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Ante los incendios, prevención, prevención y más prevención

19 de octubre de 2017 a las 8:55

Desde hace décadas contamos con infinidad de estudios, informes, estadísticas, leyes, protocolos, planes, estrategias, declaraciones, buenas prácticas, etcétera, para abordar el catastrófico problema de los incendios forestales, aquí, en Galicia, y allí, en los países más avanzados del Planeta (como Estados Unidos y Australia) donde los incendios destruyen también vidas humanas, arruinan viviendas y arrasan miles de hectáreas de suelos, forestales o no. Una vez más nuestra sociedad se indigna con razón ante una lacra que ahora llama a las puertas de nuestros hogares en los mismos centros urbanos. Y, todos nos preguntamos, ¿cómo es posible que, en pleno siglo XXI, nos seamos capaces de acabar con tan devastadores fenómenos?

Tengo para mi que no se trata de un hecho irresistible que ha de pesar inevitablemente sobre nosotros. Albergo cierta esperanza en que es posible al menos minimizar las consecuencias de tan repetidos y lamentables sucesos. Y, soy moderadamente optimista porque, así como en el origen del problema está, casi siempre, el ser humano (el consabido dato de la intencionalidad de los incendios y la enferma personalidad de los incendiarios), la buena senda de los remedios está inseparablemente unida a la inteligencia humana, curtida por una largas y dolorosas experiencias.

De la lectura de muchas de las informaciones de expertos que se han publicado en estos días, deduzco que buena parte del problema de los incendios forestales de nuestros días hay que vincularlo con el problema global del cambio climático. Los efectos del calentamiento global sobre adversos fenómenos meteorológicos, parecen expresar claros indicios de tan grave problema. Pero, incluso, sobre la lucha contra el cambio climático hay estrategias y medidas en curso (como el Acuerdo de Paris) que tratan de revertir el cambio global y caminar hacia una sociedad descarbonizada, si bien todavía hay muchos obstáculos en la hoja de ruta propuesta.

En el específico campo de los incendios forestales, la “ciencia del fuego” ha avanzado de forma impresionante y ha permitido mejorar indiscutiblemente en todas las actuaciones de prevención, de intervención y de reparación de los daños. Ante tanto dolor y rabia, tras las catástrofes humanas y ambientales que se derivan cada uno de los incendios, la imaginación humana se ha avivado en la búsqueda de soluciones y la innovación aporta ya nuevos y eficaces instrumentos de combate. Sin embargo, a mi juicio, la lucha más eficaz -en la que vienen insistiendo casi todos los expertos- es la batalla callada y silenciosa de la prevención que pasa por una “política integrada en la gestión de los incendios” en cuya base está una buena ordenación del territorio (desarrollo rural, ordenación forestal, protección de la biodiversidad, gestión de riesgos, etc.), adecuada para cada espacio territorial y para cada ecosistema, y, sobre todo, de forma prioritaria, por una profunda educación ambiental y alfabetización ecológica.

Al final, la clave está siempre en el “factor humano” y, por tal motivo, la mejor inversión está en proporcionar a los seres humanos los fundamentos éticos para su pacífica convivencia con la naturaleza y para conjurar cualquier atisbo de conducta “ecocida” y, por lo tanto, antisocial. Ojalá que pasados estos fatídicos días que estamos viviendo en Galicia, recordemos todos –los agentes públicos y privados- la necesidad de trabajar colaborativamente en el diseño y seguimiento de una cabal política de prevención.

Actualidad
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Riesgos climáticos en el Antropoceno

15 de septiembre de 2017 a las 0:57

Después de la tempestad viene la calma, pero, en este caso, es obligado reflexionar serenamente sobre lo que acontece y ponerse a trabajar para prevenir o minimizar mayores males. Tras haber asistido, en el último mes, al dramático espectáculo de los dos huracanes –“Harvey” y “Irma”- que han azotado el Caribe golpeando, después, los ricos estados norteamericanos de Texas y de Florida, respectivamente, algo debemos decir. Al menos se lo merecen, sobre todo las víctimas (hasta el momento, 64, en el caso del “Harvey” y 115 en el caso del “Irma”), pero también las centenares de miles de personas damnificadas por los cuantiosos daños materiales ocasionados (cercanos a los 200.000 millones de dólares). Estamos acostumbrados a ver el reguero de víctimas mortales que se cobran los huracanes en los países pobres del Caribe pero, desde hace unos años, también es noticia de primera página las personas afectadas por los mismos fenómenos climáticos en el mismísimo “Imperio norteamericano”: el “Katrina” (con la máxima categoría “5” en la escala de Saffir-Simpson) en agosto de 2005, uno de los más destructivos, que asoló la ciudad de Nueva Orleáns; el huracán “Sandy” (categoría “3”), en octubre de 2012, que afectó a 24 de los 50 estados de Estados Unidos; y los ya aludidos, el “Harvey” (categoría “4”) y el “Irma” (categoría “5”), siendo este último uno de los mayores de las última décadas, sólo superado por el “Allen” de agosto de 1980 (categoría “5”) y, también, por el “Mitch” en 1998 (categoría “5”).

La primera pregunta que cabe plantear es si estos huracanes tienen que ver con el cambio climático. Los expertos nos dicen que no es tan raro la formación de huracanes en estos meses del año y, especialmente, en el océano Atlántico con final en el Caribe y en las costas de Norteamérica. Así, por ejemplo, en el amenísimo libro de Roberto BRASERO, titulado “La influencia silenciosa. Cómo el clima ha condicionado la historia humana” (publicado por la editorial Espasa en 2017) se explica “dónde nacen los huracanes” (en las aguas de Cabo Verde o las costas de Senegal) y como atraviesan el Atlántico y como, aprovechando las mismas corrientes marinas que permitieron a Cristóbal COLÓN descubrir las Américas, la pequeña borrasca africana se convierte en contacto con las calientes aguas del Caribe en amenazantes ciclones y huracanes tropicales. Sin embargo, si bien todavía hay muchas incertidumbres que despejar, existen algunas señales de la relación del cambio climático con la frecuencia e intensidad de los huracanes. En este sentido el último Informe de 2014 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sobre “impactos, adaptación y vulnerabilidad alerta de la producción de “episodios meteorológicos extremos” asociados al cambio climático, ocasionado por la “interferencia antropógena peligrosa”. Y, por supuesto, que las actuales autoridades ambientales estadounidenses (no sus técnicos) no quieren oir hablar del cambio climático.

En el citado ensayo de BRASERO se recoge una sintética pero expresiva exposición de la “influencia decisiva” del clima sobre el Planeta (a lo largo de la Primera Parte) hasta el periodo de historia geológica –el “Holoceno”-en el que nos encontramos, para pasar después (en la Segunda Parte) a narrar los hechos más significativos de la “influencia silenciosa” del clima en el ser humano (desde la última glaciación hace 11.700 años, pasando por los “óptimos climáticos” y por la “pequeña Edad del Hielo” que se prolongó durante cinco siglos hasta mediados del XIX). Por el contrario, la Tercera Parte de la obra la dedica su autor a la “influencia humana” en el clima, poniendo de manifiesto la gran mayoría de los climatólogos la clara tendencia a un calentamiento sostenido en el Planeta (durante el siglo XX la temperatura media de la Tierra subió 0,6º). Hoy en día el IPCC atribuye todo el calentamiento de la segunda mitad del siglo XX a la actividad humana. Y el mismo autor, escribe un su capítulo 22º acerca del nacimiento de “una nueva era climática” –en octubre de 2016- al comprobarse por la Organización Meteorológica Mundial que la concentración de CO2 en la atmósfera había superado las 400 partes por millón. Pocos años antes, en el año 2000 fue acuñado por el Premio Nobel Paul CRUTZEN el término “antropoceno” para significar el gran cambio ambiental producido por el ser humano en la Tierra, en particular, a partir de la Primera Revolución Industrial; en definitiva, habríamos dejado atrás el Holoceno, para pasar a la nueva época geológica -el “Antropoceno”- cuando la influencia humana comenzó a ser relevante para el propio desarrollo del Planeta.

