La Voz de Galicia lavozdegalicia.es - blogs | Inmobiliaria | Empleo | Mercadillo

De la pobreza al ahorro energético pasando por la rehabilitación

Escrito por Javier Sanz
30 de marzo de 2014 a las 10:57h

El día no podía ser más oportuno. Ayer sábado celebramos “la hora del Planeta”, una iniciativa promovida en todo el Planeta por World Wide Fund (WWF) en todo el mundo que nos animaba a efectuar un “apagón eléctrico voluntario” como acción simbólica para concienciar a la sociedad  acerca de la necesidad de adoptar medidas frente al cambio climático, y, entre otras ahorrar un poco de energía eléctrica.

Justamente en las últimas semanas hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de otro tipo de apagón eléctrico pero involuntario, como el que se describe en el interesante Informe elaborado por la Asociación de Ciencias Ambientales” (ACA) sobre “Pobreza Energética en España”, subtitulado “Potencial de generación de empleo derivado de la rehabilitación energética de viviendas”, fechado, no obstante, el año 2012. Las informaciones periodísticas acerca de este Informe son ya de sobra conocidas: “el 17% de los hogares españoles –o lo que es equivalente, siete millones personas en España- tienen dificultades para pagar las facturas de la energía eléctrica, al verse obligados a destinar más del 10% de sus ingresos a tal fin”. Y, como es lógico, esta situación de “pobreza energética” ha ido subiendo en los últimos años desde el comienzo de la crisis económica. Estos datos sitúan a España en el “cuarto país de la Unión Europea con más personas incapaces de mantener una temperatura adecuada en sus hogares” (de un total de 54 millones de personas afectadas en toda Europa).

No quiero pensar los devastadores efectos que puede tener la actual crisis de Crimea y el cierre de las infraestructuras energéticas rusas que pasan por Ucrania. No sería la primera vez que en algunos países del este de Europa, en lo más crudo del invierno, han muerto de frío personas sumidas en tal situación de pobreza energética.

Parémonos a pensar un momento lo esencial que es para el ser humano en nuestras sociedades occidentales el acceso a la energía eléctrica. Por ejemplo, ¿aguantaríamos con normalidad unas horas sin estar conectados a internet o sin poder hacer uso de nuestros “smartphone”?

Y lo que hubiera sido el colmo es la enorme subida en las tarifas eléctricas que estaba prevista a comienzos de este año 2014 en España que, según el sector eléctrico, era la justa compensación al famoso “déficit tarifario”. En el estudio de ACA –que tiene el mérito de haber puesto de manifiesto, por primera vez en España la existencia en nuestro país de la referida modalidad de pobreza- se llega incluso cuantificar la tasa de mortalidad que puede estar vinculada con la probreza energética y, se estima que puede ser responsable de entre 2.300 y 9.000 muertes en España, una cifra que es más elevada que la actual de víctimas mortales por accidentes de tráfico en carretera (1.480 personas en 2011).

¿Qué soluciones se ofrecen para combatir esta dañina forma de pobreza energética? Con la aprobación de las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y el gas, la Unión Europea instaba a los Estados miembros a desarrollar “planes de acción nacionales u otros marcos adecuados para luchar contra la pobreza energética, a fin de reducir el número de personas que padecen dicha situación”. 

Desde mediados del 2009 se puso en marcha en España el llamado “bono social”, una medida de carácter social diseñada para favorecer determinados colectivos vulnerables (pensionistas, familias numerosas, hogares con todos su miembros en paro) que implicaba la congelación de la llamada “tarifa de último recurso”. No obstante, la continuidad de esta medida dependía de la disponibilidad de recursos públicos lo cual resulta incierto en estos momentos de múltiples recortes en los presupuestos públicos. Más recientemente, el Real Decreto-Ley 9/2013 por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico establece que el “bono social” será considerado –en aplicación de la referica Directiva 2009/72/CE- una “obligación de servicio público”.

La nueva Ley 24/2013 del Sector Eléctrico dedica el artículo 45 a los “consumidores vulnerables” –pequeños consumidores de electricidad, circunscritos a las personas físicas en su vivienda habitual, cuyos requisitos se determinarán reglamentariamente- a los que se reconoce el citado “bono social” y con el definitivo reconocimiento de la señalada “obligación de servicio público”.

