Ambiental y Cual

Desde 1985 la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó que todos los primeros lunes de octubre -mañana 1 de octubre- se celebrara el “Día Mundial del Hábitat”. Cada año se fija un lema para esta efemérides; este año es el siguiente: “Cambiar las ciudades para construir oportunidades”. Es claro que desde hace siglos –en particular desde la primera revolución industrial- se viene produciendo un imparable éxodo del campo a las ciudades, que siguen siendo los grandes motores del crecimiento y la base de oportunidades especialmente en los países en desarrollo.

No siempre el crecimiento de las ciudades –en las que vivimos más de la mitad de la población mundial- se ha producido de forma ordenada, generando por el contrario muchos problemas para las poblaciones que viven hacinadas en barrios marginales de las grandes urbes, sin acceso a los servicios mínimos y padeciendo enfermedades vinculadas con la contaminación atmosférica, la falta de gestión de las aguas residuales y de los residuos urbanos e industriales, el ruido ambiente, etc.

En algunos de los países desarrollados como el nuestro, la falta de planificación urbana y el extendido fenómeno de la especulación urbanística, ha configurado un paisaje urbano caótico y desordenado donde no es fácil conjugar armónicamente las indudables ventajas de la ciudad y la reducción de los problemas derivados de las más diversas modalidades de contaminación (hídrica, acústica, energética, etc.). Incluso, siguiendo el modelo de urbanización residencial anglosajona, la “mancha” de las áreas urbanas se extiende hacia sus entornos periurbanos dando lugar a la “ciudad difusa” que, según los urbanistas y otros expertos, es la más insostenible de las modalidades urbanas.

Ante estos problemas, desde hace varias décadas se viene hablando de la necesidad de abordar seriamente la política pública del “medio ambiente urbano”. En la Unión Europea, en 1990 la Comisión Europea promovió el “Libro Verde sobre el Medio Ambiente Urbano” (una descripción completa de todos aquellos retos del medio ambiente urbano y unas propuestas de acción hacia el futuro). Y en 1996, el Grupo de expertos redactó el informe “Ciudades Sostenibles de Europa” publicadoen 1996. Más recientemente, la Comisión Europea ha publicado sobre la bases de otros muchos estudios “Una estrategia temática para el medio ambiente urbano” (Documento COM(2005) 718, de 11 de enero de 2006). En las zonas urbanas es donde “el encuentro de las dimensiones ambientales, económicas y sociales es más palpable –dice la Estrategia- (…) Cuatro de cada cinco europeos viven en ciudades y su calidad de vida depende del estado del entorno urbano”. En España, esta temática ha sido objeto también de interesantes estudios como el “Libro verde del medio ambiente urbano”, la “Estrategia de medio Ambiente Urbano” (aprobada por el Gobierno en el año 2007) y la “Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local”, elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Por si alguien piensa que el futuro de la habitabilidad está en las zonas rurales, le recomiento la lectura del interesantísimo ensayo del Profesor de Economía de la Universidad de Harvard y director del Taubman Center for State and Local Government, Edward GLAESER, titulado “El triunfo de las ciudades. Cómo nuestra mejor creación nos hace más ricos, más inteligentes, más ecológicos, más sanos y más felices” (publicado por la Editorial Taurus en 2011). Tras un apasionante repaso por las más distantes ciudades del Planeta (desde Atenas a Bangalore, pasando por Nueva York y Detroit, siguiendo por Kinshasa, Londres, etc. y acabando por Dubai), este autor nos provoca en el capítulo 8º de su libro, titulado: ¿hay algo más verde que el asfalto? Frente a una pretendida visión bucólica de que residir en el bosque sea una buena forma de demostrar el amor que uno siente por la naturaleza, no duda en afirma su tesis: “las ciudades son mucho mejores para el medio ambiente que vivir en el campo”. Su defensa de la “ciudad compacta” le lleva a afirmar también: “la vida urbana es sostenibilidad sostenible. Los ecopoblados rurales no lo son”; y concluye: “si el futuro va ser más verde, entonces tendrá que ser más urbano (…) Por el bien de la humanidad y de nuestro Planeta, en las ciudades está (y no puede ser de otro modo) el futuro”.

Podemos estar de acuerdo o no con GLAESER, pero es muy claro, al menos en nuestro país, que la población tiende a concentrarse en torno a los núcleos urbanos. Lo único que deseamos entonces es que pongamos toda nuestra inteligencia en diseñar los futuros desarrollos urbanos y ver cómo rehabilitar las antiguas tramas urbanas. En eso estamos ahora con la moda de las “smart cities” (por congresos que no falte), pero las “ciudades inteligentes” del futuro lo serán solo si nosotros (y, en especial,  nuestros gobernantes) además de inteligentes, facilitamos la transparencia y participación ciudadana en tan vitales procesos.

Ayer sábado 22 de septiembre celebrabamos el “Día sin coches” como colofón a una edición más de la “Semana europea de movilidad 2012” –del 16 al 22 de septiembre- cuyo lema ha sido el siguiente “participa en los planes de movilidad de tu ciudad: ¡muévete en la buena dirección!”.  Desde el año 2002 esta campaña impulsada por la Unión Europea, por los Gobiernos nacionales y por muchas ciudades y pueblos de toda Europa, pretende concienciar a la ciudadanía acerca de los importantes problemas que origina el transporte urbano (que representa el 40% de todo el transporte por carretera en la Unión Europea y es el responsable de la cuarta parte de los gases de efecto invernadero provinientes del transporte).

