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Entradas para la categoría ‘libertad de información’

Democracia y libertad de expresión en redes sociales

martes, diciembre 10th, 2013

La semana pasada tuve el placer de ser entrevistado por Virginia Nicolau, alumna de la Facultad de Comunicación Blanquerna, para un interesante trabajo sobre la libertad de expresión en las redes sociales y su influencia en la democracia, entre otras atinadas cuestiones. Con su previo permiso  y por su evidente interés para la temática de este blog, paso a reproducirla íntegramente:

1.    ¿Cree usted que la libertad de expresión en las redes sociales refuerza la democracia?

Por supuesto que sí. Uno de los avances políticos más importantes en los últimos años ha venido de la mano de una mayor participación de los ciudadanos gracias a las redes sociales. Ejemplos como la primavera árabe o el ciberactivismo en occidente son buena muestra de ello.

Si bien, tenemos la responsabilidad de habilitar cauces legales y políticos para dar forma y proteger esta naciente “voluntad general digital”. Uno de los fundadores de la democracia moderna, Jean Jacques Rousseau, nunca creyó en la democracia representativa y sí en la ejercida directamente por los ciudadanos: la democracia directa. Hasta ahora, dicha forma de gobierno no era posible salvo en países o regiones pequeñas pero ahora, gracias a la tecnología, tenemos la posibilidad (y, diría más, la responsabilidad) de que la democracia 2.0 se haga realidad más pronto que tarde.

 

 2.    ¿Como se están tratando las políticas de privacidad en las redes sociales? ¿A nivel español se toman medidas si se incumplen dichas normas?

El problema de la privacidad en Internet es que no hay un único concepto ni régimen jurídico aplicable a la misma. De hecho, tenemos dos sistemas en franca oposición: el sistema americano, donde no existe una ley de protección de datos a nivel federal (por eso hablamos allí de “políticas de privacidad” que las distintas empresas deciden y varían libremente y a su entera conveniencia) y, por otro lado y en franca oposición, el sistema europeo donde dicho derecho tiene rango constitucional y está protegido por Legislación europea y nacional a nivel orgánico y fundamental (LOPD en nuestro país). La batalla entre ambos sistemas alcanza su apogeo en internet donde los ciudadanos volcamos nuestros datos directamente en empresas norteamericanas que literalmente se apropian libremente de los mismos sin entenderse sometidas a la normativa europea. Esta batalla está aún lejos de definirse y una futura normativa europea, actualmente en tramitación, promete poner el listón muy alto para proteger, aun más, nuestro derecho a la privacidad.

 

3.    ¿Que ocurre cuando se da un caso de incumplimiento de políticas de privacidad a nivel europeo y la sede o la empresa pertenece a los Estados Unidos?

Si únicamente está en Estados Unidos, poco se puede hacer (todavía), pero si tiene algún establecimiento o delegación en cualquier país de la UE entonces la cosa cambia y se puede denunciar directamente a las autoridades de protección de datos así como a los juzgados y tribunales, tanto nacionales como europeos.

 

4.    Si bien es cierto que el caso de Wikileaks puede tener un carácter positivo. ¿Hay una parte negativa? Es decir, la filtración de información puede poner en peligro la democracia? 

Todo poder sin control es malo y todo derecho, por muy fundamental que sea, tiene límites recogidos igualmente en nuestra propia Constitución. La libertad de expresión, no es una excepción. Ésta halla sus límites en otros derechos constitucionales como la intimidad personal y familiar, la privacidad, el honor, la propia imagen o incluso la vida, entre otros. En mi opinión, es necesario balancear todos estos derechos antes de publicar algo y, por supuesto, debe poder ser sometido a control jurisdiccional ulterior (nunca previo, para evitar censura) en defensa de los derechos e intereses de terceros.

 

5.    ¿Como blogger si bien es cierto que gracias a internet se posee una gran libertad de expresión cree que se potencia el insulto con el anonimato?

