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La propiedad intelectual, a reforma

Martes, Junio 3rd, 2014

Artículo publicado originalmente en el número 5 de la Revista Luzes, de abril de 2014 (un honor haber publicado en este prestigioso medio gallego). A continuación, reproduzco el texto íntegro en castellano. Muchas gracias a la editora, por darme esta oportunidad:

Cuando a un tal Sr. Gutenberg se le ocurrió idear un nuevo aparato llamado imprenta, allá por mediados del siglo XV, poco sospechaba de la enorme repercusión que su invento tendría en los años venideros. Por primera vez en la historia de la humanidad, fue posible reproducir y distribuir cultura de un modo rápido y económico, hasta entonces sólo en manos de unos pocos. No sólo se acabó con la Edad Media sino que se sentaron las bases de una nueva industria basada en el conocimiento. Enseguida vino la Ley para proteger los derechos exclusivos de los impresores y, enseguida, de los autores.

En la era de Internet, donde son ya incontables las tecnologías que facilitan hasta casi el infinito lo que en su día originó la imprenta, la rapidez de copia y difusión mundial de la cultura es prácticamente instantánea y con coste inapreciable. Hoy la ley tiene la difícil tarea de garantizar el derecho de acceso a la cultura sin precedentes en una Sociedad del Conocimiento, al tiempo que proteger los derechos de los creadores sobre sus obras. ¿Tarea imposible? Vamos a verlo con siete preguntas claves.

1 Qué es la Propiedad Intelectual?

Las personas estamos muy acostubradas a ser dueñas de cosas materiales (un cuaderno, un coche, una casa…), pero lo cierto es que, gracias a la Ley, también podemos poseer bienes intangibles (un nombre, una idea, un invento, un cuento…). Dicha propiedad inmaterial puede ser de tipo industrial (una marca o una patente) o de tipo intelectual (el llamado copyright). Esta última es la que nos ocupa y se trata de aquellos derechos exclusivos que la ley concede al autor sobre su obra y por el sólo hecho de su creación. Hablamos del escritor sobre sus textos, del pintor sobre sus cuadros, del músico sobre sus canciones o del fotógrafo sobre sus imágenes, por ejemplo.

Así, el autor puede decidir si su obra será copiada, difundida o transformada y en qué forma, bien por sí o cediendo dichos derechos a otros, como la editorial, la discográfica o una entidad gestora, por ejemplo. No hay que olvidar que, en la era de Internet, todos somos propietarios de nuestros textos, fotos y vídeos que contínuamente creamos y publicamos o no en la Red.

2 Por qué es necesario reformar la Ley?

El Derecho tiene como misión regular la realidad de la sociedad donde se aplica. Ésta es siempre una misión imposible, puesto que ésta última siempre va más rápido que el primero, por su lentitud inherente. Si esto siempre ha sido así, imaginémonoslo ahora en la vertiginosa realidad tecnológica que nos ha tocado vivir. La vigente Ley de Propiedad Intelectual data de 1996. ¿Qué era Internet en 1996? Apenas un germen donde tecnologías como el MP3, el P2P o el streaming no existían en absoluto. Dicha ley fue reformada en no menos de ocho ocasiones desde entonces, pero siempre de forma poco afortunada e insuficiente.

Por tanto, se hace necesaria una reforma global y profunda. Que adapte la Ley a la nueva realidad tecnológica y social en que vivimos: la era en que la inmensa mayor parte de las creaciones intelectuales están digitalizadas y son, de un modo u otro, libre y plenamente accesibles a nivel mundial y a la velocidad de la luz. La mayor oportunidad para el conocimiento. El mayor desafío para los derechos de autor.

3 Es suficiente el actual proyecto de reforma?

Rotundamente no. La reforma planteada en el Proyecto de Ley de 21 de febrero de 2014[1] es sesgada, parcial y gravemente ignorante, en muchos casos, de la realidad que intenta regular. Intenta poner puertas y cerrojos a un campo muy muy grande. Limita derechos fundamentales de ciudadanos, como la libertad de expresión o la privacidad, así como el derecho de acceso a la cultura para proteger un derecho privado como la propiedad intelectual y, para colmo, sin protegerlo eficazmente.

4 Qué puntos destacarías de la reforma?

El proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual se centra, principalmente, en lo siguiente: limitar (aún más) la copia privada legítima; definir un canon digital más injusto (a cargo de Presupuestos Generales del Estado); crear la llamada “tasa Google” sobre los buscadores y agregadores de contenidos de medios de comunicación; imponer un necesario mayor control, transparencia y requisitos a las entidades gestoras de derechos; perseguir a las llamadas “webs de enlaces” a obras no autorizadas; regular medidas cautelares, de investigación y cese de actividades ilícitas más contundentes y potencialmente conflictivas con derechos fundamentales.

5 Qué hay de la copia privada?

La copia privada ha venido siendo reconocida en nuestra Ley desde antes de 1996. Básicamente supone el derecho de cualquier persona a realizar una reproducción de cualquier ya difundida para su propio consumo doméstico. Dicha copia no requerirá autorización o licencia previa y será legal siempre que no sea objeto de un uso colectivo ni lucrativo por parte del usuario.

Es, por tanto, la norma que se aplicaba cuando, ya años ha, grabábamos una película de la televisión o una canción de la radio. Todo ello, plenamente legal para el citado uso privado.

Desgraciadamente, lo que siempre fue una práctica legal (y que sirvió de condición “sine qua non” para el canon, como luego veremos) se convierte en prácticamente ilegal en el proyecto de reforma. Ello es porque el nuevo artículo 31 exigirá requisitos adicionales, como que la copia se haga de un soporte adquirido mediante compraventa y, para más inri, se excluye expresamente a las obras digitales accedidas a través de Internet, aunque hayamos pagado por acceder a las mismas. Esto es un grave retroceso para el acceso y difusión de obras lícitas a través de la Red. Puertas al campo.

6 Y qué es el famoso canon?

Empecemos diciendo lo que no es: no es un impuesto, ni una tasa, ni tampoco una compensación por la piratería, como se ha dicho.

El llamado “canon” no es más que la indemnización o “justiprecio” que deberá recibir el autor o el titular de sus derechos como compensación por la “expropiación” de su obra mediante la descrita copia legal privada. Decir, pues, que el canon es una compensación por la piratería equivaldría a decir que, en plena Ley Seca de Estados Unidos, le queremos poner un impuesto del alcohol a Al Capone: o el alcohol es legal y se grava o es ilegal y se persigue, ambas cosas a la vez sería lícitamente imposible.

El canon, tradicionalmente, era un pequeño sobreprecio que se ponía a las cintas, CDs o DVDs vírgenes, así como a los aparatos de reproducción como videograbadoras o fotocopiadoras, por ejemplo. Desgraciadamente, en nuestro país se hizo una aplicación indiscriminada del mismo llegándose a cobrar de empresas y de administraciones públicas, las cuáles nunca podrían realizar copias privadas, por definición. Es por ello que se llegó a decir que el canon fue declarado ilegal por los tribunales pero no fue tal, sólo se declaró ilícita su aplicación indiscriminada en España.