Como la gran mayoría de los ciudadanos europeos vivimos en entornos urbanos (más del 60% viven en zonas urbanas de más de 10.000 habitantes), aparte de los problemas de contaminación, padecemos la imparable sangría de los accidentes de tráfico, con unos costes globales de cerca del 1% del PIB de la Unión Europea. Por tal motivo las instituciones comunitarias se han preocupado de esta materia promoviendo el Libro Blanco del Transporte (2001), el Libro Verde titulado “Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana” (2007) y, más recientemente, la Comisión Europea ha adotado el “Plan de Acción sobre movilidad urbana” (2009). En este Plan de Acción se subraya la importancia de la promoción de políticas integradas, el fortalecimiento de las oportunidades de financiación claramente orientadas a los ciudadanos, un transporte urbano más ecológico y a la optimización de la movilidad urbana así como compartir experiencias y conocimientos en el campo del transporte urbano.

Y con tal fin en la Semana Europea de Movilidad se pone de manifiesto el protagonismo de los “Planes de Movilidad Urbana Sostenible” (PMUS) con el objetivo de que la ciudadanía conozca y reflexione acerca del papel que los mismos juegan en la salud y el bienestar de nuestras ciudades. Los PMUS definen un conjunto de medidas interrelacionadas que llevan, paso a paso, a satisfacer las necesidades de movilidad de los ciudadanos y de las empresas, al mismo tiempo que mejora la calidad de vida.

Desde la crisis del petróleo de 1973 son infinidad de iniciativas que se han suscitado –por entidades públicas y privadas, por grupos ecologistas y por particulares- para reducir el uso de los coches, fomentar el uso del transporte público y de las bicicletas. “Jornada sin coches”,  “La ciudad, sin mi coche”, “Car Free Cities Club” (CarFree), “clubes de coches compartidos” (Car Sharing), “vecindarios sin coches”, … Resulta destacable en este sentido la World Carfree Network (WCN – Red Mundial Libre de Autos), que es una iniciativa del movimiento mundial sin coches que se dedica a promover alternativas al abuso del coche para tratar de reducir el gran impacto ambiental que esto supone. Estas alternativas se buscan trabajando a nivel internacional y proponiendo soluciones que ayuden a mejorar la calidad de vida de todas las personas.

En año pasado se editó en español un interesante ensayo sobre este tema que, bajo el sugerente título “Un mundo sin coches” (Editorial Península, Barcelona, 2011),  publicaron en 2009 los sociólogos de la Universidad de Lancaster (Reino Unido), Kingsley Dennis y John Urry. Hasta el momento –desde finales del siglo XIX en que aparecen los primeros prototipos con motor de combustión interna- se han fabricado más de 1.000 millones de coches y hoy circulan por el Planeta más de 650 millones. Y con el desarrollo de las economías emergentes no es dificil que en poco tiempo se alcance la cifra de 1.000 millones. Frente al “sistema automovilístico” que ha dominado todo el siglo XX (automóviles fabricados en acero, propulsados por combustibles fósiles, de propiedad privada, de conducción independiente…), auguran –estos expertos británicos- para mediados del presente siglo un nuevo sistema (nuevos materiales, biocombustibles e hidrógeno, automóviles inteligentes, nuevas pautas de vida y de trabajo y de movilidad). Pese a los graves problemas que generan los coches en nuestra sociedad (sus graves efectos para la salud y para el cambio climático) es, a mi juicio, muy improbable que veamos pronto un “mundo sin coches”.

Sin duda que, a corto y medio plazo, el imparable incremento del precio del petróleo puede constituir uno de los factores más importantes para racionalizar el uso de los coches particulares (ya está ocurriendo con la actual crisis económica) y la preferencia por el transporte colectivo. Y quizá el “lowcost” pase a la historia, entre otras cosas por insostenible ambientalmente hablando. Pero no veo tan claro que se cumplan los tenebrosos presagios que anuncian DENNIS y URRY (un escenario de comunidades autosuficientes y semiaisladas, naciones ricas refugiadas en fortalezas, graves peligros en los viajes de larga distancia, etc.).

Mientras tenemos que hacer una gran esfuerzo a escala local, primero, para diseñar verdaderos planes de movilidad urbana que hagan mucho más saludable nuestra circulación por las áreas urbanas. Pero, por favor, ¡autoridades locales!, ¡no hagan estrategias “de cara a la galería”!

El otro día estaba yo echando un ojo sobre las novedades bibliográficas recibidas en la biblioteca de la unas de las Facultades (la de Comunicación) donde imparto docencia y me encuentro con esta de Ángel GUERRA SIERRA: Salvaguardar el medio ambiente, publicada esta año 2012 por la editorial Eiunsa y que lleva por subtítulo: Reflexiones sobre el Capítulo décimo del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. No es la primera vez que leo una obra de este autor, un biólogo marino, investigador del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo.  Una de sus obras anteriores publicada con Santiago PASCUAL DEL HIERRO: La descomposición de la ecología (Netbiblo, 2008) me pareció muy sugerente y un intento muy loable de preservar esta jóven y digna ciencia de la ecología de los muchos intentos de degradarla y manipularla con otros fines que no son los científicos y que, en todo caso, se distingue claramente del ecologismo.

En estas dos obras se manifiesta la preocupación de su gran maestro Ramón MARGALEF cuando afirmaba –en su Teoría de los Sistemas ecológicos (1991)-: “Creo que la Ecología tradicional se está descomponiendo en un mosaico de hipótesis, unas interesantes, otras menos, algunas contradictorias e incluso frívolas”.

