Ambiental y Cual

El pasado martes asistí, en la Domus de A Coruña, a una interesante conferencia del Subdirector del INTECMAR sobre las importantes actividades que desarrollan en relación con los productos marinos –particularmente con los moluscos-, controlando, casi diariamente, el estado biologico y ambiental de las zonas de producción acuícola, todo ello con el fin de garantizar su aptitud para el consumo humano y su calidad alimentaria. Aprendimos mucho todos los que asistimos y me impresionó el gran nivel de las numerosos –e inteligentes- preguntas que al ponente formularon los estudiantes universitarios presentes. Me interesó mucho el tema de las mal llamadas “mareas rojas” que tantos quebraderos de cabeza producen en los profesionales de la acuicultura (con el cierre cautelar de sus instalaciones por el INTECMAR): una curiosa modalidad de “contaminación natural” por medio de biotoxinas marinas de tres clases que, como remarcó el conferenciante, no está asociada (como yo pensaba) a la contaminación antrópica.

Esta conferencia inauguraba un ciclo de intervenciones relacionadas con el mar, organizado por el proyecto europeo “Sea for society. Towards a blue society”. En este proyecto -en que participan 28 socios de 11 países- se trata de promover el dialogo entre investigadores, gestores públicos, ciudadanos, gente joven, autoridades locales, etc. con el fin de generar, por medio de un aprendizaje recíproco, el nuevo concepto de la “Sociedad Azul” (Blue Society). A su vez, esta iniciativa de divulgación se enmarca en el más amplio ámbito de la “Política marítima integrada” impulsada desde mediados de 2007 por la Comisión Europea.

Con el objetivo estratégico “Europa 2020” (“una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”), la Unión Europea es consciente de su marcada vocación marítima y de las ingentes posibilidades económicas que tiene su configuración geográfica litoral. Desde la puesta en marcha de esta “politica integrada”-que reúne las tradicionales políticas sectoriales comunitarias con inicidencia marina: pesca, transporte marítimo, medio ambiente, etc- se han venido desarrollando varias políticas “transversales”:

- un mayor conocimiento del medio marino para ayudar al sector, las autoridades públicas y los investigadores a encontrar información y utilizarla de forma más eficaz para desarrollar nuevos productos y servicios y, al mismo tiempo, mejorar nuestro conocimiento del comportamiento del mar (véase la Red Europea de Observación e Información del Mar: EMODNET).

- una mejor ordenación de los espacios marinos (marine spatial planning) que consiste en la ordenación y regulación de todos los usos humanos del mar y la protección de los ecosistemas marinos. Y en cuanto al litoral, la Comisión Europea ha recomendado –desde finales de los noventa- la aplicación de la llamada gestión integrada de las zonas costeras.

- una mayor vigilancia marítima en diferentes materias (control en las fronteras, seguridad, control de la pesca, aduanas, medio ambiente, defensa, etc.) con el fin de proporcionar métodos de intercambio de datos e información a las autoridades interesadas o implicadas en esta tarea.

-un mayor crecimiento económico (“crecimiento azul”) a todas las actividades existentes, emergentes y potenciales que pueden generar empleo; por ejemplo, transporte marítimo de corta distancia, turismo costero, energía eólica en alta mar, desalinización, uso de los recursos marinos en las industrias farmacéuticas y cosméticas, etc.

En octubre de 2012 se firmaba en Nicosia (Chipre), con ocasión del Consejo informar de ministros de la Unión Europea relacionados con la política marítima integrada, la “Declaración Limassol”, fijando las bases de la “agenda marítima y marina para el crecimiento y el empleo” y sobre el convencimiento de la importancia de la “Economía Azul”.