Es por ello que se hace absurdo el nuevo artículo 25 previsto en el proyecto de reforma de la Ley, al consolidar el canon con lo que desgraciadamente ha venido siendo como medida temporal: un cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, la aplicación más indiscriminada de todas.

 

7 Y la llamada “tasa Google”?

Uno de los puntos que han hecho correr más ríos de tinta (o debería decir de bits?) sobre el Proyecto de Reforma de la Ley, es la introducción de la llamada “tasa Google”. Esta denominación hace referencia al famoso servicio de “Google News” que ha levantado bastante polémica entre los editores de medios de comunicación al reproducir fragmentos de noticias y artículos sin autorización ni compensación económica. Ante ello, Google siempre se ha defendido con el argumento de que cualquier medio puede bloquear sus contenidos para que no se muestren en el servicio pero ello causaría una drástica disminución en su audiencia.

Obviamente, esta práctica no es exclusiva de Google y es muy habitual que encontremos páginas web en Internet de estos llamados “agregadores de noticias” con fragmentos y enlaces a artículos de terceros.

Pues bien, el Proyecto de Reforma plantea que dicha práctica se pueda seguir haciendo sin autorización del editor o autor original pero, eso sí, a cambio de una “compensación equitativa” que, además, será irrenunciable por parte de los titulares de derechos. Ésta es la llamada “tasa Google” que aún habrá que concretar y que, en la nueva redacción propuesta para el artículo 32.2 de la Ley, sólo podrá ser recaudada y abonada a través de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.

Bien es cierto que el Proyecto de Reforma también acomete importantes cambios para un mayor control y transparencia en el funcionamiento de dichas entidades de gestión, algo por lo demás muy necesario, pero no nos escapa el hecho de que si un autor o editor no está afiliado a una de estas entidades, le será imposible percibir cantidad alguna relativa a esta tasa (todavía por definir) y su eventual parte será repartida entre otros que sí estén afiliados y según los criterios establecidos en cada caso.

Habrá que ver cuántos de estos puntos de reforma se mantienen en el texto final así como su efectividad práctica. El tiempo, como siempre, lo dirá.

 

[1]Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOCG de 21 de febrero de 2014).

 

Publicado originalmente en: http://pintos-salgado.com/2014/06/03/la-propiedad-intelectual-a-reforma/

Aspectos legales de la impresión 3D

Miércoles, Junio 26th, 2013

“- No lo puedo creer! Me ha vuelto a pasar! – Rápidamente pero como a cámara lenta, recogí mi teléfono móvil del fondo de la bañera donde estaba bañando al peque. Ya era tarde: el teléfono estaba inservible.

Con resignación, me dirigí de nuevo al servicio técnico del móvil a través de Internet el cual dio de alta la incidencia y me ofreció el reemplazo inmediato del terminal. Accedí a mi correo electrónico y allí estaba: un mensaje del fabricante con un fichero adjunto de gran tamaño. Abrí dicho fichero con un programa especial y pulsé el botón de “IMPRIMIR”. Lentamente pero con determinación mi impresora 3D se encendió y empezó su labor de traducir los unos y ceros a átomos del mundo real. Al día siguiente, cuando me levanté, tenía un nuevo teléfono móvil completo y preparado para funcionar en la bandeja de salida de la impresora.”

Ciencia ficción? Sin duda, hoy en día aún lo es pero es una muy posible realidad de aquí a no tantos años como pensamos.

Y es que la tecnología de impresión 3D ha llegado para quedarse. Hace bien poco que nos sorprendíamos con los primeros modelos pensados para el consumo doméstico y ya tenemos personas imprimiendo armas o salvando la vida a bebés con la ayuda de esta tecnología (la eterna dualidad de la innovación humana).

¿Y qué nos depara el futuro inmediato? Pues ya se está hablando desde piezas aeroespaciales hasta la impresión de alimentos (sí, sí, de comida!) con las enormes posibilidades que ello supondrá de evolución y de revolución en nuestra sociedad (otra más!).

Del “bienvenidos a un mundo perfectamente copiable” que tambaleó la todopoderosa industria discográfica, cinematográfica y de contenidos, pasamos al “bienvenidos a un mundo perfectamente imprimible” que arrasará y afectará al resto de la industria y de nuestra economía.

Del “Made in China” al “Made in Home”. Todo va a cambiar, nuevamente, muy muy pronto.

Y qué tiene el Derecho que decir de todo esto? Pues, como siempre, intentar adaptarse, con la lengua fuera, a la vertiginosa realidad tecnológica pero ya podemos aventurar algo:

Buena parte de los diseños y modelos en 3D que se imprimen o se podrán imprimir en breve en las nuevas Impresora 3D, están o estarán protegidos por derechos de propiedad y/o de uso exclusivo y, por supuesto, no se podrán usar y/o reproducir en el “mundo real” sin la previa licencia o autorización de su titular.

¿Os suena? Pues sí! Se trata de un nuevo ámbito de negocio y, por ende, de una nueva redefinición de la tan traída y llevada “piratería”, ya no “digital” sino “material”. Expresiones como “piratería 3D”, “piratería impresa” o similares posiblemente serán comunes en breve.

Y ¿cuáles son los derechos implicados?

Pues, a diferencia de la “piratería digital”, centrada principalmente en el copyright, la nueva “piratería de impresoras 3D”, podrá afectar además a los llamados “derechos de propiedad industrial”, es decir, marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales.

A diferencia de la propiedad intelectual, estos últimos derechos se caracterizan por necesitar de su registro para poder ser protegidos por la ley.

Es decir, si yo desarrollo un invento o un diseño industrial y no lo patento o inscribo en el Registro correspondiente, legalmente no soy propietario de los mismos, ni tengo derecho a protegerlos frente a su digitalización en un modelo 3D y posterior impresión física. Y estamos hablando desde una tuerca hasta un motor de hidrógeno; desde un logotipo hasta el dibujo de la funda de nuestro móvil. Todo es protegible pero, eso sí, previo registro.

Por supuesto, los derechos de copyright también se verán afectados (diseños, personajes de ficción, merchandising, etc.) pero, al no necesitar inscripción previa, sólo tendremos que demostrar que somos los autores o titulares licenciados de los mismos para protegerlos legalmente.

Sin duda,  será una gran disrupción tanto para el mercado como para el Derecho.

¿Es o no es apasionante vivir estos tiempos? 😉

Entrevista: La crisis acelera el comercio electrónico

Jueves, Julio 5th, 2012

Hace unos meses tuve el placer de ser entrevistado por el Servicio de Planificación, Desarrollo Territorial y UE de la Diputación de A Coruña para el número Final del boletín oficial del Proyecto PARNET-TIC financiado por la Unión Europea.

A continuación, reproduzco el texto completo de la entrevista donde abordamos algunas cuestiones relativas al comercio electrónico, los medios de pago online, el copyright y otros aspectos del Derecho TIC. Espero que os resulte de interés!