 Digamos que el aparente (que nunca absoluto) anonimato que perciben los usuarios en algunas redes, facilita la sensación de impunidad para emitir opiniones y/o informaciones falsas que dañan el honor de personas e instituciones y que, en muchos casos, pueden llegar a ser constitutivas de delitos como el de injurias o calumnias. He de decir, rotundamente, de dicho anonimato y, por ende, la impunidad es rotundamente falso: dejamos innumerables “huellas digitales” en Internet que pueden ser rastreadas y utilizadas como prueba por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y profesionales especializados en la materia.

 

6.    ¿Como se regula la información que se cuelga en internet?¿ como podemos saber si lo que se ha publicado es realmente cierto?

Como cualquier medio de comunicación, Internet se somete igualmente al correcto ejercicio de la libertad de información, la cual es libre siempre que se respeten los límites comentados y, en concreto, la veracidad, tal y como recoge el artículo 20 de nuestra Constitución de 1978.

 

Muchas gracias, Virginia, y enhorabuena por tu trabajo!

 

¿Puedo borrar mis datos de Google?

jueves, enero 20th, 2011

Todos tenemos un pasado. Algún día, fuimos jóvenes (los más afortunados, aún lo sois) y cometimos alguna que otra “locura” que no quedaría bien en un curriculum vitae al uso.

Normalmente, dichas locuras quedan simplemente en el recuerdo o en alguna que otra vieja fotografía que ha sobrevivido a sucesivas “purgas” en algún álbum perdido en el trastero.

Foto bajo CC por Libertinus Yomango

Foto bajo CC por Libertinus Yomango

Lo sé, hoy en día (me diréis) esa foto puede estar en Facebook o su vídeo en Youtube para escarnio y vergüenza de su protagonista. Esto es cierto, pero de ello ya hemos hablado y hablaremos otro día.

Lo que ahora me preocupa es qué pasa con aquellos casos en los que la información en cuestión se publica en un medio que, por su misma esencia, no puede alterar su contenido: Me refiero a un boletín oficial o a un medio de comunicación cuyas reseñas no se pueden eliminar una vez publicadas (salvo en lo referente a la vía de “corrección de errores”).

Esto es un caso muy habitual: imaginemos que nos ponen una multa por exceso de velocidad o por orinar en la calle. ¿Qué ocurre con todas esas multas que no hemos ido a recoger a correos? Pues que acaban publicándose en el Boletín Oficial correspondiente (Generalmente el BOP) y, aunque la paguemos o la recurramos e, incluso, la ganemos, lo cierto es que ya nunca se podrá eliminar de allí.

Obviamente, esto no suponía un problema hace 10 años: ¿Quién se iba a leer un Boletín Oficial perdido en una estantería? En este sentido, nuestra “dignidad y privacidad” estaban a salvo.

Sin embargo, hoy en día todos los Boletines Oficiales ya tienen su versión electrónica y, gracias a la “magia” de los buscadores modernos, ese antiguo “dato perdido” en una estantería aparece destacado cuando alguien simplemente busca nuestro nombre completo en Google.

Por tanto, el problema no es tanto que el BOP haya publicado algo sobre nosotros sino que Google lo haya indexado y destacado de modo tan penosamente eficiente. Atacando, en definitiva, tanto a nuestra privacidad como a nuestro honor.

Desgraciadamente, no sólo se publican multas en los Boletines: hay casos más graves aún, como la declaración de determinadas incapacidades o, incluso, la concesión de un indulto de una condena previa por un delito cometido hace años y que no puede constar ya como antecedente penal en el registro oficial.

Lo cierto es que, desde que se dieran los primeros casos, ya se han planteado un centenar de este tipo ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) reclamando que dichos datos sean eliminados, no ya de sus fuentes originales, sino del propio buscador Google. Dichos casos, han sido resueltos por la AEPD en el sentido de solicitar a Google la retirada de dichas referencias.

Sin ir más lejos, ayer se han visto en la Audiencia Nacional los primeros 5 casos ante la repetida negativa de Google a eliminar dichos enlaces de su sistema.

Lo que está en juego es el reconocimiento efectivo del, tan traído y llevado, derecho al olvido de nuestros datos en Internet.