En Salvaguardar el medio ambiente, sus reflexiones sobre una de las mejores síntesis del magisterio de la Iglesia Católica sobre las cuestiones ambientales –contenida en el capítulo 10º (“Salvaguardar el medio ambiente”) del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, publicado por el Consejo Pontificio “Justicia y Paz” en 2005- conjugan con interés sus experiencias profesionales como reconocido biólogo marino y su confesada fe católica. Tras aclarar que la “ecología no es sinónimo de salvaguadia del medio ambiente” y que la “ecología no proporciona principios morales”, nos ofrece un elenco de problemas mundiales que amenzan el medio ambiente. “La humanidad tiene un problema. Para buscar soluciones lo primero es reconocerlo” afirma, y, a partir de aquí, se pregunta: “¿Reconoce la Iglesia católica este problema?” Y, sobre la base de una respuesta afirmativa, va desgranando desde las Sagradas Escrituras hasta nuestros días el mensaje cristiano a los problemas que aquejan el medio ambiente para reconocer que la “crisis ecológica es un problema moral”.

Con gran solvencia, a mi juicio, GUERRA SIERRA va rebatiendo en su ensayo varios  de los mitos que han ido construyendo por algunos de los defensores del ecologismo radical contra el cristianismo, como promotor de una actitud explotadora de los recursos naturales o  como retardatario del progreso científico. Y, sobre todo, en mi opinión, acierta a señalar “la diferencia básica en la aproximación entre la Iglesia y numerosos intelectuales a la solución de la crisis ecológica que todos reconocemos … es que éstos proponen fundamentalmente metodologías basadas en la transformación de las estructuras y sistemas de producción-consumo y de organización social, mientras que la Iglesia va más al fondo: a que lo que deben cambiar son los individuos, y que con la “conversión” de estos será entonces posible gozar de una sociedad sana capaz de responsabilizarse de este y de otros problemas que afectan a la humanidad”.

Sin dejar de denunciar los graves problemas de injusticia y desigualdad en la distribución de los bienes y recursos naturales que aquejan nuestro Planeta, esta original obra rezuma, no obstante, optimismo y confianza en el ser humano. Al final, el mensaje moral que contiene es una llamada a la responsabilidad personal y a practicar unos nuevos estilos de vida, “presididos –como recoge el nº 486 del citado Compendio- por la sobriedad, la templanza, la autodisciplina, tanto a nivel personal como social”.

En el Consejo de Ministros del pasado viernes, frente a la sombría y estresante tónica a que nos tiene acostumbrado este órgano del Gobierno en los últimos meses, se anuncia la aprobación del proyecto de Ley para la declaración del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama. Si las Cortes Españolas lo aprueban será el quinto mayor espacio protegido de la Red de Parques Nacionales y el decimoquinto que se declare, con 33.664 hectáreas ubicadas en las Comunidades de Madrid y de Castilla y León. Por lo tanto, se trata de una buena noticia –no todo van a ser recortes- ya que se amplia en nuestro país la superficie de los espacios protegidos; además de una zona de alta montaña (ya conocéis mi debilidad por estos ecosistemas), con centenares de especies vegetales y animales de gran valor ecológico (como, por ejemplo, el águila imperial y la cigüeña negra, ambas en peligro de extinción).

Por cierto que, según el informe “Perfil ambiental de España 2011” que acaba de presentar, el pasado lunes, el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,  en España los Espacios Naturales Protegidos (1.557 terrestres y marinos) representan el 12,41% de la superficie terrestre total, mientras que la Red Natura 2000 -formada tanto por los Lugares de Importancia Comunitaria (LICs) como por las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs)- alcanza el 27,83 de la superficie terrestre total.

Esta noticia nos permite abordar aquí, muy brevemente, una muy relevante distinción en el régimen jurídico de protección de los Espacios Naturales Protegidos –recogido en la Ley básica estatal 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (que, a su vez es transposición a nuestro ordenamiento interno de la famosa Directiva Hábitats, fundamento de la Red Natura 2000). Pues bien, una cosa es la declaración de un “espacio natural protegido” conforme a una de las muchas figuras de protección –estatales y autonómicas e incluso locales- que prevé la normativa (parques, reservas, áreaas marinas protegidas, monumentos naturales, humedales de importancia internacional, sitios naturales, geoparques, reservas de la biosfera, etc.); y otra cosa son las medidas de protección –planes de ordenación, planes de gestión, planes de majeno, zonas de protección, áreas de influencia, y un sinfín de instrumentos de protección que deben de implementarse tras la declaración.

La cruda realidad es que, en nuestro país al menos, la mayor parte de los espacios naturales protegidos así declarados por las autoridades competentes, carecen todavía de eficaces medidas para su protección y gestión que el citado régimen jurídico comunitario de protección de la biodiversidad exige aplicar. En este sentido,  la organización ecologista Océana acaba de denunciar que el plazo fijado por la Directiva Hábitats para la designar las Zonas de Especial Conservación (ZECs) –en que han de convertirse los actuales LICs- acaba el próximo 21 de septiembre y casi ninguno (al menos en las áreas marinas) ha sido confirmado en España, Francia y Grecia, con el consiguiente riesgo de sanción de la Unión Europea por incumplimiento de dichas obligaciones.

