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Entrevista en Nación Red sobre derechos en Internet

jueves, julio 8th, 2010

Esta semana he tenido el placer de ser entrevistado por uno de los medios más prestigiosos y activos en la divulgación y defensa de los derechos de los internautas en la Red: el blog Nación Red de Weblogs. La entrevista, que se puede leer a texto completo en esta enlace, ha hecho un repaso por algunos de los temas claves comentados en el blog, gracias a las interesantes preguntas formuladas por David Ballota.

nacion red

Gracias al amable ofrecimiento de Nación Red, reproduzco a continuación el núcleo de la entrevista:

“Me ha parecido muy interesante un post que has escrito en tu blog sobre el polémico canon digital. Para sostener la incongruencia de su aplicación mantienes que es como cobrarle un impuesto a Al Capone por comerciar con el alcohol…

Efectivamente. En los últimos años, se nos ha presentado el canon digital como una compensación por la piratería. Esto legalmente no es así.

El canon digital es, en todo caso, una compensación por la copia legal privada, autorizada desde hace años por el art. 31 de la LPI. Lo contrario sería como reconocer la legalidad de aplicarle un impuesto sobre el alcohol a Al Capone en plena ley seca. Ello sería, ni más ni menos, la participación del Estado en un negocio ilícito.

Por tanto, una de dos: o las descargas son ilegales y, por tanto, no se les aplica canon o, por contra, las descargas son legales y, por ello, se les aplica canon. En este sentido, aunque la Ley es clara, ha habido mucha desinformación, en ocasiones interesada y en otras por mero desconocimiento, tanto por parte del gobierno como por los propios representantes de las entidades de gestión. Ello nos ha llevado, desgraciadamente, a las actuales “trincheras” de la Red.

Has pronosticado algo verdaderamente “revolucionario”, la SGAE defendiendo a los internautas… ¿una provocación o algo en lo que verdaderamente crees?

No es nada descabellado. Una de las consecuencias principales de la revolución Web 2.0 es que el internauta deja de ser un mero receptor pasivo de contenidos digitales y se convierte en un activo creador de los mismos. En tanto en cuanto dichos contenidos sean originales, la Ley reconoce al propio internauta como legítimo autor de sus creaciones (ya sean texto, imágenes, audio, vídeo o software). En cuanto autores de lo que introducimos en la Red, los internautas tenemos derechos exclusivos de propiedad intelectual sobre nuestras obras entre los que se encuentra su explotación.

La SGAE, así como otras entidades de gestión, tienen como fin principal la explotación y defensa de esos mismos derechos pertenecientes a los autores de su catálogo.

Por tanto, nada obsta jurídicamente para que los internautas creadores (un blogger o un músico independiente, por ejemplo) se integren en la SGAE o en cualquiera otra de estas entidades de gestión y, a partir de dicho momento, deban éstas proteger sus intereses en la Red. Todos somos autores de Internet.

En este sentido, sí sería factible que, por ejemplo, un blogger reclamase su parte proporcional y correlativa del canon digital por la reproducción privada (esta vez legal) de sus artículos a través de la Red.

Los poderes públicos, parecen más dispuestos a tutelar la cultura que el acceso a la cultura, que es su mandato constitucional. ¿Crees que Internet ha hecho todavía más “dirigistas” a los poderes públicos?

Creo que el dilema actual de los poderes públicos es cómo enfrentarse ante la nueva realidad social que supone Internet. De hecho, podemos hablar ya de una Sociedad 2.0. Por un lado, la Red hace realidad el viejo sueño de un acceso directo, instantáneo y global a todo el saber de la Humanidad, por primera vez en su Historia. Por otro, gracias a la Web 2.0, permite también una participación inmediata y sin intermediarios de los ciudadanos en los asuntos públicos, haciendo por primera vez realidad lo preconizado por Rousseau al hablar de las virtudes de la Democracia Directa, frente al modelo actualmente vigente de Democracia Representativa. Finalmente, están los intereses de la industria cultural (que no necesariamente de la cultura) que se está viendo afectada por un fuerte cambio de su modelo de negocio derivado de tecnologías como el P2P y que están haciendo un fuerte papel de lobby para mantener, aunque sea artificialmente, el modelo anterior.

Ante este importante dilema, los poderes públicos (y no hablo sólo de los españoles) se ven fuertemente tentados a intervenir e intentar “controlar y dirigir” los efectos que ya se están percibiendo en la Sociedad, en la Cultura y en la Economía. Entiendo que esto es un error fundamental ya que los efectos ya están ahí y muchos de ellos son imparables. Lo que a mi juicio deberían hacer los poderes públicos es no intervenir en primera instancia y confiar en la ya importante y suficiente legislación actual y en sus tribunales para solucionar los nuevos problemas que van surgiendo. En mi opinión, no se puede legislar sin una cierta perspectiva de la realidad social y de sus consecuencias. Es por ello que la ley necesariamente debe de ir después de la realidad. Lo contrario supone poner en riesgo nuestros valores y derechos universales como lo es el derecho de acceso a la cultura de todos los ciudadanos, sin descuidar, por supuesto, la adecuada compensación de los titulares de la misma.

Me gustaría conocer tu opinión sobre el ACTA (Acuerdo Comercial Anti-Falsificación)

Mi opinión sobre el ACTA se resume en lo ya comentado anteriormente sobre la actitud de los poderes públicos frente a la nueva realidad que nos viene. Lo que es, sin duda, más criticable en este caso es que este importante Acuerdo internacional se ha estado negociando durante varios años en la más absoluta opacidad. De hecho, sólo gracias a las Instituciones de nuestra Unión Europea y a contadas filtraciones hemos podido acceder a diversos borradores del mismo. Por otro lado, no es negativo que estas cuestiones se debatan a nivel internacional, ya que la Red es global, aunque su resultado debe respetar los derechos ya reconocidos a los ciudadanos. El hecho de que, por ejemplo, se esté planteando eliminar la copia legal de obras para discapacitados me preocupa enormemente.

… y la denominada “Ley Sinde”

Una vez más, me remito a lo ya comentado anteriormente. La disposición adicional primera del Proyecto de Ley de Economía Sostenible es un claro ejemplo de una apresurada intervención de los poderes públicos, en un ámbito ya regulado y protegido adecuadamente por la legislación vigente, en aras de cargar demasiado la balanza en la defensa de los derechos de los titulares y a costa de otros derechos más importantes y de rango constitucional como lo es la libertad de expresión o el acceso a la cultura.

Desde luego, lo que era inadmisible era el cierre de páginas Web sin ninguna intervención judicial, como estaba en el borrador inicial, pero la solución actual, con una mínima y totalmente sesgada y condicionada intervención de la Audiencia Nacional en dicho cierre, sin poder entrar, siquiera mínimamente, a analizar el fondo del asunto, no es tampoco satisfactoria.