Los argumentos de Google son, en resumen, los siguientes:

  1. Que los contenidos no son suyos y, por tanto, no les compete a ellos su eliminación sino al responsable de su introducción en la Red; y
  2. Que es técnicamente inviable impedir que dicho enlace vuelva a aparecer debido a que sus sistema se alimenta de “robots” automáticos que constantemente rastrean la Red e, indefectiblemente, volverán a enlazar ese contenido de nuevo.

Por el contrario, la AEPD argumenta que, si bien Google no es el responsable de dichos contenidos, actúa no sólo como un mero intermediario sino como un “facilitador” decisivo en el acceso a los mismos y, por tanto, debe responder.

A mayor abundamiento y en este sentido, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) dispone que, si bien el prestador intermediario no tiene responsabilidad, a priori, por los contenidos ajenos, sí se convierte en responsable si, teniendo conocimiento efectivo de que lesionan derechos de terceros, no actúa para suprimir o neutralizar el enlace correspondiente. Así lo dispone textualmente su artículo 17.1:

“Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que faciliten enlaces a otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos no serán responsables por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios, siempre que:

a- No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o

b- Si lo tienen, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente.

Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse.”

En este caso, se entendería que Google asumiría una responsabilidad por no eliminar dichos enlaces después de haber tenido conocimiento efectivo de su lesión del derecho a la protección de datos y del honor de las personas mediante su notificación por parte de la AEPD.

Habrá que estar atentos a las sentencias firmes que se produzcan en el futuro inmediato sobre este asunto.

Como hemos apuntado, el derecho al olvido en Internet está ahora en juego en nuestros tribunales.

 

Actualización:

Enlace de interés:

Servicio de Reputación Online de Pintos & Salgado Abogados: http://pintos-salgado.com/servicio-reputacion-online/

Manifiesto por una Red Neutral

martes, noviembre 30th, 2010

Ante la inminente nueva toma de posición del Senado sobre el controvertido concepto de la neutralidad de la red, y dada la importancia de que su defensa sea garantizada cuanto antes por ley (como ya destacamos en su día en el artículo ¿Y si Internet no fuese realmente libre?), salimos en apoyo del “Manifiesto por una Red Neutral” que nos ha llegado vía Enrique Dans y Microsiervos:

Imagen de previsualización de YouTube

“Los ciudadanos y las empresas usuarias de Internet adheridas a este texto manifestamos:

  1. Que Internet es una Red Neutral por diseño, desde su creación hasta su actual implementación, en la que la información fluye de manera libre, sin discriminación alguna en función de origen, destino, protocolo o contenido.
  2. Que las empresas, emprendedores y usuarios de Internet han podido crear servicios y productos en esa Red Neutral sin necesidad de autorizaciones ni acuerdos previos, dando lugar a una barrera de entrada prácticamente inexistente que ha permitido la explosión creativa, de innovación y de servicios que define el estado de la red actual.
  3. Que todos los usuarios, emprendedores y empresas de Internet han podido definir y ofrecer sus servicios en condiciones de igualdad llevando el concepto de la libre competencia hasta extremos nunca antes conocidos.
  4. Que Internet es el vehículo de libre expresión, libre información y desarrollo social más importante con el que cuentan ciudadanos y empresas. Su naturaleza no debe ser puesta en riesgo bajo ningún concepto.
  5. Que para posibilitar esa Red Neutral las operadoras deben transportar paquetes de datos de manera neutral sin erigirse en “aduaneros” del tráfico y sin favorecer o perjudicar a unos contenidos por encima de otros.
  6. Que la gestión del tráfico en situaciones puntuales y excepcionales de saturación de las redes debe acometerse de forma transparente, de acuerdo a criterios homogéneos de interés público y no discriminatorios ni comerciales.
  7. Que dicha restricción excepcional del tráfico por parte de las operadoras no puede convertirse en una alternativa sostenida a la inversión en redes.
  8. Que dicha Red Neutral se ve amenazada por operadoras interesadas en llegar a acuerdos comerciales por los que se privilegie o degrade el contenido según su relación comercial con la operadora.
  9. Que algunos operadores del mercado quieren “redefinir” la Red Neutral para manejarla de acuerdo con sus intereses, y esa pretensión debe ser evitada; la definición de las reglas fundamentales del funcionamiento de Internet debe basarse en el interés de quienes la usan, no de quienes la proveen.
  10. Que la respuesta ante esta amenaza para la red no puede ser la inacción: no hacer nada equivale a permitir que intereses privados puedan de facto llevar a cabo prácticas que afectan a las libertades fundamentales de los ciudadanos y la capacidad de las empresas para competir en igualdad de condiciones.
  11. Que es preciso y urgente instar al Gobierno a proteger de manera clara e inequívoca la Red Neutral, con el fin de proteger el valor de Internet de cara al desarrollo de una economía más productiva, moderna, eficiente y libre de injerencias e intromisiones indebidas. Para ello es preciso que cualquier moción que se apruebe vincule de manera indisoluble la definición de Red Neutral en el contenido de la futura ley que se promueve, y no condicione su aplicación a cuestiones que poco tienen que ver con ésta.

