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¡Horror, mi nombre sale en Google!

Escrito por admin
1 de Diciembre de 2009 a las 12:27h

Como ya comentamos anteriormente, una de las experiencias más impactantes en Internet es la de buscar nuestro propio nombre en Google. Los resultados de dicha búsqueda nunca dejan de sorprendernos, ya que revela mucha información sobre nosotros y, desgraciadamente, no toda positiva.

En su día, ya tuvimos ocasión de analizar esto en el artículo “¿Cómo borro mis datos de Internet?” donde, efectivamente, dábamos la clave de cómo podemos actuar para eliminar dichos datos en base a la normativa de protección de datos (LOPD).

Sin embargo, en muchos casos es conveniente hacer “algo más”. Hablamos de supuestos en los que se agredan otros derechos como son el de la propia imagen o el honor.

duelo_honorLa palabra “honor” parece un poco trasnochada. Cuando nos referimos a ella nos imaginamos a alguien que va a sacar un guante y arrojarlo a la cara de otro para batirse en un duelo al alba. Sin embargo, es algo plenamente vigente en nuestra sociedad (y más desde que existen las nuevas tecnologías).

El derecho al honor es un derecho fundamental, reconocido en el artículo 18.1 de nuestra Constitución, que protege tanto la dignidad como la reputación de una persona en la sociedad.

Con el auge de Internet, éste es uno de los derechos más atacados hoy en día. Frecuentemente se publican comentarios o informaciones sobre personas que las insultan o las acusan de hechos que, en muchas ocasiones, resultan inciertos y que menoscaban su imagen pública. Esto además se facilita con la posibilidad de un “aparente anonimato” en la Red del que muchas veces difunde dichos comentarios.

Ello se acrecienta, además, con la enorme capacidad de los buscadores (especialmente de Google) para referenciar e indexar toda esta información y mostrárnosla por orden de relevancia.

De este modo y en muchos casos, al buscar el nombre de una persona en Google lejos de aparecer los datos de su curriculum vitae y de sus logros, nos aparecen críticas, insultos e informaciones dudosas sobre la misma. Esto daña enormemente su reputación tanto a nivel privado como profesional.

Ante esto, la legislación nos protege tanto por vía civil, a través de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, como por vía penal, a través de los delitos de injurias y calumnias.

En concreto, el artículo 7 de la citada Ley Orgánica dispone lo siguiente:

“Tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas (…)

Tres. La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo. (…)

Siete. La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.”

Por su parte y ya en el ámbito de Internet, el artículo 8.1 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE) afirma que:

“En caso de que un determinado servicio de la sociedad de la información atente o pueda atentar contra los principios que se expresan a continuación, los órganos competentes (…) podrán adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa su prestación o para retirar los datos que los vulneran. Los principios a que alude este apartado son los siguientes: (…)

c. El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, (…)”

Gracias a la antedicha normativa, es posible dirigirse tanto contra el que vertió dichos comentarios e informaciones difamatorias como ante el titular de la página Web o foro que alberga los mismos. Con la ventaja de que, como efecto inmediato, podemos solicitar a este último la retirada de dichos contenidos de Internet.

Por su parte, y a pesar del “aparente anonimato” que protege al autor de estos ataques en foros y demás, lo cierto es que todos dejamos un rastro en la Red (el número IP) que puede ser rastreado en la persecución de delitos de este tipo. Y de hecho, funciona (en el despacho ya tenemos varios casos de este tipo en vía judicial con imputados identificados exclusivamente a partir de la IP de su ordenador).

Sin embargo, debemos de aclarar que el derecho al honor no es absoluto y debe respetar igualmente otros derechos fundamentales como lo es la libertad de la información que protege a los medios de comunicación.

En estos casos, siempre que la información sea “veraz” y no afecte a la intimidad del individuo, los citados medios (prensa, radio o televisión) están amparados por la legislación vigente para publicar una noticia referida al mismo, aunque la misma pueda afectar a su reputación. Los únicos límites a estos efectos son la veracidad de la información transmitida y su pertenencia al ámbito público (objeto “noticiable”).

Con referencia a ello y en el ámbito de Internet, el citado artículo 8.1 LSSI dispone lo siguiente en sus últimos dos párrafos:

“En la adopción y cumplimiento de las medidas de restricción (…) se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos (…) para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información, cuando estos pudieran resultar afectados.

En todos los casos en los que la Constitución y las Leyes reguladoras de los respectivos derechos y libertades así lo prevean de forma excluyente, sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo, en tanto garante del derecho a la libertad de expresión, del derecho de producción y creación literaria, artística, científica y técnica, la libertad de cátedra y el derecho de información.”

Por tanto, en base a ello, sólo un juez podría ordenar la retirada de un contenido referido a un medio de comunicación en la Red.

Pornografía infantil NO

Escrito por Víctor Salgado
20 de Noviembre de 2009 a las 8:03h

Es triste que una de las noticias más recurrente en el ámbito de los delitos cometidos a través de Internet siga siendo la aberración que supone la pornografía infantil.

pornograf_a_infantil_no

Desde aquí, nos queremos sumar a la campaña impulsada por nuestro compañero de La Huella Digital que ya lleva más de 165.000 enlaces de apoyo.

Este es el magnífico video de la campaña:

Imagen de previsualización de YouTube

A continuación, reproducimos el principal artículo aplicable de nuestro Código Penal a este despreciable delito de la pornografía infantil a través de Internet:

“Artículo 189.

1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años:

El que utilizare a menores de edad o a incapaces con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades.

El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de edad o incapaces, o lo poseyere para estos fines, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido.