No nos cabe ninguna duda de que el mar supone –y lo ha supuesto desde hace muchos siglos- una -¿inagotable?- fuente de recursos y inmenso ámbito de oportunidades para el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, tampoco se nos escapan los retos para evitar la aceleradas destrucción y degradación a la que estamos sometiendo nuestro océanos en el último medio siglo. Es muy elocuente en este sentido el ensayo de la  oceanógrafa norteamericana, SYLVIA A. EARLE (conocida internacionalmente “Embajadora del Océano”): “Un mundo azul. El rumbo de los océanos, el futuro de la tierra” (publicado en España por RBA en 2012). Con motivo de la devastadora contaminación producida por la plataforma petrolífera “Deepwater Horizon” en el Golfo de México, la autora examina un ecosistema global como es medio marino que se encuentra al borde de una crisis ambiental irreversible, a menos que actuemos inmediatamente. Y, según ella, “la situación todavía puede revertirse”. Es especialmente luminosa la tercera parte de su obra: “Ha llegado la hora” que estructura en cuatro capítulos: “explorar el océano”, “gobernar el océano”, “cultivar el océano” y “proteger el océano”. Si de verdad queremos un “futuro azul”, hay que actuar en estas direcciones, antes de que sea tarde.

Ya han pasado muchos años desde que al I+D se le añade un “i” que, como es sabido, se refiere a la innovación. Y, ¿qué es la innovación? Pues, lo que en el lenguaje coloquial se entiende por novedad, en sentido propio se refiere en el mundo económico a la renovación de los productos, de los procesos y de los factores de producción. Hoy está tan arraigado el término que se utiliza para denominar a organismos públicos y privados.

Desde hace menos tiempo, a partir de la celebración de la Cumbre Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro en 1992, cuando empezó a cobrar protagonismo el “Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible” (World Business Council for Sustainble Development), comenzaba a hablarse de la “eco-innovación”. Poco a poco, como nos describía a finales del siglo XX Claude FUSSLER en su pionera obra “Eco-innovación. Integrando el medio ambiente en la empresa del futuro” (Mundi-Prensa, Madrid, 1999) la preocupaciones ambientales fueron calando en el sector empresarial hasta el punto de convertirse la sostenibilidad en uno de sus leit motiv. Y muy ligado con la ecoinnovación está la idea de “ecoeficiencia”, es decir, “producir más con menos” (por ejemplo, reducir los vertidos y la contaminación, así como usar menos energía y materias primas).

En esta dirección de “ecoeficiencia” tuvo mucho impacto la obra de científico alemán Ernst Ulrich VON WEIZSÄCKER: Factor 4. Duplicar el bienestar con la mitad de los recursos (publicada en 1995; y en castellano por la editorial Galaxia Gutemberg-Círculo de Lectores en 1997). Se trataba de un informe encargado por el Club de Roma en el que se demotraba entonces que disponemos de la tecnología necesaria para un uso mucho más eficiente de la energía y de las materias primas, sin perder calidad de vida. Por su parte el químico Michael BRAUNGART y el arquitecto William McDONOUGTH son muy conocidos por su libro Cradle to Cradle (De la cuna a la cuna): Rediseñando la forma en la que hacemos las cosas (2003; publicado en castellano por la editorial McGraw-Hill, 2005) que fija las bases del “eco-diseño”: reducción del impacto ambiental de un producto, estrategia o política, a través del estudio del ciclo completo de los materiales utilizados (extracción, procesamiento, utilización, reutilización, reciclaje, etc.).

Volviendo a la “ecoinnovación”, la reciente monografía –titulada Eco-innovación. Claves para la competitividad sostenible y la sostenibilidad competitiva- de CARRILLO, DEL RÍO y KÖNNÖLÄ (publicada en Netbiblo, 2012) ponen de manifiesto que “las eco-innovaciones pueden mitigar el supuesto enfrentamiento tradicional entre competitividad y protección ambiental” y que el diseño de las eco-innovaciones (bien sea de productos o de precesos) tienden a mejorar la eficiencia, la gestión de costes y la apertura a nuevos mercados, así como reducir impactos sobre el medio ambiente y, además, es una “fuente de nuevas alternativas, algo fundamental para la renovación de los sistemas actuales y la gestión transición social hacia prácticas más sostenibles”.

Hoy algunas de las grandes organizaciones económicas internacionales tienen en la “eco-innovación” como una de las claves del desarrollo del futuro. Así, por ejemplo, la OCDE vincula el “crecimiento verde” con la “eco-innovation”, y, en definitiva con la economía verde (green economy). La Unión Europea por su parte,  viene desarrollando desde prinicipios de este siglo la llamada “política integrada de productos” destinada a reducir el uso de recursos y el impacto ambiental de los recursos (cfr. el documento de la Comisión Europea COM(2003) 302 final). Más recientemente –en el marco de la Estrategia Europa 2020, en respuesta a la crisis económica y financiera, para reforzar la capacidad de la UE y lograr un crecimiento “inteligente, sostenible e integrador”- ha lanzado la “iniciativa emblemática de Europa 2020 de la Unión po la innovación”. Y fruto de esta iniciativa es el “plan de Acción sobre Ecoinnovación” (EcoAP) que se presenta como elemento fundamental para la transición hacia una economía verde y una Europa eficiente en el uso de los recursos.