Defiendes el concepto de privacidad “a la europea”, bien blindado o garantizado en nuestra Carta de Derechos, frente al concepto más “vulnerable” de Estados Unidos, ¿puedes explicarnos brevemente sus diferencias y la importancia de defender el “modelo europeo?

En estos momentos, estamos asistiendo a una fuerte colisión de dos ideas opuestas de privacidad. Por un lado, el modelo europeo: cuya privacidad es una extensión del derecho a la intimidad reconocido en todas las constituciones continentales y se protege mediante una avanzada normativa en materia de protección de datos personales (LOPD en España) cuyo incumplimiento se sanciona fuertemente. Por otro lado, el modelo americano: donde ni siquiera el derecho a la intimidad está reconocido en la constitución de los EE.UU. (frente a la libertad de expresión que si se reconoce en su famosa “primera enmienda”) y no existe una Ley de Protección de Datos a nivel Federal.

El problema deriva de que la mayor parte de servicios que usamos actualmente en Internet y en los que volcamos diariamente nuestros datos personales están en manos de empresas norteamericanas (Google, Facebook, Microsoft, Apple, etc.) las cuales sólo se someten a las “Políticas de Privacidad” que ellos mismos han diseñado o suscrito voluntariamente pero sin siquiera un control público sancionador en caso de incumplimiento.

Este déficit de control y de adecuada protección de la privacidad en EE.UU. ha quedado especialmente patente con el actual desarrollo de las Redes Sociales en las cuales los ciudadanos vuelcan gran cantidad de datos sobre sí mismos y su entorno sin ser plenamente conscientes de su eventual uso o acceso público ulterior a dichos datos, por no hablar del reciente fenómeno de la “nube” o “cloud computing” que llevan nuestros datos a países remotos e indeterminados.

Como resumen, baste decir que en Europa los datos personales son siempre propiedad de sus titulares, aunque los tengan tras entidades, mientras que en EE.UU. dichos datos pueden ser propiedad de las propias compañías (baste el ejemplo de Facebook cuyas Condiciones de Uso establecen que todos los contenidos que los usuarios introduzcan en su sistema, les pertenecerán legalmente en cuanto a sus derechos de explotación).

Actualmente, hay un fuerte movimiento de derechos civiles por la privacidad en EE.UU. que quizá concluya en un cambio normativo importante a nivel federal.

Hay una iniciativa española (ColorIuris) de autogestión y cesión de derechos de autor en línea a partir del modelo continental, que por así decirlo también es una alternativa a Creative Commons, ¿la conoces?. ¿Qué te parece?

La verdad es que no conozco directamente la iniciativa ColorIuris pero la misma es, sin duda, una muestra de la tremenda flexibilidad y potencia que tiene nuestra actual legislación en materia de propiedad intelectual, en contra de lo que inicialmente nos pudiera parecer. Es un sistema que permite la coexistencia lícita y pacífica de sistemas tan distintos como el software propietario o el software libre, el copyright o el “copyleft”, las obras con todos los derechos reservados o las distribuidas bajo la licencia Creative Commons o similar.

¿Cuántas licencias o modelos de explotación de derechos existen? Literalmente millones. La gran magia de esta normativa es que el autor o el titular de una obra puede crear su propia licencia de cero o asumir cualquier otra que encuentre en la Red. Casi el único límite es la imaginación. La ley se encarga del resto que es proteger sus derechos con cargo a su decisión. Es por ello que creo que, sin mayor intervención legal, los propios usuarios pueden encontrar el mejor sistema de protección de sus derechos a la vez que un nuevo modelo de negocio para los contenidos en la Red.

También has advertido sobre la importancia de despejar la creencia de que el “software libre” es del todo libre, en el sentido de que muchas personas desconocen o no prestan atención al tipo y condiciones de la licencia…

Efectivamente. Al hilo de lo comentado, cuando hablamos de “software libre” solo nos referimos a un modelo de licencia para proteger y determinar el uso de nuestra obra por otros. De acuerdo que es un modelo mucho menos restrictivo que el denominado de “software propietario” pero no es totalmente libre: tiene condicionas y límites que debemos conocer y que dependerán de cada licencia concreta (que es recomendable leer atentamente en todos los casos). Por ejemplo, la licencia GNU (en la que se basa Linux) establece que todo desarrollo que se base en ella debe obligatoriamente acogerse bajo dicha licencia y su código fuente ser publicado. Es decir, no podríamos utilizar trozos de código bajo GNU para incorporarlo a un software propietario sin vulnerar su licencia. Estas limitaciones debemos tenerlas en cuanta a la hora de programar y sólo se puede hacer leyendo (y entendiendo) las licencias previas.

Un software sólo sería realmente libre si su autor o titular lo liberase como “obra de dominio público”. Esta fórmula, sin embargo, aunque posible y válida jurídicamente, no es frecuente en la Red.

Bueno, Víctor, ya por último, ¿qué recomendaciones básicas nos darías a los blogueros o usuarios de redes sociales en algún aspecto elemental y que quizá estemos descuidando?

Aquí habría mucho que decir y creo que ya me he extendido bastante como para aburrir al lector. Baste recordar aquí la regla número 2 de net-etiqueta que destacaba Virginia Shea en su clásico libro “NETiquette” para comportarse correctamente en la Red: “Adhiérase a los mismos estándares de comportamiento en línea que usted sigue en la vida real”. Es decir, usemos nuestro sentido común y sólo compartamos en la Red Social lo que compartiríamos con un desconocido. Y ello, siendo conscientes de dos realidades de la Red Social: 1- Todo lo que compartamos, va a ser públicamente accesible (aunque creamos que no) y 2- Una vez introducido un dato o contenido va a ser muy difícil o imposible de eliminar posteriormente.

A ello sumaríamos que, al hilo de lo dictaminado recientemente por el Grupo del Artículo 29 de la Directiva Europea de Protección de Datos (que aglutina a representantes de todas las autoridades europeas en la materia), si compartimos contenidos o datos de otras personas (como fotos) y nuestro número de amigos pasa del “número razonable” de 20, debemos de cumplir con la LOPD y pedir autorización previa a dichas personas para poder publicar los mismos (y no digamos de menores).

Finalmente, en el caso de los blogueros, debemos tomar conciencia de nuestra condición de autores en Internet y, como tales, proteger adecuadamente nuestras obras con una licencia de nuestra elección o confección así como leer atentamente la de otros antes de utilizar o redistribuir obras ajenas sin perjuicio de las excepciones de uso permitidas en la Ley, como las de cita, ilustración de la enseñanza o reseñas periodísticas.