Si queremos detener la pérdida de la biodiversidad no basta con declarar muchos espacios naturales protegidos, sino que hay que comprometerse en aplicar las correspondientes medidas de protección (planificación de los usos, programas de gestión, vigilancia, etc.). Y, esta dirección, confiemos que el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN -que se está celebrando estos días en Jeju (República de Corea)- aporte interesantes soluciones a los muchos retos e incertidumbre que ofrece hoy la gobernanza y protección de la biodiversidad. Ojalá se confirme en apartado 5º de la propuesta de Declaración de Jeju para una nueva era de conservación, sostenibilidad y soluciones basadas en la naturaleza: “Existe una creciente evidencia de que la conservación funciona, y por lo tanto aumentaremos la escala de las acciones en la tierra y en el mar a través de grandes esfuerzos de conservación con fines precisos. En particular, aseguraremos que las áreas protegidas estén bien gestionadas; estableceremos programas de recuperación de especies; adoptaremos medidas para restaurar y rehabilitar los hábitats; reforzaremos los programas de cría en cautividad con fines de conservación; y reduciremos la sobre explotación de los recursos naturales”.

Una vez más –casi siempre por estas fechas- me veo obligado a tratar aquí  de esa lacra de los incendios forestales que, tristemente, está siendo noticia recurrente a lo largo de este verano. Cuando aun quedan cuatro meses para terminar el año, ya han ardido en España más de 160.000 hectáreas (entre terreno arbolado y no arbolado), lo cual nos sitúa en una de las peores cifras de los últimos veinte años. Pero, a mi juicio, lo más grave de esta catástrofe son las once vidas humanas que se han cobrado hasta el momento los incendios forestales producidos a lo largo y ancho de toda España -de norte al sur, de este a oeste, en la península y en los archipiélagos- la mitad de ellos profesionales de los servicios anti-incendios (brigadistas, pilotos de aeronaves, agentes ambientales) y los demás, personas mayores y jóvenes, españoles y extranjeros. Y, dado que, como es sabido, una buena parte de los incendios en nuestro país son intencionados, esta trágica consecuencia es algo que ¡no lo podemos permitir!

Aun está viva en mi memoria el devastador incendio que, en abril de este año, asolaba parte de nuestro galaico Parque Natural de las Fragas del Eume, y que me suscitó una entrada en este blog, en parte queja y en parte desahogo frente al presunto pirómano. En caliente, ante las pavorosas imágenes de cualquier   incendio de gran magnitud, surge la cuestión inmediata: pero, es que ¿no hay forma de acabar con este problema de una vez por todas? ¿qué estamos haciendo mal? ¿qué debemos hacer? ¿cómo? ¿cuándo? ¿quién?

Y analizando con un poco de serenidad la abundantísima información disponible (en España y fuera de España) sobre esta materia y tantas instituciones trabajando sobre este tema, se deducen, a mi modo de ver, dos conclusiones bastante ciertas: de una parte, que -pese a todo lo anterior- el ser humano ha avanzado mucho en la lucha contra los incendios forestales, y, de otra parte, que, como consecuencia de los crecientes efectos del cambio climático, es muy posible que se recrudezcan los periodos de sequía que, a su vez, son desencadenantes de buena parte de los más graves incendios forestales. 

Desde que el hombre descubrió, en el amanecer de la Humanidad, el poder devastador del fuego, son muchos los medios técnicos que ha pergeñado para evitar o minimizar sus peligrosos efectos. Ciertamente la silvicultura y las demás ciencias forestales vienen aportando muchos conocimientos útiles para dicha tarea. Pero, en nuestros días, las soluciones más eficaces para la protección del medio ambiente (y, por lo tanto, también de la biodiversidad forestal) provienen de “estrategias integrales” en la que los expertos y profesionales de diversas ramas de conocimiento –que se proyectan sobre los espacios forestales- trabajen de forma interdisciplinar. 

Y así, los ingenieros forestales han de aportar su ciencia sobre los mejores sistemas de protección y gestión de los bosques; los ecólogos nos ilustrarán cómo mantener  el equilibrio de dichos ecosistemas; los urbanistas diseñarán los más respetuosos desarrollos urbanísticos con su entorno natural; los juristas propondrán medidas represivas y compensatorias que castiguen y desincentiven la producción de incendios; los sociólogos investigarán las causas de los daños producidos; etc. Las Administraciones públicas trabajarán de la forma más coordinada y colaborativa  posible ante la creciente escasez de recursos financieros. Siempre aprenderemos de nuestros fallos, y sobre todo, lo que, a mi juicio, es la medida preventiva más importante, enseñaremos a nuestras jóvenes generaciones lo vital que es mantener nuestro patrimonio natural, lo irracional y suicida que es degradarlo, y lo absurdo que es sacrificar vidas humanas en su preservación.

Cuando estoy a punto de terminar mis vacaciones en el corazón de los Alpes austríacos, quiero celebrar la entrada nº 100 de mi blog con una referencia emocionada y agradecida a las vivencias y paisajes de las que he disfrutado durante estas semanas. Si, independientemente de su gran valor ecológico (como ya destacamos en la entrada anterior), todas las montañas tienen un especial atractivo para mi, este inmenso ecosistema alpino -que va desde Francia y Mónaco hasta Eslovenia, pasando por Suiza, Italia, Austria, Liechtenstein y Alemania, que ocupa más de 190.000 Km2, se extiende a lo largo de 1.200 kms., y en cuyo perímetro viven cerca de 14 millones de habitantes- me ha impresionado, al menos en la parte tirolesa que he conocido, por su gran prosperidad económica y su elevado nivel de organización.

Es verdad que los países que pertenecen a esta singular área geográfica son algunos de los países más avanzados de Europa, pero lo cierto es que son los únicos Estados del mundo que han sabido negociar de común acuerdo un tratado territorial que tiene por objeto el desarrollo sostenible de su compartido ecosistema montañoso. Nos referimos al “Convenio Alpino”, firmado por los ocho Estados alpinos –antes mencionados- y la misma Comunidad Europea, en Salzburgo (Austria), el 7 de noviembre de 1991, que entró en vigor en 1995, y que en 1999 las nueve partes que forman parte de él lo han ratificado.