2. El que para su propio uso posea material pornográfico en cuya elaboración se hubieran utilizado menores de edad o incapaces, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión o con multa de seis meses a dos años.

3. Serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que realicen los actos previstos en el apartado 1 de este artículo cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

    • Cuando se utilicen a niños menores de 13 años.
    • Cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio.
    • Cuando los hechos revistan especial gravedad atendiendo al valor económico del material pornográfico.
    • Cuando el material pornográfico represente a niños o a incapaces que son víctimas de violencia física o sexual.
    • Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades.
    • Cuando el responsable sea ascendiente, tutor, curador, guardador, maestro o cualquier otra persona encargada, de hecho o de derecho, del menor o incapaz.

4. El que haga participar a un menor o incapaz en un comportamiento de naturaleza sexual que perjudique la evolución o desarrollo de la personalidad de éste, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año.

5. El que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento a un menor de edad o incapaz y que, con conocimiento de su estado de prostitución o corrupción, no haga lo posible para impedir su continuación en tal estado, o no acuda a la autoridad competente para el mismo fin si carece de medios para la custodia del menor o incapaz, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses.

6. El ministerio fiscal promoverá las acciones pertinentes con objeto de privar de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, en su caso, a la persona que incurra en alguna de las conductas descritas en el apartado anterior.

7. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis meses a dos años el que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere o facilitare por cualquier medio material pornográfico en el que no habiendo sido utilizados directamente menores o incapaces, se emplee su voz o imagen alterada o modificada.

8. En los casos previstos en los apartados anteriores, se podrán imponer las medidas previstas en el artículo 129 de este Código cuando el culpable perteneciere a una sociedad, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades.”

¿Es posible acabar con el papel?

Escrito por Víctor Salgado
18 de Noviembre de 2009 a las 8:08h

En el despacho hemos observado un fenómeno curioso: Desde la aprobación del nuevo Reglamento LOPD mediante Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, el cual amplía la protección y medidas de seguridad sobre datos personales al ámbito del papel, el número de consultas sobre firma electrónica y validez jurídica de los documentos digitales se ha incrementado notablemente. El motivo es que muchas empresas están impulsando sus proyectos de digitalización documental con el objetivo de eliminar el papel de sus organizaciones. Algunas, incluso, se han marcado el loable objetivo de “papel cero”.

De este modo, surge la pregunta: ¿es posible acabar con el papel? ¿Podemos sobrevivir en un mundo donde la celulosa pase a la historia en nuestra burocracia diaria?.

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Aquí tenemos que entonar un poco el “mea culpa” ya que el mundo jurídico en general y los abogados en particular somos adictos al papel, a la tinta, a los sellos y matasellos, y cuantos más mejor. Nos sentimos seguros con lo que podemos tocar, oler y verificar con una buena pericial caligráfica. Esto ha sido la tradición durante cientos de años y, como siempre, toda antigua tradición cuesta cambiarla y, especialmente, en nuestros hábitos.

Pero, lo cierto es que la legislación ha cambiado. Como ya tuvimos la ocasión de analizar, hoy en día ya se admite la plena validez jurídica de la firma electrónica a un mismo nivel que la firma manuscrita aunque, en realidad, es aquélla aún mucho más segura que ésta y para ello, os voy a comentar un ejemplo que suelo poner en la Universidad:

Si yo os pidiera que me firmaseis un autógrafo en un papel en blanco (por si un día sois famosos), sin duda muchos no tendríais reparos en hacerlo.

Ahora bien, si yo os dijera que en dichos papeles posteriormente imprimiré lo siguiente: “Yo, fulano de tal, por la presente declaro que le debo 5.000 euros a D. Víctor Salgado en concepto de préstamo personal el cual será devuelto a su solicitud” ¿Cómo probaríais que dicho documento es falso?

Lo cierto es que lo tendríais muy difícil puesto que la prueba más extendida para ello es la pericial caligráfica sobre vuestra firma, y dicha prueba diría que efectivamente la misma es vuestra.

Es decir, en papel no hay modo de saber qué estaba escrito en el momento de la firma (al menos de manera sencilla).

Sin embargo, esto no ocurre con la firma electrónica. De hecho, la misma se genera a partir del texto que estamos firmando. De este modo, si alguien cambiara o añadiera una sola coma al documento electrónico firmado, dicha firma sería inválida: una prueba sencilla nos diría que sí es nuestra firma pero que no es el texto que firmamos originalmente.

Esto es lo que llamamos “integridad” de la firma electrónica y en Derecho es como descubrir la piedra filosofal que acabará con todas las falsedades documentales y aumentará, por tanto, la seguridad jurídica de los documentos electrónicos por encima de sus homólogos en papel.

“Eso está muy bien pero ¿Qué documentos puedo firmar digitalmente?”

Hoy en día, gracias a nuestra avanzada legislación, prácticamente todos:

1- Todo tipo de contratos, incluso los que se exijan en “forma escrita”, a excepción de los de familia, sucesiones y escrituras públicas. (como vimos en su día, gracias al artículo 23 de la LSSICE).

2- Las facturas, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información (LMISI) y normativa concordante.

3- Declaraciones y documentos para las Administraciones Públicas, posible desde hace años en el ámbito fiscal o laboral pero con un impulso importante a partir de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP).

4- Y, en definitiva, todos aquellos otros documentos respecto de los cuales no se hayan regulado requisitos formales para su validez.

“¿Y qué hacemos con el papel que todavía no podemos eliminar legalmente?”

