Acabo de llegar de Granada donde, el pasado viernes 5 de octubre, he participado en una mesa redonda sobre la reforma de la Ley de Costas, organizada por Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada y dirigida por mi buen amigo y colega el Catedrático Estanislao ARANA GARCÍA. La celebración de este evento ha tenido lugar justo el mismo día en que el Consejo de Ministros anunciaba la aprobación del anteproyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral que se va a remitir a las Cortes Españolas para su tramitación parlamentaria.
Ayer la prensa de todo el país se hacía eco de la noticia: “El Gobierno indulta más de 10.000 viviendas construidas en la costa”, “la Ley de Costas abre una vía para evitar la piqueta de cientos de núcleos” (referido a Galicia), “la nueva Ley aplaza el derribo de viviendas en la costa”, “la nueva Ley de Costas resuelve el conflicto de los núcleos rurales”… Titulares que más bien parecen expresar algo así como un alivio –de cientos, miles, decenas de miles de propietarios de viviendas e instalaciones en la costa- ante una condena (de derribo o “expolio”) que se cernía en virtud de la aplicación de los sucesivos planes de la todavía vigente Ley de Costas. Sólo los ecologistas se manifiestan totalmente opuestos a –lo que entienden- una verdadera privatización del litoral. Otros llegan a hablar de “la “desamortización” del dominio público litoral” (Fernando PALAO).
Personalmente –como director de nuestro, modesto pero activo, Observatorio del Litoral de la Universidad de A Coruña– no puedo compartir la alegría de algunos (más bien pocos) ante la reforma que se presenta por el Gobierno con dicho proyecto de Ley. Lo digo con el profundo pesar y la creciente zozobra que me produce la no fácil lectura del texto del borrador –ya anteproyecto- de la inapropiadamente llamada “ley de protección y uso sostenible del litoral”. 
En la referida mesa redonda, celebrada en el precioso paraninfo de la Facultad de Derecho de Granada, pudimos asisitir a una excelente conferencia de la Profesora coruñesa Marta GARCÍA PÉREZ (miembro destacado del Observatorio del Litoral y una de las mejores especialistas de nuestro país en esta materia) acerca del verdadero trasfondo (un «caballo de Troya») de la reforma de la Ley de Costas -que no es otro que la “revalorización económica del litoral”- y de la frustrada regeneración de la costa con la Ley vigente, a modo de “crónica de una muerte anunciada”.
Pero, acaso ¿no tienen derecho los propietarios de viviendas e instalaciones en las zonas de protección de la costa a ver admitidas por el Gobierno sus demandas ante la injusta expropiación operada por la Ley de Costas de 1988? Otro de los intervinientes en la mesa redonda, el Sr. José ORTEGA, abogado que preside una de las más importantes plataformas de afectados por la Ley de Costas, resulta que tampoco comparte plenamente el contenido de la reforma por entender que la solución adoptada por el anteproyecto es discriminatoria (al salvar sin justificación alguna de la estricta aplicación de la Ley a once núcleos costeros) y además, a su juicio, no resuelve todos los problemas de los que se consideran agraviados por la Ley de Costas (más bien genera agravios comparativos).
El anteproyecto está plagado de conceptos jurídicos indeterminados, susceptibles de muy variadas interpretaciones y aplicaciones divergentes en la práctica, como agudamente se encargó de exponer muy gráficamente –en la misma mesa redonda- el Profesor Miguel LOSADA RODRÍGUEZ (Catedrático de Ingeniería Hidráulica y Director del Instituto Sistema Tierra de Andalucía), por ejemplo, en el caso de los mayores temporales que están llamado a delimitar el ámbito de la zona del dominio público marítimo-terrestre.
¿Bienes comunes costeros o dominio público litoral frente a propiedades privadas en el litoral? ¿Valores ambientales frente a intereses crematísticos? No soy partidario de planteamientos simplistas en una temática tan compleja como es la ordenación del litoral. Como quise destacar en mi breve intervención en la repetida mesa redonda, en mi opinión, el verdadero fracaso de la Ley de Costas de 1988 ha sido su aplicación, en ocasiones arbitraria y caprichosa, por parte de las Administraciones implicadas (desde la del Estado, hasta la de las Entidades locales, pasando por las Comunidades Autónomas), su gestión, a veces, desigual a lo largo del litoral insular y peninsular, y la perjudicial tolerancia ante flagrantes incumplimientos en algunas zonas de la costa (por ejemplo, en el caso paradigmático del Algarrobico).
Si el anteproyecto de «Ley –que acaba de aprobar el Consejo de Ministros- de protección (de intereses privados) y uso sostenible (meramente económico) del litoral» se aprueba tal cual, tengo claro que la reforma promovida por el Gobierno –eso sí- en el loable objetivo de aprobar medidas para salir de la crisis, lo será a costa de nuestra costa, de sus más preciosos valores, en los que están en juego, inescindiblemente, los intereses públicos y los privados. La única esperanza que tengo es que los futuros gestores de la costa tengan una más alta consideración –que los anteriores- del magnífico patrimonio natural que están llamados y obligados a preservar.