del interesado o de su representante legal, el encargado del Registro sustituirá el nombre propio de aquél por su equivalente onomástico en cualquiera de las lenguas españolas.

Por tanto, convivimos con nombres desde nuestra más tierna infancia: conocemos el de nuestros familiares, amigos, profesores, personajes favoritos, etc.

A medida que crecemos y vamos ampliando nuestro círculo de relaciones, ya no nos llega con saber los nombres propios sino que debemos manejar también otros datos como los “apellidos” (o apéndices de filiación) de nuestros conocidos. De este modo, se garantiza que, cuando hablamos de alguien, podamos individualizarlo e identificarlo concretamente. Así, Pedro no es sólo Pedro sino Pedro Rodríguez Pérez o Pedro, el hijo de Rodrigo (que es el origen remoto del apellido “Rodríguez”).

Sin embargo, esta identificación se complica en Internet ya que, según los casos, puede haber literalmente “cientos o miles” de personas con nuestro mismo nombre y apellidos. En concreto, en Google aparecen un total de 97.400 referencias del nombre “Pedro Rodríguez Pérez”. ¡Como para encontrarlo en Facebook!

Esto en cuanto a las personas: ¿Y qué hay de las empresas? Sólo en España, hay un total de 3.291.263 activas.

Como en el caso de los individuos, cada empresa tendrá una denominación propia que se le atribuye en el momento de su creación. Del mismo modo, dicha denominación será inscribible y, por tanto, está sujeta al cumplimiento de unos requisitos normativos. Al efecto y en el caso de sociedades de capital, el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil se dictamina resumidamente lo siguiente:

  1. “Artículo 398.1: Las sociedades y demás entidades inscribibles sólo podrán tener una denominación.
  2. Artículo 401.1. En la denominación de una sociedad anónima o de responsabilidad limitada o de una entidad sujeta a inscripción, no podrá incluirse total o parcialmente el nombre o el seudónimo de una persona sin su consentimiento. (…)
  3. Artículo 402.1: La denominación objetiva podrá hacer referencia a una o varias actividades económicas o ser de fantasía.
  4. Artículo 404: No podrán incluirse en la denominación términos o expresiones que resulten contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
  5. Artículo 406: No podrá incluirse en la denominación término o expresión alguna que induzca a error o confusión en el tráfico mercantil sobre la propia identidad de la sociedad o entidad, y sobre la clase o naturaleza de éstas.
  6. Artículo 407: No podrán inscribirse en el Registro Mercantil las sociedades o entidades cuya denominación sea idéntica a alguna de las que figuren incluidas (…) o entidades cuya denominación les conste por notoriedad que coincide con la de otra entidad preexistente, sea o no de nacionalidad española.”

Estos requisitos, que pueden parecer suficientes para evitar duplicidades y confusiones en el ámbito local tradicional, no evitan que las mismas se sigan produciendo en el ámbito comercial y, muy especialmente, en el nuevo entorno globalizado que representa Internet.

Pero, ¿cómo podemos proteger nuestro nombre propio o nuestra denominación comercial para evitar que otros nos la “pisen” en la Red?

Pues, sin perjuicio de otras medidas, un buen primer paso sería garantizarnos jurídicamente el uso “exclusivo” de dicho nombre o denominación en un ámbito de actividad concreto: ello es posible a través de las marcas y los nombres comerciales.

El artículo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM) las define como “todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras” incluyendo, entre otros, “las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas” y “las letras, las cifras y sus combinaciones”.

Por su parte, el artículo 87 LM define a los nombres comerciales como “todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares”.

Al igual que los nombres propios y las denominaciones sociales, las marcas y los nombres comerciales deben ser registrados para ser reconocidos. Así, el artículo 2 LM dispone que “el derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley”.

Una vez registrado, el titular de una marca o de un nombre comercial tendrá el derecho exclusivo a utilizar su denominación en el tráfico económico pudiendo impedir que otros los usen para la misma área de actividad.

¿Y qué hay de Internet?

Pues el artículo 34.3.e) LM, entre los derechos conferidos por el registro, reconoce expresamente el de “Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio”, pudiendo prohibir a otros que lo utilicen sin autorización en la Red.

Conocidos son ya los conflictos producidos en el ámbito de los nombres de dominio, como el llamado cybersquatting, en los que alguien registraba un dominio que coincidía con una marca o nombre comercial perteneciente a otro para, posteriormente, venderlo a un precio elevado.

Estos conflictos, aunque siguen produciéndose, han descendido en los últimos años por dos factores, principalmente:

1-    El agotamiento de los propios nombres de dominio: en este momento hay ya más de 200 millones registrados, entre todos los TLD o dominios de primer nivel.

2-   El sistema internacional arbitrado por la ICANN (a través de la Política Uniforme de Resolución de Conflictos en Nombres de Domino o UDRP) que supone un fórmula rápida de defender al titular de la marca en caso de “ciberocupación” de “mala fe” de un dominio.

Sin embargo, sí están aumentando los casos de ciberocupación y suplantación de identidad (tanto personal como corporativa) en otros servicios de Internet como las propias Redes Sociales: ocupación de denominaciones en Twitter o Facebook ya están produciendo conflictos importantes en la Red. Y esto no tendrá fin: se irá repitiendo con nuevas redes, dominios y servicios que surjan en el futuro y utilicen sistemas de denominación propios.