Obviamente, hay que conservarlo con los plazos y medidas de protección legalmente aplicables. Sin embargo, ¿cuántas veces tengo que mostrar un documento original en papel? Seamos realistas: muy pocas. Usualmente, es suficiente con aportar una mera copia del mismo (incluso, en muchos casos, frente a las propias Administraciones Públicas).

A este respecto, es perfectamente posible escanear o digitalizar toda esta documentación y almacenar sus originales en un lugar seguro (léase caja fuerte, bunker, etc.) que sólo será accesible en contadas ocasiones mientras utilizamos las copias digitales a los efectos ordinarios.

Por tanto, si bien aún no es posible jurídicamente su eliminación total, sí se puede alcanzar una drástica reducción e inmovilización del papel.

Sin duda, nuestros bosques lo agradecerán.

El “Gran Hermano” me vigila

Escrito por Víctor Salgado
11 de Noviembre de 2009 a las 8:46h

La cámaras nos rodean. Aunque no seamos famosos, todos los días somos vigilados por decenas de videocámaras de seguridad: por la calle, en el parking, haciendo compras, etc.

La verdad es que ya nos hemos acostumbrado pero, los últimos años, su número ha crecido exponencialmente.

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¿Quién nos vigila y para qué?

En la magistral novela de George Orwell, “1984”, era el propio gobierno (el “Gran Hermano”) el que vigilaba sin cesar a sus ciudadanos a través de unas pantallas ubicadas incluso dentro de los domicilios.

A diferencia de la novela, lo cierto es que, hoy en día, tenemos muchos “grandes hermanos”: el supermercado, el banco, la farmacia, la tienda de ropa, el ayuntamiento, el Centro Comercial, la oficina, etc. Todos ellos, instalan y mantienen cámaras de vigilancia en sus locales.

La finalidad de estas cámaras puede ser variada:

1- Por seguridad: para vigilar y disuadir ante la posible comisión de delitos en los comercios.

2- Como medio de obtención de pruebas en un proceso de investigación criminal.

3- Para la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones laborales, como es el caso de las cámaras ubicadas en los puestos de trabajo.

4- Como apoyo a la información meteorológica o de control del tráfico, como las que muestran en los informativos de televisión.

5- O, incluso, para la promoción turística o comercial, como son las llamadas “Webcams” que retransmiten imágenes en tiempo real a través de Internet a todo el mundo.

Vale, me vigilan, y ¿qué derechos tengo yo frente a ello?

Los principales derechos que nos protegen a los ciudadanos frente a esta vigilancia son tres: el derecho a la intimidad, el derecho a la propia imagen y el derecho a la privacidad.

El derecho a la intimidad impide que, a diferencia de la obra de Orwell, nos puedan vigilar en nuestro propio domicilio o en nuestras comunicaciones privadas.

Por su parte, el derecho a la propia imagen garantiza el anonimato a todas las personas que no autoricen que su imagen física se haga pública a través de un medio de comunicación.

En los supuestos comentados de Webcams o de información meteorológica o de tráfico, dado que son imágenes que se hacen públicas, la normativa exige que no se pueden mostrar personas que resulten “identificables”. Es decir, las cámaras deberán estar ubicadas de modo que no enfoquen a personas a corta o media distancia, como es frecuente en Webcams americanas como la conocida de Times Square de Nueva York.

Finalmente, el derecho a la privacidad, obliga a las entidades que realizan las labores de vigilancia a someterse a una serie de requisitos y a adoptar una serie de medidas en el ámbito de la protección de datos de carácter personal.

En este ámbito, es plenamente de aplicación la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de los datos de carácter personal (LOPD) y, en especial, la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.

Entre los requisitos y obligaciones que recoge esta normativa, destacamos los siguientes:

1º- Deber de Información: todas las áreas con cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas, deben estas adecuadamente señalizadas mediante un cartel visible de “Zona Videovigilada” y, en todo caso, también se pondrá a disposición del público información ampliada acerca del responsable, finalidad, uso de las imágenes captadas y derechos del interesado sobre las mismas.

2º- Se prohíbe la captación de imágenes de la calle o zonas públicas, salvo supuestos especiales.

3º- En el caso de grabación de las imágenes, sólo se podrán conservar el tiempo imprescindible con un máximo de un mes en el caso de vigilancia de seguridad.

4º- En su caso, se comunicará la existencia de la videovigilancia a la propia Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) además de a las autoridades gubernativas competentes.

El incumplimiento de estas obligaciones, puede dar lugar a fuertes sanciones económicas para la entidad responsable.

En cualquier caso, está en nuestra mano ejercer nuestros derechos y, si no son respetados, denunciar al responsable ante la AEPD para protegerlos.

La Propia AEPD ha editado una Guía divulgativa en materia de Videovigilancia cuya lectura recomendamos.

¿El jefe puede leer mi correo?

Escrito por Víctor Salgado
4 de Noviembre de 2009 a las 9:12h

Es cierto. Cada vez trabajamos más y más horas. Nuestra oficina nos parece ya como una segunda casa y no lo podemos evitar: en ocasiones enviamos o recibimos mensajes de correo electrónico que poco o nada tienen que ver con nuestro trabajo y, por supuesto, lo hacemos a través del ordenador y la dirección de email que la empresa ha puesto a nuestra disposición.

sewermail2Inevitablemente, surge la pregunta: ¿Puede mi jefe leer mi correo y comprobar si lo uso únicamente para mi puesto laboral?