El boletín completo podéis descargarlo o verlo online, tanto en inglés como en castellano, en los siguientes enlaces:

Descarga el boletín [ES] [EN]

Ver online [ES] [EN]

 

“La crisis no sólo no frena el desarrollo de lo Sociedad de la Información sino que lo acelera”

Víctor Salgado, abogado especializado en Derecho Informático

Víctor Salgado publica con asiduidad artículos en boletines y revistas especializadas, tanto o nivel nacional como internacional, en materias tales como los aspectos jurídicos del comercio electrónico, la legislación en materia de protección de datos, los derechos de autor en Internet, la criminalidad informática o la regulación de los nombres de dominio, entre otras.

 

– ¿Cómo cree que influyen en el comercio electrónico iniciativas como PayPal? ¿Considera que las entidades bancarias deben incentivar el comercio electrónico de alguna manera?

Realmente los medios de pago son la gran asignatura pendiente del Comercio Electrónico. Parece mentira, pero todavía no se ha implantado un sistema de pago generalizado en la Red que no implique la necesidad de dar nuestros datos de carácter personal. Eso hace que las compras se retraigan por miedo a los fraudes y a qué se hace con nuestros datos. Iniciativas como PayPal simplifican el proceso de pago y limitan los datos que damos a la tienda final pero a cambio de dejar nuestros datos de pago en una empresa americana que no tiene una obligación legal de proteger nuestra privacidad, como en Europa, con el consiguiente riesgo. En mi opinión, las entidades bancarias (y las tecnológicas) deberían fomentar más iniciativas como las de tarjetas monedero y las de dinero electrónico que ya son posibles legalmente en España y que permitirían realizar transacciones seguras y micropagos anónimos en la Red. Otra cosa es que les interese hacerlo: nuestros datos valen demasiado dinero.

 

– La protección excesiva sobre los derechos de autor, ¿puede perjudicar la Sociedad de la Información?

En el momento actual asistimos a una verdadera revolución cultural. En contra de lo que muchos afirman, la cultura no está en crisis: ¡Todo lo contrario! Nunca se ha escuchado más música, visto más cine o leído más que con el surgimiento de las tecnologías digitales que han permitido facilitar la reproducción y acceso remoto a todas estas obras de creación intelectual. Del mismo modo, el número de obras se ha multiplicado: cualquiera puede escribir, componer o grabar un vídeo y publicarlo en la Red con acceso a millones de personas. Esto no debemos censurarlo sino fomentarlo. Imaginemos que se intentara limitar el número de copias que hacía Gutemberg con su imprenta: no tiene sentido luchar contra la tecnología.

Lo que sí está en crisis, sin duda alguna, son los antiguos modelos de negocio de la Industria Cultural: comprar un CD o un DVD cada vez tiene menos sentido en el actual escenario digital y más con los precios a los que se han distribuido durante años. En vez de modificar dichos modelos y adaptarse a los tiempos dando opciones sencillas y económicas de acceder a sus obras, dicha Industria ha presionado para endurecer la legislación e ilegalizar prácticas, como la copia privada, que siempre fueron legales en nuestro país: para eso estaba el canon y no para compensar la piratería.

La generalización de estas iniciativas como la Ley HADOPI en Francia, la Ley Sinde en España o la nueva Stop Online Piracy Act (SOPA) en Estado Unidos, puede perjudicar mucho en correcto desarrollo de la Sociedad de la Información puesto que se basan en limitar derechos fundamentales como la libertad de expresión o la privacidad en aras de proteger derechos mercantiles privados y no fundamentales.

 

– ¿Qué papel desempeña la Unión Europea en el fomento de la Sociedad de la Información y de las nuevas tecnologías? ¿Hace especial hincapié en las zonas rurales y la brecha digital?

La Unión Europea ha contribuido a fomentar de manera esencial el uso de Internet y el acceso universal a la Red, tanto desde un punto de vista normativo como de ejecución y financiación de programas. La prueba la tenemos en la política de Sociedad de la Información cuyo origen se remonta ya al Informe Bangemann de 1991. Sin embargo, aún le queda mucho que hacer para superar precisamente la importante brecha digital que aún existe en Europa así como el hecho de lograr y mejorar el acceso de zonas rurales: ambos problemas están muy presentes aún en nuestro país y en Galicia en particular.

 

– ¿Qué opciones tiene la ciudadanía para mantener controlada su “reputación online”?

La decisión de estar o no estar en Internet ya no es algo que dependa de nosotros. Aunque no tengamos correo electrónico ni cuenta en Facebook o cualquier otro servicio o perfil social, nuestros datos ya se encuentran en la Red. Sólo tenemos que hacer una mera búsqueda en Google con nuestro nombre completo para comprobarlo (y más si lo entrecomillamos): ahí veremos que distintas publicaciones e Instituciones ya han volcado nuestros datos en la Red: nuestra participación en unas oposiciones, una multa de tráfico o una foto que nos sacó un amigo y que etiquetó en Facebook están ya ahí y, en ocasiones, pueden afectar nuestra dignidad e imagen pública. Es aquí donde, muchas veces, debemos de actuar para proteger nuestra privacidad y nuestro derechos al honor. No siempre es fácil por lo que, en ocasiones, debemos actuar legalmente.

 

– ¿Qué pasos deberían darse o ya están dándose para avanzar hacia la plena implementación de la sociedad de la información y las TICs?

Esto ya está en marcha y es imparable: afecta ya a todos los ámbitos de nuestra vida y continuará haciéndolo con mayor intensidad y profundidad. Sin embargo, se echa en falta una mayor coordinación y apoyo estructurado en el proceso por parte de nuestra legislación e instituciones: a menudo las leyes llegan tarde y más que una ayuda suponen un obstáculo para el correcto desarrollo de la Red.

Desde mi punto de vista, quedan tres ámbitos esenciales sobre los que se debería avanzar en los próximos años: uno es el voto electrónico (que debería facilitar una verdadera Democracia 2.0 continua y no solo cada 4 años), otro es el fomento real de la generalización del uso de la firma electrónica e identidad online en todas nuestras transacciones (y no sólo en las públicas) y finalmente la consecución de una verdadera interoperabilidad  y neutralidad tecnológica que permita a cualquier persona acceder a los mismos servicios con independencia del sistema informático que use y de dónde se ubique.

 

– Además de la necesaria alfabetización digital, ¿que fórmulas podrían aplicarse para conectar con la población y fomentar la participación ciudadana en este ámbito?

Además de medidas educativas y de formación continua, creo que la implicación de los padres es esencial: mal vamos a poder enseñar a nuestros menores a cruzar la calle si nosotros no andamos por ella: dejemos de tener y sembrar miedo a la Red y empecemos a usarla nosotros también. Sólo hay una manera de aprender a nadar y lo mismo se aplica a la Red.

