En estas semanas se está intentando cerrar el complejo proceso de negociación interinstitucional en la Unión Europea para la aprobación de la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) que debería haber entrado en vigor a comienzos de este año 2013. El futuro texto normativo –que sustituirá al del año 2003- tiene como objetivo fundamental devolver la sostenibilidad a las poblaciones de peces y, así, ofrecer a los ciudadanos de la Unión Europea un suministro alimentario estable, saludable y seguro.  Desde el nacimiento de la PPC en 1983 –poco antes de la incorporación de España a la Unión Europea (1985)- se perseguía asegurar un abstecimiento alimentario (procedente de la pesca) a precios razonables pero, al mismo tiempo, se preveían medidas de gestión conservacionistas basadas en “totales autorizados de capturas” (TACs) y cuotas de pesca. Era evidente que,  junto a la política de los mercados y estructuras pesqueras, la política de los recursos pesqueros resultaba esencial ya que no hay pesca en los mercados, ni pescadores sin pescado.

Tanto en las sucesivas reformas de 1992 y de 2002 se puso de manifiesto el grave desequilibrio entre la capacidad de la flota y las posibilidades de captura. Pese a las medidas que se han venido adoptando en estos decenios (planificación y gestión del esfuerzo pesquero, mayor control de las capturas, exigencia de técnicas de pesca más selectivas, reconversión profesional de los pescadores y desguace de buques, etc.), lo cierto es que aquél desequilibrio persiste e incluso se está agravando. Hay bastante unanimidad en el mundo científico de que en las pesquerías tradicionales hay una clara situación de sobrepesca que están poniendo en claro peligro su subsistencia. Lo cual afecta a la misma rentabilidad de las flotas (cada vez más baja) y, todo ello, pese al importante apoyo público al sector.

Por estos motivos, en las propuestas de reforma de la PPC –promovidas por la Comisión desde el año 2009- predominan los objetivos de marcada naturaleza ambiental: sostenibilidad de la pesca en su triple vertiente ambiental, económica y social; aplicación en la gestión de las pesquerías el principio de precaución; mantenimiento del “rendimiento máximo sostenible” que garantice el mantenimiento y restauración de los recursos; minimización de los impactos negativos de la actividad pesquera en el ecosistema marino; etc. 

Entre los objetivos específicos y medidas concretas que se han barajado ninguno ha adquirido tal notoriedad como el relativo a la reducción o eliminación de los “descartes”, es decir, aquellas capturas de todo tipo de especies que los pescadores devuelven al mar (muertas o heridas), bien porque se trata de especies no comerciables, por superar la cuota permitida, por no haber alcanzado la talla mínima…, o bien porque se utilizan métodos de pesca no permitidos. El hecho es que en la Unión Europea los descartes suponen cerca del 25% del total de capturas (en torno a un millón setencientas mil toneladas de peces). La idea es que ahora se obligará a los pescadores a que descarguen en puerto todas las especies comerciales que capturen.

Quienes lo vimos quedamos muy impresionados con las imágenes difundidas por un documental sobre la pesca del tiburón, en la que se mostraba cómo se pescaba a estos escuálidos con la única intención de extraer sus preciadas aletas, tras lo cual se devolvía al agónico animal a lo profundo de las aguas marinas.  Luego ha sido la campaña internacional “Ni un pez por la borda” –de apoyo a la iniciativa de prohibición de los descartes- que, gracias a la adhesión de más de 850.000 personas de toda Europa y de la las más importantes asociaciones ecologistas, de las entidades vinculadas con la pesca artesanal (como la Fundación Lonxanet), de personajes famosos e incluso de grandes chefs de la gastronomía, ha obtenido un marcado éxito en la opinión pública.

La propuesta de la Comisión Europea sobre los descartes, como una de las “medidas estrella” de futura política pesquera común hacia el 2020, se orienta hacia el objetivo final de su total prohibición si bien pasando por unas etapas previas de progresiva eliminación de esta perjudicial práctica pesquera según los diferentes tipos de especies. A principios del mes de febrero pasado, el Parlamento Europeo respaldó por una abrumadora mayoría (502 votos a favor, 137 en contra y 27 abstenciones) la eliminación progresiva de los descartes –comenzando en 2014- en el marco de la reforma de la PPC, suavizando, no obstante, la propuesta de la Comisaria de Agricultura y Pesca, María DAMANAKI que pedía poner fín de forma inmediata a dicha práctica. El reciente Consejo de Ministros de la Pesca de la Unión Europea ha puesto de manifiesto las discrepancias de algunos Estados miembros sobre dicha medida (como es el caso de España), solicitando una mayor flexibilización en la aplicación de dicha medida.

En esta materia concreta de los descartes me alegra saber que incluso la influyente Confederación Española de Pesca (CEPESCA) –que representa a la mayor parte de la pesca industrial y de la pesca artesanal- declara tener entre sus prioridades la minimización de los descartes, si bien defiende también una aplicación gradual y flexible de dichas medidas. También es muy importante promover el I+D+i en la implantación de artes y métodos más selectivos. Y, como ya saben mis lectores, no puedo ocultar mi particular preferencia por las buenas prácticas de la pesca artesanal.

Hoy más que nunca es preciso exigir una pesca más responsable -al que se refiere el “Código de conducta para la pesca responsable” de 1995, promovido por la FAO- que cuente con medidas tan razonables como la eliminación de los desplifarradores descartes. No debe entenderse como un antojo caprichoso del lobby ecologista. Es, quizá, una de la claves del futuro –no la única, desde luego- para la protección, tanto de los recursos pesqueros, como de la digna y sacrificada profesión de la pesca marítima. Y, la reforma ahora en curso de la PPC es una buena ocasión para erradicar esa insostenible práctica pesquera.