En los últimos años se han dado varios casos de los que se han hecho eco los medios de comunicación. Unos de los más conocidos fue el llamado “caso Deutsche Bank” en el que un trabajador fue despedido por hacer un uso incorrecto de su email al enviar y recibir una ingente cantidad de chistes y otros mensajes personales por dicho medio. ¿Y cómo supo la empresa que lo hacía? Muy sencillo: accedieron a su email e, incluso, aportaron algunos impresos en juicio. Lo más sorprendente de esto es que el Tribunal Superior de Cataluña, en una sonada Sentencia, declaró dicho despido como procedente.

Posteriormente ha habido otras sentencias que estimaban todo lo contrario y obligaban a la empresa a readmitir al trabajador por haber vulnerado su intimidad y el secreto de sus comunicaciones.

En fin, como podéis comprobar, un lío importante. ¿Con qué nos quedamos?

Pues, recientemente, el Tribunal Supremo se pronunció en una sentencia de “unificación de doctrina” intentando ir por la “vía de en medio”: reconociendo el derecho a la intimidad del trabajador pero supeditándolo, en cierto modo, a las instrucciones y controles impuestos por la empresa. En definitiva: que la empresa debe informar expresamente al trabajador de sus obligaciones en el uso del correo electrónico profesional y del eventual acceso a su contenido. Siempre que se dé dicha información, la empresa podrá acceder sin más al email.

Sin embargo, esto no cierra ni mucho menos la cuestión: Conviene aclarar que todas estas sentencias se refieren a la vía social o laboral. Es decir, la que dice simplemente si el trabajador es o no correctamente despedido o la indemnización que debe percibir. Las consecuencias más graves, sin embargo, derivan de la vía penal.

Así, en el famoso caso Deutsche Bank el trabajador “correctamente” despedido según la vía social, denunció a sus antiguos jefes por vía penal con base en el artículo 197.1 del Código Penal dispone que:

“El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones (…) será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.”

Lo cierto es que el artículo 18 de nuestra Constitución reconoce, entre otros, nuestro derecho a la intimidad personal y familiar. Ello significa que nadie puede, por ejemplo, entrar en nuestro domicilio o intervenir nuestras comunicaciones sin nuestro consentimiento o una oportuna Orden Judicial. Esto es algo que vemos bastante en el cine.

Éste es un “derecho fundamental”, como lo es el derecho a la vida o el derecho a la libertad de movimiento y, como tal, sólo puede ser restringido judicialmente en casos muy concretos (o en ningún caso, como es el derecho a la vida, dado que la pena de muerte ha sido ya abolida, afortunadamente, en nuestro país).

Estos derechos, por tanto, no pueden ser limitados por la propia voluntad de la empresa. Lo contrario supondría que, por ejemplo, dado que tenemos que cumplir nuestra jornada de trabajo en nuestro puesto, la empresa nos pueda poner unos grilletes enganchados a la mesa durante la misma.

Por otro lado, el hecho de que tanto el ordenador como el email sean propiedad de la empresa es irrelevante, de igual modo que lo es el que los buzones de nuestro portal sean de la Comunidad de Propietarios: ello no autoriza al Presidente o al vecino del cuarto a acceder y leer nuestra correspondencia.

Por tanto, si una empresa quiere leer los mensajes de correo electrónico de sus trabajadores lo que debe hacer jurídicamente es pedir previamente su autorización (lo cual, recomendamos, conste por escrito).

En otro caso, los directivos se arriesgarán a una eventual acusación por un delito contra la intimidad que, como hemos visto, contempla una pena de hasta cuatro años de prisión.

Firma Electrónica: tu identidad digital en la Red

Escrito por Víctor Salgado
28 de Octubre de 2009 a las 9:12h

Hoy en día, Internet nos permite realizar todo tipo de actividades que antes estaban confinadas al mundo físico: podemos realizar compras, acceder a nuestras cuentas bancarias, presentar la declaración de la renta, y un largo etcétera.

internetEsto, sin duda, es muy cómodo y tiene innumerables ventajas: nos evita colas y desplazamientos en nuestras cada vez más colapsadas ciudades, nuestras “gestiones” se realizan mucho más rápido (Hacienda nos devuelve antes), encontramos más a menudo lo que buscamos y, además, ¡ahorramos dinero!.

“Sí, todo eso está muy bien, pero ¿es seguro?

Ésta es “la gran pregunta del internauta” que ya hemos intentado contestar en otras ocasiones y que tiene todo el sentido del mundo por lo que vamos a comentar.

Pongamos un ejemplo: Me quiero comprar un libro. Tengo dos opciones, o me voy a la librería o lo compro por Internet, pero tengo algo claro: quiero pagarlo con tarjeta.

En el caso de que me vaya a la librería, a la hora de pagar y dar mi tarjeta ¿qué me pide el dependiente? Exacto: mi DNI para comprobar que mi nombre (y foto) coincide conmigo y con el titular de la tarjeta. Después de eso, el dependiente pasa mi tarjeta por el lector y, si es aceptada, ¿qué más me pide? Eso es: que firme el recibo aceptando y validando el cargo en la misma (el cual guarda celosamente).

Si compro por Internet ese mismo libro, en el momento de pagarlo y dar mis datos y los de mi tarjeta ¿cual es la diferencia fundamental con el caso anterior? Exacto: nadie nos pide nuestro DNI para verificar nuestra identidad. Simplemente pulsamos “Aceptar” y a esperar la confirmación. Por si esto fuera poco, al recibir dicha confirmación, nadie nos pide que firmemos un recibo de conformidad ni nada similar. Simplemente, ya hemos realizado la compra.

“Pero”, me diréis, “¿Cómo saben que soy yo el que está realizando la compra en Internet y no otro haciéndose pasar por mi?”