Junto al “bono social”, en el Informe que comentamos, la ACA subraya la importancia que para combatir la pobreza energética tendria en España la rehabilitación de viviendas, que, a su vez, podría constituir una palanca para la generación de empleo. “la pobreza energética –concluye el Informe- suma un argumento clave a los objetivos tradicionales –ambientales y económicos– de la mejora de la eficiencia energética de los edificios residenciales. En España, la rehabilitación energética de viviendas no solo contribuye a reducir emisiones y la dependencia energética y a crear empleo. También permite que los hogares con menos recursos disfruten de un confort térmico adecuado en su vivienda, lo que se traduce en mayores niveles de bienestar y consumo de otros bienes y servicios, mejores condiciones de habitabilidad de la vivienda, menor riesgo de impago y desconexión y por supuesto también permite reducir el riesgo de mortalidad prematura y enfermedades asociado a la pobreza energética”.

En realidad estos objetivos ya están legalmente definidos en la importante Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, aprobada en la presente legislatura y promovida por el actual Gobierno. Entre sus “fines comunes de las políticas públicas para un medio urbano más sostenible, eficiente y competitivo” se encuentra el de “priorizar las energías renovables frente a la utilización de fuentes de energía fósil y combatir la probreza energética con medidas a favor de la eficiencia y el ahorro energético” (artículo 3, h).  Y, más adelante, se establece en su artículo 9º: Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que aseguren la realización de las obras de conservación, y la ejecución de actuaciones de rehabilitación edificatoria, de regeneración y renovación urbanas que sean precisas y, en su caso, formularán y ejecutarán los instrumentos que las establezcan, cuando existan situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones; obsolescencia o vulnerabilidad de barrios, de ámbitos, o de conjuntos urbanos homogéneos; o situaciones graves de pobreza energética”.

Qué maravilloso sería que las buenas leyes –como la que acabamos de citar- se aplicaran pero, como siempre, es cuestión de voluntad politica. Este es un caso, a mi juicio, de elemental justicia social.

Agua y energía: rivales o aliados

Escrito por Javier Sanz
23 de marzo de 2014 a las 11:39h

Ayer, 22 de marzo, celebramos (desde la Cumbre de Río de Janeiro de 1992) el Día Mundial del Agua que ofrece como tema de reflexión el binomio “agua y energía”. Se trata de dos recursos esenciales e indispensables para el desarrollo humano y sobre los que el paradigma de la sostenibilidad ambiental tiene abiertos muy ambiciosos retos. Recordemos además que esta celebración se encuadra dentro del “Decenio Internacional para la Acción ‘El agua fuente de vida’ 2005-2015

En esta ocasión, se quiere profundizar sobre su mutua interdependencia: “el agua requiere energía y la energía requiere agua”, reza una de las claves de esta campaña. En efecto, la energía es fundamental en todo el ciclo hidrológico: desde la extracción de los recursos hidrológicos hasta su depuración, pasando por muchas otras actividades como la desalación de las aguas salobre y marinas; de hecho los estudios nos muestran que entre un 10% y un 20% del consumo de electricidad está asociado al ciclo del agua: captación, transporte, distribución, tratamiento y, sobre todo, uso final del agua. De otra parte, para la producción de energía es imprescidible el agua: para refrigeración de las centrales nucleares y de las centrales térmicas, singularmente de las de ciclo combinado, pero también de la energía termosolar; y lo mismo hay que afirmar para los emergentes biocombustibles.

Para gestionar adecuadamente ambos consumos (el energético en el sector del agua y el agua en el sector de la energía), para aplicar medidas de reducción y eficiencia, es posible la cuantificación de los mismos mediante el indicador de la “huella de carbono” en el ciclo integral del agua y el de la “huella hídrica” en la producción energética.

 “Water and energy” es título de un extenso informe –en dos volúmenes-  elaborado por UN-Water, la entidad promovida por Naciones Unidas en 2003 para trabajar en el desarrollo de los objetivos fijados por la Cumbre de Johannesburgo de 2002 en relación con el agua y el saneamiento; y, a su vez, hacer posible el cumplimiento para 2015 una de las metas del Objetivo 7º de Desarrollo del Milenio –de “garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”- de reducir a la mitad la proporción de las personas sin acceso al agua potable y a los servicios básicos de saneamiento.