Las consecuencias más conocidas del calentamiento global son –como señala el “hombre del tiempo” de Antena 3- la desaparición del hielo (tanto continental como marino), el ascenso del nivel del mar y la modificación de las precipitaciones a escala planetaria. Y de cara al futuro, los pronósticos no son muy halagüeños: “advierte el IPCC de que cualquier de estas trayectorias (de subida de temperaturas al final del 2100 de un rango entre +2,6º y +4,8º de media), cambiará los patrones estacionales de las lluvias, variará el ciclo del agua e intensificará los episodios de precipitaciones extremas, sobre todo en las latitudes medias y las regiones tropicales húmedas”. Desde el nacimiento de la política del cambio climático, en Río de Janeiro en 1992, sabemos lo que tenemos que hacer: de una parte, mitigar los gases de efecto invernadero (mitigación) y, de otra parte, preparar los ecosistemas y los sistemas humanos para reducir su vulnerabilidad ante la inevitable llegada de las consecuencias negativas del calentamiento global (adaptación). Otra cosa es que estemos dando los pasos precisos con la urgencia debida.

En la obra colectiva que lleva por título “Cambio Climático S.A. Cómo el poder (corporativo y militar) está moldeando un mundo de privilegiados y desposeídos ante la crisis climática” promovida por el Transnational Institute (TNI) y dirigida por Nick BUXTON y Ben HAYES (publicada en España por FUHEM Ecosocial en 2016), se pone de manifiesto las severas diferencias entre el Sur y el Norte, en la capacidad financiera y técnica para responder a los impactos del cambio climático. En la nueva “agenda de seguridad climática”, con su gestión de riesgos y promoción de la resiliencia, no puede plantearse de forma aislada o parcial. “Adaptación y seguridad” –se recoge en la Introducción del citado libro- “¿Para quién?”. Ante los impactos del cambio climático que ya estamos viendo (sufriendo), sólo desde una perspectiva de solidaridad cabe asumir los repetidos conceptos de “adaptación” y “resiliencia”, en el marco de los principios de justicia, democracia y sostenibilidad. Comparto lo que recogen al final de sus conclusiones los editores de la referida obra colectiva: citando una reflexión de Rachel SOLNIT en su libro “A Paradise Built in Hell”, frente a lo que llama “pánico de las élites” y las “narraciones distópicas y neomalthusianas”, copia: “el desastre a menudo revela cómo podría ser el mundo, revela la fuerza de la esperanza, la generosidad y la solidaridad; revela la ayuda mutua como un principio operativo genuino y a la sociedad civil como un agente que cuando está ausente espera entre bastidores. El huracán Sandy es un buen ejemplo”.

Y todavía me gusta más el pensamiento del ambientalista y escrito Paul HAWKEN con que rematan sus conclusiones BUXTON y HAYES: “si analizas lo que está sucediendo en la Tierra desde un enfoque científico y no eres pesimista es que no entiendes los datos. Pero si conoces a las personas que están trabajando para restaurar el Planeta y mejorar la vida de los pobres y no eres optimista, es que no tienes pulso. Lo que veo en todo el mundo es gente común dispuesta a enfrentar la desesperación, el poder e incontables avatares para devolver cierta apariencia de gracia, justicia y belleza a este mundo”.

Actualidad, Comentarios de libros
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La inaplazable –y prioritaria- lucha por el “derecho al agua”

3 de septiembre de 2017 a las 18:15

Acabo de volver de un viaje a Nicaragua invitado por la Universidad Centroamericana (UCA) con sede en Managua, para, entre otras actividades, pronunciar una conferencia sobre el “Derecho al agua” en la inauguración del Foro Nacional y Feria de Tecnología de Agua Potables y Saneamiento Integral (V NICARAGUASAN-2017), cuyo “leit motiv” era la “universalización y sostenibilidad del agua y saneamiento”.

Antes de entrar en esta vital temática, tengo que manifestar mi sorpresa por la extraordinaria belleza de las tierras nicaragüenses, de la exuberancia de su flora, de sus numerosos volcanes, de sus grandes lagos, …, y por encima de todo, de la calurosa acogida y de la amabilidad de sus gentes. Pese a que apenas pude salir de Managua, la capital de este país centroamericano (todavía no plenamente recuperada de su devastador terremoto de 1972), mi visita a la pintoresca Masaya y a la preciosa vista de la “Laguna de Apoyo” desde el mirador de La Catarina, fueron suficientes para enamorarme de este país. Es el segundo más pobre de América Latina y el quinto con menos desarrollo humano de la Región, pero con rica biodiversidad –como su vecina y exitosa Costa Rica- todavía por descubrir.

Volviendo al tema del agua, preparando mis notas para mi conferencia sobre el contenido del “Derecho al Agua y al Saneamiento y el Objetivo 6º de Desarrollo Sostenible”, he caído en la cuenta de la extraordinaria importancia del agua –su marcada interdependencia– en la consecución de todos y cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados en septiembre de 2015 por la Asamblea General de la ONU e incorporados a la llamada “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Si bien el Objetivo 6º se propone, específicamente, “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible para todos” ninguno de los otros 16 Objetivos pueden desvincularse del “derecho al agua y al saneamiento” reconocido como “derecho humano” por la citada Asamblea General en 2010. En efecto, sin pretender agotar la cuestión, con relación a los países en desarrollo ¿quién duda que el ODS nº 1 –sobre el fin de la pobreza en todas sus formas- pueda cumplirse sin acceso a la servicio básico del agua (como fuente de vida y sustento del bienestar de las sociedades)?; ¿cómo puede ponerse fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria (ODS nº 2) si no hay suficientes recursos hídricos para la producción agrícola?; ¿acaso puede garantizarse el ODS nº 3 de garantizarse “una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”, si una de las causas más frecuentes de mortalidad infantil es el uso y consumo de aguas no debidamente depuradas?; ¿es posible garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad” (ODS nº 4) cuando la gran mayoría de las niñas tienen que atender las tareas domésticas que incluyen la búsqueda de agua a varios kilómetros?…

La disponibilidad del agua también está íntimamente unida al logro del “acceso a una energía asequible y sostenible” (ODS nº 7) en la que el agua juega un papel importante en la producción de la energía renovable más importante: la energía hidroeléctrica. Sobre el ODS nº 8, relativo a “la promoción del crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo” el reciente informe “World Water Development Report” de 2016 sobre “Water and Jobs”, demuestra que el crecimiento del empleo está relacionado con la gestión sostenible del agua. Por lo que respecta a la “construcción de infraestructuras resilientes” (ODS nº 9), constituye una prioridad máxima en la agenda pública proporcionar acceso al agua a los 800 millones de seres humanos que carecen del mismo, lo mismo que resolver los problemas de saneamiento y potabilidad de las aguas a 2.500 millones de personas.

El derecho al agua y al saneamiento también es una prioridad en nuestro mundo que cada vez será más urbano: “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros resilientes y sostenibles” (ODS nº 11) no pueden concebirse sin el derecho universal a los servicios hídricos. Y dado que uno de los mayores impactos del cambio climático se manifiestan (ya lo estamos viendo en nuestros días) sobre las variaciones en el ciclo del agua, con fenómenos adversos (sequías o inundaciones), es también claro que entre las medidas urgentes que deben aplicarse para “combatir el cambio climático y sus efectos” (ODS nº 13) están de forma prioritaria los servicios relativos al agua, por exceso o por defecto.

Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible” (ODS nº 14) depende en gran parte de cómo se gestionan los recursos hídricos continentales (aguas superficiales y subterráneas), evitando su contaminación y sobre-explotación. También, el “uso sostenible de los ecosistemas terrestres, la lucha contra la desertificación y la detención de la degradación de las tierras y de la pérdida de la biodiversidad” (ODS nº 15) se basa en el uso racional y eficiente de los recursos hídricos. El ODS nº 16 que tiene por objeto “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar al acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles” se proyecta al máximo nivel en el tema del agua para evitar los conflictos (incluso guerras) en cuanto al uso compartido del agua, para exigir ante las Administraciones Públicas los servicios hídricos esenciales y para promover la participación de los ciudadanos en su gestión.

Finalmente, la “gobernanza del agua” o “buena administración de los servicios hídricos” es lo que está actualmente en juego si se quieren “fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible” (ODS nº 17).

He vuelto conmovido por la extraordinaria lucha desarrollada en América Latina por muchas asociaciones, ONGs, académicos y muchas personas en la consecución efectiva del derecho del acceso al agua y al saneamiento y, en particular, en Centroamérica, donde todavía –como se desprenden del reciente  informe de la Global Water Partnership– hay muchas personas (sobre todo en las zonas rurales y comunidades indígenas) que carecen del mismo. Y me pregunto, ¿qué hacen los gobiernos y Administraciones de estos países para resolver tan gravísima carencia? ¿qué puede haber más prioritario que el derecho al agua (es como el reverso del “derecho a la vida”)? ¿qué es más urgente que tales servicios básicos en la ayuda al desarrollo? Seguramente, como prevé la “Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible” antes del 2030 se logren sus objetivos en torno al ODS nº 6 (“agua limpia y saneamiento”), pero todavía queda mucho por hacer, también en Nicaragua donde, por cierto, no faltan recursos hídricos sino una eficaz gobernanza y un efectivo saneamiento.