Esta semana se acaba de publicar el Informe –el tercero- del Observatorio Europeo de la Ecoinnovación: Europa en transición: allanando el camino hacia la economía verde a través de la ecoinnovación, en el que se recomienda a los responsables políticos, a las empresas, a los ciudadanos y a los investigadores que todos ellos tienen que trabajar en conjunto, aliados para poner en práctica la ecoinnovación.

También en el Congreso Nacional de Medio Ambiente 2012 no faltaron amplias referencias a la ecoinnovación y el ecodiseño (cfr. el monográfico sobre este tema publicado recientemente). Entre las comunicaciones presentadas al Congreso contó con diversos ejemplos de ecoinnovación y ecodiseño.

Es claro que ahora más que nunca, en tiempo de crisis, hay que agudizar el ingenio y, en particular,  hay que potenciar la “ecoinnovación” que ha de implicar una sustancia reducción en el uso de los -cada vez más escasos- recursos naturales, pero sin disminuir la calidad de vida de los ciudadanos. Justo lo contrario de lo que está sucediendo en nuestra sociedad con los crecientes recortes presupuestarios con su lacerante regresión a niveles de bienestar del pasado.

Hace pocos días el Gobierno ha anunciado la aprobación de varias medidas fiscales que permitan reducir el galopante déficit público e incrementar los ingresos tributarios del Estado. Entre estas medidas se señala el denominado “céntimo verde”, un recargo fiscal que supondría gravar entre cinco y seis céntimos de euro el consumo de hidrocarburos (gasolina y gasoil). Se ha dicho que esta medida pretende cubrir el enorme ”déficit tarifario” (la diferencia entre elcoste real de la producción de electrícidad y la tarifa reconocida a las compañías eléctricas) que ya se eleva por encima de los 25.000 millones de euros.

UNESA, la Asociación Española de la Industria Eléctrica defiende tal medida ya que de esta forma se podrían seguir manteniendo las primas a las energías renovables de la tarifa eléctrica y, de paso, cumplir con los objetivos de la Unión Europea para el incremento de producción de esta modalidad de energías limpias (que a partir del año 2020 el 20% de la energía consumida proceda de energías renovables). Pero, a su vez, MONTORO, el Ministro de Hacienda se opone a este destino del “céntimo verde” ya que, por lo general, la recaudación tributaria no puede vincularse a un destino concreto del gasto público. Y, al mismo tiempo, las compañías petroleras –a través de su patronal (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos)- se manifiestan en contra de tal medida ya que, en su opinión, se trata de un “subsidio cruzado” (restringido por el Derecho Comunitario) y además “no existe justificación ambiental para tal recarga”.

Desde que lei hace muchos años la preclara obra del científico alemán, Ernst Ulrich VON WEIZSÄCKER: Política de la Tierra, una de las más serias reflexiones sobre la política ambiental en siglo XX, estoy convencido de que una verdadera política ambiental debe pasar inexorablemente –como el defiende- por una reforma fiscal verde. Y debe de reconocerse que, al menos nuestro país, los impuestos verdes han proliferado en las Comunidades Autónomas. Existen en España más de treinta tributos que afectan a sectores tan variopintos como las aguas (el canon sobre el saneamiento), sobre la emisión de gases contaminantes, sobre el aprovechamiento del viento (el canon eólico), sobre la producción de residuos, sobre las grandes superficies, sobre actividades que inciden sobre la naturaleza, etc.  Que suponen cada año muchos cientos de millones de euros para las arcas de las haciendas autonómicas.