Desde un punto de vista humano es bastante triste saber que, en la actualidad, hay en el Planeta casi 800 millones de seres humanos que no tienen acceso al agua potable y otros 2.500 millones que no disponen de servicios de saneamiento de las aguas residuales. Y, por otro lado, más de 1.300 millones de personas carecen  todavía de acceso a la electricidad y, aproximadamente, 2.600 millones usan combustibles sólidos (principalmente biomasa) para cocinar. Por este motivo es lógico que la Comunidad Internacional plantee desde hace tiempo la necesidad de reconocer unos verdaderos derechos fundamentales de acceso al agua y al suministro eléctrico. Además de cara al futuro, se calcula que para el 2035 la población mundial necesitará un 35% más de alimento, un 40% más de agua y un 50% más de energía.

El citado Informe de Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo destaca la necesidad de promover políticas y marcos regulatorios conjuntos e integrados sobre el agua y la energía, realidades que, hasta el momento han sido gestionadas de forma separada y desagregada.

Por lo que se refiere a España el libro colectivo dirigido por el Profesor EMBID IRUJO, titulado justamente, “agua y energía” ponía de manifiesto, hace pocos años, la necesidad de aplicar una política integrada de ambos tipos de recursos, señalando además sus conexiones jurídicas y sus implicaciones con la protección ambiental y la lucha contra el cambio climático.

Más concretamente, tal como se recoge en el Libro de la Energía en España, 2011, en relación con la energía hidroeléctrica –que a escala mundial se acerca al 15% de la generación de electricidad- en España llegó al 13,1% del consumo de energía primaria (frente al 31,4% de la biomasa y 14,6% de la eólica), es decir, un total de 18.540 MW de potencia, lo cual supuso el 35% del total de las energías renovables en la producción de la energía eléctrica.

No cabe duda de que las energías renovables constituyen una de las principales soluciones para la sostenibilidad de la relación agua y energía. No obstante, debe de mejorarse la eficiencia y el ahorro energético, así como en el diseño y desarrollo de las redes inteligentes. Y, para ello, son necesarias las políticas de I+D+i

Pero sin desconocer las grandes ventajas de la energía hidráulica o hidroeléctrica –por su alto rendimiento energético, por su no producción de emisiones, etc.- la construcción de los embalses constituye un excesivo -y muchas veces inasumible- impacto ambiental (véase el caso superlativo de la “presa de las Tres Gargantas” en el curso de río Yangtsé, en la República Popular China). Incluso la “minihidráulica” (con una potencia igual o inferior a los 10MW) ha resultado dañina, en algunos casos, de pequeñas cuencas hidrográficas, por su proliferación acumulativa, poniendo en peligro el caudal ecológico.

Lo cierto es que en todas las previsiones disponibles sobre el desarrollo de las fuentes de energía del futuro –en España y fuera de España- la proyección de la energía hidráulica se mantiene bastante estable.

En definitiva, urge reorientar las políticas y marcos regulatorios de la energía y del agua de forma coordinada, coherente y concertada. Solo así se logrará mejorar la eficiencia de ambos recursos tan intimamente relacionados, se reducirá los niveles de pobreza energética y hidrológica existentes, y será posible articular entre ellos una verdadera y sólida alianza.

El dilema del “fracking”

Escrito por Javier Sanz
22 de febrero de 2014 a las 14:45h

La semana pasada se publicaba en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña la Ley de Acompañamiento de Presupuestos en la que, entre otras muchos asuntos, incluye la modificación de su normativa urbanística prohibiendo la utilización de la “tecnología de fracturación hidráulica cuando pueda tener efectos negativos sobre las caracterìsticas geológicas, ambientales, paisajísticas o socieconómicas”. No es la primera Comunidad Autónoma que pone en entredicho la licitud de la “fracturación hidráulica” (también conocido por su nombre en inglés, fracking) como técnica de investigación y extracción del “gas no convencional”, puesto que ya la Comunidad Autónoma de Cantabria reguló por su Ley 1/2013, de 15 de abril, la prohibición de dicha técnica extractiva en su territorio; luego le seguiría la Comunidad Autónoma de la Rioja (en virtud de su Ley 7/2013, de 21 de junio) y posteriormente la Comunidad Foral de Navarra (con su Ley Foral 30/2013, de 15 de octubre).