Dejemos de advertir tanto de los peligros de la red y comencemos a difundir sus beneficios. Y ello no sólo con palabras: ofrezcamos beneficios fiscales, laborales o sociales tangibles y directos a las personas que usen Internet en sus transacciones. Ello fomentará rápidamente el uso y aprovechamiento de la Red en beneficio de todos: ahorro de tiempo, menos consumo energético, mayo productividad, mejora del medio ambiente y de nuestra calidad de vida, etc.

 

– ¿Considera que la actual crisis ralentizará el avance de la Sociedad de la Información? ¿Cómo considera su estado actual en España a día de hoy?

Creo firmemente que la crisis no sólo no frena el desarrollo de la Sociedad de la Información sino que la acelera: por los motivos expuestos, no hay mejor medio de ahorrar costes e incrementar nuestra productividad que el uso de las nuevas tecnologías. Sólo hay que ver los datos reiterados de incremento sustancial del comercio electrónico en los últimos años para darse cuenta de ello. España, por supuesto, no es una excepción y tiene un desafío mayor que otros países al haber basado su modelo productivo en bienes reales más que en bienes intelectuales o en la innovación. Tengo el placer de comprobar cada día en mi trabajo que esto está empezando a cambiar y a un ritmo muy alto. Lo apreciaremos plenamente en los próximos años.

 

Muchas gracias a la Diputación de A Coruña por la entrevista y la cesión de este texto para su publicación íntegra en este blog.

Videoblog: Megaupload, copyright vs ciberderechos

Jueves, Enero 26th, 2012

En el videoblog de hoy abordamos el tema del momento: el caso “Megaupload” y el fulminante bloqueo del servicio por las autoridades norteamericanas a nivel global. ¿Cuáles son los delitos imputados a los responsables? ¿Cómo es posible que un solo país pueda cortar un servicio global? ¿Se pueden limitar derechos fundamentales como la privacidad o la libertad de expresión para proteger un derecho privado como el copyright en la Red? ¿Es necesaria la Ley Sinde o la SOPA para proteger los derechos de autor en Internet? ¿Es proporcional una medida cautelar como ésta que afecta a millones de usuarios de buena fe y con incautación de sus archivos legítimos? Intentaré contestar algunas de estas cuestiones en el siguiente video:

Imagen de previsualización de YouTube

Videoblog: marcas, patentes y copyright

Jueves, Diciembre 15th, 2011

¡Seguimos con el experimento! Hoy abordaremos el concepto de la propiedad inmaterial, en contraste con la propiedad “clásica”, y sus distintos tipos.

En concreto, me referiré por un lado a la propiedad industrial (marcas y patentes) y, por otro lado, a la propiedad intelectual (derechos de autor o copyright). ¿En qué se diferencian estas propiedades? ¿Qué ocurre cuando chocan? ¿Qué hay de las patentes de software? Éstas y otras cuestiones, como siempre, intentaremos aclararlas en el siguiente video:

Imagen de previsualización de YouTube

Un gobierno en funciones no puede refrendar hoy la ley Sinde

Viernes, Diciembre 2nd, 2011

Desde el blog, nos sumamos al manifiesto que ya inunda hoy Internet:

Ante la previsible aprobación dentro de unas horas del reglamento de desarrollo de la polémica «Ley Sinde», los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet seguimos manifestando, como se hizo en el Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet de 2 de diciembre de 2009, nuestra firme oposición a una norma que incluye modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet.

En principio no parece de recibo que un Gobierno en funciones adopte esta decisión en su último o uno de sus últimos Consejos de Ministros.

Sería doblemente grave que se confirmaran las presiones ejercidas por EEUU, a través de su embajada en Madrid, como revelaron los cables de Wikileaks, por lo que insistimos en estos razonamientos:

  1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
  2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
  3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
  4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
  5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
  6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
  7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
  8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
  9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
  10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Pásalo y Publícalo.

¿De quién es mi perfil en las redes sociales?

Jueves, Agosto 4th, 2011

Hace unos días, Enrique Dans (@edans) publicaba un interesante artículo en su blog titulado “¿De quién es una cuenta en Twitter?”. Cuándo me hacía eco del mismo, un buen amigo y seguidor de Twitter (gracias @regueiro) me pidió mi opinión al respecto. Como buen gallego (y además abogado) no pude por más que responder con un “depende”. Obviamente, 140 caracteres no dan para mucho más por lo que me comprometí a desarrollar el tema en el blog y ¡aquí estamos!

Foto: Ben Schumin - Licencia Creative Commons

Dado que lo que voy a comentar a continuación es también aplicable a otras redes sociales, y a fin de que el bueno de Enrique no me acuse de plagio en el título, he decidido ampliarlo a: “¿De quién es mi perfil en la redes sociales?”

Como ya os he adelantado mi respuesta corta:”depende”, permitidme empezar por ella: ¿De qué depende? Pues, en realidad, de lo que entendamos por el “de quién” o, en definitiva, del concepto que manejemos de “propiedad” o “pertenencia”.

En su día ya tuve oportunidad de reflexionar sobre ello y, por tanto, me remito al artículo que escribí al respecto: “La propiedad ha muerto, ¡vivan los derechos de uso!” (uno de mis preferidos, por cierto) y continúo mi reflexión aplicándolo al presente caso:

Dado que el concepto de propiedad actual es relativo, ya solo cabe hablar de “derechos de uso” y de sus respectivos titulares. Un perfil de una red social se compone de varios elementos con distintos derechos aplicables que vamos a intentar sintetizar aquí a ver si nos aclaramos y encontramos a sus verdaderos titulares o “propietarios”. Dichos elementos serían cuatro: el sistema informático que da soporte a la red social, los contenidos que publicamos, nuestros datos personales y el nombre o denominación del perfil.

Por tanto y como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes:

1- Propiedad Material del sistema informático:

Si vamos a la propiedad material, es decir a la de los elementos físicos y de software que integran el sistema que le sirve de soporte. Diríamos que nuestro perfil es propiedad de la empresa titular de la red social donde se ubica. Así, mi cuenta de Twitter pertenecería a Twitter, Inc., la de Facebook a Facebook, Inc., la de Google+ a Google Inc., etc.

Esto es porque nuestro perfil no es otra cosa que una parte de un sistema informático cuya titularidad pertenece a estas empresas como proveedores del servicio.

De este modo, todo el esfuerzo que una persona o entidad ha dedicado a desarrollar su presencia en dicha red y acumular cientos, miles o millones de amigos, fans o seguidores puede no significar nada si, de la noche a la mañana, ya sea por normativa interna o por una decisión empresarial, el proveedor del servicio decide eliminar o transferir dicho perfil a otro.

“¿Y esto es legal?” Me preguntaréis: Pues sí, siempre que no se afecten el resto de “propiedades” o derechos que vamos a describir a continuación:

2- Propiedad Intelectual de los contenidos publicados.

Está claro quién es el propietario del sistema, pero ¿quién lo es de los contenidos publicados en nuestro perfil?: Comentarios, fotos, enlaces, videos, etc.