Sigo de cerca los rigurosos estudios e informes del prestigioso centro de investigación, Economics for Energy, liderado por mi buen amigo Xavier LABANDEIRA. Las conclusiones de su reciente informe “Un nuevo modelo de reforma fiscal verde” destacan la oportunidad que ofrece para España la aplicación en el futuro de los impuestos energeticos-ambientales que, además de alcanzar unos considerales incrementos recaudatorios, “nos pemitirían mantener la agenda de cambios en el modelo económico y cumplir los compromisos de reducción de emisiones; una “reforma fiscal verde” que, como defiende este estudio, “aperece vinculada a las políticas económicas emergentes: cambio climático, renovables y eficiencia energética, a la que se podrían añadir objetivos distributivos, de I+D y de competitividad”.

Mucho me temo -ojalá me equivoque- que el cacareado “céntimo verde” no vaya por estos derroteros y que se convierta al final en un mero recurso recaudatorio. Lo cierto es que algunos de los impuestos verdes existentes, al menos de los que yo conozco, pese a estar legalmente vinculados a una finalidad ambiental (por tanto extrafiscal) por el mecanismo de la “caja única” de los tributos no siempre son repercutidos para los fines para los que se crearon.

Sea bienvenido un verdadero “céntimo verde” con los deseables fines ambientales y bajo el sabio criterio de “quien contamina paga”. Pero, de no ser así, por favor, ahórrense el apelativo de “verde” que ya que, de tanto abusar de él, está suficientemente desprestigiado.

Mientras la ciudad de Río de Janeiro se va poblando de políticos, expertos, lobistas, etc. de todo el mundo, esperando llegar a un consenso sobre “el futuro que queremos”, cae en mis manos un librito muy especial: “La economía del bien común” de Christian FELBER (publicado por ediciones Deusto). Su autor es un joven profesor austríaco, destacado crítico de la globalización y fundador del movimiento Attac, un polifacético intelectual del que ya tenía conocimiento por unas conferencias que había pronunciado en España y que están disponibles en youtube.

A nadie dejará indiferente este verdadero “manifiesto” sobre esta original visión de la economía basada en los planteamientos cásicos del “bien común”, desde Aristóteles hasta la doctrina social de la Iglesia Católica, subtitulado “un modelo económico que supera la dicotomía entre capitalismo y comunismo para maximizar el bienestar de nuestra sociedad”.

¿Es acaso sólo un nuevo intento de “tercera vía”? o ¿se trata de algo nuevo? Mis conocimientos de economía son limitados y no veo capaz de valorar aquí el modelo económico que FELBER desarrolla hasta los más mínimos detalles (acerca de la empresa, de la propiedad, de la función del Estado, de la banca, etc.). Lo que sí digo es que su lectura me ha cautivado profundamente. Después de lo que estamos viendo sumidos en lo más bajo del ciclo de esta espantosa crisis económica, cómo no valorar positivamente un modelo fundamentado en valores como la honestidad, la empatía, la confianza, la estima, la cooperación, la solidaridad, la voluntad de compartir, … la dignidad humana; un modelo económico en los que la búsqueda del beneficio y la competencia se transforman en esfuerzo hacia el bien común y la cooperación; donde se sustituye el PIB como indicador de éxito por el “producto del bien común” (“cuanto más social, ecológico, democrático y solidario es el comportamiento y la organización de las empresas, mejores son los resultados que alcanzan en el balance”); donde las desigualdades de ingresos y riqueza son limitadas en un debate y por decisión democrática; donde la empresas se liberan de la obligación general de cercimiento ilimitado y sólo buscan el tamaño óptimo; donde la banca es democrática (es controlada por el pueblo, no por el Estado); donde los mercados financieros tal como hoy se conocen dejarán de existir, etc.

¿Utopía? ¿Un modelo bienintencionado para acabar con el darwinismo social que impera en nuestra globalizada economía neoliberal? No lo sé. Pero en todo este planteamiento -dejando aparte atrevidas soluciones sobre la propiedad, la transmisión hereditaria, la educación, etc.- encuentro en esta obra una libertad de pensamiento que no es fácil encontrar en otros ensayos de naturaleza económica.

Desde el punto de vista del medio ambiente, FELBER nos propone en su modelo una atractiva y omnipresente consideración de la sostenibilidad. El valor ecológico es uno de los elementos fundamentales del “balance del bien común”; las empresas conseguirán más beneficios legales si son responsables con el medio ambiente y producen productos ecológicos; el beneficio de las empresas revertirá para inversiones con plusvalía social y ambiental; el mercado internacional se basará en el “comercio justo”; a la naturaleza se le reconocerá un valor propio; el crecimiento económico ya no será un objetivo y sí la reducción de la huella ecológica de individuos, empresas y países a una cota sostenible a nivel mundial; etc.