Gracias y un placer.”

La Web 2.0 y la Ley

jueves, julio 1st, 2010

En el día de ayer tuve el placer de dar una charla sobre el sugerente pero, sin duda, desafiante tema de “La Web 2.0 y la Legislación Actual”, dentro del interesante Curso de VeranoWeb20Ou” organizado en el Campus de Ourense de la Universidad de Vigo.

La preparación de la charla me ha dado la oportunidad de pararme y reflexionar de nuevo sobre uno de los grandes temas que están, sin duda, redefiniendo nuestra realidad casi sin darnos cuenta.

Web 2.0

Pero, ¿qué es la Web 2.0?

Sin perjuicio de definiciones más elaboradas, podemos referirnos a la Web 2.0 como aquel conjunto de tecnologías y aplicaciones de Internet que hacen mucho más sencilla la tarea de publicar contenidos en la Red.

Uno de sus primeros referentes lo constituye Youtube. El más famoso portal de vídeos de Internet basa su éxito en la enorme facilidad para subir cualquier vídeo a su sistema por parte de los propios usuarios, compartiéndolo de modo casi instantáneo con el mundo.

En la Web 2.0 el internauta se libera de su tradicional papel pasivo, como mero “consumidor” de la Red, para convertirse en un activo “creador” de contenidos para el medio.

Esto, tal y como hemos visto anteriormente, supone una verdadera revolución con grandes consecuencias culturales, sociales y políticas que aún estamos empezando a vislumbrar.

Sin embargo, me preocupan ahora, por razón del tema de mi charla, sus especiales consecuencias jurídicas.

¿Qué significa la Web 2.0 para la legislación actual?

Pues, la principal consecuencia la encontramos, como no podía ser de otro modo, en nuestra Ley de Propiedad Intelectual (LPI). En concreto, su artículo 5.1 dispone lo siguiente:

“Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica.”

Por su parte, el artículo 10.1 LPI señala que:

“Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro”

Ello significa que todos y cada uno de los internautas de la Web 2.0 son “autores” de los contenidos que vuelcan en la Red, siempre que se trate de “creaciones originales” claro está.

Sin embargo, nada obsta para que una obra de “nueva creación” pueda incluir, total o parcialmente, una obra previa de otro autor. Ello está contemplado como “obra compuesta” y se define en el artículo 9.1 de la Ley:

“Se considerará obra compuesta la obra nueva que incorpore una obra preexistente sin la colaboración del autor de esta última, sin perjuicio de los derechos que a éste correspondan y de su necesaria autorización.”

Sin entrar en mayores detalles ni profundidades, baste decir que sería necesario contar con la autorización del autor de la obra previa o bien usar la misma dentro de una de las excepciones reconocidas en la propia Ley (cita, ilustración de la enseñanza, reseñas periodísticas, etc.).

¿Y qué significa ser autor de una obra en Internet?

Pues supone, ni más ni menos, el tener la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de dicha obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley.

Por tanto, la primera consecuencia jurídica de la Web 2.0 es que todos, más que nunca, somos “propietarios” de Internet y, en todo caso, de los contenidos concretos que creamos e introducimos diariamente en servicios como Blogger, Flickr, Facebook, Twitter o el ya mencionado Youtube.

Es decir, cada vez más, la Ley de Propiedad Intelectual no sólo se nos aplica para limitar nuestro acceso y uso de contenidos ajenos sino también para proteger y defender nuestros propios contenidos volcados en la Red.

¿La SGAE defendiendo a los internautas? Todo llegará…

El Derecho de Acceso a la Cultura: del Libro y de las Bibliotecas

jueves, junio 24th, 2010

La pasada noche fue la noite de meigas o, más conocida con la Noche de San Juan en la que, según la tradición, se encendieron miles de hogueras para acompañar la “noche más corta del año” (con permiso de los astrónomos que nos dirán que fue hace ya tres días).

riazor-sanjuan2010bNo he podido evitar, por lo que luego explicaré, relacionar estas mágicas hogueras con el famoso libro de Ray Bradbury Fahrenheit 451. En esta maravillosa y escalofriante novela, cuyo título se corresponde con la temperatura exacta en la que el papel se inflama y arde, se describe un mundo de pesadilla en el que la lectura ha sido totalmente prohibida por el Estado, y los bomberos se dedican a quemar libros.

Desgraciadamente, a lo largo de nuestra historia, tenemos varios ejemplos de un comportamiento similar en los gobiernos. Y es que la cultura se ha visto siempre por algunos como un bien que hay que controlar y restringir a una minoría, a fin de que una gran mayoría pueda ser fácilmente dominada en la ignorancia.

Afortunadamente, en nuestra Constitución se protege como un derecho universal: su artículo 44.1 dispone lo siguiente:

“Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.”

Sin duda, uno de los principales templos a la difusión y democratización de la cultura han sido y son, por supuesto, las bibliotecas. En ellas se garantiza el acceso efectivo a este derecho con independencia del nivel social o económico de los ciudadanos.

Y aquí viene el motivo de la relación que establecía a la noche de ayer con el mundo literario ya que, durante estos días, estamos impartiendo desde el despacho un curso intensivo sobre Derecho de propiedad intelectual y contenidos digitales para bibliotecarios del Ayuntamiento de La Coruña.

Este curso, como viene siendo habitual en cualquier experiencia formativa en la que participamos, nos da la opción de aprender mucho y de reflexionar sobre el actual estado de nuestro derecho de acceso a la cultura y en su fuerte colisión con otros derechos como los de propiedad intelectual de los propios bienes culturales.

Y, para ser más concretos y en referencia a nuestras queridas bibliotecas, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), realizada en el 2006, afectó de modo importante a su derecho de préstamo.

Dicho derecho se define en el artículo 19.4 LPI como “la puesta a disposición de los originales y copias de una obra para su uso por tiempo limitado sin beneficio económico o comercial directo ni indirecto, siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a través de establecimientos accesibles al público.”

Dicha reforma afectó al artículo 37.2 LPI, especialmente en lo referente al segundo párrafo que reproduzco a continuación:

“Asimismo, los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas (…) no precisarán autorización de los titulares de derechos por los préstamos que realicen.

Los titulares de estos establecimientos remunerarán a los autores por los préstamos que realicen de sus obras en la cuantía que se determine mediante Real Decreto. La remuneración se hará efectiva a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.”

Esto supone, ni más ni menos, que la creación en nuestro derecho del llamado “canon de préstamo”, el cual no existía previamente en nuestro país ya que las bibliotecas estaban exentas de pago alguno por este concepto.

Afortunadamente, dicho canon no se traslada al usuario, lo que supondría otra nueva barrera de acceso a la cultura para aquellos con menos recursos, pero sin duda supone una carga que limita la nunca suficiente capacidad económica de nuestras bibliotecas para su fundamental labor de adquisición, conservación y difusión de la cultura.