También en estos días conocemos que el Tribunal Constitucional ha suspendido la aplicación de la referida Ley cántabra a resultas del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de España por entendeter que dicha disposición legal va en contra de las competencias del Estado en materia de explotación de hidrocarburos.

En nuestra anterior entrada de esta blog dedicada también la “fracking” todavía no había declaraciones significativas sobre su uso en la Unión Europea y en España. Pero cuando escribimos estas líneas esta situación de vacio o laguna legal se ha cubierto en España con la reforma, en octubre de 2013, de la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos -donde se reconoce la posible utilización (entre otras técnicas) la de la “fracturación hidráulica” (cfr. su art. 9, 5)- y de la regulación básica de la evaluación del impacto ambiental, sometiendo dicha técnica a obligada evaluación de impacto ambiental. Pocos meses después, en la nueva Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental contempla entre los proyectos sometidos a evaluación ambiental y dentro del Grupo 1 (industria extractiva) y, en particular, los “proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos (…) que requieran la utilización de la técnicas de fracturación hidráulico”.

La última novedad de carácter jurídico es la publicación a principios de este mes de febrero de la Recomendación de la Comisión Europea de 22 de enero de 2014, relativa a “unos principios mínimos para la exploración y producción de hidrocarburos (como el gas de esquisto) utilizando la fracturación hidráulica de alto volumen”. Entiende la Comisión Europea que los “Estados miembros tienen derecho a determinar las condiciones de explotación de sus recursos energéticos” pero, añade, “siempre y cuando respeten la necesidad de preservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente”. La Comisión Europea es en este asunto un poco más cauta que el Consejo Europeo (institución de la Unión Europea integrada prinicipalmente por los representantes de los poderes ejecutivos de los Estados miembros), que en sus conclusiones de 22 de mayo de 2013 destacaron la necesidad de intensificar la diversificación del abastecimiento de energía en Europa y desarrollar sus recursos energéticos autóctonos, con la idea de reducir la elevada dependencia energética de nuestro entorno comunitario.

La Recomendación europea –que, por consiguiente, no tiene carácter vinculante para los Estados- establece los “principios mínimos necesarios para apoyar a los Estados miembros que deseen realizar actividades de exploración y producción de hidrocarburos mediante la fracturación hidráulica de alto volumen garantizando al mismo tiempo la preservación de la salud pública, el clima y el medio ambiente, el uso eficiente de los recursos y la información del público”. En cualquier caso, anima a los Estados que permitan dicha técnica de explotación que respeten una serie de principios relativos “a la planificación, la evaluación de las instalaciones, las autorizaciones, el comportamiento opertivo y ambiental, la clausura, así como la participación del público y la difusión de la infomación al público”.

Esta Recomendación le ha valido, no obstante, la masiva protesta de los grupos ecologistas de toda Europa al entender que, con tal documento, se da vía libre a la práctica de “fracking”, orientándose en la senda contraria del abandono de los combustibles fósiles (principales aportadores de gases de efecto invernadero). Ya sabemos que en aquella dirección se encaminan los Estados Unidos con ingentes recursos de “gas pizarra” (o en inglés, “shale gas”) y que, incluso, con este potencial en pocos años serán capaces de declarar su independencia energética, no sé a qué precio.

Mientras en los medios de comunicación han calado en la opinión pública algunos de los argumentos del movimiento “anti-fracking”. Hay documentales tan exitosos como el escrito y dirigido por Joss FOX: Gasland (2010) e incluso largometrajes como el dirigido por Gus VAN SANT: Tierra prometida (2012) que dan mucho que pensar. Verdaderamente nos encontrarmos ante un complejo dilema.

Por otra parte es un hecho incontestable que la Unión Europea y, en particular, España que la dependencia energética del exterior es muy elevada. En nuestro país, según los recientes datos de Eurostat, es del 75,6% (frente a la media de la UE que es del 53,3%). Y, por supuesto, que ante esta situación hay que buscar recursos energéticos alternativos y a ser posibles auctóctonos. Lo cierto es que España la participación de las energías renovables sobre el consumo bruto de energía final no llega al 12% (datos del 2011).