En este caso, debemos atenernos exclusivamente a la normativa en materia de propiedad intelectual. Dicha normativa nos dice que el titular de una obra es, en primer lugar, su autor “por el mero hecho de su creación”. Por tanto, aquellos textos o imágenes creados o captadas por nosotros nos pertenecen, mientras que aquellos otros contenidos ajenos que referenciemos o reproduzcamos en nuestro perfil pertenecen a sus respectivos autores o titulares que los hayan adquirido mediante licencia.

Si bien, conviene tener en cuenta que algunas redes sociales, como es el caso de Facebook que comentamos en su día, recogen en sus condiciones generales de uso que adquieren la titularidad intelectual de todos los contenidos que publiquemos en nuestro perfil, ya sean propios o ajenos.

3- Propiedad de los datos personales introducidos.

Otro elemento esencial de nuestro perfil son los datos personales. ¿A quién pertenecen los datos?

Aquí hay que diferenciar claramente dos modelos normativos: el americano y el europeo, tal y como también comentamos en su día.

A consecuencia de ello, podemos decir que en los Estados Unidos los datos personales pertenecen a las entidades que los tratan y se convierten en una mercancía más: es decir, son propiedad de la empresa lo mismo que sus locales o sus ordenadores. Sin embargo, en Europa dichos datos nunca dejan de ser propiedad de las personas a las que se refieren.

Esto, sin duda, plantea un conflicto: para Facebook, Twitter o Google, todas con sede en California, mis datos son suyos pero para mí, que resido en España, mis datos son míos, por el mero hecho de referirse a mi.

Lo mismo cabe decir de los datos de nuestros amigos, seguidores o contactos, así como los que publiquemos de otras personas (nombres, fotos, etc.): con arreglo a nuestro derecho, no nos pertenecen sino que les pertenecen a ellas. Es importante tenerlo en cuenta cuando publicamos dichos datos en nuestro perfil, tal y como advertimos también en su día.

4- Propiedad del nombre o denominación utilizada en el perfil:

Finalmente, nos referimos al último elemento de nuestro perfil: su nombre o denominación.

Aquí pueden surgir muchos problemas, como también tuve ocasión de comentar en otro artículo del blog.

Baste decir aquí que sólo deberíamos utilizar una denominación que se identifique bien con nuestro nombre propio o el de nuestra entidad o bien con una marca o nombre comercial del que seamos titulares. En otro caso, corremos el riesgo de que dicho perfil sea reclamado por el titular de dicha denominación y, en función de la legislación aplicable y/o de la normativa interna del proveedor del servicio, nuestro perfil puede ser dado de baja o transferido a dicho titular.

El titular de una marca o nombre comercial es el único que puede reclamar su derecho exclusivo a usar dicha denominación en un perfil y, por tanto, es su propietario a estos efectos. Cuidado con utilizar denominaciones de este tipo sin autorización.

Como hemos visto y resumiendo, no hay un único “propietario” de nuestro perfil sino que pueden ser muchos y nosotros, en muchas ocasiones, estamos al final de la cola.

Patentes de Software ¿sí o no?

Jueves, Octubre 14th, 2010

Hoy toca un poco de historia… eso sí, reciente:

Corre el año 2005. Parece que fue ayer, pero Youtube era un recién nacido en un garaje de California y Facebook sólo un mero sueño en la cabeza de su fundador. Mientras, en la Unión Europea, se libra una de las batallas más cruentas que se recuerdan en el campo del Derecho de las Nuevas Tecnologías: se debate una propuesta de Directiva que legalizará, por vez primera, las patentes de software en Europa, modelo ya vigente en los Estados Unidos.

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Finalmente, el 6 de julio de ese año, el Parlamento Europeo rechazó dicha propuesta en una decisión histórica por 648 votos en contra, 14 a favor y 18 abstenciones. Es decir, una práctica unanimidad contra este modelo jurídico de protección de los programas de ordenador.

Pero, ¿fue una decisión acertada?

Para poder responder a esta pregunta, debemos retroceder un poco.

En anteriores artículos, hemos hablado largo y tendido sobre lo que son y significan los derechos de propiedad intelectual (e incluso la propiedad en sí). Baste decir que la patente no es otra cosa que la atribución de un conjunto de derechos de propiedad ya no sobre una “obra o creación” sino sobre una “invención”.

Así, el artículo 4.1 de nuestra Ley 11/1986 de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad (LPMU) dispone que:

“Son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial (…).”

Es por ello que las patentes se encuadran dentro de la llamada “Propiedad Industrial”, a diferencia de los derechos de autor o copyright que lo hace dentro de la “Propiedad Intelectual”.

Por su parte, el apartado 4 del citado artículo dispone que:

“4. No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores, en particular: (…)

c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.”

Es decir, como veíamos, en nuestro país el software no se considera una invención y, por tanto, no es patentable.

Pero, ¿eso significa que el software queda desprotegido?

Nada más lejos de la realidad: el artículo 10.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) reza lo siguiente:

“Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas: (…)

i) Los programas de ordenador.”

Por tanto, el software se protege por el copyright bajo el régimen de la propiedad intelectual.

Pero, a efectos prácticos y más allá de su objeto de aplicación, dado que ambos sistemas de protección atribuyen la propiedad o derechos de explotación exclusiva a su titular, ¿qué diferencias hay entre los mismos? ¿Qué distingue en realidad a la patente del copyright?

Para muestra, tres botones. Estudiaremos tres características clave en ambos sistemas: el método de adquisición, el plazo de protección y su ámbito territorial.

1- En cuanto al método de adquisición de estos derechos:

a) La patente: se obtiene sólo mediante registro en una oficina pública oficial como lo es la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM);

b) El copyright, por el contrario, no se adquiere mediante registro sino, como bien indica el artículo 1 LPI: “La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación.” (Por supuesto, existe el Registro de Propiedad Intelectual pero no es obligatorio ni constitutivo).

2- En cuanto al plazo de protección:

a) La patente: “tiene una duración de veinte años improrrogables (artículo 49 LPMU);

b) El copyright, sin embargo, durará “toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento” (art. 26 LPI).

3- Finalmente, en cuanto a su ámbito territorial:

a) La patente: está limitada al país o países donde se haya registrado efectivamente y con éxito (en Europa, existe la posibilidad de acudir a la Oficina Europea de Patentes, pero su registro debe ser validado ulteriormente a nivel nacional en cada país miembro);

b) El copyright, por contra, no tiene limitación geográfica ya que es por esencia universal en virtud de convenios internacionales como el reciente Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996 (Cervantes es reconocido como el autor del Quijote tanto en España como en Asia).

Pues bien, a la luz de lo visto, parece que el Parlamento Europeo no tomó una decisión demasiado equivocada después de todo, ¿no creéis?

La propiedad ha muerto, ¡vivan los derechos de uso!

Jueves, Julio 22nd, 2010

El martes tuve ocasión de asistir a la inauguración de la nueva tienda de IKEA en Coruña. Es impresionante lo que esta cadena sueca de muebles ha logrado en el aprovechamiento del espacio cada vez más limitado de nuestras viviendas. No importa la cantidad de cosas que tengas, ellos te las colocan.