La “Convención sobre la Protección de los Alpes” estipula la protección y el aprovechamiento sostenible de los Alpes en su integridad como ecosistema regional uniforme. Las partes convienen en establecer una política global con ese fin y en cooperar en varios ámbitos de interés común, tales como agricultura, silvicultura, ordenación territorial, protección de paisajes, cultura y población, actividades recreativas y limitación de la contaminación del aire. La Convención se concibe como acuerdo marco: sus disposiciones sustantivas se presentan en términos generales que requieren, para su aplicación efectiva, ser especificadas mediante protocolos adicionales y declaraciones. Entre 1994 y 2000 se concertaron nueve de esos protocolos, sobre agricultura de montaña, protección de la naturaleza y conservación del paisaje, planificación del uso de la tierra y desarrollo sostenible, bosques de montaña, turismo, conservación del suelo, energía, transportes y solución de conflictos.

Por sus especiales características el Convenio Alpino constituye un marco de referencia o ejemplo de acuerdo internacional de cooperación para la regulación de los usos, gestión y conservación de una zona de montaña –como los Alpes- compartida y transfronteriza. Y, este punto, cierta envidia tenemos en España por no tener un instrumento jurídico similar para la protección de los Pirineos. Este ecosistema montañoso de cerca de 55.000 Km2 y que se extiende a lo largo de 450 kms de la zona fronteriza de España y Francia, incluyendo el Principado de Andorra, cuenta desde principios de los ochenta del siglo XX con un Convenio internacional de colaboración transfronteriza que propició en 1993 la creación de la “Comunidad de Trabajo de los Pirineos” como un organismo interadministrativo de cooperación entre los tras países que pertenecen a dicho ámbito pirenaico. Sin duda que el Convenio Alpino sería un buen modelo a seguir en la futura protección de la cordillera pirenáica.

Tampoco desconocemos que la ejecución del Convenio Alpino tiene también sus dificultades de aplicación en los diferentes países, como se vio en la negociación su protocolo de transportes o en la tardanza en la ratificación de algunos de los demás protocolos. En el caso de Austria que he conocido más directamente, por lo que he podido informarme, no siempre es fácil conjugar la protección de los lugares de alta montaña vinculados con la práctica de los deportes de nieve –que mueve millones de turistas invernales- con los límites propios de los espacios naturales protegidos.

Por otra parte, algunos estudios científicos están poniendo de manifiesto los efectos del cambio climático sobre los espacios alpinos, como es el caso de algunos recientes estudios difundidos por la Agencia Europea de Medio Ambiente (Alps: the impacts of climate change in Europe today; Regional climate change and adaptation: the Alps facing the challenge of changing water resources; tambien en el estudio Europe’s  ecological  backbone: recognising the  true  value  of  our  mountains; etc.).

Ya nos gustaría que todos los sistemas montañosos estuvieran tan excelentemente gestionados y protegidos como los Alpes, y como ámbitos de tan elevada promoción económica. Es evidente que no todo es perfecto y que es posible que el exceso de aprovechamiento económico de la zona alpina pueda acabar pasando factura en el futuro. Pero lo que no puede negarse es que aquí hay instrumentos y voluntad de cooperación internacional para su protección integral. No en vano en este privilegiado ámbito ecológico nació la afición y los deportes vinculados con la montaña (en particular, como su nombre indica, el alpinismo).

Estoy pasando unos días de vacaciones en la ciudad austríaca de Innsbruck, en el corazón del Tirol y –en lo que ahora me interesa destacar- que está ubicada en la parte oriental de una de las mayores cadenas montañosas del mundo: los Alpes. He revivido mi infancia y mi juventud en los Pirineos aragoneses de donde, por cierto, proceden algunos de mis antepasados (del Valle de Ordesa, para ser más exactos). Una vez más he disfrutado de esos maravillosos pero frágiles ecosistemas montañosos que cubren la cuarta parte de la superficie del Planeta y donde vive, al menos, un diez por ciento de la humanidad. Como expresa con acierto el paisajista británico y precursor ambientalista, John RUSKIN -en su obra The True and the Beautiful in Nature (1872)- las montañas son “el comienzo y fin de todos los paisajes”.

No todos los sistemas montañosos son iguales. Nada tiene que ver los pobres pueblos de los espacios andinos de Sudamérica o del Himalaya asiático con los superdesarrollados pueblos turísticos de gran parte de los Alpes (al menos los que he podido conocer directamente). En todo caso, como para todo ecosistema valioso, se viene reclamando desde hace mucho tiempo la protección específica de las montañas a escala internacional y para determinados ámbitos particulares. Por tal motivo, en esta entrada de mi blog me dedicaré brevemente a la cuestión de la protección de las montañas a nivel internacional para, en la siguiente, centrarme en la protección del privilegiado espacio montañoso de los Alpes.

Es indudable que las montañas tienen un extraordinario valor ecológico: albergan recursos y funciones ambientales de enorme importancia como las reservas hídricas y una gran diversidad de ecosistemas con especies únicas y exclusivas. En particular, los bosques de montaña cubren más de 9.000 millones de Km2, un 28% de la superficie mundial de monte cerrado. Y, al mismo tiempo, estos espacios sufren la pérdida de biodiversidad debida a la destrucción forestal, sobrepastoreo o quemas excesivas; experimentan cambios masivos o intrusivos en el paisaje (infraestructuras hidroeléctricas, de transportes o de telecomunicaciones, etc.); son sensibles al cambio climático (como el caso de retroceso de los glaciares) y a la polución (por efecto de la “lluvia ácida”, por ejemplo), etc.