La obligación de prestar los servicios básicos de acceso al agua y de su saneamiento es responsabilidad inexcusable de los Estados y gobiernos. Hacer efectivo el derecho humano (prestacional) al agua que consiste en ofrecer a los ciudadanos –urbanos y rurales- un abastecimiento continuo y suficiente de agua (disponibilidad), unos recursos hídricos de calidad (salubridad; color, olor y sabor aceptables) y accesibles (física y económicamente) sin discriminación alguna, y con cantidad suficiente para satisfacer las necesidades esenciales, con preferencia sobre otro tipo de usos. También, proporcionando garantías e instrumentos jurídicos para defender el derecho al agua (de forma personal y colectiva) ante las Administraciones Públicas y los Tribunales de Justicia. En definitiva, tras mi breve estancia en Nicaragua, tengo claro que la ayuda al desarrollo que prestamos desde nuestros países desarrollados debería tener en este Objetivo del Desarrollo Sostenible nº 6 una de sus prioridades indiscutibles.

Comentarios generales
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“Turismo para la paz”: en el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo

20 de agosto de 2017 a las 11:12

Estaba a punto de publicar esta colaboración cuando el pasado jueves 17 se produjeron los salvajes atentados yihadistas de Barcelona y de Cambrils. Mi intención era escribir en relación con el “trending topic” de este verano: la “turismofobia”. Y, justo, el epicentro de este fenómeno que se encuentra en Barcelona, ha sido el objetivo de los terroristas sabedores que con Londres y Paris son las ciudades más visitadas por los turistas de todo el Planeta. Asestar un golpe contra el corazón del turismo de Cataluña –el paseo de las “Ramblas”- era asegurar una terrible y global publicidad por las consecuencias: catorce muertos (por el momento) y más de un centenar de heridos de más de una treintena de países.

No es posible saber cómo va a repercutir estos atentados en la evolución del turismo en España. Lo que sabemos es que el terrorismo ha afectado negativamente a la afluencia de turistas de París (quizá la ciudad más visitada del mundo, en el país “número uno” mundial de turistas). En nuestro país el sector turístico ha sido, en los últimos años, el protagonista del crecimiento económico español: así, en 2016, 75,6 millones de turistas, con ingresos de más de 77.000 millones de euros, 2,300.000 de trabajadores empleados, superando el 11% del PIB… Y, para 2017, la previsión es superar los 80 millones de turistas. Pero lo cierto es que, en algunas de las regiones más turísticas de España como Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid (destinos que totalizan el 90% de las llegadas) se han venido produciendo en los últimos tiempos algunos problemas debidos a la saturación de algunas de las zonas más frecuentadas por los turistas: el fenómeno del exponencial crecimiento de las viviendas turísticas irregulares (y la elevación desorbitada de los alquileres), la contaminación acústica y lumínica de los centros urbanos turísticos, la saturación de las infraestructuras publicas y de los servicios públicos, etcétera. Todo ello con negativas consecuencias para los residentes habituales de dichos lugares.

Fruto de lo anterior es la aparición –si bien todavía minoritaria- del movimiento “turismofóbico” (“tourists go home”) en algunas ciudades de Cataluña y del País Vasco. En realidad no se trata de un fenómeno nuevo ya que, con la expresión “síndrome de Venecia”, se viene describiendo la creciente hostilidad para con los turistas que “invaden” ciudades como Berlín, París, Viena, Hamburgo, Ámsterdam, Praga y, por supuesto, la misma Barcelona (véase la web de la “asamblea de barris per un turismo sostenible”). No cabe duda de que el sector turístico constituye nuestra “gallina de los huevos de oro” y que no podemos prescindir de esta actividad en la que España cuenta con la industria más competitiva del mundo. Menos aún cuando el paro es elevado y no se puede afirmar que hayamos dejado atrás la crisis económica.

No obstante, a mi juicio, más que en cualquiera otra actividad económica, se impone en el sector turístico un desarrollo sostenible integral –ambiental, económico y social-. La expresión “turismo sostenible” no es algo vacío de contenido sino que ha sido objeto de importantes y numerosas declaraciones internacionales, desde los años noventa del siglo pasado, como la “Carta Mundial del Turismo Sostenible” –promovida por Naciones Unidas y acordada en Lanzarote en 1995-, hasta la más reciente Resolución adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2014 sobre la “Promoción del turismo sostenible, incluido el ecoturismo, para la erradicación de la pobreza y la protección del medio ambiente”. Además justo este año 2017 ha sido declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas como el “Año Internacional de Turismo Sostenible para el Desarrollo”, cincuenta años después de la celebración del “Año Internacional del Turismo” bajo el lema “pasaporte para la paz” y quince años después del “Año Internacional del Ecoturismo”. Una celebración enmarcada en el contexto de la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” y de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” y que persigue explorar y subrayar el papel del turismo en aspectos clave –a modo de ejes- como: el “crecimiento económico inclusivo y sostenible”, la “inclusión social, empleo y reducción de la pobreza”, el “uso eficiente de los recursos, protección ambiental y lucha contra el cambio climático”, “valores culturales, diversidad y patrimonio” y “comprension mutua, paz y seguridad”.

Sobre la base de los objetivos de un verdadero “turismo sostenible y responsable” que se proyecta sobre los destinos de más de mil millones de turistas que hoy se mueven en nuestro Planeta y que pueden aportar importantes recursos económicos para muchos países y, en particular, para los países en desarrollo, hay muchos retos pendientes que deben abordarse. Limitándonos al caso de España, se tiene una larga experiencia -desde el desarrollismo de los años setenta del siglo XX- del “boom” turístico en el Mediterráneo, de los negativos impactos sobre la costa y de la importancia de promover un turismo de calidad. Ahora, en el repunte del turismo español de los últimos años (gracias, en parte, a fenómenos exógenos como la inestabilidad del norte de África) se hace preciso un seria reflexión y un profundo replanteamiento de nuestro desarrollo turístico si es que no se quiere morir de éxito.

Como humilde profesor del Máster en Planificación Turística de mi Universidad de A Coruña, trato de explicar a mis alumnos la relevancia de la ordenación y planificación turística. A nada bueno conduce un mero desarrollo cuantitativo y cortoplacista del turismo. En esta dirección es la actuación coordinada de las Administraciones Públicas –desde la Administración General del Estado hasta las Entidades Locales, pasando por las Comunidades Autónomas que tienen las más importantes competencias en esta materia. Así, por ejemplo, es urgente abordar la regulación y control de la “viviendas turísticas” (como ya están haciendo algunas Comunidades Autónomas); aplicar las técnicas de ordenación turística previstas en las normativas vigentes (como la “declaración de zonas turísticas saturadas” o el cálculo de la “capacidad de carga” del territorio) y el uso adecuado de la ordenación urbanística; la creación de impuestos y tasas turísticas que permitan recaudar recursos que se destinen a la protección del patrimonio cultural y ambiental de los municipios turísticos; la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores empleados en el sector turístico; la diversificación y “desestacionalización” del turismo; una más intensa colaboración público-privada y una mayor participación ciudadana en el diseño de los planes turísticos; y un largo etcétera.

Unas buenas pautas de cómo debe desarrollarse la “gobernanza del turismo” son las que se contienen en la “Carta Mundial del Turismo Sostenible” adoptada por unanimidad en la sesión plenaria de la “Cumbre Mundial del Turismo Sostenible”, celebrada en Vitoria los días 26 y 27 de noviembre de 2015-. Sus directrices se orientan de una parte a los “Gobiernos y organizaciones internacionales” a los que se anima, entre otros objetivos, a “asegurar la motivación y el apoyo necesarios para que los principales actores del turismo desarrollen la cultura de la paz y resuelvan los conflictos mediante el diálogo intercultural, promoviendo la igualdad y la libertad de expresión”; no puede ser más actual. A los “destinos y comunidades locales” se incita, en primer lugar, a “asegurar que la gobernanza turística del destino incluya a todas las partes interesadas, especialmente a nivel local, y que el papel y responsabilidades de cada una estén claramente definidos”. También a la “industria turística” se emplaza, entre otros fines a “contribuir a la creación, desarrollo e implantación de productos y servicios turísticos sostenibles que fomenten el uso respetuoso del patrimonio natural y cultural, y que transmitan los valores del destino y su identidad a través de la experiencia turística”. Para los propios “consumidores” (o turistas) se apela a su responsabilidad y su respeto: para “utilizar productos y servicios sostenibles locales que generen empleo y beneficios a la comunidad”, y la para “evaluar las huellas medioambientales y socioculturales, y las implicaciones económicas que tienen sus decisiones”.