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Uno de los productos más inteligentes de la marca han sido, en mi opinión, sus librerías Billy. Diseñadas hace ya 30 años por Guillis Lungren, permiten optimizar enormemente el espacio en el almacenamiento de libros, CDs, DVD, etc.

Viendo precisamente este producto, me puse a pensar en su necesidad real hoy en día (o en el futuro más inmediato) y llegué a una conclusión: está en vías de extinción.

Podemos poner un ejemplo muy palpable: ¿quién tiene ya una enciclopedia en su casa? La verdad es que, salvo que sea “heredada”, muy poca gente. El motivo es simple: tenemos Internet con los oráculos Google y Wikipedia.

Otro caso es el de los CDs. Por supuesto, quedan muchos coleccionistas que incluso siguen adquiriendo aún LPs de vinilo, pero seamos realistas: la música ya está en MP3, mediante iTunes o la también sueca Spotify.

Lo mismo está pasando con los DVDs (incluso con el Blu-Ray). Las películas y series se adquieren cada vez menos en dichos soportes y se consumen ya en un gran porcentaje en soporte digital (Youtube, Hulu, webs de series, etc.).

Lo último que nos queda es el libro. El cual, gracias a la gran calidad de dispositivos como el Kindle o el iPad, ya se está empezando a consumir masivamente en soporte digital. Amazon ha anunciado en Estados Unidos que vende ya casi el doble de libros electrónicos que libros de tapa dura. En nuestro país, plataformas como la recién estrenada Libranda harán esto posible en muy breve plazo.

En efecto, los contenidos están escapando rápidamente de los viejos soportes al mundo digital y, en consecuencia, no ocupan espacio físico.

Por tanto, ¿Qué nos va a quedar en nuestras estanterías? Pues, a este paso, únicamente adornos y piezas de colección.

Pero, ¿qué ha pasado con nuestra tradición de poseer cosas? ¿Es el fin de la propiedad tal y como la conocemos?

En este sentido, es muy ilustrativo este magnífico artículo de Ramón Muñoz para El País: Si puedes consumir, ¿para qué poseer?

Desde luego, Karl Marx estaría encantado con el posible ocaso de la piedra angular del sistema capitalista: la propiedad privada (aunque su homónimo Groucho diría aquello de “Estos son mis principios. Si a usted no le gustan, tengo otros.”)

Lo que sí es cierto es que la normativa y el propio concepto de la propiedad ha variado mucho a lo largo de la historia:

En la Antigua Roma, el derecho de propiedad era absoluto: confería a su titular la potestad de disponer totalmente y sin restricciones sobre una cosa (o persona). De hecho, en el caso del cabeza de familia, este poder se extendía incluso sobre la propia esposa y los hijos (además de los esclavos) hasta el punto de la libre disposición sobre su vida y su muerte.

Afortunadamente, hoy en día el derecho de propiedad es mucho más limitado. El artículo 348.1 de nuestro Código Civil nos da la siguiente definición:

“La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.”

Es decir, la ley puede limitar (y de hecho lo hace) enormemente el derecho de propiedad. Ya no es un derecho absoluto. Por ejemplo, yo puedo ser propietario de una estupenda casa en el campo con finca aledaña, pero si en el plan urbanístico o de carreteras se contempla una autovía que pase por ella: perderemos nuestro derecho por expropiación (aunque, eso sí, con el pago de una indemnización o justiprecio tasado).

Del mismo modo, yo puedo ser propietario de un mueble o de mi ropa: para el Derecho Romano, yo podría destruir y quemar dichos bienes ejerciendo mi poder de propietario plenipotenciario pero hoy en día, tendríamos verdaderos problemas con Medio Ambiente si hacemos lo propio sin la debida autorización y medidas de seguridad.

¿Y qué pasa con los libros, los discos o los programas de ordenador? ¿Somos realmente sus propietarios?

La respuesta es no. En ningún caso.

“Pero ¿cómo es posible?”, me diréis, “Yo cuando voy a la tienda y compro un libro es mío y solo mío y puedo hacer con él lo que quiera… (Bueno, excepto quemarlo fuera de la noche de San Juan) ¿no es así?”

Bueno, desde luego eres propietario del material físico del libro (es decir, del papel, pegamento y tinta del que se compone) pero nunca del contenido en sí.

Esto es porque el contenido (es decir, la obra) sólo es propiedad de su autor original. Así está dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Propiedad Intelectual:

“La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley.”

Es decir, nunca seremos “propietarios” de un libro, (salvo que seamos los autores del mismo, claro). Por ejemplo, no podré fotocopiarlo y vender sus copias, ni traducirlo a otro idioma, ni tampoco hacer una película a partir de él. No soy, en definitiva, su propietario.

Entonces, ¿qué compramos cuándo compramos un libro, una película, un disco o un programa de ordenador?

Pues, además de su soporte físico (en su caso y, como vemos, en vías de extinción), lo que compramos es un mero “derecho de uso limitado” de dicha obra.

Por ejemplo, en el caso de un DVD común, lo que compramos simplemente es el derecho a visionar su contenido en el ámbito doméstico (eso sí, las veces que queramos) pero nada más. ¿Y si queremos invitar a los vecinos del barrio y proyectarlo en una pantalla grande? No podemos. ¿Y si queremos alquilarlo? No podemos. De hecho, el precio de un DVD para un videoclub es muy superior que para un particular ¿Por qué? No porque su calidad de materiales y confección sea superior sino, principalmente, porque el derecho de uso adquirido es mayor: un videoclub paga también por el derecho a alquilar dicho DVD.

¿Y un CD de música? Lo mismo. Sólo pago por el derecho a escucharlo en privado. Nada de usarlo como hilo musical, banda sonora o pincharlo en una discoteca (ahí entraría la SGAE para cobrar por esos “derechos extras”).

Ya lo sé, es posible que a estas alturas estés mirando a tu preciada colección de CDs o DVDs donde tanto tiempo y dinero has invertido y te preguntes ¿realmente no es nada de esto mío?

Pues no, desgraciadamente, no lo es (al menos en sentido jurídico estricto). Pero, en cualquier caso y tal y como vimos antes, la propiedad tampoco es, en sí misma, un derecho absoluto.

De hecho, en el mundo de la propiedad intelectual nadie es realmente propietario de nada. Incluso el propio autor ha vendido, cedido o vistos recortados sus derechos exclusivos sobre la obra a favor de toda suerte de intermediarios o terceros con derechos preferentes (el propio Estado, las bibliotecas o, incluso, los particulares con la famosa copia privada legal).

Lo realmente importante hoy en día es, más que nunca, ya no el derecho de propiedad sobre una cosa u obra sino los derechos de uso adquiridos sobre la misma.

Estos derechos, que determinan el disfrute real de nuestras posesiones, vienen regulados por la propia Ley y por los contratos que hayamos celebrado en cada caso (el contenido de la licencia de uso de la obra, en su caso).