En el caso de que en nuestro país hubiera recursos procedentes del este “gas pizarra o de esquisto” (o “gas no convencional”) es cierto que, según el régimen jurídico vigente, antes compendiado, no sea legalmente lícito prohibir su explotación y contravenir las competencias que esta materia tiene el Gobierno del Estado en materia de hidrocarburos, pero lo que no me cabe duda es que las Comunidades Autónomas tienen reconocidas en nuestro Ordenamiento jurídico  competencias –ambientales y urbanísticas- más que suficientes para exigir muy importantes condiciones y requisitos para controlar la ejecución de los proyectos para su exploración y explotación, o incluso declararlos no aptos. No da lo mismo dónde y cómo se hagan las prospecciones y explotaciones. De aquí que las potenciales medidas adicionales de protección ambiental autonómicas deben de aplicarse en cada caso. Quizá en el futuro no nos quede más remedio que aprovechar nuestros recursos autóctonos pero en tal caso será preciso ponderar seriamente sus costes y beneficios, así como valorar adecuadamente sus potenciales riesgos.

Una ciclogénesis explosiva para una serena reflexión jurídica

Escrito por Javier Sanz
11 de febrero de 2014 a las 12:06h

Claramente lo que estamos viviendo estos días –meteorológicamente hablando- en el norte de España y, en particular, en el litoral atlántico y cantábrico, producto de la famosa “ciclogénesis explosiva” no es muy normal según los expertos. Más concretamente, lo atipico parece ser el encadenamiento de borrascas (“tren de borrascas”) cuyos bellos nombres femeninos  -“Petra”, “Qumaira”, “Ruth”, “Stephanie”…- nos fascinan, a la par que nos impresionan los efectos destructivos que están provocando en nuestras zonas costeras. De nuevo la asombrosa y sobrecogedora fuerza de la naturaleza.

Ya hay voces que identifican este fenómeno con el imparable proceso del  cambio climático y claman por reactivar las medidas del lánguido Protocolo de Kioto, tras el acuerdo de mínimos adoptado en la Conferencia de Naciones Unidas del Cambio Climático en Doha (en diciembre de 2012) para prorrogar hasta 2020 su periodo de compromiso. Quizá todavía es pronto para cargar sobre las espaldas del cambio global este fenómeno y cabe que se trata de una casual conjunción de temporales, mareas vivas, mar de fondo… Pero, de otra parte, los expertos del IPCC vienen hablando de los “fenómenos meteorológicos extremos” asociados al cambio climático. En todo caso, no es la primera vez que sucede.

Comentando estos asuntos del tiempo, escribía agudamente hace pocos días, el Profesor  VIDAL ROMANÍ (Catedrático de Geología de mi Universidad) sobre los destrozos causados por la ciclogénesis en la costa de Galicia, cómo “la intervención humana en el litoral es cada día más exagerada y agresiva”, cómo en “las áreas urbanas y periurbanas se ha incrementado la presión en la ocupación del litoral extendiendo ciudades y sus instalaciones…”, cómo el “nivel del mar continuará subiendo”, como veremos cada año que “el mar desmantela e unas horas lo que ha sido construido en el terreno de nadie con el dinero de todos y que deberá ser reconstruido, con el dinero de todos, para volver a ser destruido el año que viene nuevamente por el mar”.

Da la casualidad de que el pasado viernes 7 de febrero, tuve el honor de exponer en Santiago de Compostela ante mis colegas, los Profesores de Derecho Administrativo de toda España, acompañado -en la primera mesa del IX Congreso AEPDA- del Profesor MENÉNDEZ REXACH (uno de los “padres intelectuales de la Ley de Costas de 1988) y mi compañera de Facultad, la Profesora GARCÍA PÉREZ (una de las mejores expertas de nuestro país sobre esta temática jurídica), las novedades introducidas por la controvertida Ley 2/2013 de reforma de la Ley de Costas en relación con el cambio climático. En efecto, resulta en la última fase de la tramitación de esta Ley –en virtud de varias enmiendas introducidas por el Grupo Popular en el Senado-, muy probablemente por presión de ciertos sectores científicos y por los grupos ecologistas, se introdujeron en el texto legal varias referencias a las posibles consecuencias del cambio climático sobre las zonas costeras.

