La Voz de Galicia

Suponga que usted es una persona libre, en un país libre, con instituciones libres y libertad de educación reconocida en la Carta Magna. Suponga que tiene usted una renta baja, algún o algunos hijos, ideas claras sobre cómo quiere educarlos y voluntad de hacerlo tanto en casa como en el colegio.
A la hora de buscar un centro educativo, intentará discernir cuál se acerca más a sus ideas filosóficas, religiosas e incluso pedagógicas. Es probable que en un país libre la oferta sea lo suficientemente amplia como para que dé con uno que se ajuste a sus preferencias, algo que no ocurre en los regímenes controlados, donde lo primero que se somete a la disciplina del poder es la comunicación y la educación.
Pues en España, país libre, depende: si no le gusta la enseñanza pública —o le parece una lotería, vinculada a cómo se conforme el profesorado del centro cada año—, puede tener problemas. Porque su siguiente opción sería acudir a un colegio concertado. Si vive en el medio rural, difícil (aunque ahí, ahora, también puede resultar casi heroico acudir a la escuela pública). Si vive en una ciudad, es muy posible que no encuentre plaza en ninguno. Y como no dispone de recursos suficientes ni de becas, olvídese de un privado que responda a sus preferencias.
Si usted prefiere que sus hijos se formen en colegios con enseñanza diferenciada (solo para niños o solo para niñas), el Tribunal Supremo acaba de complicarle más las cosas. Porque, aunque nadie haya dicho que tal cosa esté prohibida y haya acuerdo en que no supone discriminación e incluso abunde la bibliografía sobre sus ventajas a determinadas edades, que los concertados puedan ofrecer esa enseñanza dependerá en adelante del gobierno autonómico. Su legítima libertad quedará al albur del criterio político de turno. Salvo que sea usted rico, claro. Como siempre.