Parece que en los últimos tiempos, y gracias a la naturaleza del mundo digital y de Internet, estamos tomando conciencia de esta realidad respecto a los contenidos que usamos y disfrutamos desde siempre pero que solo ahora se desmaterializan ante nuestros ojos.

En cualquier caso, como decía Albert Einstein: “La realidad es una mera ilusión, aunque (eso sí) una muy persistente”.

Os deseo a todos unas felices vacaciones. Nos leemos en septiembre.

Entrevista en Nación Red sobre derechos en Internet

Jueves, Julio 8th, 2010

Esta semana he tenido el placer de ser entrevistado por uno de los medios más prestigiosos y activos en la divulgación y defensa de los derechos de los internautas en la Red: el blog Nación Red de Weblogs. La entrevista, que se puede leer a texto completo en esta enlace, ha hecho un repaso por algunos de los temas claves comentados en el blog, gracias a las interesantes preguntas formuladas por David Ballota.

nacion red

Gracias al amable ofrecimiento de Nación Red, reproduzco a continuación el núcleo de la entrevista:

“Me ha parecido muy interesante un post que has escrito en tu blog sobre el polémico canon digital. Para sostener la incongruencia de su aplicación mantienes que es como cobrarle un impuesto a Al Capone por comerciar con el alcohol…

Efectivamente. En los últimos años, se nos ha presentado el canon digital como una compensación por la piratería. Esto legalmente no es así.

El canon digital es, en todo caso, una compensación por la copia legal privada, autorizada desde hace años por el art. 31 de la LPI. Lo contrario sería como reconocer la legalidad de aplicarle un impuesto sobre el alcohol a Al Capone en plena ley seca. Ello sería, ni más ni menos, la participación del Estado en un negocio ilícito.

Por tanto, una de dos: o las descargas son ilegales y, por tanto, no se les aplica canon o, por contra, las descargas son legales y, por ello, se les aplica canon. En este sentido, aunque la Ley es clara, ha habido mucha desinformación, en ocasiones interesada y en otras por mero desconocimiento, tanto por parte del gobierno como por los propios representantes de las entidades de gestión. Ello nos ha llevado, desgraciadamente, a las actuales “trincheras” de la Red.

Has pronosticado algo verdaderamente “revolucionario”, la SGAE defendiendo a los internautas… ¿una provocación o algo en lo que verdaderamente crees?

No es nada descabellado. Una de las consecuencias principales de la revolución Web 2.0 es que el internauta deja de ser un mero receptor pasivo de contenidos digitales y se convierte en un activo creador de los mismos. En tanto en cuanto dichos contenidos sean originales, la Ley reconoce al propio internauta como legítimo autor de sus creaciones (ya sean texto, imágenes, audio, vídeo o software). En cuanto autores de lo que introducimos en la Red, los internautas tenemos derechos exclusivos de propiedad intelectual sobre nuestras obras entre los que se encuentra su explotación.

La SGAE, así como otras entidades de gestión, tienen como fin principal la explotación y defensa de esos mismos derechos pertenecientes a los autores de su catálogo.

Por tanto, nada obsta jurídicamente para que los internautas creadores (un blogger o un músico independiente, por ejemplo) se integren en la SGAE o en cualquiera otra de estas entidades de gestión y, a partir de dicho momento, deban éstas proteger sus intereses en la Red. Todos somos autores de Internet.

En este sentido, sí sería factible que, por ejemplo, un blogger reclamase su parte proporcional y correlativa del canon digital por la reproducción privada (esta vez legal) de sus artículos a través de la Red.

Los poderes públicos, parecen más dispuestos a tutelar la cultura que el acceso a la cultura, que es su mandato constitucional. ¿Crees que Internet ha hecho todavía más “dirigistas” a los poderes públicos?

Creo que el dilema actual de los poderes públicos es cómo enfrentarse ante la nueva realidad social que supone Internet. De hecho, podemos hablar ya de una Sociedad 2.0. Por un lado, la Red hace realidad el viejo sueño de un acceso directo, instantáneo y global a todo el saber de la Humanidad, por primera vez en su Historia. Por otro, gracias a la Web 2.0, permite también una participación inmediata y sin intermediarios de los ciudadanos en los asuntos públicos, haciendo por primera vez realidad lo preconizado por Rousseau al hablar de las virtudes de la Democracia Directa, frente al modelo actualmente vigente de Democracia Representativa. Finalmente, están los intereses de la industria cultural (que no necesariamente de la cultura) que se está viendo afectada por un fuerte cambio de su modelo de negocio derivado de tecnologías como el P2P y que están haciendo un fuerte papel de lobby para mantener, aunque sea artificialmente, el modelo anterior.

Ante este importante dilema, los poderes públicos (y no hablo sólo de los españoles) se ven fuertemente tentados a intervenir e intentar “controlar y dirigir” los efectos que ya se están percibiendo en la Sociedad, en la Cultura y en la Economía. Entiendo que esto es un error fundamental ya que los efectos ya están ahí y muchos de ellos son imparables. Lo que a mi juicio deberían hacer los poderes públicos es no intervenir en primera instancia y confiar en la ya importante y suficiente legislación actual y en sus tribunales para solucionar los nuevos problemas que van surgiendo. En mi opinión, no se puede legislar sin una cierta perspectiva de la realidad social y de sus consecuencias. Es por ello que la ley necesariamente debe de ir después de la realidad. Lo contrario supone poner en riesgo nuestros valores y derechos universales como lo es el derecho de acceso a la cultura de todos los ciudadanos, sin descuidar, por supuesto, la adecuada compensación de los titulares de la misma.

Me gustaría conocer tu opinión sobre el ACTA (Acuerdo Comercial Anti-Falsificación)

Mi opinión sobre el ACTA se resume en lo ya comentado anteriormente sobre la actitud de los poderes públicos frente a la nueva realidad que nos viene. Lo que es, sin duda, más criticable en este caso es que este importante Acuerdo internacional se ha estado negociando durante varios años en la más absoluta opacidad. De hecho, sólo gracias a las Instituciones de nuestra Unión Europea y a contadas filtraciones hemos podido acceder a diversos borradores del mismo. Por otro lado, no es negativo que estas cuestiones se debatan a nivel internacional, ya que la Red es global, aunque su resultado debe respetar los derechos ya reconocidos a los ciudadanos. El hecho de que, por ejemplo, se esté planteando eliminar la copia legal de obras para discapacitados me preocupa enormemente.

… y la denominada “Ley Sinde”

Una vez más, me remito a lo ya comentado anteriormente. La disposición adicional primera del Proyecto de Ley de Economía Sostenible es un claro ejemplo de una apresurada intervención de los poderes públicos, en un ámbito ya regulado y protegido adecuadamente por la legislación vigente, en aras de cargar demasiado la balanza en la defensa de los derechos de los titulares y a costa de otros derechos más importantes y de rango constitucional como lo es la libertad de expresión o el acceso a la cultura.