Y pese a extraordinario valor ambiental, socioeconómico y cultural de las montañas, sólo recientemente ha llamado la atención de las autoridades y de los organismos internacionales. En esta dirección han tenido un papel central los aficionados al montañismo y al alpinismo, representados a nivel mundial por la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA), fundada en Chamonix (Francia) en 1932 y que actualmente reúne a caso un 1,300.000 personas que tienen la montaña como afición común.

La UIAA –que, a partir de los años ochenta fue especialmente sensible a las repercusiones de las actividades montañeras sobre el medio ambiente- ha promovido importantes declaraciones como la Declaración de Katmandú sobre Actividades de Montaña de 1982 (como llamada de atención contra la degradación de las montañas y la necesidad de protegerlas), o la Declaración de Kranjska Gora (Eslovenia) de 1997 sobre objetivos y directrices ambientales de la UIAA. Además se han aprobado códigos de conducta para los deportes de montaña como el “Mountain Code” sobre la base de la Declaración de Tirol de 2002 sobre “buenas prácticas en los deportes de montaña”. Otros pronunciamiento promovidos en determinados espacios de montaña son, por ejemplo, la Declaración de Cuzco sobre Desarrollo Sostenible de los Ecosistemas de Montaña, aprobada en Perú en 2001; o el proyecto de Carta de Asia Central para el Desarrollo Sostenible de las Regiones de Montaña adoptada en 2002; o también la Declaración Final de Euromontana –que fue el resultado de la segunda conferencia continental de Euromontana (una asociación de 36 organizaciones de montaña de 15 países de Europa central, oriental y occidental) celebrada en Trento (Italia) en 2000.

En el campo de los compromisos jurídicos internacionales, salvo el caso aislado de la Convención sobre Protección de los Alpes de 1991 (a la que me referiré en la siguiente entrada de este blog), no abundan los textos normativos. Cabe destacar, no obstante, el Capítulo 13º de la Agenda XXI, aprobada en 1992, en la Cumbre mundial de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro, que lleva por título “la gestión de ecosistemas frágiles: desarrollo sostenible de las montañas”.

Una interesante iniciativa de Naciones Unidas fue la declaración en 2002 del “Año Internacional de las Montañas” que, a su vez, dio lugar a la resolución 57/245 de su Asamblea General mediante la que se declaró el 11 de diciembre “Día Internacional de las Montañas” (a partir de 2003). Y es destacable la labor que en este terreno desarrolla la FAO.

Por su parte, el Consejo de Europa ha aprobado –para su ámbito específico- desde finales de los años sesenta del siglo XX recomendaciones y resoluciones como la “Carta ecológica de las áreas de montaña” (Resolución (76) 34, adoptada por el Consejo de Ministros el 21 de mayo de 1976), y, posteriormente la importante “Carta Europea de la Montaña” de 2003.

Finalmente, para concluir esta ya larga relación de documentos y declaraciones, cada país (especialmente los que cuentan con importantes sistemas montañosos) ha venido aprobando normas jurídicas vinculantes sobre la protección de las áreas de montaña, de su particular tipo de agricultura, para la protección de sus espacios naturales, etc. Como botón de muestra, en España, a primeros de los años ochenta se aprobó por el Estado Ley 25/1982 de Agricultura de Montaña, y poco después la pionera Ley catalana 2/1983 de Alta Montaña. Sin embargo, sigue pendiente de aprobación –por razones que ahora desconocemos- la “Carta española de las Montañas” cuya última versión de su borrador sigue colgado en la web de Ministerio de Medio Ambiente desde 2005.

Todo lo que se haga es poco para proteger esos lugares maravillosos donde uno se encuentra con uno mismo y con esta grandiosa manifestación de la naturaleza.

A punto de terminar en Londres la 30ª edición de los Juegos Olímpicos, quizá sea interesante saber que en su preparación y en su desarrollo se han tenido en cuenta una serie de parámetros que permiten calificarlos de sostenibles.

En realidad la introducción de la perspectiva ambiental en el movimiento olímpico tiene una historia relativamente larga. Justo, poco antes de comenzar los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, tuvo la lugar la histórica Cumbre sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro. En la olímpica Ciudad Condal hubo ya algún guiño ambiental, donde todas las Federaciones Internacionales y Comités Olímpicos Nacionales firmaron “el Pacto por la Tierra” (Earth Pledge), comprometiéndose a contribuir a hacer del mundo un sitio más seguro.

Pero, propiamente, fueron los Juegos Olímpicos de Invierno, celebrados en Lillehammer (Noruega) en 1994, los primeros que tuvieron en cuenta de forma explicita las consideraciones ambientales. Un hito fundamental fue la creación en el seno del Comité Olímpico Internacional (COI) de la “Comisión sobre Deporte y Medio Ambiente” (1995) encargada de velar, en adelante, por la gobernanza ambiental del Movimiento Olímpico. Además el COI entabló desde entonces una alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para fomentar en el deporte el desarrollo sostenible (y, desde el 2003, se ha creado en el mismo un área específica de trabajo sobre “sport and environment”).

En 1996 una enmienda de la “Carta Olímpica” (la Carta Magna del movimiento olímpico) introdujo el medio ambiente como el “tercer pilar del olimpismo” junto al deporte y la cultura. El nuevo apartado 2,13 de la Carta añade a las funciones del COI la de velar “porque los Juegos Olímpicos se desarrollen en condiciones que revelen una actitud responsable ante los problemas del medio ambiente y estimulará al Movimiento Olímpico a que se preocupe de estos problemas, tenga en cuenta esta preocupación en todas sus actividades y sensibilice a todas las personas relacionadas con el Movimiento Olímpico sobre la importancia de un desarrollo sostenible”.

