Algunas de las cifras de la “destrucción a toda costa” –que aparecen en la 10ª edición del Informe de Greenpeace sobre la situación del litoral español– son muy significativas: “en los últimos 20 años se ha destruido en la costa española la superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día”, “en 2007 los ayuntamientos del litoral proponían la construcción de cerca de 3 millones de nuevas viviendas”, “en 2010, 38 ciudades españolas incumplen la normativa sobre depuración de aguas, cuyo plazo vencía en diciembre de 2000”, … Un panorama bastante descorazonador. Pero de nada vale lamentarse. ¿Qué hacer?
Desde luego, estoy bastante de acuerdo con este Informe en que el “modelo económico basado en el ladrillo” y “depredador del litoral” está periclitado, aunque Greenpeace no está segura de que haya pasado a la historia. Con más de un millón de viviendas en stock, pendientes de venta (en manos de muchas instituciones financieras que las promocionaron irresponsablemente) y con más de tres millones de viviendas vacías, veo dificil que sector inmobiliario vuelva a la pujanza de tiempos anteriores.
Pese al indudable coste ambiental de las grandes infraestructuras –autovías y puertos industriales- que contempla el Plan Estratégico de Infraestructuras del Estado (2005-2020) y que critica ampliamente el Informe, no tengo tan claro que constituyan un valor retardatario para la recuperación económica. Pero debe exigirse la seria y responsable utilización de los instrumentos de la evaluación ambiental en cada proyecto y en conjunto (la llamada evaluación estratégica de planes y programas).
Comparto plenamente en que, cuanto antes, debe de retomarse por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, la Estrategia de Sosteniblidad de la Costa –un necesario plan de gestión integrada de las zonas costeras recomendado por la Unión Europea- que, inexplicablemente está abandonado desde el año 2007. En ella se contemplaba, entre otras medidas, la adquisición de terrenos en zonas sensibles y de interés ecológico del litoral como viene haciéndolo el Gobierno francés.
Es muy interesante la creación de reservas litorales y marinas que permitan la conservación de ciertos tramos de la costa y su cogestión por los usuarios del medio rural. Existen en Galicia varias buenas experiencias al respecto como son los casos de Lira (en Carnota) y la Ría de Cedeira.
Resulta urgente y prioritario la aplicación de la normativa de aguas residuales en las grandes ciudades costeras (no aprendemos a pesar de las repetidas condenas comunitarias que hemos recibido). Y, lo mismo, en cuanto a la actualización del modelo de gestión de la contaminación marina accidental (¿para cuándo un renovado Plan de Contingencias? En vigente es de 2001, anterior al Prestige).
Y, por supuesto, la innegociable lucha contra la corrupción urbanística (verdadera lacra de la política muncipal en España), un cambio de modelo en el desarrollo turístico (menos macrocomplejos hoteleros y urbanizaciones masivas) de mayor calidad y con una adecuada integración en el patrimonio natural y ambiental, la asunción de responsabilidades patrimoniales por parte de los responsables públicos que traicionan la confianza de los ciudadanos con impresentables gestiones, etc. De acuerdo con estas propuestas de Greenpeace.
Sin embargo, en lo que estoy más plenamente de acuerdo es con su última conclusión: que (como siempre) la educación es imprescindible. “La educación ambiental –termina el Informe de Greenpeace– es una herramienta imprescindible en estrategias integrales de protección de la costa, para que resulten más efectivas. Cada ciudadano tiene poder para reclamar a las administraciones públicas políticas de desarrollo urbanístico y planificación territorial sostenibles, así como denunciar agresiones al medio costero”. Sus frutos no se ven a corto plazo pero al final es la estrategia más efectiva.