Desde luego no es un debate sencillo, pero con todas estas reformas que se están haciendo en los últimos años a fin de defender a ultranza los derechos de propiedad intelectual frente a lo que se presenta como “la enorme amenaza del nuevo mundo digital” (“Ley Sinde” incluida), se corre el riesgo de limitar el importante derecho universal de acceso a la cultura.

Con Internet como primer referente actual en la localización del acerbo cultural de la humanidad y mientras esperamos por el reconocimiento del derecho de acceso universal a la Red de redes así como la garantía de su neutralidad, no estaría mal seguir conservando y defendiendo a quienes han desempeñado este rol durante siglos de manera paciente y silenciosa: nuestras bibliotecas, las cuales tienen aún un principal papel que cumplir en esta magna tarea.

No puedo evitar pensar que lo contrario nos llevaría al aciago mundo de Fahrenheit 451.

No lo permitamos.

Una posible solución para el canon digital

miércoles, mayo 26th, 2010

Lo prometido es deuda. Lo decía en el pasado artículo, donde abordaba la verdadera naturaleza del llamado “canon digital”, que en realidad no es una compensación por la piratería (recomiendo su lectura para un pleno entendimiento de lo que expondré a continuación). En este post me voy a “mojar” y, con vuestro permiso, iré al grano:

¿Cuál puede ser la solución para un canon digital más justo y efectivo en la situación actual de la Red?

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Desde luego es un tema complejo pero, en mi humilde opinión, la solución a la aplicación de este modelo en la actual realidad de Internet pasa por una nueva y definitiva reforma legislativa en los siguientes puntos:

1- Reconocer el derecho de copia “legal” privada con amplia aplicación en la red e incluyendo las redes P2P, Streaming y similares. (Con las condiciones y límites que ya comentamos en su día.)

2- Establecer un modelo realista y equilibrado de compensación de los autores mediante la reformulación del actual canon. Para ello, propondría la creación de un canon digital “razonable” ya no basado en “soportes” sino en “canales”. Es decir: un canon sobre el ancho de banda de acceso a Internet. Sé que la idea no es nueva, pero propondría lo siguiente:

a. Eliminación del canon en los actuales soportes digitales.

b. Fijación de un único canon digital proporcional al ancho de banda real de acceso a la Red del usuario:

i. Con un mínimo exento (por ejemplo: hasta 1 Mb no pagaría);

ii. No aplicable a accesos de empresas, por los motivos expuestos en el anterior artículo, y

iii. Su cuantía se ponderaría con el ancho de banda real de acceso a la Red (oscilando, por ejemplo, entre 0,50 y 2 euros mensuales).

iv. Se podría dar opción de una conexión sin canon, para los particulares que lo solicitasen aceptando medidas de limitación de su acceso (por ejemplo, mediante el corte voluntario de “puertos” utilizados por redes P2P o similares).

3- Dicho canon podría seguir siendo percibido inicialmente por las Entidades Gestoras que se deberían someter a un mayor control público y baremado con una total transparencia. Para ello:

a. Las reglas de distribución del canon deberán de estar claramente explicadas y publicadas oficialmente en sus respectivos sitios Web;

b. Los datos y ranking en los que se base su reparto, serán igualmente accesibles y contrastables por el público e, idealmente, basarse en datos automatizados obtenidos de estadísticas informáticas sobre descargas y accesos a contenidos disponibles en la web (sea por buscadores o datos de monitorización de las redes, ya plenamente legales, de P2P y similares).

c. Se crearía una nueva Agencia, dependiente del Ministerio de Cultura, con amplios poderes de inspección y control directo sobre las Entidades de Gestión que verificaran sus datos internos de reparto y gestión, además de controlar otras cuestiones como su política de tarifas e intervención en el mercado.

Obviamente, todo esto es sólo una idea pero, ¡quién sabe! Podría suponer una posible solución a las actuales “trincheras” de la Red.

¿Sería posible? ¿Qué os parece?

El canon NO ES una compensación por la piratería

miércoles, mayo 19th, 2010

Es una de las palabras más polémicas en los últimos tiempos en la Red. Ha sido escudo de unos y arma arrojadiza de otros. Ha causado encendidos debates e impopulares reformas legislativas. Pero ¿qué es realmente el “canon”?

Autor: Pepe Farruqo 2007 - El Economista

© Pepe Farruqo 2007 - El Economista

Empecemos aclarando lo que no es:

En contra de lo que podríamos pensar, el canon no es un impuesto ni una tasa gubernamental.

El canon tampoco supone una compensación por la “piratería” o por la copia ilegal de las obras en la Red.

De hecho, el canon no ha surgido como medida de protección legal frente al fenómeno de las descargas en Internet. Tal y como vimos en su día, existía mucho antes en nuestra legislación.

Entonces, si no es todo lo anterior, ¿de qué se trata en realidad?

Pues, ni más ni menos, el canon es la compensación económica que la ley confiere al autor por la copia legal sin autorización de sus obras en cualquier soporte. He dicho bien, por la “copia legal”.

Dicha copia legal es la que deriva del artículo 31.2 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que dispone lo siguiente:

“No necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25 (…). Quedan excluidas de lo dispuesto en este apartado las bases de datos electrónicas y (…) los programas de ordenador.”

Sí, eso es, ésta es la famosa “copia privada” permitida por la Ley.

Es por esta copia “legal” privada (y no por la ilegal) por la que la Ley establece la necesidad de indemnizar al autor a modo de compensación. ¿Y cómo? Pues a través de un pequeño “sobreprecio” en los soportes de grabación y en los propios aparatos de grabación (CDs, DVDs, Grabadores digitales, Reproductores de MP3, etc.). Este sobreprecio es el que ha venido en denominarse “canon” o, más recientemente, “canon digital” por el tipo de soportes sobre los que últimamente se está aplicando.

El mismo se contiene, desde hace años, en el artículo 25.1 de la LPI del modo siguiente:

“La reproducción realizada exclusivamente para uso privado (…) originará una compensación equitativa y única (…) dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaran de percibir por razón de la expresada reproducción. Este derecho será irrenunciable para los autores y los artistas, intérpretes o ejecutantes.”

Por tanto, decir que el canon se dirige a compensar a los autores por la piratería (o por la copia ilegal de sus obras) es rotundamente falso. Esto equivaldría a decir, salvando las distancias, que el Gobierno norteamericano tenía derecho a percibir el Impuesto del Alcohol en plena Ley Seca de los años 20. (Bien es cierto que Al Capone fue condenado finalmente por evasión de impuestos, pero no precisamente por este concepto.)

