El caso de los vídeos sobre tráfico de órganos procedentes de abortos va camino de convertirse en una vergüenza para la profesión periodística. Planned Parenthood, la empresa que ejecuta más de trescientos mil abortos por año y a la que se acusa del comercio ilícito, ha reaccionado negándolo, adoptando el papel de víctima en un ataque «contra la salud reproductiva de la mujer» y, asombrosamente, pidiendo a los medios que no den cobertura al asunto. Muchos le han hecho caso, empezando por las televisiones: solo la CNN y la Fox -de signo muy distinto- han mantenido una cobertura razonable.
Los medios importantes ligados a los demócratas, primero defendieron a la empresa, luego pasaron a una postura tibia, casi profesional y ahora han optado por el silencio o por reducirlo a una lucha partidista. Quizá se trate de mera prudencia, porque cada nuevo vídeo empeora el anterior -esta semana se han difundido dos- y resulta más complicado rebatirlos. O quizá estén plegándose a la estrategia de la empresa. Tampoco en España se ha hecho eco nadie, que yo sepa, pese a los indicios de gravísimos ataques contra la dignidad humana. Acaso porque se ve como algo ajeno.
Planned Parenthood admite que los vídeos son reales, aunque muy editados y descontextualizados. Pero no hace falta mucho contexto para asustarse, como le ocurrió a la abortista Hillary Clinton, al escuchar lo que se dice en ellos y cómo se dice. No es una cuestión de insensibilidad, sino de dinero: escribí en el artículo anterior que Planned Parenthood recibió 207 millones de dólares de fondos públicos en los dos últimos años. Ellos mismos reconocen más de 500 anuales en su última memoria: el 41 % de los ingresos.
La Voz de Galicia, 1.agosto.2015