La Red Neutral es un concepto claro y definido en el ámbito académico, donde no suscita debate: los ciudadanos y las empresas tienen derecho a que el tráfico de datos recibido o generado no sea manipulado, tergiversado, impedido, desviado, priorizado o retrasado en función del tipo de contenido, del protocolo o aplicación utilizado, del origen o destino de la comunicación ni de cualquier otra consideración ajena a la de su propia voluntad. Ese tráfico se tratará como una comunicación privada y exclusivamente bajo mandato judicial podrá ser espiado, trazado, archivado o analizado en su contenido, como correspondencia privada que es en realidad.

Europa, y España en particular, se encuentran en medio de una crisis económica tan importante que obligará al cambio radical de su modelo productivo, y a un mejor aprovechamiento de la creatividad de sus ciudadanos. La Red Neutral es crucial a la hora de preservar un ecosistema que favorezca la competencia e innovación para la creación de los innumerables productos y servicios que quedan por inventar y descubrir. La capacidad de trabajar en red, de manera colaborativa, y en mercados conectados, afectará a todos los sectores y todas las empresas de nuestro país, lo que convierte a Internet en un factor clave actual y futuro en nuestro desarrollo económico y social, determinando en gran medida el nivel de competitividad del país. De ahí nuestra profunda preocupación por la preservación de la Red Neutral. Por eso instamos con urgencia al Gobierno español a ser proactivo en el contexto europeo y a legislar de manera clara e inequívoca en ese sentido.”

La libertad de prensa en Internet: el caso Wikileaks

jueves, septiembre 9th, 2010

El pasado 29 de agosto, se publicó en el dominical de La Voz de Galicia un interesante reportaje de Irene Tomé con relación al caso Wikileaks (lamentablemente sólo disponible en papel), donde tuve el placer de ser entrevistado sobre la aplicación o no de la libertad de prensa en Internet así como de sus límites a nivel nacional e internacional.

press_barnstarSiendo un tema que ha suscitado bastante polémica en verano y por su evidente vinculación a este blog, reproduzco a continuación el núcleo de la misma con alguna referencia y un pequeño añadido final:

Respecto al caso en sí…

Realmente, lo más apasionante de la actual problemática planteada con Wikileaks no es sólo la plasmación, una vez más, de que Internet rompe totalmente las costuras de la legislación nacional, sino de si las protecciones de la misma son realmente aplicables a la Red.

En el presente caso, vemos la implicación de varios países, todos ellos con legislación muy diversa en materia de libertad de prensa y confidencialidad de las fuentes. Sin duda, Suecia es uno de los países con una legislación más protectora en este sentido. Su Ley de Libertad de Prensa garantiza el total anonimato de las fuentes de los periodistas y persigue su vulneración. Lo mismo cabe decir de la ley Belga que desde el 2005 protege explícitamente todas las comunicaciones producidas entre los periodistas y sus fuentes.

Respecto a si la libertad de prensa es aplicable a Internet…

Una cosa es la libertad de expresión, que nos protege a todos los ciudadanos en cuanto al derecho de emitir libremente ideas u opiniones y otra muy distinta es la libertad de prensa que protege a los medios de comunicación en su derecho a emitir libremente información veraz. Éste último, aplicable a los periodistas, es el que se beneficia en muchos países de este derecho a la confidencialidad de las fuentes de dicha información. En otras palabras: su derecho y deber de secreto profesional.

