Una verdadera pesadilla están sufriendo estos días algunas poblaciones de la costa de Castellón y de Tarragona, donde, desde hace una semana, cuentan ya por centenares los movimientos sísmicos sufridos, el más grave el ocurrido el pasado 1 de octubre llegó a 4,2 grados en la escala Ritcher.
Como se ha barajado estos días, es posible que exista una relación causa-efecto entre esta intensa actividad sísmica y el llamado “Proyecto Castor”: un proyecto industrial promovido frente a la costa de Vinaròs (Castellón) por la empresa Escal UGS (empresa del grupo ACS) para la inyección de gas –a más de 1.750 metros de profundidad y a 21 kilómetros de la costa- en un antiguo yacimiento petrolífero para su almacenamiento. Con una inversión de más de 1.300 millones de euros, según la empresa gestora, el antiguo pozo tiene una capacidad de almacenamiento equivalente a un tercio de la demanda nacional de suministro de gas en un año. No es único almacenamiento submarino que hay en España ya que hay otro en Vizcaya, enfrente de Bermeo. Y hay tres más en tierra firme: en Jaca, Sabiñánigo y Brihuega.
La sismoactividad ha sido tan alarmante que el Gobierno –a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, dirigido por el Sr. SORIA– ha ordenado la paralización del funcionamiento de la planta de almacenamiento de gas y ha encargado un informe al Instituto Geológico y Minero. Por su parte las fiscalías de medio ambiente de Cataluña y de Castellón han incoado diligencias informativas por si pudiera haber responsabilidades penales. También las autoridades autonómicas de Cataluña y de la Comunidad Valenciana han tomado cartas en el asunto.
Realmente este problema llega en un momento muy especial con relación a los riesgos ambientales derivados de lo que podríamos denominar en sentido amplio “geo-ingeniería” y que radican en las zonas marinas, más o menos próximas a la costa, para las que se utiliza la expresión inglesa “offshore” (traducible como “en el mar, alejado de la costa”). Han pasado más de tres años de la explosión –en el Glofo de Mexico- de la plataforma petrolera “Deepwater Horizon” y el posterior vertido de hidrocarburos más grave de la historia de los Estados Unidos; pero es mucho más reciente la polémica desencadenada en nuestro País en las Islas Canarias –entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Autónomo de Canarias- acerca de la potencial explotación de pozos petrolíferos en el Archipiélago.
Tierra adentro, es también reciente la polémica en cuanto al llamado “fracking” o “fraccionamiento hidráulico” para la extracción de hidrocarburos, una temática –desde luego- distinta al almacenamiento de gas que nos ocupa, pero en la que se baraja, entre otras muchas cuestiones, la generación inducida de riesgos sísmicos.
Y, junto a todo esto, en el momento presente se está revisando la normativa española de evaluación de impacto ambiental con el principal objetivo –declarado por el Gobierno del Estado- de simplificar el procedimiento y reducir sus plazos. No está mal esta pretensión ante irracionales y desproporcionados retrasos en la ejecución de los proyectos industriales tan necesarios para impulsar nuestra economía. Ahora bien, en mi humilde opinión de ciudadano -particularmente sensibilizado por la protección del medio ambiente- habrá que tener especial ciudado con respecto a las garantías que se exijan a los referidos proyectos de “geo-ingeniería”, en los que está en juego importantes intereses públicos (de seguridad pública y de protección de la integridad de las personas y del medio ambiente) y, ¿por qué no decirlo?, de importantes inversiones económicas (recordemos, 1.300 millones en el caso del “Proyecto Castor”).
Desde hace tiempo que vengo poniendo de manifiesto la creciente importancia económica que, de cara al futuro, van a tener –ya lo tienen- los recursos naturales en las zonas maritimas y costeras. Por ejemplo, el impresionante desarrollo de la energía eólica marina en los últimos años en Europa (y en particular, en Reino Unido) en un buen botón de muestra. Pero estas prometedoras actividades económicas plantean complejos retos en la protección del medio ambiente marino y costero y las actividades que concurren en la misma. Y, por este motivo, al menos en la Unión Europea, hay que trazar una estrategia que permita compatibilizar el desarrollo económico con la preservación de los recursos naturales. Con este fin se aprobó la Directiva 2008/56/UE sobre “Estrategia marina”, posteriormente transpuesta en España mediante la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Ambiente Marino.
De que la Unión Europea –visto lo ocurrido en otros lugares y los potenciales riesgos del futuro sobre la explotación marina- está afinando en esta materia es buen ejemplo la recientemente aprobada Directiva 2013/30/UE de 12 de junio de 2013, sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro. Aunque ahora no tenemos tiempo para analizar la posible aplicación de las medidas de seguridad recogidas en esta norma –que en todo caso prevé un plazo de transposición por los Estados miembros hasta mediados del 2015-, lo que resulta claro es que hay que hilar muy fino en esta materia.
Está en las manos del Gobierno español, a la vista –entre otras cosas- de lo que depare la investigación iniciada estos días sobre el “proyecto Castor”, la magnífica oportunidad de reformar la normativa de evaluación ambiental con sentido práctico pero, también, con prudencia y precaución, especialmente en aquellos supuestos en que la potencialidad de los riesgos se presenta más elevada.
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