Por primera vez en nuestra historia legislativa el “cambio global” se introduce en nuestro Derecho interno previendo la declaración de “tramos del dominio público marítimo-terrestre en situación de regresión grave” (artículo 13ter) y disponiendo, entre otras medidas la aprobación, en el plazo de dos años (desde la entrada en vigor de la Ley 2/2013) de una “Estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático” (Disposición Adicional 8ª). En realidad, como explicaba en la ponencia, la Administración General del Estado –a través de la Oficina Española del Cambio Climático creada en 2001- ya venía analizando los posibles efectos del “cambio globlal” sobre las zonas costeras de nuestro país. El mismo “Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático”, aprobado por el Gobierno en 2006, ofrecía una exhaustiva información sobre los impactos advertidos en las zonas costeras. Y, más recientemente, el Real Decreto 903/2010 había transpuesto a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2007/60/CE sobre evaluación y gestión de riesgos de inundaciones (incluidas, por supuesto, las zonas costeras).  

Mucho antes de que se comenzara a hablar de la reforma de la Ley de Costas -que finalmente se ha producido a mediados del año pasado en virtud de la Ley 2/2013-, el Profesor Íñigo LOSADA, Director de investigación del prestigioso Instituto Hidráulico de Cantabria, que ha venido asesorando al Gobierno del Estado en materia de gestión costera (en el proyecto denominado “Cambio Climático y zonas costeras”), defendió en una Conferencia pronunciada en 2007 en la Fundación March, la conveniencia de “favorecer la estricta aplicación de la Ley de Costas y su reglamento como herramienta fundamental para proteger la misma”, de promover “políticas encaminadas a la aplicación de estrategias de retroceso” (por ejemplo, en zonas altamente vulnerables evitar futuros desarrollos en zonas de retroceso), favorecer un planeamiento y ordenación del territorio anticipándose al cambio climático; modificación de usos; adaptación de normas de edificación en zonas vulnerables; protección de ecosistemas en peligro, etc.

Pese a que la Ley 2/2013 introduce, como hemos dicho, la perspectiva del cambio climático en la protección de las costas, hay muchos contenidos en la Ley de reforma de la Ley de Costas que van en la dirección contraria a la defendida por dicho experto. Así, por ejemplo, la reducción de la franja de protección en los ríos hasta donde se notan los efectos de las mareas, exclusión del dominio público marítimo-terrestre de ciertos núcleos urbanos, de las urbanizaciones marítimo-terrestres y de las salinas, las prórrogas de hasta 75 años de usos no compatibles con la protección del dominio público costero, etc.

Concluíamos nuestra intervención en el Congreso de Santiago con la siguiente reflexión: “tenemos la convicción, compartida con otros especialistas, de que, antes que abrir tan generosamente los límites en el desarrollo económico de la costa, debería haberse esperado a tener un conocimiento más completo de los riesgos y vulnerabilidades de las zonas costeras ante el cambio climático. O, al menos, haber meditado más pausadamente la relajación protectora que introduce la Ley ante hechos que pueden llegar a ser irreversibles (como la regresión costera en algunos lugares del litoral) y que, pese a la imposición de las contribuciones especiales (para la ejecución de las obras de protección, mejora o defensa del dominio públicos marítimo-terrestre), resultarán cada vez más inasumibles para el erario público”.

Puede ser que la “ciclogénesis explosiva” que estos días está azotando duramente nuestro litoral y sus infraestructuras sea algo meramente coyuntural, pero, al menos, por prudencia –o por precaución- debería hacer reflexionar serenamente a nuestras autoridades con competencias sobre el litoral, antes de que el fenómeno de la regresión costera sea irreversible.

Comer con precaución

Escrito por Javier Sanz
3 de febrero de 2014 a las 11:53h

Celebramos ayer el día mundial de los humedales, dedicado este año 2014 a poner de manifiesto el papel que dichos valiosos espacios desempeñan en las actividades agrícolas y, a su vez, los impactos que éstas pueden tener sobre aquellos. Sin embargo, en esta ocasión no voy a hablar de la protección de la biodiversidad sino de la alimentación, aunque es evidente que la agricultura es una de sus prinicipales fuentes de producción.

