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Entradas para la categoría ‘administración electrónica’

VI Jornada de Informática Judicial en Santiago

jueves, septiembre 22nd, 2016

Cuando tuvimos el honor de colaborar, allá por 2010, en la I Jornada de Informática Judicial, Evidencias Electrónicas y Cibercrimen celebrada por entonces en La Toja, gracias al Colegio Profesional de Ingeniería Técnica en Informática de Galicia (CPETIG), poco podíamos anticipar que se convertiría en una cita de referencia y que estemos ya en su sexta edición.

cartel

Es para mi un placer presentaros la VI Jornada que se centrará este año en “Privacidad, E-Justicia y Seguridad en Infraestructuras Críticas” y tendrá lugar en Santiago de Compostela el miércoles, 28 de septiembre de 2016. La misma contará, de nuevo, con ponentes del máximo nivel como Samuel Parra (Abogado TIC, autor del mejor blog en protección de datos de 2012, premiado por la AEPD); Francisco García Morán (Consejero jefe TIC de la Comisión Europea); Iñaki Vicuña (Director de CENDOJ y ex Director de la Agencia de Protección de Datos del País Vasco); David Barroso (Experto en Seguridad TIC, CEO de CounterCraft) y Eloy Velasco (Magistrado de la Audiencia Nacional).

El objetivo de estas jornadas, es informar y concienciar a los juristas de los avances en materia probatoria en los casos en que intervenga el factor informático en el proceso, así como de los importantes beneficios de la incorporación y uso de las nuevas tecnologías en el propio proceso judicial, así como sensibilizar sobre la ayuda que pueden prestar los peritos informáticos en las causas judiciales y las claves de valoración de la prueba informática.

El fin último no es otro que el de dotar de mayor seguridad jurídica a la nueva realidad tecnológica al tiempo que incrementar la efectividad y la eficiencia de nuestra administración judicial con el uso de las nuevas herramientas electrónicas y forenses avanzadas.

No podemos por más que agradecer nuevamente al CPETIG y a la Xunta de Galicia que hayan hecho posible, un año más, que este sueño se siga convirtiendo en una realidad así como su confianza en el que escribe estas líneas para seguir asumiendo la dirección técnica de este gran evento. Gracias también a los ponentes, colaboradores y, por supuesto a los asistentes que año tras año acuden fielmente y elevan el nivel de las intervenciones con su activa participación en el debate.

Podéis ver la información completa del programa e inscripciones en el siguiente enlace:
http://xornadaxudicial.cpetig.org/es/

Nos vemos allí 😉

 

Publicado originalmente en: http://pintos-salgado.com/2016/09/22/vi-jornada-de-informatica-judicial-en-santiago/

 

Seminarios CPETIG en LOPD y eAdministración Judicial

viernes, mayo 16th, 2014

Tenemos el honor de colaborar, gracias al Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Galicia (CPETIG) y a la Xunta de Galicia, en la celebración de sus Seminarios sobre “Protección de Datos, eAdministración y Expediente Electrónico en la Administración de Justicia”, dirigidos a Jueces, Fiscales, profesionales de la Justicia y expertos interesados.

Dichos seminarios, se celebrarán de forma paralela en Santiago de Compostela y en Vigo, los días 22 y 23 de mayo de 2014 (jueves y viernes, respectivamente), de 16:00 a 20:00.

Tenemos también la fortuna de contar en el mismo con Prof. Dr. Francisco Javier Sanz Larruga, consumado experto en administración electrónica y Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña) y Dr. Antonio Gudín Rodríguez-Magariños, Secretario del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, y con amplia experiencia en el primer modelo de éxito de implantación del expediente judicial electrónico en España.

El objetivo de estos seminarios, es informar sobre los aspectos más relevantes de la normativa de protección de datos y de la administración electrónica judicial, así como de los importantes beneficios de la incorporación y uso de las nuevas tecnologías en el proceso judicial. En particular, se abordará tanto la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) como la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia (LUTICAJ).