Ésa es la cuestión (y por favor, no os alarméis por ello): ¡no lo saben!, simplemente lo “presumen”. De hecho, si no fuera por el derecho de devolución legal que ya comentamos en su día, el consumidor estaría muy desprotegido en la Red.

Sin embargo y debido a ello, esta desprotección ahora la sufren las empresas que operan en Internet, las cuales no pueden demostrar que es el titular el que ha realizado efectivamente el pago y no otro (lo cual es relativamente sencillo en el mundo físico mediante la firma estampada en el recibo).

“Pero, ¿Cuál es la solución a este problema, si la tiene?”

Muy sencillo: el uso de la firma electrónica.

Desde 1999, nuestro país fue uno de los pioneros en reconocer la validez jurídica de la firma electrónica. Hoy en día ya se recoge en la práctica totalidad de países desarrollados y, en España, se regula ahora por la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Si os pidiera que me dijerais cuántos de vosotros tenéis firma electrónica, seguramente me responderíais muy pocos. Hace poco, hice este experimento con mis alumnos de la universidad y menos de un 5% levantaron la mano.

Sin embargo, si os pregunto cuántos de vosotros ha renovado recientemente su DNI, sin duda me contestaréis muchos más. Cuando hice esta misma pregunta en la universidad, levantaron la mano un 30% de los asistentes.

Pues, os digo los mismo que les dije a mis alumnos: los segundos deberíais haber levantado la mano al principio. Lo sepáis o no, vuestro reciente DNI (ese que tiene un pequeño chip como la tarjeta del Bus) incorpora ya vuestra firma electrónica en el mismo. Por tanto, ya la tenéis.

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“Muy bien, pero ¿cómo y dónde la uso?

Para usarla, necesitáis un lector especial del chip que lleva el propio DNI. Los ordenadores deberían traerlos de serie en breve pero, mientras tanto, se pueden comprar en tiendas especializadas por un precio asequible. Por su lado, el Gobierno ha anunciado un Plan para ofrecerlos gratuitamente en un intento de dar impulso al uso del DNI electrónico.

Una vez lo tengamos, descubriremos que cada vez son más los servicios de Internet donde podemos utilizar nuestra firma electrónica: principalmente en el ámbito de las administraciones públicas (Hacienda, Seguridad Social, Ayuntamientos, etc.) pero también comienza a introducirse (aunque aún tímidamente) en el ámbito privado donde podemos ver ya algunos Bancos y Cajas de ahorro que lo utilizan como forma alternativa a sus tradicionales contraseñas de acceso.

Por su parte, el artículo 23 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), serán válidos todos los contratos que realicemos a través de la Red, incluso los que la Ley exige “por escrito”:

“1. Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico,(…).

3. Siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier información relacionada con el mismo conste por escrito, este requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la información se contiene en un soporte electrónico.”

Legalmente, sólo se exceptúan de lo anterior:

1- Los contratos relativos al Derecho de familia y sucesiones.

2- Los documentos y escrituras públicas.

Finalmente decir que el DNI Digital no es la única firma electrónica reconocida en nuestro país (hay muchas otras válidas emitidas por empresas y entidades para su uso en distintos ámbitos y que no necesitan lectores especiales) pero, sin duda, será la que más difusión tenga en la población.

Lo único que hace falta es que los verdaderos desprotegidos en la Red, es decir, las empresas que venden sus productos y servicios a través de Internet, poco a poco vayan introduciendo el reconocimiento de la firma electrónica, aunque sea opcionalmente al inicio, para asegurar sus transacciones electrónicas.

Los verdaderos “piratas” en Internet

Escrito por Víctor Salgado
21 de Octubre de 2009 a las 8:08h

Hablar de piratas en Internet no deja de ser irónico, habida cuenta de que, desgraciadamente, siguen existiendo los “de toda la vida” haciendo de las suyas por “los siete mares”.

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En cualquier caso, es un término tan extendido que nos referiremos a él para englobar a aquéllos usuarios de la Red que no sólo incumplen la Ley al acceder, copiar y compartir obras ajenas sin autorización, sino que cometen un delito contra la propiedad intelectual al hacerlo.

Terminábamos nuestro artículo anterior, refiriéndonos a los requisitos para copiar legalmente obras para uso privado sin el permiso de su autor. El último de dichos requisitos era el siguiente:

4- Que la copia se haga a partir de una obra a la que se haya “accedido legalmente”.

Este punto es bastante ambiguo y constituye el principal cambio que introdujo la Ley 23/2006, de 7 de julio, a esta regulación clásica de la copia privada (antes no existía dicho requisito). Debido a su novedad y ambigüedad, todavía debe interpretarse y definirse suficientemente, especialmente en el ámbito de Internet. ¿Es legal el acceso a una obra puesta a disposición como descarga o enlace directo en una página Web?

Pues dependerá de los derechos adquiridos por el titular de dicha página Web para poner o no a disposición del público dicha obra. Recordad que el derecho de copia que comentábamos en su día es sólo para uso privado, no uso colectivo o lucrativo.

Sólo en este último supuesto (ánimo de lucro), estaríamos ya ante la posible comisión, por parte del titular de la Web, de un eventual Delito contra la Propiedad Intelectual (popularmente conocido como “piratería informática”) dado que el artículo 270.1 del Código Penal dispone que:

“Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra (…) sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.”

Por tanto, es necesario el “ánimo de lucro” para que se catalogue cualquiera de estas acciones como delito. Un caso sería, por ejemplo, una Web que se nutriera de la publicidad aunque no cobrara, per sé, por el acceso a sus contenidos.