Desde luego, lo que era inadmisible era el cierre de páginas Web sin ninguna intervención judicial, como estaba en el borrador inicial, pero la solución actual, con una mínima y totalmente sesgada y condicionada intervención de la Audiencia Nacional en dicho cierre, sin poder entrar, siquiera mínimamente, a analizar el fondo del asunto, no es tampoco satisfactoria.

Defiendes el concepto de privacidad “a la europea”, bien blindado o garantizado en nuestra Carta de Derechos, frente al concepto más “vulnerable” de Estados Unidos, ¿puedes explicarnos brevemente sus diferencias y la importancia de defender el “modelo europeo?

En estos momentos, estamos asistiendo a una fuerte colisión de dos ideas opuestas de privacidad. Por un lado, el modelo europeo: cuya privacidad es una extensión del derecho a la intimidad reconocido en todas las constituciones continentales y se protege mediante una avanzada normativa en materia de protección de datos personales (LOPD en España) cuyo incumplimiento se sanciona fuertemente. Por otro lado, el modelo americano: donde ni siquiera el derecho a la intimidad está reconocido en la constitución de los EE.UU. (frente a la libertad de expresión que si se reconoce en su famosa “primera enmienda”) y no existe una Ley de Protección de Datos a nivel Federal.

El problema deriva de que la mayor parte de servicios que usamos actualmente en Internet y en los que volcamos diariamente nuestros datos personales están en manos de empresas norteamericanas (Google, Facebook, Microsoft, Apple, etc.) las cuales sólo se someten a las “Políticas de Privacidad” que ellos mismos han diseñado o suscrito voluntariamente pero sin siquiera un control público sancionador en caso de incumplimiento.

Este déficit de control y de adecuada protección de la privacidad en EE.UU. ha quedado especialmente patente con el actual desarrollo de las Redes Sociales en las cuales los ciudadanos vuelcan gran cantidad de datos sobre sí mismos y su entorno sin ser plenamente conscientes de su eventual uso o acceso público ulterior a dichos datos, por no hablar del reciente fenómeno de la “nube” o “cloud computing” que llevan nuestros datos a países remotos e indeterminados.

Como resumen, baste decir que en Europa los datos personales son siempre propiedad de sus titulares, aunque los tengan tras entidades, mientras que en EE.UU. dichos datos pueden ser propiedad de las propias compañías (baste el ejemplo de Facebook cuyas Condiciones de Uso establecen que todos los contenidos que los usuarios introduzcan en su sistema, les pertenecerán legalmente en cuanto a sus derechos de explotación).

Actualmente, hay un fuerte movimiento de derechos civiles por la privacidad en EE.UU. que quizá concluya en un cambio normativo importante a nivel federal.

Hay una iniciativa española (ColorIuris) de autogestión y cesión de derechos de autor en línea a partir del modelo continental, que por así decirlo también es una alternativa a Creative Commons, ¿la conoces?. ¿Qué te parece?

La verdad es que no conozco directamente la iniciativa ColorIuris pero la misma es, sin duda, una muestra de la tremenda flexibilidad y potencia que tiene nuestra actual legislación en materia de propiedad intelectual, en contra de lo que inicialmente nos pudiera parecer. Es un sistema que permite la coexistencia lícita y pacífica de sistemas tan distintos como el software propietario o el software libre, el copyright o el “copyleft”, las obras con todos los derechos reservados o las distribuidas bajo la licencia Creative Commons o similar.

¿Cuántas licencias o modelos de explotación de derechos existen? Literalmente millones. La gran magia de esta normativa es que el autor o el titular de una obra puede crear su propia licencia de cero o asumir cualquier otra que encuentre en la Red. Casi el único límite es la imaginación. La ley se encarga del resto que es proteger sus derechos con cargo a su decisión. Es por ello que creo que, sin mayor intervención legal, los propios usuarios pueden encontrar el mejor sistema de protección de sus derechos a la vez que un nuevo modelo de negocio para los contenidos en la Red.

También has advertido sobre la importancia de despejar la creencia de que el “software libre” es del todo libre, en el sentido de que muchas personas desconocen o no prestan atención al tipo y condiciones de la licencia…

Efectivamente. Al hilo de lo comentado, cuando hablamos de “software libre” solo nos referimos a un modelo de licencia para proteger y determinar el uso de nuestra obra por otros. De acuerdo que es un modelo mucho menos restrictivo que el denominado de “software propietario” pero no es totalmente libre: tiene condicionas y límites que debemos conocer y que dependerán de cada licencia concreta (que es recomendable leer atentamente en todos los casos). Por ejemplo, la licencia GNU (en la que se basa Linux) establece que todo desarrollo que se base en ella debe obligatoriamente acogerse bajo dicha licencia y su código fuente ser publicado. Es decir, no podríamos utilizar trozos de código bajo GNU para incorporarlo a un software propietario sin vulnerar su licencia. Estas limitaciones debemos tenerlas en cuanta a la hora de programar y sólo se puede hacer leyendo (y entendiendo) las licencias previas.

Un software sólo sería realmente libre si su autor o titular lo liberase como “obra de dominio público”. Esta fórmula, sin embargo, aunque posible y válida jurídicamente, no es frecuente en la Red.

Bueno, Víctor, ya por último, ¿qué recomendaciones básicas nos darías a los blogueros o usuarios de redes sociales en algún aspecto elemental y que quizá estemos descuidando?

Aquí habría mucho que decir y creo que ya me he extendido bastante como para aburrir al lector. Baste recordar aquí la regla número 2 de net-etiqueta que destacaba Virginia Shea en su clásico libro “NETiquette” para comportarse correctamente en la Red: “Adhiérase a los mismos estándares de comportamiento en línea que usted sigue en la vida real”. Es decir, usemos nuestro sentido común y sólo compartamos en la Red Social lo que compartiríamos con un desconocido. Y ello, siendo conscientes de dos realidades de la Red Social: 1- Todo lo que compartamos, va a ser públicamente accesible (aunque creamos que no) y 2- Una vez introducido un dato o contenido va a ser muy difícil o imposible de eliminar posteriormente.

A ello sumaríamos que, al hilo de lo dictaminado recientemente por el Grupo del Artículo 29 de la Directiva Europea de Protección de Datos (que aglutina a representantes de todas las autoridades europeas en la materia), si compartimos contenidos o datos de otras personas (como fotos) y nuestro número de amigos pasa del “número razonable” de 20, debemos de cumplir con la LOPD y pedir autorización previa a dichas personas para poder publicar los mismos (y no digamos de menores).

Finalmente, en el caso de los blogueros, debemos tomar conciencia de nuestra condición de autores en Internet y, como tales, proteger adecuadamente nuestras obras con una licencia de nuestra elección o confección así como leer atentamente la de otros antes de utilizar o redistribuir obras ajenas sin perjuicio de las excepciones de uso permitidas en la Ley, como las de cita, ilustración de la enseñanza o reseñas periodísticas.

Gracias y un placer.”