Volviendo al principio, fuertemente impresionado con los acontecimientos sucedidos en Cataluña, con plena solidaridad con las víctimas y con pleno rechazo a la barbarie terrorista, suscribo el acuerdo unánimemente adoptado en la referida “Cumbre Mundial del Turismo Sostenible”, de que “el turismo desempeña un papel vital para avanzar hacia un planeta más pacífico, permitiendo abrir nuevas posibilidades para convertirlo en un instrumento de paz y tolerancia”. O, como subraya el documento justificativo del presente “Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo”: “un turismo inclusivo y participativo puede estimular el diálogo, fomentar el entendimiento mutuo y apoyar los esfuerzos destinados a construir una cultura de paz”.

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El proyecto de “Pacto Global por el medio ambiente” o la necesidad de compromisos jurídicos

6 de agosto de 2017 a las 22:47

Gracias a la información de primera mano de la Profesora Teresa PAREJO NAVAJAS, colaboradora del prestigioso “Sabin Center for Climate Change Law” de la Universidad de Columbia, tuve noticia de la importante iniciativa jurídica presentada el pasado 24 de junio en la Universidad de la Sorbona de Paris bajo el título “Pacto Global para el Medio Ambiente. Acción para el Planeta, acción a través del Derecho” (“Global Pact for the Environment”). El gran anfiteatro de la Sorbona estaba a rebosar aquel sábado 24 de junio para presentar la versión preliminar de un borrador de un futuro Tratado internacional. Presidido por Laurent FABIUS, Presidente del Consejo Constitucional de la República francesa (quien también desempeñó la presidencia de la COP 21, en la que se acordó la aprobación del “Acuerdo de Paris” para el cambio climático), a lo largo de dicha jornada intervinieron, Anne HIDALGO (Alcaldesa de Paris y Presidenta de Grupo “The Cities Climate Leadership” (C-40)), Jeffrey SACHS (Director de “Centro de Desarrollo Sostenible” de la Universidad de Columbia), Arnold SCHWARZENEGGER (ex-Gobernador de California y Fundador de la “R20 – Regions on Climate Change“), Ban KI-MOON (ex-Secretario General de Naciones Unidas), Antonio BENJAMIN (Presidente de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la “Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza”) y un largo etcétera.

El propio Presidente francés, Emmanuel MACRON, asistió a la presentación del proyecto de “Pacto Global”. “Sobre la base de este anteproyecto de pacto mundial por el medioambiente – declaró MACRON– me comprometo a actuar” para establecer “un texto, convencer a nuestros socios” y, en el marco de la ONU, “desde septiembre sentar las bases de lo que será no un anteproyecto, sino un pacto mundial sobre el medioambiente que Francia defenderá”. Ciertamente, el Presidente galo parece tomarse en serio este reto por el cambio climático y, de hecho, el mismo día que el Presidenente TRUMP decidió retirarse del “Acuerdo de Paris”, MACRON, lamentado su decisión -y parafraseando su lema de campaña- afirmó la necesidad de “Make our planet great again” e invitó a todos los científicos del mundo a venir a Francia para investigar sobre el cambio climático. Lo que no sabemos es si el pasado 14 de julio en que TRUMP visitó Paris, el Presidente francés le convenció de reconsiderar su postura.

La iniciativa del “Global Pact” es de “Le Club des Juristes”, un centro francés de reflexión que ha implicado en su elaboración a jueces, magistrados, profesores de Derecho y abogados de más de cuarenta países. Pero, ¿cuál es el contenido del “Global Pact” y qué persigue? Como ya hemos adelantado, se trata de un proyecto de Tratado Internacional que pretende completar los dos acuerdos o pactos internacionales adoptados por Naciones Unidas en 1966, uno sobre “derechos civiles y políticos” y el segundo sobre “derechos económicos sociales y culturales”. Partiendo de la base –expresada en su Preámbulo- de la “necesidad de actuar de forma ambiciosa y a nivel mundial” ante los crecientes retos del medio ambiente, para “asegurar mejor su protección”, reafirma los objetivos de las Declaraciones de las Conferencia de Estocolmo de 1972, de la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, así como la Declaración de Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro de 1992, poniendo de manifiesto la urgencia de lograr los objetivos de la Convención de Cambio Climático de 1992 y del “Acuerdo de Paris” de 2015.

El texto dispositivo del “Global Pact” se compone de 26 artículos en los que se contiene: los derechos y deberes para con la protección del medio ambiente, los principios jurídicos que deben orientar la política ambiental, y algunas cláusulas sobre el control de su cumplimiento, la firma del y ratificación del Tratado, etc. En el frontispicio del “Pacto Global” se declara el Derecho que tiene “toda persona (…) a un ambiente ecológicamente sano…” (art. 1) y el Deber de “cuidar el medio ambiente” –contribuyendo a su conservación, protección y restauración- de “todo Estado, organización internacional, persona, natural u jurídica, pública o privada” (art. 2). En cuanto a los principios –que constituyen su principal contenido- no faltan los clásicos de “integración ambiental” y “desarrollo sostenible” (art. 3), el de “equidad intergeneracional” (art. 4), el de “prevención” (art. 5), el del “precaución” (art. 6), el de “responsabilidad por daños ambientales” (art. 7), el de “quien contamina paga” o “contaminador-pagador” (art. 8), los de “acceso a la información ambiental”, “participación pública” y “acceso a la justicia” (arts. 9, 10 y 11, respectivamente), y el de “cooperación” (art. 18).

Mayor novedad es la recepción del “principio de no-regresión” (art. 17) en virtud del cual, “las Partes y sus entidades sub-estatales se abstendrán de permitir actividades o la adopción de normas que tengan el efecto de reducir el nivel de protección garantizado por el derecho vigente”. Asimismo, se recoge el nuevo principio de “resiliencia” que se concreta en la adopción por las Partes de las medidas necesarias para “mantener y restaurar la diversidad y capacidad de los ecosistemas y comunidades humanas, y soportar la alteraciones y degradaciones ambientales…” (art. 16). Además, a la hora de tener en cuenta la “diversidad de situaciones nacionales” (en especial, entre los países desarrollados y los menos desarrollados o “más ambientalmente vulnerables”) proclama –en su art. 20- el conocido principio de las “responsabilidades comunes pero diferenciadas” en el ámbito de la política de lucha contra el cambio climático,

Además de los citados principios, el “Global Pact” incluye una serie de actividades esenciales para promover la protección ambiental como son la “educación y formación” (art. 13) y la “investigación y el desarrollo” (art. 13). De otra parte, se pone de manifiesto la importancia de la labor de las “organizaciones no gubernamentales” y las entidades sub-estatales (art. 14). Sobre los “conflictos armados” el texto del Pacto recuerda a los Estados sus obligaciones conforme al Derecho Internacional y, en especial, la medidas de protección ambiental (art. 19). Particularmente, a mi juicio, tiene una gran importancia la cláusula contenida en el art. 15 sobre la “efectividad de las normas ambientales”: “las Partes tienen el deber de adoptar normas ambientales eficaces, así como asegurar su efectiva aplicación y cumplimiento”.

Por último, el “Pacto global” –que encarga su Secretariado a la provisión del Secretario General de Naciones Unidas (o del Director del Programa de Naciones Unidas sobre medio ambiente, PNUMA) (cfr. art. 22)- prevé la creación de un “Comité de Expertos independientes” para el seguimiento en la aplicación del mismo, y para facilitar su cumplimento operando de “forma transparente, no conflictiva y no punitiva” (cfr. art. 21).

Para el próximo 20 de septiembre está organizada en New York, bajo la dirección del Jeffrey SACHS y Laurent FABIUS, por el “Columbia Center on Sustainable Investment” (CCSI) y la “UN Sustainable Development Solutions Network” (SDSN), una conferencia internacional de alto nivel para discutir el contenido del borrador del “Global Pact”. Para tal fin ya han confirmado algunos de los más importantes juristas ambientales del mundo. Y llama la atención que tan magna reunión cuenta con el patrocinio de la empresa española IBERDROLA.

Sería estupenda noticia para el Derecho Internacional del Medio Ambiente que aprovechando este año 2017 -25 aniversario de la “Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo”- se pudiera aprobar con motivo de la próxima sesión de la Asamblea General del naciones Unidas (la número 72) esta completa codificación de los principios generales que deben orientar la ordenación jurídica del medio ambiente mundial. Con el empecinamiento anti-ambiental del presidente norteamericano no parece fácil que tal propuesta prospere. Pero como soñar es gratis, vamos a soñar en que en futuro tal proyecto sea una realidad. Como dijo Eleanor ROOSVELT, política, escritora estadounidense y presidenta de la “Comisión de Derechos Humanos” de la ONU: “el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de los sueños”.