Muchas gracias, tanto al CPETIG como a la AMTEGA de la Xunta de Galicia, por confiar de nuevo en nosotros!

A continuación, indicamos el enlace con toda la información, inscripciones y programa:

http://cpetig.org/gl/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage_cpetig.tpl&product_id=27&category_id=3&vmcchk=1

 

Publicado Originalmente en: http://pintos-salgado.com/2014/05/16/seminarios-cpetig-en-lopd-y-eadministracion-judicial/

Hacia la Justicia Electrónica

jueves, septiembre 22nd, 2011

Estos últimos meses han sido muy intensos, plagados de retos y oportunidades para dar a conocer e impulsar esta rara especialidad nuestra que es el Derecho de las Nuevas Tecnologías.

En este artículo quiero destacar especialmente dos proyectos en los que hemos tenido el privilegio de colaborar y ambos relacionados con la nueva Justicia Electrónica:

Imagen de previsualización de YouTube

El primero de ellos, en el que hemos depositado gran ilusión, es poner nuestro granito de arena en la difusión de la nueva realidad digital y de las buenas prácticas en prueba electrónica en el ámbito judicial. Este honor debo agradecérselo muy especialmente al Colexio Profesional de Enxenieiros Técnicos en Informática de Galicia (CPETIG) y a la Xunta de Galicia, cuya organización y patrocinio ha hecho posible que un viejo sueño se haya convertido en realidad: me refiero a los, ya comentados, Seminarios de informática judicial, peritaje técnico y prueba electrónica que este mes completan su andadura por toda la geografía gallega con muy buena acogida entre los miembros de la carrera judicial.

En un reciente artículo de La Voz de Galicia (cuya lectura recomiendo), escrito con ocasión del Seminario de Lugo, Lucía Rey resumía perfectamente el objetivo principal del mismo: “Explicar y familiarizar a profesionales de la justicia con la nueva realidad tecnológica y con cómo enfrentarse a ella en los procedimientos judiciales”. Se puede decir más alto, pero no más claro.

Y es que, desgraciadamente, uno de los tres poderes del Estado ha quedado escandalosamente a la cola en la asimilación de las nuevas tecnologías en su funcionamiento ordinario.

La imagen más patente de ello,  es ver aún las mesas, estanterías y, ¿por qué no decirlo?, suelos de nuestros juzgados y tribunales llenos “a rebosar” de auténticas columnas de tomos y tomos de papel que literalmente “sepultan” la agilidad y eficiencia de nuestra Administración de Justicia. Y es que nuestra Justicia vive aún en pleno siglo XIX, en cuanto a la gestión de expedientes se refiere.

“¿Pero cómo es esto posible – me diréis – cuando vivimos en la era digital?”

Pues bien, ¡hasta aquí hemos llegado!

Una de las grandes novedades de este verano ha sido la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia (LUTICAJ).

Precisamente el segundo proyecto que voy a referir, gracias a la oportunidad que me ha brindado mi buen amigo y profesor Javier Sanz Larruga (cuyo blog, Ambiental y Cual recomiendo encarecidamente a todos los amantes del Derecho y del Medio Ambiente), me ha dado la ocasión de estudiar esta ley con cierto detenimiento, a raíz de la colaboración en un libro, coordinado por Julián Valero Torrijos, que se publicará próximamente sobre ella.

Pues bien, baste decir que la LUTICAJ está llamada a acabar con el papel en los procedimientos judiciales por “imperativo legal”, vía expediente judicial electrónico.

Una utopía, ¿no? ¡Pues no!

De hecho, el artículo 6.3 de la LUTICAJ llega a imponer algo que traerá mucha cola en los próximos años:

“Los profesionales de la justicia, en los términos previstos en la presente Ley, tienen el deber de utilizar los medios electrónicos, las aplicaciones o los sistemas establecidos por las Administraciones competentes en materia de justicia, respetando en todo caso las garantías y requisitos previstos en el procedimiento que se trate.”