Éste, sin embargo, no es el caso de la mayor parte de usuarios de Internet al intercambiar archivos y enlaces sólo con finalidad lúdica, sin buscar un beneficio económico. Así, en las Redes P2P como Emule o BitTorrent efectivamente se vulnera la Ley al compartir obras sin autorización pero en ningún caso se está cometiendo un delito de piratería informática.

“¿Pero entonces, por qué nos sentimos piratas?” Pues muy sencillo, porque hemos sido objeto de un verdadero bombardeo de anuncios, advertencias “legales”, leyendas en el cine, etc. donde prácticamente se criminaliza la conducta de descargar o copiar contenidos digitales.

Este hecho y las recientes iniciativas gubernamentales contra el P2P son, en mi opinión, el “canto del cisne” de un modelo de negocio que está en vías de transformación radical con el fenómeno de Internet. La industria tradicional (productoras, discográficas, editoriales, etc.) está sufriendo una verdadera revolución y debe orientar sus esfuerzos en adaptarse a la nueva realidad más que intentar luchar contra ella.

Hay varios y destacados ejemplos de adaptación como el caso del éxito de iTunes, con música y vídeo para el iPod, o de Amazon, con libros electrónicos para el lector Kindle.

Sin duda, el fenómeno de “convulsión” actual es pasajero. En 10 años el mercado de contenidos cambiará radicalmente: esperemos que la Ley esté a la altura y sepa adaptarse también a ello.

¿Cómo creéis que será ese futuro? Si lo deseáis, dejad vuestros comentarios al respecto y quedamos en 10 años para releerlos.

Descargar o no descargar, ésa es la cuestión

Escrito por Víctor Salgado
13 de Octubre de 2009 a las 8:10h

¿Quién no se ha sentido un “pirata” al descargar alguna película o alguna canción de Internet? Arrancamos ese programa (léase Emule, Azureus, Bittorrent, etc.) o accedemos a esa página web con películas de estreno o series de televisión que nos recomendó un amigo e inmediatamente nos envuelve una sensación de clandestinidad al descargar dichos contenidos en nuestro ordenador.

Autor: Stephan Baum

Autor: Stephan Baum - Licencia GNU-CC

Parémonos aquí un momento y recapacitemos: Esto es un fenómeno muy reciente. Si lo pensamos, no nos sentíamos así cuando, hace no tantos años, grabábamos la película del viernes por la noche en nuestro viejo VHS o una canción de la radio en nuestros denostados casettes. ¿No estábamos, en cierto modo, haciendo lo mismo?

Vamos a verlo.

La razón por la que nos sentíamos seguros a la hora de grabar la película de televisión en nuestro VHS es porque nadie nos decía que estuviera mal porque dicha práctica no era ilegal ni mucho menos delictiva. De hecho, venía reconocida y amparada por nuestra propia Ley de Propiedad Intelectual como el “derecho de copia privada”. ¿En que consiste dicho derecho? Pues, en pocas palabras, que cualquier persona podía hacer una copia para uso privado (es decir, no comercial ni colectivo) de cualquier obra audiovisual ya distribuida en el mercado. ¡Y ello sin permiso del autor!

“¡Pero cómo!” – me diréis – “¿Copia legal y gratis? ¿No es pirateo?

Pues sí, totalmente legal aunque no exactamente gratis

De hecho, la Ley reconoce que se debe indemnizar al autor por todas estas copias privadas que se puedan hacer de sus obras. ¿Y cómo? Pues a través de un pequeño “sobreprecio” en los soportes de grabación y en los propios aparatos de grabación (léase los viejos VHS o casettes). ¿Os suena? ¡Pues claro! Es el famoso “canon” que reciben las Gestoras de Derechos (SGAE, AGEDI, etc.).

El mismo se recogía ya en el artículo 25.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) rezando lo siguiente:

“La reproducción realizada exclusivamente para uso privado (…) originará una compensación equitativa y única (…) dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaran de percibir por razón de la expresada reproducción. Este derecho será irrenunciable para los autores y los artistas, intérpretes o ejecutantes.”

Como véis, no es un invento de ahora sino que ya estaba reconocido en nuestra legislación hace muchos años. Lo supiéramos o no, cada vez que comprábamos una Cinta virgen VHS o de casette de audio, estábamos pagando unos céntimos (o pesetas) de “canon”. Dicho sobreprecio se paga a las Asociaciones de Autores y Gestoras de Derechos para que lo “distribuyan proporcionalmente” entre los autores y demás titulares de derechos de propiedad intelectual sobre las obras eventualmente reproducidas en el ámbito privado.

Es decir, el “canon” no supone una compensación por la “piratería” de las obras sino por la acción completamente legal de copia privada de las mismas.

¿Y qué ocurre hoy en día? Pues exactamente lo mismo sólo que dicho “canon” se ha extendido también a los nuevos soportes actuales: CDs, DVDs, Grabadores digitales, Reproductores de MP3, etc. y se ha rebautizado como el “canon digital”.

“¿Y eso quiere decir que…?” Sí, eso es, quiere decir que el derecho de copia privada sigue en vigor en nuestra legislación y se aplica igualmente a las nuevas tecnologías.

En concreto, el artículo 31.2 LPI, redactado por la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, dispone lo siguiente:

“No necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25 (…). Quedan excluidas de lo dispuesto en este apartado las bases de datos electrónicas y (…) los programas de ordenador.”

“¿Pero entonces, puedo descargar películas y música de Internet líbre y legalmente?” La respuesta es sí, siempre que cumplas los siguientes requisitos:

1- Que la obra ya haya sido divulgada (nada de películas no estrenadas o no comercializadas aún).