Christian FELBER sí que tiene claro el futuro que quiere para nuestro atormentado Planeta. Pero no sólo es un visionario. No se queda en los principios por atractivos que parezcan. Nos ofrece las “Estrategias para su ejecución”, las bases de un proceso de concienciación que se han iniciado con la constitución en julio de 2011 de la “Asociación para el Fomento de la Economía del Bien Común” e incluso la fundación de un “banco democrático”. También recoge en su ensayo –o, mejor, manifiesto- ejemplos de empresas que se acercan al modelo propugnado por el autor; y el primer caso que cita es la empresa vasca Mondragón, la mayor cooperativa a nivel mundial.

Es preciso, ahora más que nunca, soñar con lo que debe ser un futuro mejor para nuestra juventud y para las generaciones venideras. FELBER nos permite avizorar con esperanza algunos destellos de esa nueva sociedad que, sin duda. se construirá sobre las ruinas del vigente e insostenible modelo económico.

Lo mucho que sentí no asistir el pasado jueves en A Coruña a la conferencia de Joseph E. STIGLITZ, Premio Nobel de Economía en 2001, en la Fundación Pedro Barrié de la Maza, con el sugerente título: ¿puede el capitalismo ser salvado de sí mismo? Digo que sentí no poder escucharle porque disfruté –y aprendí- mucho leyendo sus ensayos sobre la globalización (El malestar de la globalización, 2002; y Cómo hacer que funcione la globalización, 2006). Al día siguiente indagué compulsivamente quién de mis amigos y conocidos había tenido la suerte de asistir a esta conferencia y, al final, lo logré. Uno de mis amigos –excelente conocedor de la lengua inglesa- me comentó: “te hubiera encantado oirlo. No fueron pocas las referencias que dispensó al medio ambiente y eso que el tema de su intervención no se prestaba –en teoría- mucho a ello”.

Bien es sabido que este prestigioso e influyente economista es de los que piensan que el PIB como indicador económico no expresa correctamente la riqueza de un país, ni permite comparar adecuadamente el bienestar de los diferentes países, y, además “no toma en cuenta la degradación del medio ambiente ni la desaparición de los recursos naturales a la hora de cuantificar el crecimiento”. No hay que ser  ningún experto en materia económica (aunque en estos tiempos parece como si no se pudiera hablar de otra cosa) para entender lo que son, en este campo, las “externalidades” (gastos o beneficios no controlados por los que los ocasionan y que no estan reflejados en los precios). Pues bien, la contaminación (de las aguas, de la atmósfera, de los suelos, etc.) es un ejemplo paradigmático de “externalidad negativa” en que quienes la producen –personas o empresas- no asumen los costes que originan (daños al medio ambiente o a la salud) traspasando a la sociedad en general (o a las generaciones futuras) la factura correspondiente. Y esto salvo que se compense de alguna manera, bien sea con impuestos, subvenciones u otros instrumentos regulatorios (como por ejemplo el “comercio de emisiones” promovido por el Protocolo de Kioto).

Por supuesto que aquí defiendo que los contaminadores no se pueden “ir de rositas” (sin olvidar que todos contaminamos en mayor o menor medida). Debe castigarse la contaminación inaceptable pero, al mismo tiempo, gravarse adecuadamente la contaminación tolerada (por la normativa ambiental), bajo el famoso principio del “quien contamina, paga” que permita internalizar los costes que dicha actividad conlleva para reducirla o eliminarla.

Visto lo visto con ocasión de la actual crisis económica, no pienso que exista una “mano invisible” que paralice las conductas despilfarradoras y degradantes de nuestro entorno y de nuestros recursos naturales. Y todavía confío menos en una “mano verde” que redistribuya automáticamente las “externalidades ambientales”. Tim HARFORD, otro economista, el autor del bestseller mundial “El economista camuflado” (2007), acaba de publicar otro ensayo – “Adáptate” (Temas de Hoy, 2011)- en el que nos enseña a aprender de cada fracaso y aprovechar la enorme capacidad de adaptación del ser humano. Su Capítulo 5º sobre “El cambio climático o el cambio de las reglas del éxito”, es un buen ejemplo de cómo se puede abordar desde la economía este complejo asunto. No basta la firme convicción ecologista de unos pocos o incluso funcionar bajo el cálculo de la “huella de carbono” en nuestras actividades particulares. “Poner precio al dióxido de carbono funcionará porque es un objetivo mundial –reducir las emisiones de gases con efecto invernadero- y puede concretarse a muchos niveles”, defiende este autor.