Como decíamos, un buen primer paso es proteger nuestra denominación como marca o nombre comercial, sin perjuicio de otras medidas que se pueden acometer y de las que, sin duda, iremos comentando en futuras entradas del blog.

Afortunadamente, hay vías efectivas para proteger nuestro nombre en Internet.

El SPAM mediante SMS

Escrito por Víctor Salgado
17 de Marzo de 2011 a las 8:05h

Estamos acostumbrados a oír de hablar del SPAM en el correo electrónico. De hecho, es un mal que sufrimos a diario.

Sin embargo, existe otros tipos de SPAM de los que ya hemos tenido la oportunidad de hablar en otras ocasiones como el SPAM telefónico.

En concreto, hoy me gustaría abordar el no tan manido pero igualmente molesto SPAM mediante mensajes a móviles de tipo SMS.

Seguro que, en alguna ocasión, hemos recibido mensajes publicitarios en nuestro teléfono móvil sin que, en ningún momento, los hayamos solicitado o hayamos dado nuestra autorización para recibirlos.

Un caso especialmente masivo fue la reciente campaña relativa a un concurso de Antena 3 Televisión que ya fue tratado en el blog de nuestro compañero Samuel Parra y dio lugar a un buen número de denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Pues bien, en los últimos días se han conocido ya dos sanciones impuestas por la AEPD a Antena 3 Televisión y a la productora Zed Worldwide por un importe total que ronda los 70.000 euros para ambas entidades: la Resolución R/01396/2010 y la Resolución R/01729/2010.

A muchos ha sorprendido, sin embargo, que estas sanciones no se basen en un incumplimiento de la famosa Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) sino, especialmente, de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI). Esto es debido a que la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica atribuyó competencias a la propia AEPD para conocer de determinadas infracciones de la LSSI y, en particular, del incumplimiento del artículo 21 y concordantes de dicha Ley relativo al SPAM.

¿Y cuáles son la obligaciones que impone la LSSI al respecto?

Pues, muy sencillo. Podemos resumirlas en los siguientes puntos:

1- Identificación clara del mensaje publicitario mediante la inclusión de la palabra “Publi” o “publicidad” al comienzo del mismo.

2- Identificación con datos del anunciante y, en su caso, acceso a las condiciones generales y bases de concursos y acciones promocionales.

3- Solicitud o consentimiento expreso previo de cada uno de los destinatarios para recibir publicidad por dicho medio (salvo excepciones muy tasadas).

4- Dar opción de oponerse al tratamiento, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, para darse de baja y evitar futuros envíos.

A pesar de su claridad y simplicidad, son muchos los abusos que se han cometido (y que se siguen cometiendo) por parte de todo tipo de proveedores y anunciantes que se dirigen con demasiada frecuencia a nuestros móviles.

Confiemos en que estas prácticas ilícitas sean poco a poco desterradas en el futuro.

Abonauta nominado a Mejor Blog Jurídico 2010

Escrito por Víctor Salgado
10 de Marzo de 2011 a las 8:05h

Es para mí un verdadero placer comunicaros que este blog ha sido nominado para el premio a Mejor Blog Jurídico de 2010 auspiciado por el portal Derecho en Red.

No sólo es un honor haber sido seleccionado por compañeros de profesión y especialidad sino el compartirlo igualmente con otras bitácoras de tanta calidad como las que también han resultado nominadas.

Los candidatos a mejor blog jurídico 2010 son:

1. El Blog de Sevach www.contencioso.es

2. Derecho Mercantil derechomercantilespana.blogspot.com

3. Abonauta blogs.lavozdegalicia.es/victorsalgado/

4. Vanesa Teijeiro Núñez: vanesateijeiroabogada.wordpress.com

5. Derecho e internet: www.derechoeinternet.com

Por su parte, en otra categoría, los candidatos a mejor post jurídico 2010 son:

1.Ser abogado en el Siglo XXI ( I y II)

2.Derecho a la huelga vs estado de alarma

3.Atipicidad de los enlaces

4.Como ganar un juicio contencioso administrativo, 20 reglas de oro

5.El programa Ad-Words ante el Tribunal de la UE

¡Enhorabuena y mucha suerte a todos!

Como indican en su web, Derecho en Red es una iniciativa desarrollada por los abogados Jorge CampanillasSergio CarrascoIbán DíezDavid MaeztuMiguel Ángel MataSamuel ParraJavier PrenafetaAndy Ramos, que se concibe como un proyecto colaborativo sobre Derecho y Ciencias Jurídicas.

El próximo día 20 de marzo se conocerán ya los ganadores y el día 29 se celebrará la entrega de premios en la Libreria “Tipos Infames” (San Joaquín, 3) de Madrid.

Hasta ese día, podréis votar a los candidatos en la siguiente dirección:

http://derechoenred.com/blog/asociacion/candidatos-y-entrega-de-premios

Muchas gracias a todos por vuestro apoyo.

Hablando de la Ley Sinde

Escrito por Víctor Salgado
22 de Febrero de 2011 a las 14:20h

La pasada semana, tuve ocasión de hablar sobre la recientemente aprobada “Ley Sinde” para el programa Via V de V Televisión.

Como la cadena ya ha puesto a disposición los vídeos en su página web, aprovecho para referenciarlos e incluirlos en el blog:

1- Entrevista de 15 de febrero de 2011:

2- Debate sobre la Ley Sinde, de 16 de febrero de 2011:

Aprovecho la ocasión para agradecer el excelente trato y gran profesionalidad de todo el equipo de V Televisión.