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La reserva del Urdaibai: un lugar donde se calma el dolor.

20 de julio de 2017 a las 0:34

Hacía mucho tiempo que deseaba visitar en la Costa Vasca el Urdaibai, declarado en 1984 por el Comité “Man and Biosphere” (Mab) de la UNESCO con tal denominación, como la novena Reserva de la Biosfera en España. Por fin, este mes de julio, he cumplido este sueño y su visita ha colmado de sobra todas mis expectativas. Se trata del más importante humedal del País Vasco, situado en la parte oriental del Territorio Histórico de Vizcaya, ocupando una superficie de 200 Km2 (22.041 Has.) en torno al estuario de Mundaka o Gernika, en la cuenca hidrográfica del río Oka. Entre otras figuras de protección, la Reserva del Urdaibai contiene una zona de especial protección para las aves (ZEPA) y cinco zonas de especial conservación (ZEC), ambas bajo el marco de la Red Natura 2000, así como una zona húmeda de importancia internacional dentro del Convenio Ramsar (algo más del 4% del territorio de la reserva).

Como todas las Reservas de la Biosfera –que deben ser zonas ecológicamente representativas-, la integración entre naturaleza y los seres humanos resulta esencial. Y, este sentido, he podido comprobar la estrecha implicación de todas las entidades públicas y de los municipios sobre los que se extiende la Reserva (un total de 22, de los que 12 de ellos se integran de modo completo). La propia Comunidad Autónoma del País Vasco se implicó seriamente en su protección y desarrollo, como lo demuestra la aprobación de la Ley 5/1989 de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera del Urdaibai, donde ser establecen cuatro áreas de especial protección (la ría, el litoral, los encinares cantábricos y las áreas de interés arqueológico). Para su gobierno y gestión, en el “Patronato” (adscrito al órgano ambiental del Gobierno Vasco), creado por esta Ley y constituido en 1990, participan representantes del Parlamento Vasco, de todas las administraciones territoriales (la Estatal, la Autonómica, y las locales), del mundo científico y asociaciones conservacionistas y ecologistas.

En mi viaje al Urdaibai no dejé de visitar dos lugares de gran relevancia –y muy recomendables- para el conocimiento en profundidad de la Reserva: la “Torre Madariaga” (bello edificio del siglo XV) que acoge el “Centro de la Biodiversidad de Euskadi”, y el “Urdaibai Bird Center” ubicado en el corazón de la Reserva. En relación con este último, llama la atención la gran importancia ornitológica del Urdaibai, como un lugar privilegiado de paso de las aves en la ruta migratoria de África al norte de Europa, y como un centro promotor del interesante proyecto “BirdFlyway” (“La Ruta de las Aves”: una iniciativa internacional de turismo de naturaleza, lanzada en febrero de 2016). Fue una agradable sorpresa para mi encontrar, en un lugar preferente, en la recepción de este centro de observación de la aves del Urdaibai, la reciente obra del conocido ornitólogo coruñés, Antonio SANDOVAL REY, que con el título de “BirdFlyway. Un viaje en familia por La ruta de las Aves” (Lynx ediciones, Barcelona, 2016), contiene una amena novela en la que se narran las peripecias de una familia en su larga singladura por algunos de los más importantes lugares de interés ornitológico de Europa desde Finlandia hasta la península Ibérica. Gracias a la compra de esta recomendable novela que trata de promocionar dicha iniciativa internacional, fui premiado con la entrega del “birdflyway Passport” que recoge, como primera etapa, el sello de la visita del “Urdaibai Bird Center”.

Durante la visita al citado “Centro de la Biodiversidad de Euskadi” pude enterarme con más detalle de los proyectos, iniciativas y actividades desarrolladas en la Reserva: la reciente aprobación del nuevo “Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva” (en virtud del Decreto de Gobierno Vasco 139/2016, de 27 de septiembre), del proyecto LIFE iniciado en 2010 que abordó entre otras acciones la erradicación de la “baccharis halimifolia” del Urdaibai (una especie de flora exótica invasora originaria de la costa atlántica de América del Norte), el ambicioso “proyecto de restauración integral y puesta en valor del patrimonio natural y cultural del Estuario Superior de la Ría de Oka”, etcétera.

Pero, a los ya referidos espacios –ZEC y ZEPAS- de la Red Natura 2000 y del Humedal Ramsar, con 729 especies de fauna y 821 de especies de flora (85 en peligro de extinción), hay que sumar 52 “lugares de interés geológico” y una preciosa muestra de 15.000 años de historia de convivencia entre el ser humano y el medio natural, representada en la “Cueva de Santimamiñe” (icono de la cultura vizcaína y su principal yacimiento arqueológico). En mi viaje al Urdaibai no me perdí la visita a la “Casa de Juntas de Gernika”, sede durante muchos siglos (casi desde la Edad Media hasta la actualidad) del máximo órgano representación del territorio de Vizcaya. Como es sabido, en este destacado lugar se ubica el emblemático “Árbol de Gernika”, un roble bajo cuya sombra se reunían los representantes de los municipios vizcaínos. Como ha escrito el antropólogo Julio CARO BAROJA –refiriéndose a dicho símbolo- “Aparte de esa veneración religiosa queda todo un cuerpo de principios de derecho que hacen que los árboles y antes que ninguno el roble, tengan un significado profundo en la vida colectiva, política y legal”.

Muy gratamente impresionado he quedado de mi viaje a este singular territorio del País Vasco, y eso que no me extiendo  aquí en mis inolvidables vivencias, siempre dentro del Urdaibai, de vivir unos días en un pintoresco eco-hotel rural en la montaña del municipio marinero de Bermeo (que ha merecido la concesión de la “etiqueta ecológica europea”), o de comer en un restaurante del municipio de Forua, sito en un caserío del siglo XVII. Sinceramente, pienso que se trata de un extraordinario ejemplo de buenas prácticas de gestión de la biodiversidad y de su inserción en el ámbito socioeconómico de una reserva de la biosfera. Ahora que sólo se habla de las ciudades (e incluso, megaciudades) y que éstas se presentan como paradigma del futuro sostenible, reivindico aquí iniciativas  como la de la Reserva del Urdaibai. Sin duda que volveré pronto allí. Un lugar donde se calma el dolor.

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¿Ordenar y planificar los mares y océanos?

27 de mayo de 2017 a las 0:36

Los pasados 23 y 24 de mayo, tuvo lugar en Alicante la 14ª edición de las XIV Jornadas Españolas de Costas y Puertos. Se trata de la reunión más importante de los profesionales vinculados al mundo de la costa y de los puertos, aunque con un marcado perfil del campo de la ingeniería. Responsables y empleados públicos de las Demarcaciones de Costas y de las Autoridades Portuarias, expertos de las consultorías de ingeniería civil y de gestión ambiental, e investigadores de centros universitarios, … llenamos las salas y salones de conferencias del Hotel Meliá Alicante, situado en plena línea de costa y con un imperturbable clima veraniego.

A lo largo de dos intensivas jornadas, se defendieron más de 200 presentaciones, expuestas en seis sesiones y, a su vez, estructuradas en 25 temáticas costeras y portuarias. Por ejemplo, temas tan variados como “procesos litorales”, “riesgos de inundaciones”, “cambio climático”, “obras marítimas”, “gestión del litoral”, “regeneración del playas”, “planificación portuaria”, etc. En estas XIVª Jornadas, la organización del evento había elegido como tema “estrella” el de la “Planificación Espacial Marina y Estrategias Marinas”. En mi caso particular, desde hace bastante tiempo, venía siguiendo la pista del proceso de elaboración de la Directiva sobre “ordenación del espacio marino” que, finalmente, fue aprobada el 23 de julio de 2014, con la referencia numérica como Directiva 2014/89/UE, “por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo”.

No sin una pizca de atrevimiento, decidí presentar mi aportación sobre “ordenación del espacio marítimo y la interacción entre tierra y mar”, y debo agradecer a la organización del Congreso que fue admitida para defenderla públicamente. Lo cierto es que no es la primera vez que participo en estas Jornadas ya que muchos temas de nuestro Observatorio del Litoral de la Universidad de A Coruña coinciden, entre otros, con los temas costeros y portuarios. Además, quizá por la edad, cada vez conozco a más personas de las que suelen concurrir un año tras otro al mismo evento.