No parece el momento oportuno de hablar de “impuestos verdes”; sin embargo, pienso que no hay mejor manera –por ahora- de internalizar adecuadamente las externalidades ambientales.

Estos días se ha celebrado en Bruselas, bajo los auspicios de la Comisión Europea, la Semana Verde (Green Week) que este año 2011 se dedica al tema de la “eficiencia de los recursos naturales” con el lema “usar menos, vivir mejor”. La Semana Verde ha reunido a centenares de expertos en Bruselas entre los días 24 a 27 de mayo de 2011 que han debatido sobre esta vital cuestión.

Es indudable que el vigente -e insostenible- modelo de desarrollo socioeconómico en nuestro Planeta cada vez requiere más recursos naturales (materias primas como los combustibles, los minerales y los metales; y  otros recursos esenciales como el agua, la tierra, los ecosistemas, etc.). Y si la mayor parte de la presión sobre estos recursos ha provenido de los países desarrollados, en el momento presente se observa una creciente demanda en las nuevas economías emergentes que como China o India requieren un ingente volumen de materias primas.

Desde hace décadas la Unión Europea ha venido trabajando en la necesidad de aplicar políticas que impliquen una utilización más eficiente de los recursos naturales: mejora de la eficiencia energética, incremento de los índices de reciclado, perfeccionamiento en el diseño de los productos (ecodiseño), ahorro del cosumo de agua, etc. Esta dirección es muy clara en la política de las 3R en residuos (reducir, reciclar, reutilizar). Ahora la Comisión Europea propone –con arreglo a la Estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador de la Unión Europea 2020- como “iniciativa emblemática” la que incentive “una Europa que utilice eficazmente los recursos”.

A la Semana Verde organizada por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europa han sido invitados varios responsables del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas (el más importante organismo ambiental de esta institución). También en la ONU se está trabajando para lograr que el consumo de los recursos naturales disminuya considerablemente mediante una mayor eficiencia en su uso, disociando, en definitiva el crecimiento económico y el uso de los recursos; a esta temática se dedica el último Informe “Decoupling”, publicado por el PNUMA, fruto del trabajo realizado por el “Grupo internacional de Gestión de los Recursos”.

Volviendo a nuestra Unión Europea, la Iniciativa emblemática sobre eficiencia de los recursos naturales prevé un ambicioso programa de medidas que se irán concretando a lo largo del año presente 2011. Desde un nuevo plan de trabajo para promover una economía basada en un bajo nivel de emisiones de carbono para el 2050, un plan europeo de efeciciencia energética para 2020, una nueva Estrategia en materia de biodiversidad, las reformas de las políticas agrícolas, pesquera y de cohesión, planes estratégicos sobre el transporte, revisión de las normativas y programas energéticos, etc.

Pero tras leer estos sesudos informes me da la impresión que es “más de lo mismo”. Desde hace muchos años medidas como estas las viene propugnando la “economía ambiental y de los recursos naturales”. El mismo Comisario comunitario de Medio Ambiente, el esloveno Janez Potocnik, en la presentación de la citada “Semana Verde” ha afirmado que, en realidad, “el uso eficiente de los recursos es básicamente sentido común”.  O como me comentaba un compañero de trabajo, “esta politica de eficiencia de recursos, ¿no es acaso la que aplicaban nuestros abuelos en los pueblos y aldeas?

Ante el consumismo productivista al que nos ha abocado la sociedad actual de la opulencia, lo dificil es convencer que es posible “vivir mejor con menos” y que, al paso que vamos -nosotros (los países desarrollados) y los países emergentes-, resulta absolutamente necesario y urgente.