Decir otra cosa, supondría reconocer oficialmente una participación económica en un negocio ilícito y esto, obviamente, no sería lícito. Por tanto, una de dos:

1- O la copia privada de obras es legal y, por tanto, da derecho al canon o

2- La copia privada es ilegal y, en consecuencia, no da derecho al canon.

Desgraciadamente, durante mucho tiempo se nos ha dicho todo lo contrario: que la copia privada es ilegal (e incluso delictiva) mientras que, por otro lado, se ha presionado para que el canon se incremente y generalice por este concepto (es decir: el alcohol es ilegal pero vamos a cobrarle un impuesto a Al Capone por comerciar con él).

Ahora, como no podía ser de otro modo, nos han corregido desde Europa y, en virtud del Informe de la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Verica Trstenjan, se concluye que el canon no puede ser objeto de una aplicación indiscriminada, como nos hemos acostumbrado en este país.

Esta crítica se suma a la gran opacidad con la que el canon se reparte en la práctica:

Con el fin de optimizar y simplificar su gestión, la Ley dispone que son las Asociaciones de Autores y Gestoras de Derechos (SGAE, AGEDI, etc.) quienes recaudan inicialmente dicho canon para que lo “distribuyan proporcionalmente” entre los autores y demás titulares de derechos de propiedad intelectual.

¿Cómo se distribuye en la práctica? Nadie lo sabe a ciencia cierta ya que los mecanismos que utilizan son totalmente opacos para los ciudadanos e, incluso, para las propias Administraciones Públicas las cuales no tienen conferido un control directo sobre ello.

Supuestamente, las Entidades Gestoras se basan en estadísticas manejadas (y muchas veces encargadas) por ellas mismas que indican el “ranking” de las obras más reproducidas por los ciudadanos (que no las más pirateadas).

Obviamente, de este ranking se deberían eliminar los datos de “reproducciones ilegales” o “piratería” que, como hemos visto, no puede compensar el canon. También se deberían eliminar aquellas obras que se hayan distribuido con sistemas de protección “anticopia” o similares, que tampoco pueden ser beneficiarias en base a la Ley (si no permites la “copia legal” de tus obras, no puedes pretender beneficiarte por una eventual compensación por ella).

Dado que no tenemos forma de fiscalizar dicho reparto desde un punto de vista público, no podemos evitar preguntarnos:

¿Esto se cumple en la práctica? No hay modo de saberlo.

Pero, aún en el caso de cumplirse, ¿es justo que sea así? Me explico: en base a la última reforma de la LPI del año 2006, las copias realizadas de redes P2P han devenido en ilegales. Por tanto, al no reconocer que esto es una copia privada legal como sí era antes del 2006, el autor cuya obra se descargue más en dichas redes no va a ser el más “beneficiado” por el reparto del canon. ¿Es esto justo? Parece que no, ¿verdad?

Por otro lado, ¿es justo que el canon se materialice en un sobreprecio de soportes que ya casi nadie utiliza? Seamos realistas, ¿quienes de nosotros utilizamos aún CDs o DVDs (y ya no digamos, disquetes)?. Pues, realmente, nos encontramos con que quienes más los utilizan son, paradójicamente, empresas y profesionales que en ningún caso pueden beneficiarse del derecho de copia privada (aunque quisieran) legalmente. Es en este sentido en el que va el reciente dictamen emitido en el seno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, anteriormente citado, respecto al caso de la empresa Padawan S.L. Es decir: no tiene ya mucho sentido.

Pero, me diréis, “todo eso está muy bien pero ¿qué solución propones?

Está bien, me comprometo a “mojarme” en el próximo artículo

El software libre ¿es realmente libre?

jueves, abril 29th, 2010

Lo sé. Está de moda. Los usuarios lo quieren. Las empresas lo usan cada vez más. Hasta las administraciones lo fomentan. Pero, ¿hasta qué punto el software libre es realmente “libre”?

Copyright sí o no?Lo cierto es que no hay un programador hoy en día que se precie de serlo que no haya programado alguna vez o usado software libre.

Y es que sus ventajas son muchas:

  1. Es gratuito: no se paga nada por usarlo o por programar con él.
  2. Su código fuente es abierto (open source): es decir, es público. Cualquiera puede acceder a él a texto completo y sin restricciones.
  3. Se puede copiar y modificar a tu antojo, sin aparentes restricciones.
  4. Hay, literalmente, miles de programadores que lo actualizan y mejoran continuamente.

Estas ventajas contrastan enormemente con el tradicional modelo del llamado “software propietario”, cuyo máximo exponente ha sido y sigue siendo el desarrollado por Microsoft, con Windows y MS Office a la cabeza, donde hay que pagar por su uso, su código fuente es cerrado e inaccesible, no se puede copiar ni modificar sin autorización y su base de programadores es limitada al personal integrante o contratado directamente por la compañía propietaria.

De hecho, a menudo se presenta al software libre como el “bueno y generoso” y al software propietario como el “malo y egoísta”. ¿Es esto realmente así? Veremos.

Derechos de autorAmbos modelos derivan de una misma normativa: la que se aplica para proteger los bienes inmateriales con un contenido intelectual o industrial. En nuestra legislación, dicha protección se garantiza mediante los llamados “derechos de autor” (también denominados “copyright” o “derechos de propiedad intelectual”).

Así, al contrario de otros países como EE.UU. que lo cataloga como objeto de patente, en nuestro Derecho el software se protege como una creación artística o científica más en virtud del artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual.

En base a dicha normativa, el dueño original de un programa de ordenador es su autor, es decir, su programador, conjunto de programadores o la empresa en que se integren.

Esto es común a ambos sistemas.

¿Qué varía entonces? ¿Qué hace tan distintos al software libre del software propietario?

Pues muy sencillo: su licencia de uso.

Una licencia no es otra cosa que el conjunto de reglas o condiciones que un autor dispone para regular el uso de su obra. En otras palabras, es un documento que plasma las normas de uso de un programa según la voluntad de su titular.

Como usuarios de un programa informático, su licencia de uso nos dice lo que podemos hacer con él (a lo que estamos autorizados) y las condiciones que debemos de cumplir en dicha utilización.

¿Y qué pasa si la licencia “se deja algo en el tintero”? Por ejemplo, ¿si no nos dice si podemos o no modificar el programa?

Pues, en dicho caso, lo omitido no estará permitido: en derechos de autor todo lo que no está expresamente autorizado, se entiende que está prohibido (salvo excepción legal, claro, como la copia privada que, por cierto, no se aplica al software).

¿Y cuántos tipos de licencias hay? La respuesta es tan clara como contundente: infinitas o, al menos, tantas como autores y obras, dado que cada uno puede redactar la suya propia en cada caso y sin más límites que la propia Ley.