Es decir, no es una opción ni una “recomendación encarecida” sino una verdadera obligación de usar las nuevas tecnologías para todos los profesionales de la justicia (léase: jueces, secretarios judiciales, oficiales, así como abogados y procuradores, entre otros). Sin duda, traerá cola y obligará a un esfuerzo extraordinario de formación y adaptación de un colectivo afectado en ocasiones con una gran “brecha digital” en su ámbito laboral diario.

Esto es una verdadera revolución para un ámbito tradicionalmente muy ajeno a la tecnología.

¿Y el plazo? ¡Pues lo cierto es que la Ley es muy taxativa al respecto! La Disposición Adicional Segunda de la LUTICAJ dispone lo siguiente:

“Para garantizar la efectividad del derecho a la tutela judicial reconocida en el artículo 24 de la Constitución, en el plazo de cinco años desde la entrada en vigor de esta Ley las Administraciones con competencia en materia de Administración de Justicia dotarán a las oficinas judiciales y fiscalías de sistemas de gestión procesal que permitan la tramitación electrónica de los procedimientos.”

De nuevo, no hay opción. A diferencia de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (LAE), en la que se ponía la salvaguarda de “siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias” que permitía dilatar los plazos de aplicación de la Administración Electrónica en las AA.PP., tal y como comentamos en su día, lo cierto es que la presente Ley no admite excusas de este tipo.

¿Se hará realidad la Justicia Electrónica antes del 2016?

Con mucha ilusión por nuestra parte, habrá que esperar y ver…

De Rousseau a la Democracia 2.0

miércoles, mayo 25th, 2011

Decía Winston Churchill que “La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás.”

Autor: Osvaldo Gago - Creative Commons

Lo cierto es que, hoy en día, no concebimos un sistema político más justo o que mejor defienda los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos que el sistema democrático.

Sin embargo, a nadie se le escapa (y menos a Winston Churchill) que este sistema está lejos de ser perfecto y no siempre encarna y defiende los intereses de la mayoría. Ello es debido, en parte, a que la mayor parte de las democracias actuales son “democracias representativas” en las que, como bien decía el antiguo periodista americano Ambrose Bierce: “El elector goza del sagrado privilegio de votar por un candidato que eligieron otros.”

Es decir, los ciudadanos votamos a meros “intermediarios” o “representantes” (los llamados “depositarios de la soberanía popular”), los cuales van a ejercer (eso sí, en nuestro nombre) el verdadero poder político sin mayor control por nuestra parte hasta las siguientes elecciones.

Pero, ¿es posible otro sistema?

Pues sí. De hecho, dicho sistema fue el realmente defendido por uno de los “padres modernos de la democracia” y uno de los inspiradores de la Revolución Francesa: Jean-Jacques Rousseau. En contra de lo que pudiéramos pensar, Rousseau no quería una democracia representativa (de hecho, la aborrecía) sino que defendía a ultranza la llamada “democracia directa”, es decir, aquella ejercida directamente por el pueblo, sin intermediarios y sin enajenarla en manos de ningún poder ni representante. Textualmente, decía el escritor suizo en su obra “El contrato social”:

“La soberanía no puede ser representada por la misma razón de ser inalienable; consiste esencialmente en la voluntad general y la voluntad no se representa: es una o es otra. Los diputados del pueblo, pues, no son ni pueden ser sus representantes, son únicamente sus comisarios y no pueden resolver nada definitivamente. Toda ley que el pueblo en persona no ratifica, es nula.”

“Ya, pero esto es una utopía”, me diréis.

Nada más lejos de la realidad. De hecho, la primera democracia de la que se tiene noticia en la Historia fue directa en la Antigua Grecia. Dicho sistema floreció en Atenas en el siglo V a.C. y duró 188 años ininterrumpidos (nada mal, en cuanto a estabilidad se refiere).

“Ya estamos con los tiempos de Maricastaña. Pero, ¿y ahora?”

Pues la democracia directa también funciona hoy en día. De hecho, el ejemplo más “representativo” (perdón por la palabra) es la democracia suiza: que ha evolucionado desde 1848 hasta la actualidad. Aunque también funciona limitadamente en otros países, como en Estados Unidos a nivel estatal y municipal (que no federal).