Tras mi intervención tuve la oportunidad de debatir, si bien brevemente, con algunos de los asistentes, entre ellos reputados técnicos de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Se trataba de un magnífica ocasión para debatir sobre este tema ya que acaba de aprobarse el Real Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el que “se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo”. Es decir, la norma española por la que se transpone a nuestro ordenamiento la citada Directiva 2014/89/UE.

Tal como se define en el RD la “ordenación del espacio marítimo” es “el proceso mediante el cual las autoridades competentes analizan y organizan las actividades humanas en las zonas marinas con el fin de alcanzar objetivos ecológicos, económicos y sociales”. Se trata, en definitiva de ordenar las actividades antrópicas que se desarrollan en las aguas marinas: pesca, acuicultura, extracción de recursos minerales, transporte marítimo, cables submarinos, actividades turísticas y recreativas, espacios marinos protegidos, etc. Es evidente que tal ordenación persigue prevenir, reducir o minimizar los conflictos que pueden surgir (y de hecho surgen) ante la concurrencia de dos o más actividades. Por ejemplo, en el caso de España, el conflicto que aconteció en las Islas Canarias por la exploración de recursos petrolíferos o el “Proyecto Castor” frente a las costas de Castellón y Tarragona.

Pero el instrumento destinado a cumplir el objetivo de la Directiva 2014/89/UE y, por ende, del RD 363/2017, es el de los “planes de ordenación del espacio marino”, previéndose la aprobación, antes del 31 de marzo de 2021, por cada una de las cinco “Demarcaciones marinas” previstas por la Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino. En mi presentación del repetido Congreso, puse sobre la mesa algunos aspectos problemáticos de la actual regulación estatal como su articulación con las “estrategias marinas” que se están elaborando (en virtud de la referida Ley 41/2010), sobre la designación de las autoridades competentes, sobre participación de las Comunidades Autónomas en la elaboración de dichos planes de ordenación, sobre la coordinación de estos planes con otros que concurren con ellos (planes hidrológicos, de gestión de riesgos, etc.) y otros asuntos.

Tenemos por delante un apasionante trabajo de ordenación y planificación de los espacios marinos, sobre los que se viene trabajando, con el impulso de la UNESCO, en otros países desde hace una década (como es el caso de Australia, entre otros países). Porque, en efecto, hoy más que nunca es preciso ordenar y planificar los usos de nuestros mares y océanos, hasta donde llega la soberanía de los Estados ribereños. Junto a la tradicional regulación internacional de los espacios marinos, la creciente capacidad del ser humano de explotar sus recursos costeros y marítimos, obliga, con urgencia a abordar la compleja tarea de compatibilizar los objetivos de la nueva normativa: apoyar el desarrollo y el crecimiento sostenibles de los sectores marítimos pero teniendo en cuenta para ello los aspectos económicos, sociales y ambientales, “sin menoscabo de la conservación, protección y mejora del medio ambiente marino, incluida la resiliencia a los efectos del cambio climático”.

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Antoni GAUDÍ: el genial arquitecto de la naturaleza

30 de abril de 2017 a las 11:58

Con motivo de la invitación que, recientemente, se mi hizo por la “Asociación Catalana de Municipios” para pronunciar una conferencia en Barcelona sobre “los municipios y la sostenibilidad” (tema del que trataré en la siguiente entrada de mi blog), tuve la oportunidad de visitar el “Templo Expiatorio de la Sagrada Familia”, el monumento más visitado de España, con más de 4,5 millones de visitantes en 2016. Aunque ya lo había visitado fugazmente hace más de una década, en esta ocasión tuve la oportunidad de contemplar con reposo la obra cumbre del genial arquitecto catalán, Antoni GAUDÍ (Reus, 25 de junio de 1852 – Barcelona, de junio de 1926).

Máximo representante del modernismo catalán, aunque con un estilo personal único, la obra de GAUDI se ha ido agigantando a lo largo del tiempo y por todo el Planeta, particularmente, desde el año 2002 declarado “Año Internacional Gaudí” –coincidente con el 150 aniversario de su nacimiento-. Desde 1956 con la creación de la “Cátedra Especial Antonio Gaudí” en la Escuela Superior Técnica de Arquitectura de Barcelona (denominada “Real Cátedra” desde 1998), son ya muy numerosos los estudios que han analizado la obra arquitectónica del genial arquitecto. Además, entre 1984 y 2005, siete de sus obras han sido declaradas por la UNESCO como “patrimonio de la Humanidad”.

Como es especialmente destacado por los todos los estudios de las obras de GAUDÍ, su nuevo lenguaje arquitectónico y su inconfundible estilo –naturalista, orgánico- está inspirado en la naturaleza. Desde su vivencia de infancia en su tierra natal (Riudoms o Reus en Tarragona) disfrutó de su contacto con la naturaleza. Su perspicaz y penetrante mirada del entorno natural que le rodeaba, le permitió estudiar con profundidad las formas orgánicas y anárquicamente geométricas de la naturaleza. Ya arquitecto, el joven GUADÍ buscó un lenguaje para plasmar esas formas orgánicas regladas en sus proyectos arquitectónicos: el paraboloide hiperbólico, el hiperboloide, el helicoide y el conoide, son recurrentes motivos de inspiración en todas sus obras. Desde 1915 en que se dedicó casi exclusivamente al diseño y construcción de su obra maestra de la Sagrada Familia (aunque el inicio de las obras se remonta a 1882).

En mi vista al museo de la basílica de la Sagrada Familia –consagrada para el culto católico por el Papa Benedicto XVI en 2010- que se encuentra en el subsuelo, pregunté en su tienda de recuerdos por alguna obra explicativa de la relación de GAUDÍ con su principal fuente de inspiración: la naturaleza. Pude adquirir una obrita de divulgación escrita (traducida a varias lenguas) por Jordi CUSSÓ I ANGLÈS titulada “Disfrutar de la naturaleza con Gaudí y la Sagrada Familia” (Editorial Milenio, Lleida, 2010). Pero para profundizar en la obra del genial maestro es imprescindible manejar las obras de BASSEGODA NONELL y de GIRALT-MIRACLE. No obstante, una de las mejores explicaciones que he encontrado sobre la inspiración de GAUDÍ en la naturaleza es el trabajo de Gustavo GARCÍA GABARRÓ titulado “Acercarse a Gaudí”, contenido en la obra colectiva “La cátedra de Antoni Gaudí. Estudio analítico de su obra” (Universidad Politécnica de Cataluña, 1998).

Son muy expresivas algunas de sus más famosas: “el gran libro siempre abierto y que hay que hacer el esfuerzo de leer es el de la Naturaleza; lo otros libros han sido extraídos de éste”; “el arquitecto del futuro se basará en la imitación de la naturaleza, porque es la forma más racional, duradera y económica de todos los métodos”…. Y cuando se le preguntó cuál era su tratado de arquitectura favorito él contestó mirando por la ventana: “ese árbol que crece ahí fuera, ese es mi mejor libro de arquitectura”. Un claro ejemplo del “biomímesis” (o imitación de la naturaleza) de la obra de GAUDÍ es la “Planta Noble de la Casa Batlló” con el reiterado uso de espirales que representan el movimiento del agua y del aire en la naturaleza en forma de remolinos y torbellinos, simbolizando la constante regeneración de la naturaleza.

La originalidad consiste en retornar al origen”, resume con frase de Antoni GAUDÍ su inspiración en la naturaleza (en el apartado “ad hoc” del museo bajo la basílica). Uno de sus discípulos, PUIG BOADA, explica el sentido de este pensamiento: “la Creación continúa incesantemente por mediación de los hombres, el hombre no crea: descubre y parte de ese descubrimiento. Los que buscan las leyes de la naturaleza para formar nuevas obras, colaboran con el Creador; los copistas no colaboran. Por eso la originalidad consiste en volver al origen”.

Hay muchos detalles en la obra de GAUDÍ que reflejan un profundo amor a la naturaleza como manifestación de la Creación obrada por el “Supremo Hacedor” en quien creyó fervientemente hasta el final de su vida. Además de las resonancias de su arquitectura con la geología, la botánica y la zoología (disfruté mucho identificando el “bestiario gaudiano” en la fachada del “Nacimiento”), hay un detalle significativo como el recurso constructivo y decorativo del “trecandis” (convertido hoy en bandera y símbolo del modernismo): el uso de azulejos, trozos de cerámica, vajillas, vidrio, etc., a modo de actividad de reciclaje, con los que recubría sus edificios, consiguiendo así el sorprendente efecto de una nueva composición más viva e interesante. Y, de otra parte, nos llama la atención cómo valoraba el entorno: “GAUDÍ fue urbanista y paisajista, procurando siempre ubicar sus obras en el entorno más adecuado, tanto natural como arquitectónico”.