Respecto a Estados Unidos…

Estados Unidos ha sido bastante errático en la aplicación de estas libertades. Por un lado, su famosa primera enmienda de la Constitución Federal garantiza tanto la libertad de expresión como la libertad de prensa, pero no reconoce especialmente el derecho a la confidencialidad de las fuentes, según se recoge en una conocida Sentencia del Tribunal Supremo de 1972.

Esto motivó que dicho derecho fuera reconocido a nivel de legislación estatal y, hoy en día, las diferencias este los Estados en esta materia es muy sustancial: así, por ejemplo, California, Nueva York o Washington D.C. han adoptado sus llamadas “Leyes escudo” de la prensa, que están a un nivel muy similar al Sueco mientras que otros estados como Texas lo protegen en parte y otros como Virginia o Massachusetts no lo reconocen en su legislación. En cualquier caso, no hay una legislación adoptada a nivel federal.

Respecto al posible delito de robo de secretos militares…

La eventual sustracción o robo de material militar clasificado para su ulterior acceso por personas no autorizadas para ello puede estar tipificada como delito de revelación de secretos, intrusión en sistemas protegidos, espionaje y, en el caso de que fuera realizado por alguien del gobierno o de los estamentos militares, como violación de la seguridad nacional o, incluso, alta traición. Para su instrucción y enjuiciamiento se aplicarían las normas penales y procesales civiles o militares según el caso.

Respecto a la reciente iniciativa de Islandia: Icelanding Modern Media Initiative (IMMI) y su posible extensión a Europa…

En realidad, la IMMI no es una ley en si misma sino que se trata de un paquete de medidas de futuras revisiones legislativas (que ya están en marcha) y que se estima puedan estar terminadas en el plazo de un año.

Sin duda, se trata de una reforma ambiciosa que pretende convertir a Islandia como un eventual “paraíso” de la libertad de prensa y de la protección del secreto profesional de los periodistas. El hecho de que se esté enfocando específicamente al ámbito del periodismo en la Red hace de ella una iniciativa a observar de cerca por sus posibles implicaciones internacionales en los próximos años.

En cualquier caso, no podemos olvidar que el derecho de libertad de prensa (como casi todos los derechos fundamentales) no es absoluto y puede ceder ante otros derechos de igual o superior importancia, como son la intimidad, el honor, la propia imagen o, incluso, el derecho a la vida.

En este sentido, es amplia la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha sido recogida por la Recomendación nº R (2000) 7 del Consejo de Europa, la cual admite posibles injerencias en dicho derecho en aras de la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.

Una eventual legislación Europea podría ir más en este sentido que en el del modelo islandés.

Respecto a la revelación de nombres de personas en reportajes de prensa…

Toda revelación de nombres o datos identificativos concretos de personas en artículos o publicaciones de cualquier tipo debe de ir precedida de un detenido análisis previo en cuanto a su pertinencia o no para la noticia principal y, en todo caso, en cuanto a la necesidad de protección de los derechos de intimidad, honor, propia imagen y privacidad de los ciudadanos afectados. En este último punto, resulta aplicable la normativa nacional e internacional en materia de protección de datos de carácter personal. En el presente caso es especialmente grave la posible afección de otros derechos más relevantes como los referidos a la integridad física y a la propia vida de las personas publicadas.

En el presente caso, Wikileaks debería evitar identificar directa o indirectamente a las personas que no sean, en si mismas, objeto noticiable y podría ser responsable en caso contrario de vulnerar la legislación relativa.

Finalmente, como referencia especial a España (ausente explícitamente en la entrevista), sólo mencionar que la libertad de prensa se regula en nuestro país como derecho fundamental en el artículo 20.1.d) de nuestra Constitución, el cual reza lo siguiente:

“(Se reconoce y protege el derecho) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.”

A pesar de este mandato constitucional, lo cierto es que el secreto profesional del periodista no se ha regulado aún por ley en nuestro país, lo que ha llevado a no pocas dudas sobre su alcance y límites reales.