2- Que sólo se “copie” la obra (nada de compartirla, redistribuirla o hacer copias para otras personas).

3- Que sólo sea para “uso privado” (no lucrativo ni colectivo, más allá de nuestro ámbito familiar) y

4- Que la copia se haga a partir de una obra a la que se haya “accedido legalmente” (en Internet, a través de una web o servicio online “legítimo”).

Ya sé que esto último puede resultar complejo en la Red. Por ello, en un próximo artículo veremos cómo reconocer a los verdaderos “piratas” en Internet.

¿Cómo borro mis datos de Internet?

Escrito por Víctor Salgado
30 de Septiembre de 2009 a las 8:07h

Sin duda, una de las experiencias más impactantes es buscar nuestro nombre en Google. Todavía se hace más intensa si entrecomillamos nuestro nombre completo en el campo de búsqueda. Los resultados son sorprendentes y, en ocasiones y por qué no decirlo, espeluznantes. Realmente, la Red tiene mucha más información sobre nosotros de la que siquiera somos conscientes: un expediente académico, una publicación ya olvidada, nuestra ficha de antiguos alumnos, nuestro perfil en redes sociales, esa multa que no fuimos nunca a recoger a correos, y un largo etcétera.

privacy_cautionMucha de esta información (por no decir la mayoría) la hemos suministrado nosotros mismos: aquel formulario de alta en el servicio de correo gratuito o en el foro de mi cantante favorito, mi perfil de Facebook o MySpace, mi cuenta de Flickr, mi usuario con videos favoritos de Youtube, nuestro perfil profesional para búsqueda de empleo o contactos, etc. A ello se suma que no siempre el titular de la Web nos ha informado adecuadamente ni ha obtenido válidamente nuestra autorización para publicar nuestros datos en la Red.

Ante esto, vaya por delante nuestra recomendación general de limitar al máximo los datos que damos por Internet. Recientemente, se están desarrollando métodos y herramientas de software que permiten incluso la autodestrucción de dicha información pasado un tiempo desde su publicación en la Red.

Igualmente, recomendamos leer siempre la información “legal” que se debe acompañar a los formularios que cubrimos (si no es así, malo) y desmarcar o marcar las casillas donde nos piden autorización para ceder o comunicar datos a otras entidades o publicarlos en la Red. En nuestro pasado artículo “Mi hijo sale en la Red”, ya tuvimos la ocasión de comentar los requisitos que debe cumplir dicha información y recabo de consentimiento en el caso de los menores de edad.

De acuerdo, todo eso está muy bien” – me diréis – “Pero, ¿qué pasa con los datos que ya están en la Red? ¿Qué hay de la información que otros han incluido sobre mi? ¿Y ese vídeo que alguien ha colgado donde aparece mi hijo siendo acosado en el colegio? ¿Y ese foro donde se me insulta?…”

Ante esto, y como ya apuntábamos en dicho artículo, la Ley pone en nuestras manos unas armas muy poderosas para defendernos: los llamados derechos del interesado“. Dichos derechos están reconocidos por los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y son principalmente los siguientes: el derecho de acceso, el derecho de rectificación y el derecho de cancelación u oposición.

Todos estos derechos pueden ser ejercidos en cualquier momento y gratuitamente por el propio titular de los datos o su representante legal frente a cualquier entidad que posea o trate dichos datos, estando obligado el responsable del tratamiento a actuar en consecuencia en el plazo taxativo de entre 10 días y un mes desde la solicitud, so pena de incurrir en importantes sanciones económicas. En concreto:

1- El derecho de acceso nos sirve para que nos informen de todos los datos que tienen sobre nosotros, así como del origen de dichos datos (de dónde los han obtenido) y a quién se los han comunicado;

2- El derecho de rectificación, nos faculta para instar la corrección de cualquier dato erróneo o incompleto sobre nosotros o nuestros representados y

3- El derecho de cancelación u oposición, supone que podemos obligar a la completa retirada o bloqueo de nuestros datos de un fichero concreto o de la Red, salvo excepción legal aplicable.

Estos derechos pueden ser ejercidos ante el propio titular o responsable de la Web a través de los medios y datos de contacto indicados por él mismo en su clausulado informativo, según viene obligado por la Ley (en ocasiones, incluso, se puede realizar simplemente por teléfono o email) y, en todo caso, sin coste alguno para el solicitante.

Para garantizar y orientar en el correcto ejercicio de estos derechos, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha confeccionado una serie de modelos y formularios para utilizar como guía en las solicitudes de estos y otros derechos del interesado. Con base a los mismos, hemos confecionado el siguiente modelo para ejercer nuestro derecho de cancelación con el fin de borrar nuestros datos publicados en un sitio Web de Internet:

“D./ Dña. ……………………………………………………………………………………………., mayor de edad, con domicilio en la C/Plaza …………………………………………………………………………….. nº…….., Localidad ……………………………………. Provincia …………………………………… C.P . …………… Comunidad Autónoma …………………………………….. con D.N.I…………………….., del que acompaña copia, por medio del presente escrito ejerce el derecho de cancelación de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en los artículos 31 y 32 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la misma y en consecuencia,

SOLICITA,

Que se proceda a acordar la cancelación de los datos personales publicados sobre mi persona en la siguiente dirección de Internet: ___________________________ en forma de texto/imágenes y/o vídeo, que se realice en el plazo de diez días a contar desde la recogida de esta solicitud, y que se me notifique de forma escrita el resultado de la cancelación practicada.