Como expresa uno de los contenidos de la página web de la “Fundación Antoni GAUDÍ”, su arquitectura “se relaciona con su entorno de una manera viva, interactuando armónicamente con los agentes naturales y culturales. Es además una arquitectura donde se manifiestan infinidad de recursos inspirados por leyes naturales, en una búsqueda constante del equilibrio, reflejo de su pensamiento profundamente ecológico”. Y, por este motivo, puede afirmarse con toda justicia que “el conjunto de la obra y el pensamiento de Antoni GAUDÍ los convierten en uno de los precursores de la arquitectura sostenible”.

Pienso volver a disfrutar de tan sublime experiencia, para contemplar de nuevo esta bellísima obra arquitectónica –que tiene prevista su conclusión en 2026-, maravillosa simbiosis entre naturaleza y arquitectura. No es de extrañar que este singular monumento atraiga la atención de millones de visitantes de todas las partes de mundo. Se trata, a mi juicio, de una magistral lección de armonía, de cómo es preciso –y urgente- conjugar, con tanto amor y delicadeza, el ser humano y la naturaleza. ¿Naturaleza en el arte o el arte de la naturaleza? Da lo mismo.

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¿Deberían los ríos tener acceso a los Tribunales? o la “custodia fluvial”.

2 de abril de 2017 a las 19:52

En 1972 el Juez estadounidense Cristopher STONE publicó un ensayo titulado “Sould Trees have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects” (es decir, “deberían los árboles tener acceso a los Tribunales? Hacia los Derechos de los Objetos de la Naturaleza”). Este escrito jurídico tuvo lugar con motivo del famoso caso “Sierra Club vs. Morton” en el que la pionera asociación ecologista “Sierra Club” se opuso judicialmente a la construcción de un parque de atracciones de Disney en el seno del “Mineral King Valley”, conocido por sus centenarios secuoyas. Este alegato constituye una las primeras manifestaciones a favor de que la naturaleza (y sus recursos naturales) sean sujeto –no sólo objeto- de derechos susceptibles de ser exigidos ante los jueces y tribunales.

Este famoso caso viene a cuento ya que, hace pocos días, ha trascendido a los medios de comunicación la aprobación por el Parlamento de Nueva Zelanda de una Ley en la que se reconoce al río Whanganui (el tercero más largo del país, sito en la Isla Norte) el estatus de persona jurídica. Desde hace más de 160 años los indígenas “maoríes” –etnia polinesia que habita en la islas de ese país insular- venían reclamando ante las autoridades el reconocimiento de dicha curso fluvial como una entidad viva. La Ley incluye una compensación económica a la minoría que habita en el parque natural que lleva el mismo nombre que su río de más de 70 millones de euros. La estrecha y ancestral vinculación entre el citado río y los indígenas maoríes se refleja en el dicho “Yo soy el río y el río es yo”. Para los que habitan a lo largo de las márgenes de este río de 290 kilómetros, es algo sagrado. Por cierto, que esa “sacralidad” de los ríos es una constante desde los primeros tiempos de la humanidad y en casi todas las culturas y religiones como pone de relieve Nick MIDDLETON, en su obra “Rivers: a Very Short Introduction” (Oxford University Press, 2012).

Pocos días después de esta llamativa noticia, el 21 de marzo, tuvimos noticia también de que un Tribunal del norte de la India (la Corte Suprema de Uttaranchal en el Estado de Uttarakhand) acaba de reconocer los mismos derechos legales como persona a los ríos Ganges y Yamuna, que también se consideran sagrados por mil millones de indios. En su decisión jurisdiccional los jueces del Tribunal indio mencionaron el caso del río Whanganiu. En este caso, la Corte de justicia nombró a tres funcionarios que actuarán como custodios legales y responsables de proteger los ríos y sus afluentes. Además, una agresión cometida contra la calidad de las aguas del río equivaldrá a la cometida con una persona física.

Con estos supuestos se reproduce una vez más la larga polémica acerca de la conveniencia de atribuir -o no- de derechos subjetivos a los naturaleza, si bien la discusión se ha desarrollado principalmente en torno los “derechos de los animales” (con influentes valedores como los promotores de la “deep ecology” y con la figura destacada de Peter SINGER, autor de la obra “Animal Liberation”, publicada en 1975). Más recientemente, las nuevas Constituciones políticas de Ecuador (2008) y de Bolivia (2009) llevan a cabo un “giro biocéntrico” con la expresa previsión de “derechos de la naturaleza” (por ejemplo, con el reconocimiento del “derecho de la naturaleza o Pachamama”).

En el magnífico ensayo del filosofo y jurista belga François OST, titulado “Naturaleza y Derecho. Para un debate ecológico en profundidad” (publicado en España por Ediciones Mensajero, en 1996), se desarrolla una aguda crítica a las posturas extremas que han dominado en el campo del Derecho la relación entre los seres humanos y la naturaleza. De una parte, la “naturaleza como objeto” que ha sido fruto de la modernidad occidental y que ha propiciado la explotación indiscriminada de los recursos naturales (con la sacralización de la propiedad privada). Y, de otra parte, como reacción a la anterior postura, la “naturaleza como sujeto”, lo que lleva al reconocimiento de derechos subjetivos a la misma, en su conjunto, o algunos de sus aspectos. Desde la lectura de dicha luminosa obra, todavía no alcanzo a ver la utilidad de aplicar la tesis del reconocimiento de derechos subjetivos a la naturaleza, sea en lo relativo a los animales, vegetales o minerales. Con muchos otros juristas soy de la opinión de que para defender la naturaleza –y confieso que me considero un apasionado defensor- no hace falta apoyarse, como dice, OST en un pretendido “igualitarismo de las especies” sino más bien “en el desarrollo de las capacidades ética de la especie humana”. A mi juicio, hay que cargar la mano en los deberes y obligaciones de los seres humanos en la protección de la naturaleza (siguiendo la línea de pensamiento de Aldo LEOPOLD –de una “ciudadanía biótica inspirada en una ética del suelo”, de Hans HONAS -y su “principio de responsabilidad”-, o, más recientemente, en los planteamientos de Papa FRANCISCO –sobre una “ecología integral”- en su Encíclica “Laudato Si”).

A propósito de la protección de los ríos, se viene hablando –desde hace pocos años- en el mundo jurídico-ambiental y de la conservación de la biodiversidad de la “custodia fluvial”. Se trata de una prometedora figura de protección que, siguiendo la filosofía de la “custodia del territorio” (un conjunto de estrategias e instrumentos, nacidos en Norteamérica, que pretenden implicar a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y el buen uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos), se trata de aplicar con parecidos cometidos sobre las cuencas fluviales. En las dos recientes obras jurídicas –promovidas por la “Red ECOVER”- que he tenido el honor de coordinar, con la participación de buena parte de los mejores ius-ambientalistas de nuestro país, se recogen los retos actuales de esta nueva figura de protección, con un completo análisis de sus fortalezas y debilidades, así como de interesantes conclusiones y propuestas al respecto (véase las obras “Derecho Ambiental para una Economía Verde” y “Derecho Ambiental en tiempo de crisis”, ambas publicadas en 2016).

Son, en este momento, muchas las iniciativas de “custodia fluvial” que se han puesto en marcha por parte de varias entidades de conservación (Fundación Biodiversidad), por Confederaciones Hidrográficas (Duero, Júcar, etc.), así como por varios programas de protección de los ríos (de forma destacada, aquí en Galicia, el “Proxecto Ríos”; también el proyecto “Limne”). Incluso, la Administración General del Estado la ha incluido en la “Estrategia Nacional de Restauración de los Ríos” desde 2006.

Como señala la experta Elisa PEREZ DE LOS COBOS, quien destaca los beneficios que reporta para la protección de la biodiversidad esta novedosa figura de la “custodia fluvial”: “Se trata de una herramienta innovadora que implica a las Administraciones públicas con competencias en la planificación y gestión de los sistemas hídricos, a las entidades de custodia, y a los propietarios privados y usuarios de los ríos, como regantes y pescadores. De este modo, se rompe con el paradigma tradicional que hace descansar la responsabilidad de conservar el medio ambiente únicamente en la Administración. Se trata ahora de una responsabilidad compartida entre todos los afectados”.

