Lo de menos es que me la haya dedicado -aunque, a decir verdad, me ha hecho una enorme ilusión (y se lo agradezco con toda el alma)-, sino que, en el momento presente, resulta de rabiosa actualidad tratar de la llamada “contratación pública verde”. Como, en efecto, lo hace, con gran acierto y profundidad, mi querido compañero y amigo, el Profesor PERNAS GARCÍA, en una importante obra jurídica que lleva tal título.
Ahora que se reclama de las Administraciones Públicas austeridad en sus gastos e inversiones, buen gobierno en sus decisiones, transparencia en sus actuaciones, simplificación en sus estructuras, etc., la utilización de los contratos del sector público para promover la sostenibilidad ambiental de obras y servicios resulta de enorme interés en cuanto a su ejemplaridad. Piénsese además que el volumen de la contratación pública (es decir, la promovida por todos los entes u organismos que integran el “sector público” (Administraciones públicas, entidades públicas empresariales, organismos autónomos, y un larguísimo etcétera) supone, nada más y nada menos que ¡cerca del 20% del PIB dela Unión Europea!
Si algunos pensamos que la actual crisis económica va a requerir –para salir de ella- un profundo cambio en el modelo productivo, qué mejor que fomentar en la contratación de las obras, servicios y suministros públicos la inserción de criterios y cláusulas ambientales. Es obligada jurídicamente la gestión eficiente de los fondos públicos (¡faltaría menos!) pero además es muy conveniente para el interés público la gestión sostenible de los recursos naturales. Y en esta dirección se mueven las recientes normas del Derecho comunitario sobre contratación pública que tan concienzudamente estudia el Profesor PERNAS GARCÍA.
La Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos de obras, de suministro y de servicios, integran ya las consideraciones ambientales y también sociales en la adjudicación y ejecución de dichos contratos, cuya transposición al Derecho Español se encuentra en la nueva Ley de Contratos del Sector Público; y, más recientemente, en el marco de la política de lucha contra el cambio climático, otra Directiva, la 2009/33/CE, dispone que los poderes adjudicadores y otros operadores públicos habrán de tener en cuenta los impactos energéticos y ambientales (incluidos el consumo de energías, las emisiones de CO2, etc.) a la hora de comprar vehículos de transporte por carretera.
Si el sector público con sus decrecientes -pero todavía enormes- inversiones sobre la adquisición de mercancías, obras y servicios, logran reducir el impacto ambiental del consumo público, se piensa que esto servirá para, al mismo tiempo, orientar la conducta de los operadores privados hacia estándares de protección ambiental que vayan más allá de los mínimos fijados en el ordenamiento jurídico y para incentivar nuevas formas de producción y consumo. Incluso, esta orientación puede tener un efecto positivo sobre el fomento de la innovación tecnológica y el desarrollo de las “ecotecnologías” que hoy se considera un sector económico de interés prioritario.
Por ir a ejemplos concretos, la mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos, la introducción de bombillas de bajo consumo en el alumbrado público, o la utilización de energías renovables en la prestación de los servicios públicos, no sólo pueden reducir considerablemente la emisión de gases de efecto invernaderos sino que, en muchos casos, pueden suponer un ahorro económico neto para las maltrechas arcas públicas. Y, de otra parte, se pueden generar –aunque no siempre- nuevos nichos de empleo (el denominado “empleo verde”) que tanta falta nos hace.
Felicitamos desde aquí al Profesor PERNAS GARCÍA por su magnífico trabajo y recomendamos su lectura a los responsables públicos y a las empresas que trabajan con el sector público. Se trata de nuevos horizontes que se abren en el mundo económico y en el sistema de producción que, estoy seguro, en el futuro constituirán la norma general.
Estimado Francisco Javier: Las clausulas ambientales nunca se cumpliran si no existe un control que supervise cada desague de las grandes factorias y, aquellas que producen y emplean productos toxicos fuera de control y como esto es tan generalizado a nivel mundial y donde esta tanto dinero involucrado en ello, pues yo diria que hablar de este tema es tiempo perdido.
No importa que las construcciones para las grandes, medianas y pequenas empresas hayan sido establecidas y construidas dentro del sistema ambiental verde, el asunto seria que, las debidas normas ecologicas se hicieran respetar bilateralmente, algo completamente imposible. POR TANTO HABLAR DE ESTE PROBLEMA QUE A TODOS LOS SERES HUMANOS CONCIERNE, MI ESTIMADO JAVIER, ESTA MUY LEJOS DE PODER LLEVARSE A LA PRACTICA. Recuerde: la raiz del problema ambiental es la que no se puede eliminar, porque ahi, mi estimado, es donde esta el dinero que mueve al dinero y en esta vida, Javier, todo tiene un precio, todo se puede comprar cuando el interes sobresale por encima de la logica. EL CONTROL NO EXISTE… La prueba la puede ver si Ud. dispone de un poco de tiempo y se dedica a observar calles y parques publicos, estoy seguro de que ahi, en esos lugares, podra ver como los perros andan sueltos sin dueno y haciendo deposiciones a doquier y eso no es lo peor, lo peor es, ver a los ninos como juegan con las materias fecales de esos animales que deambulan por las calles y lugares publicos sin que nadie le ponga atencion. Busquese la raiz del asunto, busquese la raiz del arbol culpable del sistema ambiental, porque andarse por las ramas eso no conduce a ninguna parte, a ninguna en lo absoluto. Ustedes que estan en un lugar donde pueden comunicar, salgan a buscar pruebas, que las hay y muy extensas, tomen fotografias, recopilen datos, busquen pruebas visuales que las hay y entonces partiendo de ahi hagan los senalamientos pertinentes, de otra manera es hablar por hablar o,escribir por pasar el tiempo. Un saludo cordial y ojala que este comentario salga a la luz publica. Cuidese.