Que en caso de que se acuerde dentro del plazo de diez días hábiles que no procede acceder a practicar total o parcialmente las cancelaciones propuestas, se me comunique motivadamente a fin de, en su caso, solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos, al amparo del artículo 18 de la citada Ley Orgánica 15/1999.

Que si los datos cancelados hubieran sido comunicados previamente se notifique al responsable del fichero la cancelación practicada con el fin de que también éste proceda a hacer las correcciones oportunas para que se respete el deber de calidad de los datos a que se refiere el artículo 4 de la mencionada Ley Orgánica 15/1999.

En ……………………….a………de………………………de 20……


Firmado: …………………..”

Con el correcto y asiduo ejercicio de estos derechos podremos controlar y limitar mucha de la información que, sobre nosotros, se publica a diario en la Red. Está en nuestras manos proteger nuestra información y la de nuestros hijos.

Actualización:

Enlace de interés:

Servicio de Reputación Online de Pintos & Salgado Abogados: http://pintos-salgado.com/servicio-reputacion-online/

 

Mi hijo “sale” en la Red

Escrito por Víctor Salgado
23 de Septiembre de 2009 a las 8:03h

Seamos realistas: el botellón ha llegado a Internet. Cada vez más, nuestros hijos se relacionan a través de las nuevas tecnologías. Lo sepamos o no, lo cierto es que páginas Web como Facebook o Twitter son los nuevos lugares de moda y punto de encuentro para niños y jóvenes de todas las edades.

En estos nuevos sitios Web que aglutinan las llamadas “redes sociales” de la Red se suministra e intercambia todo tipo de información y contenidos personales: datos de contacto, fotografías, aficiones, vídeos, etc. Con el consiguiente riesgo para la privacidad y para la propia seguridad del menor e, incluso, de su familia.

Autor: Nevit Dilmen con Licencia GNU-Creative Commons

Autor: Nevit Dilmen con Licencia GNU-Creative Commons

Ante estos nuevos riesgos, de los que los adultos somos sólo vagamente conscientes dado que no se vivieron en nuestra generación, es necesario tomar medidas de control y defensa de los derechos de nuestros menores. Y ello con independencia de que la primera responsabilidad es de los padres, lo cuales debemos educar a nuestros hijos en el uso adecuado de las tecnologías que ponemos a su disposición.

Por su parte, la ley interviene regulando específicamente el tratamiento de datos de los menores de edad por parte de las entidades suministradoras de productos o servicios que vayan dirigidos a ellos o de los cuales puedan ser destinatarios.

Así, el artículo 13 del reciente Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (RLOPD), ha dispuesto una serie de requisitos de obligatorio cumplimiento para recabar y tratar válidamente los datos de nuestros menores:

1- Es necesario el Consentimiento informado del menor o de su tutor legal:

Antes de proceder a la recogida de datos del menor, y salvo excepción legal, la Ley exige que se recabe su consentimiento para ello. Dicho consentimiento directo sólo será válido si el menor es mayor de catorce años de edad. En caso contrario, será obligatoria la obtención de la previa autorización de sus padres o tutores legales.

2- La información previa debe ser clara y comprensible para el menor:

Respecto a la información que se debe facilitar a los menores para que sea válido dicho consentimiento, señala la legislación que la misma “deberá expresarse en un lenguaje que sea fácilmente comprensible por aquéllosy, además, ser completa respecto a la finalidad y destinatarios de los datos facilitados y a la entidad responsable de su custodia y protección. No será válido, por tanto, el típico “tratado” legal con clausulado incomprensible al que tanto estamos habituados los adultos (digo, habituados a firmarlo sin leerlo, desgraciadamente).

3- Se limitan los datos que se pueden obtener lícitamente del menor (no se le puede preguntar todo):

Respecto a esta cuestión, el artículo 13.2 del citado RLOPD que dispone que:

“En ningún caso podrán recabarse del menor datos que permitan obtener información sobre los demás miembros del grupo familiar, o sobre las características del mismo, como los datos relativos a la actividad profesional de los progenitores, información económica, datos sociológicos o cualesquiera otros, sin el consentimiento de los titulares de tales datos. (…)”

En definitiva, se prohíbe que se le pregunte al menor sobre datos relativos a otros miembros de la familia salvo que, por supuesto, se cuente igualmente con el consentimiento informado de los mismos individualmente.

4- Se debe verificar la edad del menor:

Finalmente, la legislación obliga a toda entidad que recabe o trate datos de menores “articular los procedimientos que garanticen que se ha comprobado de modo efectivo la edad del menor” así como, en su caso,la autenticidad del consentimiento prestado (…) por los padres, tutores o representantes legales.”

En definitiva, se trata de que la empresa o entidad establezca un sistema o procedimiento suficiente y fiable para comprobar y verificar la actual edad del menor y la autenticidad del consentimiento de sus progenitores, en su caso. Esto se hace especialmente complicado en el ámbito de Internet y su principal consecuencia es que el titular del servicio no debe fiarse únicamente de la información facilitada por el menor a través de un mero formulario sino que debe establecer algún mecanismo adicional para comprobar su veracidad.

Por otro lado, la Ley también concede una serie de “armas” muy importantes a los propios menores y a sus representantes legales para proteger sus datos en la Red. Dichas “armas” son los llamados “derechos del interesado” y son tremendamente poderosas si se utilizan adecuadamente.

Dichos derechos están reconocidos en la propia Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y son principalmente los siguientes: el derecho de acceso, el derecho de rectificación y el derecho de cancelación u oposición.

En nuestro próximo artículo veremos cómo ejercerlos adecuadamente para defender tanto nuestra privacidad como la de nuestros hijos en el ámbito de Internet.