Sucedió el pasado martes, 16 de octubre, a las 11,00 hs. comenzó en la ciudad de A Coruña la vista oral del macro-juicio del caso Prestige en espectacular escenario montado al efecto en el recinto ferial ExpoCoruña. Han transcurrido casi diez años de paciente instrucción por los/as sucesivos/as jueces/zas que ha pasado por el torturado Juzgado de Corcurbión. Cifras de récord: 1.500 perjudicados, agrupados en 55 acusaciones, 70 letrados, 28 procuradores; 133 testigos admitidos; un total de 98 pruebas periciales; una reclamación de daños que la Fiscalía valora en 3.863 millones de euros; un sumario que consta de más de 230.000 folios; etc. Y, en el banquillo de los acusados, tres protagonistas: el Capitán del Prestige (Apostolos MANGOURAS), el Jefe de Máquinas del buque (Nikolaos ARGYROPOULOS) y el ex-Director General de la Marina Mercante (José Luis LOPEZ-SORS GOZÁLEZ), todos ellos imputados por un delito contra el medio ambiente y daños. El otro de los imputados, el Primer oficial del buque siniestrado (el filipino Ireneo MALOTO) está en paradero desconocido y pesa sobre él una orden de búsqueda internacional).
Cuanto más observo la foto de los acusados, en la primera fila del mediático proceso, con rostro serio, elegantemente vestidos, de edades más bien propias de la senectud, más me cuesta creer que en ellos se encuentra el “núcleo duro” de los responsables de una de las catástrofes de contaminación marina más importantes de la historia de España. Y, al instante me vienen a la mente tantos aspectos jurídicos del caso Prestige -internacionales, comunitarios, mercantiles, procesales, civiles, ambientales, administrativos, penales, etc.- que nuestro grupo de investigación (el Observatorio del Litoral) ha tenido la oportunidad de estudiar a lo largo de estos años. El “caso del Prestige” es, probablemente, uno de los accidentes de petroleros de los que más se ha escrito en la historia (y, desde luego, los ha habido más graves que éste, al menos en cuanto al volúmen de la marea negra provocada tras el hundimiento).
Como acertadamente se ha destacado, el “Prestige” es un caso emblemático del fenómeno de la “globalización económica”: buque de dueño –sobre el papel- liberiano (“Mare Shipping”), abanderado en Bahamas, de armador griego (“Universe Maritime”), aseguradora británica (“The London Steamship Owners”), certificado por una sociedad de clasificación norteamericana (“ABS”), fletado por una sociedad suiza (“Crown Ressources”), con un Capitán griego y buena parte de la tripulación filipina, que fue intentado rescatar por una empresa holandesa («Smit Tak»), que afectó (además de España) a parte del litoral de Francia y Portugal, etc. A estas alturas ya se conoce bien los responsables que hay detrás de la trama de empresas y sociedades relacionadas con el Prestige. Y, por supuesto, que no queremos sentar a más personas en el banquillo de las acusados pero lo cierto es que hablar de responsabilidades en caso del Prestige es ir más allá del juicio estelar que se ha comenzado a desarrollar en A Coruña y que nos va a ocupar, por lo menos, hasta mediados del año que viene.
Antes de este juicio ha habido muchos otros juicios relacionados con el Caso Prestige. No me refiero sólo al promovido por el “Reino de España” ante el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito de los Estados Unidos contra el fallo de un Tribunal de Distrito, absolutorio y favorable a la sociedad clasificadora “American Bureau of Shipping” (ABS) que fue, lamentablemente, desestimado, o a otros juicios menores que se han sustanciado en diferentes jurisdicciones (desde los tribunales ordinarios hasta el Tribunal Constitucional o incluso el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo). En esta década muchos otros juicios se han sucedido: un juicio político contra el Gobierno que tuvo que capear la catástrofe (por cierto, con relativamente pocos réditos electorales para los grupos de la oposición del momento); un juicio mediático muy efectivo sobre la base de las conmovedoras muestras de solidaridad de los voluntarios y las terribles huellas del chapapote (pero menos sensible con los sentinazos que suponen el ochenta por ciento de la contaminación de los buques); un juicio científico por parte de los expertos de todo tipo que han permitido reflexionar sobre posibles remedios y soluciones; un juicio popular por parte de una ciudadanía hastiada de presenciar el tozudo suceder de accidentes en nuestras costas.
Deseamos que se desarrolle un proceso justo e imparcial, desprovisto de cualquier carga ideológica, pero conscientes de que se tratará sólo de un paso más en una sucesión de decisiones que persiguen, en todo el mundo, unos buques más seguros en unos mares más limpios.
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