Como en el caso del neozelandés río Whanganui, del muy popular río indio del Ganges o de los maravillosos “mil ríos” de Galicia, son los seres humanos los que tienen en sus manos las claves de la protección de tan valiosísimos ecosistemas fluviales. Es posible que todavía esté por llegar un nuevo sistema jurídico de protección de la naturaleza de las generaciones actuales y futuras (incluso sobre la base del reconocimiento efectivo de innovadores “derechos de la naturaleza” que todavía desconocemos). No obstante, estoy convencido que la solución que se formule, no podrá dejar de contar, nos guste o no, con la insustituible –e inexcusable- actuación humana. Por lo pronto, la figura de la “custodia fluvial” me parece un gran acierto para implicar a los seres humanos en la protección de los ríos.

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Insostenibles externalidades de la macro-industria agroalimentaria

12 de marzo de 2017 a las 2:36

Alertado por mi buen amigo Luis GARCÍA -uno de los mejores conocedores del mundo rural en Galicia-, tuve conocimiento de la impactante noticia sobre el proyecto de macrogranja de 20.000 vacas que se pretende implantar en Soria, que utilizaría tanta agua como la que consume la ciudad de Soria y que generaría más del doble de los residuos orgánicos de toda la Comunidad de Castilla y León. Esta información ha tenido un amplio eco en los medios de información y, particularmente, en el sector agroalimentario. Del sector agro-ganadero destaco la opinión de Andoni GARCÍA ARRIOLA (miembro de la ejecutiva de la “Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos” (COAG) del País Vasco) para quien semejante proyecto genera unos graves impactos, tanto a nivel social y económico como ambiental; “la sustitución del modelo social y sostenible en la ganadería y en la agricultura por un modelo industrial –señala GARCÍA ARRIOLA– es un proceso silenciado que se está llevando a cabo desde hace muchos años y la reconversión brutal del campo lo pone de manifiesto”; prueba de ello es que “en el Estado español han desaparecido desde el año 2000 un 70% de las explotaciones lácteas”; y, seguidamente, el mismo autor, hace una llamada a la reflexión acerca del “modelo de producción lácteo, agrario y alimentario” en nuestro país: sobre la necesidad de vincular la producción a la tierra, sobre la promoción de nuevos modelos sostenibles de producción, transformación y comercialización local, sobre la interrelación de la producción de leche con la calidad y la sostenibilidad… También el Consejo sectorial lácteo de Cooperativas Agro-alimentarias de España ha puesto de manifiesto que sólo dicha macro-granja supondría un incremento de la producción láctea en España del 2,5%, lo cual desestabilizaría todavía más el mercado de la leche, con una nueva caída de precios y el cierre de granjas (muchas de ellas bajo un modelo familiar muy arraigado y ligado al territorio); incluso, se destaca, se pondría en peligro el cumplimiento de España de sus compromisos sobre mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero.

Consciente de las profundas transformaciones que ha sufrido el sector agro-ganadero en los últimos decenios en la Unión Europea (en virtud de las sucesivas reformas de la Política Agraria Común (PAC), hasta la reciente reforma de 2014-2020), es claro que el modelo del futuro pasa por una mayor competitividad de la agricultura pero, en especial, se trata de estimular el desarrollo del medio rural -y, con él, la gestión sostenible de los recursos naturales-, un desarrollo territorial equilibrado y el ofrecimiento de oportunidades a las nuevas generaciones de agricultores y ganaderos de menos de 40 años.

Cavilando sobre estas inquietudes del mundo rural que, aquí en Galicia, son muy palpables, ha caído en mis manos un fundado alegato contra la gran industria ganadera. Se trata de la obra titulada La carne que comemos. El verdadero coste de la ganadería industrial (que se acaba de publicar en 2017 por Alianza editorial), cuyo autor es el británico Philip LYMBERY, director ejecutivo de la organización internacional para el bienestar animal “Compassion in World Farming” (CIWF). Este activista es muy conocido por su incansable lucha para lograr la prohibición legal de las jaulas en batería para las gallinas y las jaulas para terneras en la Unión Europea. Además en 2014 publicó –en colaboración del Isabel OAKSHOTT– otro libro titulado “Farmagedón”, en la misma línea de crítica a la ganadería industrial, elegido por TIMES como uno de los libros del año. “La carne que comemos” –que incluye un capítulo del popular ambientalista José Luis GALLEGO, sobre el “consumo responsable” en España- se divide en cinco capítulos -muy atractivamente maquetados-, ilustrado con buenas fotos y completas infografías, donde se narran experiencias del todo el mundo y aderezado de un rico aparato bibliográfico. Tras explicar, en la “Introducción”, que en el Planeta se crían cerca de 70.000 millones de animales de granja al año (de los que dos tercios se producen en granjas industriales) que consumen un tercio del total de los cereales producidos en el mundo, en el Capítulo 1º (“Naturaleza”) se pone de relieve los grandes impactos que las macro-granjas producen sobre el medio ambiente (estiércol, polución atmosférica y contaminación de las aguas, degradación de los suelos, reducción de la biodiversidad, efectos negativos de los pesticidas y fitosanitarios, etc.). En el Capítulo 2º (“Salud”) se hace un repaso de enfermedades y de las posibles vinculaciones de las granjas industriales con la salud humana: el abuso de los antibióticos a los animales, las “superbacterias” y los microbios que amenazan con convertirse en pandemias, niveles de colesterol y grasas saturadas con que se alimentan a los animales… ¿Quién no recuerda la “crisis de las vacas locas”? en Europa, a finales del siglo XX. El Capítulo 3º (“Por qué importan los animales”) relativo a su reivindicación sobre el “bienestar animal” (con sus “cinco libertades”) se puede resumir en la siguiente frase: “Hacinados en pésimas condiciones y llevados más allá de sus límites naturales, se les suele tratar como si fueran sólo máquinas antes de matarlos. Pero son criaturas sintientes que sufren dolor y miedo” (se refiere los 50.000 millones que viven en granjas industriales). El Capítulo 4º (“Recursos”) se plantea todos los problemas que se avecinan en el futuro ante la expansión de la agricultura intensiva, para la producción de cereales y soja, que va a exigir el incremento de granjas industriales; monocultivos que van a producir desplazamientos masivos de personas y de ingentes recursos de un agua dulce cada vez más escasa. No falta en este capítulo una mirada crítica al “abuso de la tecnología de los cultivos genéticamente modificados” y a la “clonación” de animales con los potenciales riesgos que albergan. Finalmente, en el Capítulo 5º, “Las soluciones”: el consumidor como “pieza clave” (las etiquetas importan y “hay que saber lo que se compra”), reducción del escandaloso desperdicio del tercio de la comida que producimos, promoción de granjas mixtas de cultivos y animales, “hay que restaurar el vínculo crucial entre los animales de granja y la tierra para mejorar la sostenibilidad del suelo”, …

Me ha gustado mucho la exposición –clara y ordenada- de LYMBERY quien con su libro añade una lúcida obra a la muy extensa literatura de ensayos, libros y alegatos contra el actual sistema industrial agroalimentario. Este texto puede inspirar a la gobernantes que hayan de decidir si se autoriza o no la mega-lechería en Soria. Lo mismo que esas otras palabras, tan atinadas para este supuesto que nos ocupa, como las del Papa FRANCISCO, en el nº 129 de su Encíclica “Laudato Si: “Para que siga siendo posible dar empleo, es imperioso promover una economía que fa­vorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial. Por ejemplo, hay una gran variedad de sistemas alimentarios campesinos y de peque­ña escala que sigue alimentando a la mayor parte de la población mundial, utilizando una baja pro­porción del territorio y del agua, y produciendo menos residuos, sea en pequeñas parcelas agríco­las, huertas, caza y recolección silvestre o pesca artesanal. Las economías de escala, especial­mente en el sector agrícola, terminan forzando a los pequeños agricultores a vender sus tierras o a abandonar sus cultivos tradicionales. Los in­tentos de algunos de ellos por avanzar en otras formas de producción más diversificadas termi­nan siendo inútiles por la dificultad de conectarse con los mercados regionales y globales o porque la infraestructura de venta y de transporte está al servicio de las grandes empresas. Las autoridades tienen el derecho y la responsabilidad de tomar medidas de claro y firme apoyo a los pe­queños productores y a la variedad productiva. Para que haya una libertad económica de la que todos efectivamente se beneficien, a veces pue­de ser necesario poner límites a quienes tienen mayores recursos y poder financiero. Una liber­tad económica sólo declamada, pero donde las condiciones reales impiden que muchos puedan acceder realmente a ella, y donde se deteriora el acceso al trabajo, se convierte en un discur­so contradictorio que deshonra a la política”. Más claro, agua.

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Escrito por Javier Sanz Comentar
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