La gastronomía se ha puesto de moda en nuestra sociedad opulenta, mientras una considerable parte de la población mundial –cerca de 1.000 millones de seres humano- padecen, como destaca Jean ZIEGLER (Destrucción masiva. Geopolítica del hambre, Peninsula, 2012) una grave desnutrición. De hecho “MasterChef” es un exitoso programa que incluso arraiga en las generaciones más jóvenes (“MasterChef Junior”). No es que tenga nada contra el “buena comida” siempre que no incurramos en absurdos e insolidarios sibaritismos. En ello va nuestra salud y, por consiguiente, es bienvenido el avance de la ciencia que ha permitido desarrollar campos insospechados en otras épocas como la dietética y la nutrición que, persiguen a la postre, una alimentación más saludable. Pero también, en esta materia hay fraudes como parece ser el caso de la “dieta Dukan”, cuyo autor y promotor –que ha hecho una verdadera fortuna con la venta de sus recetas y publicaciones- acaba de ser separado (expulsado), la pasada semana, del Colegio Nacional de Médicos de Francia, por la creciente sospecha de la falta de consistencia médica de tal dieta.

En esta misma línea temática he podido leer recientemente el libro titulado “Comer sin miedo. Mitos, falacias y mentiras sobre la alimentación en el siglo XXI (Destino, Barcelona, 2014) que acaba de ser publicado por J.M. MULET, Profesor de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y miembro del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas del CSIC y la UPV. Alguna referencia tenía de este autor en 2010 había publicado un ensayo divulgativo algo propvocador (Los productos naturales ¡vaya timo!, Editorial Laetoli). Además el mismo autor promueve el blog titulado “tomates con genes”, relativo a la divulgación de temas relacionados con la biotecnología y la alimentación.

Comer sin miedo” es un muy ameno ensayo sobre la alimentación -recogiendo algunos de los comentarios vertidos con anterioridad en su muy visitado blog- que acabar con muchos mitos y leyendas urbanas que existen en torno a la comida y, en particular, por lo que se refiere al uso de la tecnologías de variado tipo (biológicas, químicas, etc.) en la producción, preparación, distribución y conservación de alimentos. La conclusión es clara: casi nada de los que comemos –al menos los “urbanitas”- puede considerarse natural y que incluso los productos que se presentan como “naturales” y “ecológicos” tienen mucho menos de natural de lo que nos imaginamos. En particular, en los Capítulos 2º y 3º de su obra, el Profesor MULET hace –me atrevo a decir- una “despiadada crítica” a los llamados “alimentos naturales” y a la “alimentación ecológica”. En la contraportada de su libro se recoge una de sus ideas madres “por mucho que te lo digan, la comida natural es un mito. Toda la comida es fruto de la selección artificial, de la mejora genética y por tanto de la tecnología que un iPhone 5, y además es más barata, con lo todos podemos disfrutar de ella”.

En contraste con este trabajo leíamos a finales del pasado año el libro de Gilles-Éric SÉRALINI, titulado ¿Nos envenenan? Transgénicos, pesticidas y otros tóxicos. Cómo afectan a nuestras vidas y cómo se ocultan sus consecuencias” (NED ediciones, Barcelona, 2013), en el que su autor, un Profesor francés de biología molecular nos cuenta la toxicidad localizada en varias especies de vegetales transgénicos (maíz y soja) y, en particular, en el Roundup, el mayor herbicida del mundo. En este trabajo –que tuvo gran repercusión mediática en Francia en 2012 bajo el título “Tous Cobayes”- se criticaba las trabas y limitaciones en el funcionamiento de las entidades de control sanitario y alimentario, así como el acomodamiento del “establishment” científico, proclamando la necesidad de un “nuevo paradigma sanitario” y de actuar a favor de un medio ambiente sustentable, orientado bajo el “principio de precaución”.

Siempre he desconfiado de las posturas más extremas en esta prolongada polémica (transgénicos, si; transgénicos, no). Aunque no creo mucho en “tramas conspiratorias” por parte del mundo científico o de las empresas multinacionales (no puede faltar “Monsanto” como la bestia negra), soy consciente de que hay muchos intereses creados, en la academia y en la empresa. De una parte, los tecno-optimistas que critican todo posible control retardatario del progreso (con su enemiga del “prinicipio de precaución”), y, de otra parte, buena parte el ecologismo en alianza estrecha contra los “organismos genéticamente modificados”, sembrando por doquier miedos y temores no siempre fundados. En todo caso, pienso que no todos los trangénicos son iguales.

Me resisto a echarme incondicionalmente en los brazos de la moderna técno-ciencia alimentaria que, como quiere demostrarnos el Profesor MULET, tantos beneficios nos depara. Sé que tiene mucho de emocional y de nostágico recuerdo de mis años mozos en pequeñas aldeas donde los productos naturales estaban al alcance de la mano (es más, era lo único disponible).