Y a partir de aquí, la preocupación por el medio ambiente en los Juegos Olímpicos no ha dejado de crecer y de concretarse en diversos instrumentos: Manual sobre Deporte y Medio Ambiente (COI, 1997), Agenda 21 del Movimiento Olímpico (COI, 2000), Guía de Deporte, Medio Ambiente y Sostenibilidad (COI, 2005)…; periódicas conferencias y congresos internacionales sobre “deportes y medio ambiente” (el último celebrado en Doha, 2011). Las Olimpiadas de Sydney de 2000 ya se diseñaron plenamente desde esta sensibilidad ambiental. Las de Atenas de 2004 se centraron en desarrollar una infraestructura de transportes que redujera la contaminación atmosférica en el entorno de la ciudad olímpica. En China, las Olimpiadas de Beijing de 2008, promovieron un fuerte debate sobre las malas condiciones ambientales para el desarrollo de las pruebas olímpicas, lo cual obligó al Gobierno chino a aprobar medidas drásticas para reducir, al menos durante la celebración de los juegos, de la contaminación existente en el cinturón de la capital china.

Ahora en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 se ha visto el gran esfuerzo que se ha hecho por parte de su Organización a favor de la sostenibilidad ambiental de los Juegos –ya desde su primeros pasos- con la fijación con los grupos de interés de una serie de objetivos prioritarios –que se contemplan en el documento “Pre-games Sustainability Report”-: reducir la huella de carbono de los juegos, lograr el objetivo de “cero-residuos”, promover un sistema de accesibilidad y sostenibilidad del transporte, utilizar los Juegos como un ejemplo de beneficio económico derivado de la sostenibilidad, fomentar un estilo de vida sostenible en la ciudad olímpica que permita visibilizar sus ventajas (también en los que se refiere a la alimentación) y, finalmente, diseñar el “Olimpic Park” como un legado que contribuya a la regeneración de varias zonas urbanas del este de Londres (tambien se ha utilizado la “construccion sostenible” en los diversos edificios de la ciudad olimpica). Y, además, por primera vez en unos Juegos Olímpicos se ha sometido a una certificación ambiental (la British Standard 8901: Specification for a Sustainability Management Systems for Events).

En definitiva, a la belleza de la actividad humana desarrollada en los Juegos Olímpicos, esta tercera dimensión del olimpismo contribuye a preservar y mejorar el entorno natural en que se desenvuelve la mayor parte de los deportes olímpicos. Y, lo que es mas importante, la concurrencia en las Olimpiadas de la casi totalidad de los países del Planeta es una inigualable oportunidad de promover la conciencia ecológica y la necesario solidaridad entre todos los pueblos.

A principios de este mes de julio se ha hecho público un voluminoso informe del grupo de expertos, dirigido por el congresista KUROKAVA (ex-presidente del Consejo Científico del Japón), encargado por la Dieta de Japón (su Parlamento) para investigar el accidente nuclear de Fukushima. Tal como señalan la mayor parte de los medios de comunicación, la peor catástrofe nuclear desde la de Chernobil en 1986, la de la planta Fukushima, a mediados del marzo del pasado año 2011, se debió a un error humano resultado de la “connivencia entre el Gobierno, los reguladores y TEPCO (la operadora de la Planta) y la falta de autoridad de las partes mencionadas”.

Esta Comisión de investigación, tras considerar “imperdonable la ignorancia y arrogancia de cualquier persona u organización que trate con energía nuclear”, advierte carencias y desconocimiento en algunos aspectos de la seguridad existentes en la planta de Fukushima. “Su regulación fue encomendada a la burocracia gubernamental responsable de su misma promición”. El operador de la Planta, los reguladores y el Gobierno “no desarrollaron correctamente los requisitos de seguridad más básicos, como la evaluación de la probabilidad de daño, la preparación para contener los daños colaterales de este tipo de desastres y el desarrollo de planes de evacuación“. Tras el terremoto y el tsunami, la falta de formación y los conocimientos de los trabajadores de TEPCO sobre la instalación redujeron la eficacia de la respuesta a la situación en un momento tan crítico. Y, a medida que la crisis se agravó los sujeto intervientes y las autoridades responsables (las agencias gubernamentales y y la Oficina del Primer Ministro) no consiguieron “prevenir o limitar el daño emergente”.

Lo más curioso del informe, a mi juicio, es cómo formula una de sus conclusiones: “Lo que hay que reconocer es muy doloroso, fue un desastre, ‘Made in Japan’”, afirma la Comisión de Investigación. “Sus causas fundamentales se encuentran arraigadas en las convenciones de la cultura japonesa: nuestra obediencia reflexiva, nuestra renuencia a cuestionar la autoridad, nuestra devoción a ‘apegarse al programa”. Y, por este motivo, se recomienda vivamente a los ciudadanos a “reflexionar sobre nuestra responsabilidad como individuos en una sociedad democrática”.

Aunque la industria nuclear esté empleando ahora todas sus energías en convencer a la opinión pública acerca de la seguridad de las centrales nucleares, pensamos que con el accidente de Fukushima hay un antes y un después. En efecto, el hecho de que la catástrofe -que obligó a más de 150.000 personas a abandonar sus hogares- tuviera lugar en uno de los paises más avanzados e industrializados del mundo, ha hecho que la percepción del riesgos por parte de la ciudadanía se haya disparado.