Sin embargo, como anunciamos, hay dos grandes categorías de licencias de programas de ordenador: las licencias de “software libre” y las licencias de “software propietario”.

Empezamos por estas últimas: Las licencias de software propietario se caracterizan, con carácter general, por lo siguiente:

  1. Tienen un coste económico: cuando hablamos de “comprar un programa” en realidad nos referimos al pago por una licencia de uso del mismo (no tendríamos dinero suficiente para “comprar Windows” aunque sí para comprar su licencia de uso, que es lo que realmente hacemos).
  2. Su código fuente permanece oculto y cerrado. Sólo es conocido por los propios programadores de la empresa titular. Se prohíbe, por tanto, la descompilación o descubrimiento del mismo.
  3. Se limitan las copias que se pueden hacer del programa así como el número de ordenadores dónde se puede instalar: coloquialmente hablamos de licencias de uno o cinco equipos o “de una o cinco licencias”.
  4. Se prohíbe cualquier modificación o alteración del programa sin la autorización expresa de su titular.

Por el contrario, como veíamos al principio del artículo, las licencias de “software libre” son mucho más permisivas: no tienen coste económico, el código fuente es público y abierto, puede ser modificado libremente por cualquiera y se puede copiar e instalar en un número ilimitado de equipos.

Está claro que este tipo de licencias son mucho más “libres” o menos restrictivas que las tradicionales de software propietario pero ¿lo son totalmente?

La respuesta es no.

Para que una obra sea “totalmente libre” (es decir, que esté “libre de restricciones”) sólo existe una fórmula: que dicha obra sea “de dominio público”.

Bien es cierto que todas las obras terminan siéndolo, al transcurrir su plazo legal de protección: 70 años desde la muerte de su autor o, en el caso del software de empresa, desde el año siguiente a su comercialización. Así, en 2053 el MS-DOS 1.0 será de domino público (poco podremos hacer con él para entonces, ¿verdad?).

Sin embargo, hay una forma más rápida: que el propio autor decida convertir su obra en “dominio público” (es decir, libre de copyright). Pero lo cierto es que pocos utilizan dicha fórmula y se prefiere ir, en su caso, a licencias modelo de tipo de “copyleft” o “Creative Commons” (que son una modalidad de las de “software libre” pero también aplicables a otro tipo de obras: textos, fotografías, música, vídeo, etc.)

creative_commons

Y aquí viene la pregunta del millón: ¿Si las licencias de software libre no son realmente libres, cuáles son sus restricciones? ¿Qué limites tengo a la hora de usar o modificar un programa de software libre?

Obviamente, las restricciones concretas varían de una licencia a otra. Como hemos visto hay virtualmente miles o incluso millones de tipos de licencias de software libre. Las más conocidas son las licencias del tipo GNU/Linux, las GPL, en sus distintas versiones, las BSD o las de proyectos concretos como las de Mozilla, la histórica de Netscape, etc.

En cualquier caso y para simplificar, podemos hablar de las siguientes restricciones o límites comunes en la mayoría de licencias de software libre:

  1. El uso siempre será gratuito: podemos hacer copias y distribuirlas libremente pero nunca podremos cobrar por ellas. “Pero”, me diréis, “hemos visto Linux a la venta en el Centro Comercial, ¿cómo es posible?” Muy sencillo: se cobra sólo por los materiales físicos (caja, CDs, y papel del manual) y por el servicio frecuentemente asociado de soporte y mantenimiento online o telefónico (en sus distintas modalidades).
  2. Cualquier programación o cambio realizado en el código fuente, debe ser pública también y su código derivado debe permanecer abierto.
  3. Todo nuevo programa que derive total o parcialmente de software libre, debe seguir, obligatoriamente, con el mismo tipo de licencia. Es decir, no se puede aprovechar el código abierto para una aplicación informática que luego se comercialice como software propietario. Dicha aplicación deberá asumir la licencia de software libre, con todo lo que ello implica.

Estas son las restricciones más importantes y que, desgraciadamente, se suelen incumplir en muchos casos. Hay empresas que se aprovechan de los avanzados y casi ilimitados recursos de código abierto que se encuentran en la Red para incorporarlos a sus propios proyectos y programas en desarrollo (con un importante ahorro de tiempo y costes de programación) para luego comercializarlos como software propietario y lograr una ventaja injusta en dicho mercado. Dicha práctica es ilegal.

Dominio públicoComo hemos visto, el software libre, a pesar de su nombre, no es totalmente “libre” y debemos de tener en cuenta sus “límites y condiciones” antes de decidirnos por su uso en nuestra organización o en nuestra propia casa.

En resumen, hay que leer (y entender bien) la licencia, aunque a veces haya que comprar lupa para ello…

Las 10 reglas básicas para tener un “blog legal”

jueves, febrero 25th, 2010

Sin duda, uno de los fenómenos que más ha revolucionado Internet en los últimos años es el de los blogs. La posibilidad de que cualquier persona se convierta en “blogger” y publique su propia bitácora en la Red sobre distintos temas que le interesen, ha cambiado para siempre nuestra tradicional actitud de meros receptores pasivos de lo que nos cuentan otros. El fenómeno blog es, en realidad, la punta de lanza de la Sociedad 2.0.

bloggerPero, ¿qué es realmente un blogger para la Ley?

Pues, muy sencillo: un blogger es, a la vez, un autor y un medio de comunicación, con todos los derechos y obligaciones que ello comporta.

Así, el artículo 5 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) se aplica al blogger al afirmar que:

“Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica.”

Por su parte, el artículo 1 LPI dispone que:

“La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación.”

Por tanto, como autor, el blogger adquiere la propiedad intelectual de sus artículos desde el momento en que los escribe (incluso antes de ser publicados).

Esto en cuanto a autor, pero un blogger también recibe, en un aspecto importante, la consideración que la Ley reservaba hasta ahora a los medio de comunicación. De este modo, se le reconocen las libertades fundamentales del artículo 20.1 de la Constitución Española, en concreto las siguientes:

“a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. (…)

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.”

Son las famosas: libertad de expresión y libertad de información.

Por tanto, tal y como hemos visto, el blogger se beneficiará de los derechos y libertades derivadas de su doble condición de autor y de medio de comunicación.

“Todo eso está muy bien”, me diréis, “pero ¿cuáles son sus obligaciones?

Pues bien, aunque sería un poco más largo de explicar, voy a resumirlo en las 10 reglas básicas que todo buen blogger debe seguir para que su bitácora cumpla la Ley. Son las 10 reglas para tener un blog “legal”:

1- Ser “original” en la redacción de los textos (lo de copiar/pegar, mejor no).