“¿Entonces? ¿Por qué no está más extendida la democracia directa?

Pues bien, sin entrar en otras consideraciones, baste decir que la democracia directa es muy difícil de implantar por sus grandes dificultades logísticas, salvo en países o comunidades de pequeño tamaño. (Eso de reunir a varios millones de personas en una asamblea para debatir y votar sobre asuntos de interés público, y más si se debe hacer con cierta frecuencia, convertía a la democracia directa en una mera utopía).

¿Hasta ahora?

En efecto, esto puede estar empezando a cambiar:

A nadie se le escapa que las redes sociales están contribuyendo de modo decisivo a aumentar las vías de concienciación y participación ciudadana en los asuntos públicos.

Movimientos recientes como los sucesivos Manifiestos contra la Ley Sinde, #nolesvotes, Democracia Real Ya!, el #15m y las sucesivas acampadas y manifestaciones ciudadanas en España #spanishrevolution (por no hablar de las revueltas vividas recientemente en el norte de África y Oriente Medio) han sido concebidos, organizados y consensuados en las redes sociales y de modo totalmente espontáneo.

Decir que estos son fenómenos anecdóticos o pasajeros es ignorar profundamente la nueva realidad que nos viene y que cada vez involucra a más y más ciudadanos conforme se va extendiendo el uso de las nuevas tecnologías y de estas nuevas herramientas de participación digital en la sociedad.

Si algo nos ha demostrado Internet es que es tremendamente efectiva acabando con “intermediarios”: antiguamente necesarios por motivos logísticos pero actualmente prescindibles gracias al nuevo mundo digital. Lo hemos visto en el comercio electrónico, en la educación y en la propiedad intelectual, ¿por qué la política iba a ser una excepción?

Se puede decir que estas nuevas redes sociales, lejos de servir para una comunicación meramente frívola o intranscendente, están contribuyendo a la formación de una especie de “conciencia colectiva” que trasciende y supera cualquier individualismo y deja en evidencia cualquier intento de ocultación o manipulación de información por parte de un individuo o grupo singular.

Ante esta nueva realidad, ¿podemos hablar del germen de una nueva forma de participación en lo público que nos lleve a la democracia directa que soñó Rousseau?

Desde luego, se están poniendo las primeras piedras para ello. Sólo se necesitaría utilizar las herramientas ya existentes como la firma electrónica para, por ejemplo, empezar a impulsar iniciativas legislativas populares (o ILPs) a las Cortes (reunir 500.000 firmas parece muy factible con mínimo esfuerzo a través de la Red sobre temas de interés general) o, incluso, la adopción de sistemas de voto electrónico, que garanticen el sufragio universal, directo y secreto a través de Internet (ya utilizados en otros países como Estados Unidos, el Reino Unido, Irlanda, Estonia o la propia Suiza) que, de un modo cómodo y económico, pueda ser ejercido de modo frecuente en periódicos referéndums.

Algo ya comenté en su día, pero, si me tiráis de la lengua, diré que creo que estamos ante los albores de la primera democracia 2.0 en la que los ciudadanos no sólo ejerzamos nuestra soberanía mediante el voto cada varios años sino de una manera más directa y continuada.

Sólo el tiempo lo dirá pero, al ritmo que se mueve el mundo últimamente, lo sabremos muy pronto.

Hacia la identidad digital

martes, febrero 8th, 2011

Hace unos días, tuve la ocasión de intervenir en la EGAP en la  Jornada de presentación de la obra Construyendo la identidad digital. Situación actual de la firma electrónica y de las entidades de certificación.

construindo_a_identidade_dixitalEste importante  estudio, en cuya parte legal hemos tenido el honor de participar, es pionero en Galicia y fruto de la colaboración entre la Secretaría General de Modernización e Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia y el Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia (CPEIG), a través del convenio firmado por el CPEIG y la Fundación para el Fomento de la Calidad Industrial y Desarrollo Tecnológico de Galicia, en el marco de las iniciativas impulsadas por la Axenda Dixital 2014.gal.

