Dentro de pocos días se van a cumplir ¡dos meses! desde la explosión y el posterior incendio de la plataforma petrolífera “Deepwater Horizon” al servicio de British Petroleum en el Golfo de Méjico. Y con el accidente -que ya ha producido el mayor vertido de hidrocarburos de la historia de los Estados Unidos (en estos momentos se calcula que triplica el producido por el buque Exxon Valdez en 1989)- llega, irremisiblemente, la marea negra a la costa de los Estados sureños y algo que causa un gran impacto en la opinión pública (lo sabemos bien): las aves petroleadas, triste símbolo de este tipo de catástrofes ambientales. Pero no solo es una marea contaminante la que está arribando a la costa de los Estados Unidos, sino también una preocupante marea política –denominada por algunos, maliciosamente, el Katrina de Obama– que está afectando muy seriamente a la popularidad del recien llegado Presidente norteamericano.

Cuando en nuestro anterior post (“La marea negra no entiende de colores políticos”) comentamos por primera vez este accidente, me mostraba muy optimista ante la previsible gestión de esta catástrofe por parte del Gobierno y la Administración estaunidense, que tras el Exxon Valdez había adoptado medidas muy serias y exigentes. Además presuponíamos su poderío técnico, la envidiable coordinación de sus autoridades y Agencias, su irreprochable transparencia informativa. Pero…, han pasado casi dos meses de aquel fatídico 20 de abril y el petróleo bruto sigue fluyendo de las entrañas del fondo marino sin que todavía se haya podido controlar del todo su contaminante flujo.

Nos consta que el plan de respuesta –previsto por el ordenamiento jurídico- se ha puesto en marcha, que las Agencias competentes están actuando (EPA, NOAA, etc.), que el servicio de Guardacostas vigila y supervisa las operaciones, que se han decretado los oportunos “estados de emergencia”… Y el mismísimo Presidente Obama ha visitado ¡por cuatro veces! las zonas afectadas por la catástrofe.

A mi juicio, parte del problema es que se ha confiado excesivamente en la capacidad técnica de BP para resolver la situación. Soy consciente de que allí como aquí, en Europa, la normativa exige que las empresas de explotación petrolífera tengan sus propios planes de contingencias interiores, y que ellas son las principalmente –y en primer lugar- responsables de solucionar las incidencias catastróficas. Pero, me parece que la Administración Obama ha tardado mucho en reaccionar ante los acontecimientos. Ahora en la Comisión parlamentaria que se ha constituido para investigar el accidente, se está sabiendo que BP no fue lo suficientemente ciudadosa en su política de seguridad de las explotaciones en el mar.

Ayer Obama se ha reunió con los responsables de la poderosa multinacional, quienes han prometido una cuantiosa suma para las indemnizaciones y restauración ambiental de las zonas afectadas. Bienvenida sea. Lo que verdaderamente me preocupa es que, bajo la indudable solvencia económica de BP y ante la imperiosa necesidad de mantener el insostenible consumo de recursos energéticos de los Estados Unidos, se sacrifiquen tantos valores. No sólo los de los pescadores de Luisiana y del Delta del Misisipi o los de los establecimientos turisticos de Florida. También esos valores ambientales de los ecosistemas marinos y costeros de muy dificil evaluación.

Ante potenciales daños castróficos –muchos de ellos irreversibles- pienso que se deben exigir a sus potenciales causantes cautelas proporcionadas a semejantes riesgos. Y desde luego, la técnica –como estamos viendo- tiene sus límites. Limitaciones que deben tenerse en cuenta a la hora permitir –o no- la explotación de ciertos recursos naturales. No  hay que sacrificarlo todo en aras del progreso o de los accionistas de BP.