2- Dar información “veraz”. Como hemos visto, la libertad de información sólo protege cuando ésta responde a la realidad de los hechos. Ante la duda, mejor no informar (al menos hasta verificar una noticia por una “fuente fiable”).

3- Incluir los datos del autor del blog. Todo medio de comunicación en la Red debe identificarse con sus datos de contacto, aunque sólo esto es obligatorio cuando supone una actividad económica para el mismo.

4- Si se incluyen citas de textos ajenos, es necesario entrecomillarlos o destacarlos con cursiva e indicar su fuente y el autor (por ejemplo, con un enlace).

5- Sólo incluir imágenes u otros contenidos audiovisuales si ello es autorizado por su autor (fijarse en su Licencia) y no hacerlo en ningún caso si incluyen la referencia de “Todos los derechos reservados” (salvo excepción legal).

6- Cuidar la corrección de las opiniones y comentarios vertidas en el blog. Evitar insultos y descalificaciones que dañen el derecho al honor de terceros.

7- No publicar nunca datos ni fotografías personales sin la autorización de los afectados, especialmente en los casos de personas no conocidas.

8- Retirar comentarios, links o contenidos nocivos introducidos por otras personas en el blog, cuando se tenga constancia de que son ilícitos o perjudican a terceros y obligatoriamente en caso de que una autoridad competente requiera formalmente para ello.

9- Si se incluye publicidad, la misma debe estar señalizada claramente (esto incluye también a los post publicitarios) y evitar realizar Spam.

10- Finalmente, es conveniente incluir la licencia de uso que aplicamos a nuestro blog (qué dejamos o no dejamos hacer con nuestros artículos a terceros). Si no indicamos nada, la Ley entiende que no concedemos ninguna autorización de uso.

Si un blogger sigue estas recomendaciones, evitará la mayor parte de los problemas legales que se suelen plantear con los blogs.

Como veis, no es tan difícil tener un “blog legal” ¿o sí?

Sociedad 2.0: ¿El fin de la privacidad o el comienzo de la democracia digital?

miércoles, febrero 17th, 2010

Algo muy importante está pasando en Internet. Dada la velocidad con que suceden las cosas, no siempre somos plenamente conscientes de los cambios radicales que se producen en nuestra sociedad.

Este es uno de ellos.

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, en unas recientes y polémicas declaraciones, afirmó que “la era de la privacidad ha terminado”. Comentando su experiencia en la creación de la red social más importante de Internet con más de 350 millones de usuarios y en contra de lo que inicialmente le auguraban, dijo que “la gente ha llegado a sentirse cómoda, no sólo de compartir más y más variada información, sino también de hacerlo de modo más abierto y con más gente. Esa norma social es sólo algo que ha evolucionado con el tiempo.” (Traducción libre – minutos 3:00 a 4:00 del video siguiente:)

¿Es realmente así? ¿El fin de la privacidad es el cambio fundamental que la Red ha traído a nuestra Sociedad 2.0?

Yo creo que no y me explicaré:

Apuntándose a la imparable tendencia de las redes sociales, Google lanzó hace unos días su nuevo servicio Buzz. Desde el mismo día de su lanzamiento, Buzz generó un amplio movimiento crítico en la Red que atacaba principalmente el intrusismo y la falta de privacidad del servicio. Pues bien, en sólo cuatro días, Google ha rectificado y reconfigurado Buzz para incorporar las demandas más importantes de los usuarios.

Por otro lado, en una decisión histórica el Parlamento Europeo acaba de vetar el acuerdo de cesión de datos bancarios celebrado en su día entre la Unión Europea y Estados Unidos. Una vez más, la razón principal era que dicho acuerdo no cumplía la exigencias mínimas de privacidad que se recogen en la normativa europea.

Estos dos ejemplos anteriores son muy recientes y avalan que, lejos de extinguirse, el derecho a la privacidad está muy presente y ha ganado fuerza entre los ciudadanos y los propios legisladores.

Por tanto, el cambio fundamental que nos trae la nueva Sociedad de la Información no parece ser el fin de la privacidad. La privacidad está en la Sociedad 2.0.

¿Cuál puede ser entonces?

Veamos otro caso reciente:

Cuando se presentó el borrador de Anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, con su famosa disposición adicional primera donde se contemplaba la posibilidad de cerrar páginas web y/o cortar el acceso a Internet para proteger los derechos de propiedad intelectual, se generó en muy poco tiempo un amplio movimiento crítico en la Red que forzó al gobierno a cambiar partes sustanciales de dicha disposición antes incluso de plantearse formalmente como iniciativa legislativa. Hoy en día, se han sumado a dichas críticas no sólo la Fiscalía sino el propio Congreso también. Habrá que ver cómo queda el texto final.

Por tanto, lejos de suponer el fin de la privacidad, lo que las nuevas redes y movimientos sociales en Internet parecen estar produciendo es el origen de una verdadera democracia digital en la Red; en la Sociedad 2.0.

Creo firmemente que es éste, y no otro, el cambio fundamental que se está produciendo, en directo y ante nuestros ojos, en Internet.

¿Será la Sociedad 2.0 la plasmación de la verdadera democracia directa que en su día soñó Rousseau? Es una bonita utopía: una democracia donde el pueblo gobierna permanentemente y no sólo eligiendo a sus representantes cada cuatro años.

Sólo el tiempo lo dirá, pero los mimbres ya están puestos.

Los verdaderos “piratas” en Internet

miércoles, octubre 21st, 2009

Hablar de piratas en Internet no deja de ser irónico, habida cuenta de que, desgraciadamente, siguen existiendo los “de toda la vida” haciendo de las suyas por “los siete mares”.

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En cualquier caso, es un término tan extendido que nos referiremos a él para englobar a aquéllos usuarios de la Red que no sólo incumplen la Ley al acceder, copiar y compartir obras ajenas sin autorización, sino que cometen un delito contra la propiedad intelectual al hacerlo.

Terminábamos nuestro artículo anterior, refiriéndonos a los requisitos para copiar legalmente obras para uso privado sin el permiso de su autor. El último de dichos requisitos era el siguiente:

4- Que la copia se haga a partir de una obra a la que se haya “accedido legalmente”.

Este punto es bastante ambiguo y constituye el principal cambio que introdujo la Ley 23/2006, de 7 de julio, a esta regulación clásica de la copia privada (antes no existía dicho requisito). Debido a su novedad y ambigüedad, todavía debe interpretarse y definirse suficientemente, especialmente en el ámbito de Internet. ¿Es legal el acceso a una obra puesta a disposición como descarga o enlace directo en una página Web?

Pues dependerá de los derechos adquiridos por el titular de dicha página Web para poner o no a disposición del público dicha obra. Recordad que el derecho de copia que comentábamos en su día es sólo para uso privado, no uso colectivo o lucrativo.