De esto mismo y de los efectos del accidente de Fukushima sobre el sector energético nos hablan la ex-Ministra de Medio Ambiente, Cristina NARBONA y el experto en cambio climático Jordi ORTEGA, en una obrita que lleva por título “La energía después de Fukushima” (editada por Ediciones Turpial, Madrid, 2012). Se trata de un documentado alegato en contra de la energía nuclear (“ni barata, ni limpia, ni segura”) y en defensa de la única alternativa sostenible de nuestro Planeta: la de las energías renovables. La histórica y valiente decisión del gobierno conservador de Alemania de abandonar la energía nuclear y apostar por las energías renovables y de ahorro y eficiencia energética, contrasta con las del actual gobierno español de prorrogar la vida de las centrales nucleares y reducir el apoyo público a las energías renovables.

Vivia yo en el Pais Vasco cuando tuvo lugar la paralización de la –ya muy avanzada- central de Lemoniz (trágicamente enrarecida por el injustificado asesinato de varios de sus operarios). Hoy son nuevos tiempos, pero dudo mucho que, visto lo que hemos visto recientemente en Fukushima, los españoles apoyemos mayoritariamente la continuidad de este tipo de energía. Posiblemente, ni desde el punto de vista económico, nos lo podamos ya permitir.

Cuando apenas habíamos tenido tiempo de leer el nuevo informe de este año “Destrucción a toda costa” presentado el pasado jueves 12 por Greenpeace, el viernes 13 me enteré gracias a Radio Nacional de España de la aprobación en el Consejo de Ministros del “histórico tijeretazo”. Una locutora de RNE nos pedía la opinión –a los miembros del Observatorio del Litoral de la Universidad de A Coruña- sobre un proyecto de Ley de reforma de la Ley de Costas de 1988 del que sólo teníamos algunos datos muy generales por la prensa.

Se trataba de una noticia que esperábamos con cierta ansiedad después de que, a principios de año, el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, anunciara la preparación de una “profunda reforma de la Ley de Costas”.

Tiempo habrá para estudiar con detalle el texto del borrador del anteproyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Desde nuestro Observatorio no queremos perder la oportunidad de aportar lo mejor de nuestros conocimientos y opiniones en el debate que, sin duda, se producirá desde la difusión de este anteproyecto que habrá de aprobarse, en su caso, por las Cortes Españolas.

En este momento, lo primero que me brota, tras haber leído con cierto apresuramiento el texto difundido por el Ministerio y las noticias que ya se están prodigando en torno a esta cuestión, es que quizá no es el momento más oportuno para reformar –como se pretende- nuestra Ley de Costas, a punto de cumplir sus 24 añitos. La crisis financiera, en buena parte motivada por la “burbuja inmobiliaria”, había conseguido frenar el imparable proceso de litoralización de la costa (presión inmobiliaria sobre las zonas costeras) y parecía un buen momento para invertir esta tendencia, procurando preservar de la urbanización las áreas de nuestro litoral mejor conservadas.

Pese a que la revisión de la Ley se presenta como “un modo eficaz para proteger la integridad del dominio público marítimo-terrestre y preservar su uso común”, la idea-fuerza que, a mi juicio, sobrevuela todo el texto es la de flexibilizar, a toda costa, la dureza de la finalidad proteccionista de la Ley de Costas y contentar a muchos propietarios –nacionales y extranjeros- de terrenos en el borde litoral que se habían visto privados de su titularidad dominical previa en virtud de la citada norma legal. Sin atentar propiamente a la filosofía nuclear de la Ley de Costas -que declara de dominio público muchos de los bienes situados en la línea de la costa y establece servidumbres y limitaciones sobre los terrenos contiguos a la misma- se prolongan hasta 75 años los plazos de las concesiones aprovechamientos privados sobre los bienes públicos (inicialmente fijados hasta un máximo de 60 años), se amplian los plazos de las autorizaciones para actividades económicas sobre el dominio público, se reducen (en algunos supuestos como en la rías) la extensión de la servidumbre de protección (de 100 a 20 metros), se someten a una intervención administrativa más relajada las obras e instalaciones situadas en los terrenos cercanos a la línea de costa, etc.

Detrás de cada línea del texto de la reforma de la Ley de Costas se identifican concretas situaciones conflicitivas que se han producido a lo largo de su vigencia en diversos puntos de la geografia insular y peninsular de España. Situaciones problemáticas, con nombres y apellidos, que el texto reformador pretende solucionar y que, incluso, enumera concretamente para excepcionarlas sin aportar razones específicas. Algunas afectan a Galicia como ciertos núcleos rurales tradicionales de su litoral que podrían ver en esta reforma nuevas vías de solución.

En las veinticuatro páginas del borrador pueden encontrarse también algunos aciertos como la llamada “claúsula antialgarrobico” (en virtud de la cual la Administración General del estado puede suspender ilegales intentos urbanizadores de los municipios) o la obligada publicación de la línea de deslinde, o la mayor constatación registral de los bienes integrantes del dominio público marítimo-terrestre, etc.

Tengo que finalizar aquí mi ya extenso comentario de urgencia. Independientemente de que opinemos que no es el mejor momento para levantar la “caja de los truenos” del litoral, lo que más me preocupa del texto es que, en absoluto se aborda una cuestión capital en la aplicación de la Ley de Costas: la necesaria colaboración y coordinación entre las tres Administraciones Públicas con competencias sobre el litoral (la central, la autonómica y la local), por no entrar en la participación ciudadana que debería potenciarse para tan importantes decisiones sobre lo más valioso de nuestro patrimonio natural.