Resulta que el sábado pasado, el 5 de marzo de 2011, apareció publicado en el BOE la Ley 2/2011 de Economía Sostenible. Poca gente sabe de la existencia de esta Ley pero casi todo el mundo ha oído hablar de la “Ley Sinde” que es el nombre (para colmo, la segunda parte del apellido compuesto –González-Sinde- de la Ministra de Cultura) que se le ha dado a la nueva regulación de la protección de la propiedad intelectual para luchar contra la pirateria. Pues bien, la citada “Ley Sinde” no es otra cosa que la Disposición Final 43ª de la arriba referida Ley de Economía Sostenible (una de las sesenta que tiene). Y como es muy frecuente en nuestro país citar al todo por la parte (metonimia, se llama), vamos a comentar brevemente qué novedades ambientales de interés se recogen en dicha norma legal. Pero sobre el tema estrella de la “Ley antidescargas” (como también se ha llamado a la “Ley Sinde”) recomiendo muy vívamente, una vez más, mi blog vecino -Abonauta-  de mi buen amigo Víctor Salgado.

En la llamada “Estrategia para una economía sostenible” venía trabajando el Gobierno de Rodriguez Zapatero, desde finales del año 2009, que se ha ido concretando en un conjunto de reformas –entre las que se encuentra el “Plan E”, la propia “Ley de Economía Sostenible” y otras muchas medidas- cuyo objetivo es impulsar la recuperación económica y, por lo tanto, la creación de empleo, y todo ello, a través de una renovación del patrón productivo desarrollado hasta el comienzo de la crisis económica.

La Ley de Economía Sostenible –que tuvo su origen en una iniciativa legislativa de un Consejo de Ministros de finales de 2009  y que ha sido finalmente aprobada con los votos a favor del PSOE, del PP y del CIU- es una de esas leyes denominadas “ley ómnibus”, es decir, leyes que contienen una gran variedad normas que, a su vez, modifican o reforman a otras muchas leyes (en el presente caso, más de cincuenta normas legales). Un verdadero “cajón de sastre” lleno de elementos normativos “desgajados” que reparchean las normas desde una concreta perspectiva; en este caso, con la pretensión aportar soluciones para salir de la crisis económica y financiera, y, en particular, con la pretensión de “servir a un nuevo crecimiento, a un crecimiento equilibrado, duradero y sostenible”. “Sostenible –sigue diciendo su Preámbulo- en tres sentidos: económicamente, esto es, cada vez más sólido, asentado en la mejora de la competitividad, en la innovación y en la formación; medioambientalmente, que haga de la imprescindible gestión racional de los medios naturales también una oportunidad para impulsar nuevas actividades y nuevos empleos; y sostenible socialmente, en cuanto promotor y garante de la igualdad de oportunidades y de la cohesión social”.

Desde el punto de vista normativo es la primera vez –que yo sepa- que se define lo que se entiende por “economía sostenible”: “un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades” (art. 1º).

Pero lo que más nos interesa de esta Ley es destacar ahora (a los efectos del perfil de este blog) son sus contenidos específicamente ambientales y, más en particular, los que recogen a lo largo de su Título III, es decir, “una serie de reformas que, desde la sostenibilidad medioambiental, inciden en los ámbitos centrales del modelo económico: la sostenibilidad del modelo energético, la reducción de emisiones, el transporte y movilidad sostenible, y, especialmente relevante en el caso español, el impulso del sector de la vivienda desde la perspectiva de la rehabilitación”.

De cada uno de ellos hablaremos en posteriores comentarios. Alguno como el de la “movilidad sostenible” tratábamos en nuestro anterior post. Todos ellos son, sin duda, relevantes instrumentos para abordar la crisis que sufrimos. Sin embargo, lo que, a mi modo de ver, resulta criticable es esta forma de hacer Derecho, a retazos, con antologías normativas (“leyes escaparate”, podemos denominarlas) que resultan bastante ininteligibles para el sufrido ciudadano e incluso para el jurista que debe esperar a que se consoliden los textos normativos afectados (¡más de cincuenta! como ya he dicho). Y digo yo, que no estamos en tiempos para los rompecabezas jurídicos cuando la situación exige claridad y seguridad en los planteamientos y en las medidas. El único consuelo que nos queda es que, al menos, podemos identificar tan compleja norma con el nombre de una Ministra que es, además, guionista y directora de cine.