Sólo en este último supuesto (ánimo de lucro), estaríamos ya ante la posible comisión, por parte del titular de la Web, de un eventual Delito contra la Propiedad Intelectual (popularmente conocido como “piratería informática”) dado que el artículo 270.1 del Código Penal dispone que:

“Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra (…) sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.”

Por tanto, es necesario el “ánimo de lucro” para que se catalogue cualquiera de estas acciones como delito. Un caso sería, por ejemplo, una Web que se nutriera de la publicidad aunque no cobrara, per sé, por el acceso a sus contenidos.

Éste, sin embargo, no es el caso de la mayor parte de usuarios de Internet al intercambiar archivos y enlaces sólo con finalidad lúdica, sin buscar un beneficio económico. Así, en las Redes P2P como Emule o BitTorrent efectivamente se vulnera la Ley al compartir obras sin autorización pero en ningún caso se está cometiendo un delito de piratería informática.

“¿Pero entonces, por qué nos sentimos piratas?” Pues muy sencillo, porque hemos sido objeto de un verdadero bombardeo de anuncios, advertencias “legales”, leyendas en el cine, etc. donde prácticamente se criminaliza la conducta de descargar o copiar contenidos digitales.

Este hecho y las recientes iniciativas gubernamentales contra el P2P son, en mi opinión, el “canto del cisne” de un modelo de negocio que está en vías de transformación radical con el fenómeno de Internet. La industria tradicional (productoras, discográficas, editoriales, etc.) está sufriendo una verdadera revolución y debe orientar sus esfuerzos en adaptarse a la nueva realidad más que intentar luchar contra ella.

Hay varios y destacados ejemplos de adaptación como el caso del éxito de iTunes, con música y vídeo para el iPod, o de Amazon, con libros electrónicos para el lector Kindle.

Sin duda, el fenómeno de “convulsión” actual es pasajero. En 10 años el mercado de contenidos cambiará radicalmente: esperemos que la Ley esté a la altura y sepa adaptarse también a ello.

¿Cómo creéis que será ese futuro? Si lo deseáis, dejad vuestros comentarios al respecto y quedamos en 10 años para releerlos.

Descargar o no descargar, ésa es la cuestión

martes, octubre 13th, 2009

¿Quién no se ha sentido un “pirata” al descargar alguna película o alguna canción de Internet? Arrancamos ese programa (léase Emule, Azureus, Bittorrent, etc.) o accedemos a esa página web con películas de estreno o series de televisión que nos recomendó un amigo e inmediatamente nos envuelve una sensación de clandestinidad al descargar dichos contenidos en nuestro ordenador.

Autor: Stephan Baum

Autor: Stephan Baum - Licencia GNU-CC

Parémonos aquí un momento y recapacitemos: Esto es un fenómeno muy reciente. Si lo pensamos, no nos sentíamos así cuando, hace no tantos años, grabábamos la película del viernes por la noche en nuestro viejo VHS o una canción de la radio en nuestros denostados casettes. ¿No estábamos, en cierto modo, haciendo lo mismo?

Vamos a verlo.

La razón por la que nos sentíamos seguros a la hora de grabar la película de televisión en nuestro VHS es porque nadie nos decía que estuviera mal porque dicha práctica no era ilegal ni mucho menos delictiva. De hecho, venía reconocida y amparada por nuestra propia Ley de Propiedad Intelectual como el “derecho de copia privada”. ¿En que consiste dicho derecho? Pues, en pocas palabras, que cualquier persona podía hacer una copia para uso privado (es decir, no comercial ni colectivo) de cualquier obra audiovisual ya distribuida en el mercado. ¡Y ello sin permiso del autor!

“¡Pero cómo!” – me diréis – “¿Copia legal y gratis? ¿No es pirateo?

Pues sí, totalmente legal aunque no exactamente gratis

De hecho, la Ley reconoce que se debe indemnizar al autor por todas estas copias privadas que se puedan hacer de sus obras. ¿Y cómo? Pues a través de un pequeño “sobreprecio” en los soportes de grabación y en los propios aparatos de grabación (léase los viejos VHS o casettes). ¿Os suena? ¡Pues claro! Es el famoso “canon” que reciben las Gestoras de Derechos (SGAE, AGEDI, etc.).

El mismo se recogía ya en el artículo 25.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) rezando lo siguiente:

“La reproducción realizada exclusivamente para uso privado (…) originará una compensación equitativa y única (…) dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaran de percibir por razón de la expresada reproducción. Este derecho será irrenunciable para los autores y los artistas, intérpretes o ejecutantes.”

Como véis, no es un invento de ahora sino que ya estaba reconocido en nuestra legislación hace muchos años. Lo supiéramos o no, cada vez que comprábamos una Cinta virgen VHS o de casette de audio, estábamos pagando unos céntimos (o pesetas) de “canon”. Dicho sobreprecio se paga a las Asociaciones de Autores y Gestoras de Derechos para que lo “distribuyan proporcionalmente” entre los autores y demás titulares de derechos de propiedad intelectual sobre las obras eventualmente reproducidas en el ámbito privado.

Es decir, el “canon” no supone una compensación por la “piratería” de las obras sino por la acción completamente legal de copia privada de las mismas.

¿Y qué ocurre hoy en día? Pues exactamente lo mismo sólo que dicho “canon” se ha extendido también a los nuevos soportes actuales: CDs, DVDs, Grabadores digitales, Reproductores de MP3, etc. y se ha rebautizado como el “canon digital”.

“¿Y eso quiere decir que…?” Sí, eso es, quiere decir que el derecho de copia privada sigue en vigor en nuestra legislación y se aplica igualmente a las nuevas tecnologías.

En concreto, el artículo 31.2 LPI, redactado por la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, dispone lo siguiente:

“No necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25 (…). Quedan excluidas de lo dispuesto en este apartado las bases de datos electrónicas y (…) los programas de ordenador.”

“¿Pero entonces, puedo descargar películas y música de Internet líbre y legalmente?” La respuesta es sí, siempre que cumplas los siguientes requisitos:

1- Que la obra ya haya sido divulgada (nada de películas no estrenadas o no comercializadas aún).

2- Que sólo se “copie” la obra (nada de compartirla, redistribuirla o hacer copias para otras personas).

3- Que sólo sea para “uso privado” (no lucrativo ni colectivo, más allá de nuestro ámbito familiar) y

4- Que la copia se haga a partir de una obra a la que se haya “accedido legalmente” (en Internet, a través de una web o servicio online “legítimo”).

Ya sé que esto último puede resultar complejo en la Red. Por ello, en un próximo artículo veremos cómo reconocer a los verdaderos “piratas” en Internet.