Quiero destacar igualmente la labor de Bahía Software en la coordinación del estudio, y agradecer especialmente su paciencia con el que escribe.

El trabajo está publicado bajo licencia Creative Commons y puede descargarse gratuitamente desde los siguientes enlaces:

· Versión en Gallego: Construíndo a Identidade Dixital.pdf

· Versión en castellano: Construyendo la Identidad Digital.pdf

¡Administración electrónica ya!

miércoles, diciembre 16th, 2009

31 de diciembre de 2009. No, no es la fecha de este artículo sino la fecha límite en la que todas las Administraciones Públicas deben estar plenamente accesibles en la Red para los ciudadanos.

¿Eso que quiere decir?

Pues que cualquier procedimiento o servicio (y digo bien, cualquiera) prestado por un Ayuntamiento, una Comunidad Autónoma o un Ministerio, debe estar también disponible por medios electrónicos.

De este modo, recurrir una multa, pedir una licencia o gestionar una beca se podrá hacer íntegramente por Internet.

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De hecho, el artículo 6.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (Ley de Administración Electrónica – LAE) lo regula como un verdadero derecho de los ciudadanos:

“Se reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos (…), así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos.”

Entre otros, la LAE nos reconoce igualmente los siguientes derechos:

1) A no volver a aportar los datos y documentos que ya obren en poder de las Administraciones Públicas.

2) A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los que seamos interesados.

3) A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de dichos procedimientos.

¿Y cómo nos podemos identificar ante la Administración Electrónica?

Pues muy sencillo, como ya comentamos en su día, mediante el uso de cualquier sistema de firma electrónica: bien sea el incluido en el nuevo Documento Nacional de Identidad o cualquier otro admitido y/o promovido por las propias Administraciones Públicas.

Pero seamos realistas…

Aunque se ha avanzado mucho en el ámbito de la administración electrónica (de hecho, por ejemplo, la administración tributaria ha sido pionera a nivel mundial en la aceptación y uso de la firma electrónica en sus procedimientos desde 1998), lo cierto es que aún estamos lejos del ambicioso objetivo definido en la LAE.

“Pero”, me diréis, “si la Ley ha fijado la fecha del 31 de diciembre de 2009 para que todo esto esté en marcha, ¿no debería cumplirse?”.

Sí, es cierto, pero con matices: la Disposición Final Tercera de la citada Ley 11/2007 sólo obliga al cumplimiento de dicho plazo a la Administración General del Estado y sus organismos dependientes. En relación al resto de Administraciones Públicas, dicha disposición regula lo siguiente:

“3. En el ámbito de las Comunidades Autónomas (…) a partir del 31 de diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias.

4. En el ámbito de las Entidades que integran la Administración Local, (…) a partir del 31 de diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias. A estos efectos las Diputaciones Provinciales (…) podrán prestar los servicios precisos (…) en el ámbito de los municipios que no dispongan de los medios técnicos y organizativos necesarios para prestarlos.”

Obviamente, el requisito de la disponibilidad presupuestaria es una excusa propiciatoria para la administración local y autonómica y más en época de crisis.

Sin embargo, esto no debe de ser un impedimento para el desarrollo y plena implantación de la administración electrónica. Más bien al contrario ya que la digitalización de documentos y el uso generalizado de Internet en los procedimientos administrativos conllevará un importante ahorro del gasto público (menos papel, menos locales destinados a archivo, menos costes de transporte, burocracia más ligera, trámites automatizados que reducirán los gastos extra de personal, y un largo etcétera).

Ello sin hablar de los enormes beneficios para el ciudadanomenos gastos en desplazamientos (muchas veces inútiles) y correveidiles de una ventanilla a otra; ahorro de tiempo derrochado en esperas de interminables colas; evitar el “vuelva usted mañana” con horarios amplios para presentar una solicitud o un documento a las 12:00 de un domingo; más comodidad, etc.

Por todo ello, creo que ya ha llegado la hora de decir bien alto: ¡Administración Electrónica ya!