A lo largo de tres Jornadas (3, 4 y 5 de 4 julio) he disfrutado mucho en la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña –en la que trabajo- de unas magníficas conferencias de buena parte de los mejores expertos en Derecho Ambiental (o también denominados “iusambientalistas”) de nuestro país y de fuera de España. En el marco de los Cursos de Verano de mi Universidad, “La ecologización del mercado: límites jurídicos a las libertades económicas e incentivos de responsabildad social” ha sido el título que ha orientado las exposiciones y los debates de este Seminario, organizado y dirigido con excelencia por mi compañero el Profesor Juan José PERNAS GARCÍA, y ha contado también con la presencia de los responsables del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA).
En realidad, este evento cientifico constituía la culminación de un trabajo previo de elaboración de un libro colectivo –coordinado por el mismo Profesor PERNAS GARCÍA– que está a punto de publicarse por el Instituto Nacional de Administración Pública bajo el título: “Libre mercado y protección ambiental. Intervención y orientación ambiental de las actividades económicas”. De aquí que la mayor parte de los intervinientes en el Curso de Verano ha expuesto sus respectivas contribuciones para la citada publicación.
De fuera de España hemos contado con la intervención del Dr. Nicolas de SADELEER, Profesor de la Université Sanit-Louis de Bruselas (Bélgica) que es uno de los más prestigiosos jurístas ambientales del momento actual. Conocedor como pocos del Derecho Comunitario del Medio Ambiente y de la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo en esta materia, ha desentrañado los problemas prácticos que se plantean en la Unión Europea en relación con la libertad de circulación de mercancías y la medidas de los Estados miembros para proteger el medio ambiente que, en ocasiones, encubre un rechazable proteccionismo ante la entrada de productos de otros países.
Para quienes trabajamos en esta jóven y dinámica rama del Derecho (el Derecho Ambiental) hemos disfrutado, como decía al principio, de unas ponencias en temas tan interesantes como: el mercado de derechos de emisión o de las concesiones de derechos hidráulicos, de la comercialización de los organismos genéticamente modificados, de la crisis económica y su impacto sobre el Derecho Ambiental, sobre los “impuestos verdes”, sobre la responsabilidad social corporativa y la información ambiental de las empresas, sobre los centros comerciales y sus reprecusiones sobre el medio ambiente, acerca de la novedosa institución del “pago por servicios ambientales” en el desarrollo sostenible del medio rural, etc. Pero, tan estimulantes como las exposiciones de los expertos han sido los debates generados tras su finalización, en una dinámica de trabajo que no es frecuente en actividades similares (en las que prolifera la sucesión interminable -e insufrible- de conferencias sin tiempo para discutirlas).
Los expertos juristas convocados –profesores de diez Universidades de España, venidos de los cuatro puntos cardinales (desde Santiago de Compostela a Barcelona, desde el País Vasco a Huelva y Sevilla, de Tarragona, de Navarra, de Valladolid, y de Zaragoza) han coincidido en destacar que asistimos, en lo más profundo de la crisis económica, a un claro intento por parte de los poderes públicos (particularmente en España) de relajar y limitar al máximo las exigencias jurídicas de protección ambiental. Bajo la –entendible- excusa de que hay que promover la actividad económica y la creación de puestos de trabajo, se están prodigando –por parte del Gobierno- medidas y normas –no tan justificables- que tienden a excepcionar o flexibilizar la aplicación de los estándares de protección ambiental. La reciente reforma de la Ley de Costas es buen ejemplo de lo que decimos, pero se destacaron en el Curso de Verano muchos otros supuestos de facilitación de actividades lúdicas, de desarrollos urbanísticos o de instalaciones industriales sin que los ciudadanos tengamos facilidades para informarnos y efectuar las oportunas alegaciones.
De otra parte, en varias de las ponencias se puso de manifiesto el formidable reto al que se están sometiendo a nuestras Administraciones Públicas (las ambientales en nuestro caso) al pasar -en virtud de la llamada Directiva de Servicios (la Directiva 2006/123/CE, aprobada con la finalidad de favorecer el ejercicio de la libertad de circulación de los servicios y de sus prestadores)- de la tradicional protección preventiva frente a actividades que pueden poner en peligro intereses generales (entre ellos los ambientales) a una protección “curativa” que consiste el reconocimiento general de las actividades económicas sin controles previos aunque sometidas, eventualmente, a la inspección de las autoridades administrativas. Sin desear, por supuesto, el mantenimiento de rígidos controles burocratizados e insoportables cargas administrativas para los sufridos ciudadanos y para los emprendedores, cuando de lo que se trata es de proteger nuestro ámbito vital (frente al ruido, los vertidos y las contaminaciones contaminaciones de todo tipo) confiarlo todo a las funciones y cuerpos de inspección ambiental es al menos temerario (al menos en España y dado los recortes presupuestarios en muchos servicios administrativos).
De la conferencia de clausura del referido Curso de Verano pronunciada por el Profesor Fernando LÓPEZ RAMÓN, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, director del Observatorio de Políticas Ambientales y Presidente de la Fundación Ecología y Desarrollo, extraigo la idea de que, pese a las evidentes regresiones que se están produciendo en todo el mundo en el campo de la protección ambiental, donde por encima de todo mandan los intereses económicos, no tenemos más remedio que progresar hacia en “Estado Sostenible de Derecho” si queremos sobrevivir como civilización.
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