Por tal motivo, confío –quizá ingenuamente- en que es posible establecer parámetros serios y constados científicamente para una “agricultura ecológica” que verdaderamente contribuya a la protección de nuestros recursos naturales, a la preservación de la biodiversidad, al desarrollo de las zonas rurales, etc.; una agricultura que limite el uso de pesticidas y fertilizantes sintéticos, que de prioridad a las técnicas de selección y mejora de especies frente al uso de transgénicos…; unas agencias de control de la seguridad alimentaria independientes (de inconfesables presiones). Es posible que la nueva reglamentación comunitaria sobre “producción y etiquetado de productos ecológicos” sea, como dice MULET, un tanto falaz. Huyendo de falsos alarmismos y de extendidas leyendas urbanas sobre los riesgos alimentarios a los que estamos expuestos, pienso que, así como en la necesaria función de alimentarse la moderación es virtud, en la producción y distribución de alimentos es deseable una sensata y prudente precaución. Como decían los antiguos, con los alimentos no se juega.

Verdes brotes (verdes) del “Milenio”

Escrito por Javier Sanz
19 de enero de 2014 a las 17:28h

A mediados de esta semana el diario EL PAIS lanzaba, bajo el título “Planeta Futuro”, una nueva sección sobre “desarrollo global sostenible” en colaboración con la Fundación Bill & Melinda GATES. En esta iniciativa colaboran reconocidos expertos –nacionales e internacionales- en materia de desarrollo y derechos humanos, Profesores universitarios y representantes de ONGs. Al mismo tiempo, se ofrece a los lectores del referido diario la oportunidad de  matricularse gratuitamente en el Curso impartido “on line”, en lengua inglesa, por Columbia University que lleva por título “La época del desarrollo sostenible” (The Age of Sustainable Development). El prinicipal instructor del Curso es Jeffrey D. SACHS, Director del Earth Institute de la Columbia University y asesor del Secretario General de Naciones Unidas en relación con los objetivos del Desarrollo del Milenio.

En aquel memorable año 2000 en que estrenábamos un nuevo milenio, los Jefes de Estado y de Gobierno firmaban el 8 de septiembre, en la sede de las Naciones Unidas en New York la conocida como “Declaración del Milenio”, promovida por su –entonces- Secretario General Kofi ANNAN. Consiste en un compromiso por parte de los Estados firmantes, a modo de alianza mundial, para reducir los niveles de pobreza en el mundo estableciendo una serie de objetivos sujetos a plazo (hasta el 2015) que se conocen como “Objetivos de Desarrollo del Milenio” (ODM). Sobre la base de una serie de valores y prinicipios como la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la naturaleza y la responsabilidad común, dichos objetivos son los siguentes:

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.

Objetivo 5: Mejorar la salud materna.

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

El Programa del Curso “on line” de la Universidad de Columbia se estructura en diferentes apartados que tratan de abordar, justamente, el alcance y contenido de cada uno de los objetivos de la “Declaración del Milenio”.

Por lo que se refiere al Objetivo nº 7 sobre “sostenibilidad del medio ambiente” las metas que se propone la Declaración son las cuatro siguientes:

1ª.- Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente,

2ª.- Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad biológica en 2010,

3ª.- Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de población que no tiene acceso sostenible a agua potable y a servicios básicos de saneamiento, y

4ª.- Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes de barrios marginales.

Al día de los resultados obtenidos en cada uno de las metas –como señala Naciones Unidad- no son muy halagüeños. Los “brotes verdes” del Milenium están todavía un poco “verdes”, desgraciadamente. La tasa de desforestación sigue siendo alarmante, el cambio climático necesita una respuesta urgente, el mundo no ha alcanzado la meta de 2010 de conservación de la biodiversidad, los hábitats en peligro no están siendo debidamente protegidos, el suministro de agua sigue siendo una desafío en muchas partes del mundo (todavía hay 2.500 millones de personas que nos disponen de saneamiento de aguas residuales), casi una tercera parte de las poblaciones marinas de peces están sobreexplotadas, etc.

Puesto que los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” se proyectaron hacia el horizonte del 2015, los Estados Miembros se han venido reuniendo para preparar el plan “post-2015”. Así, el 25 de septiembre de 2013, la Asamblea  General de Naciones Unidas aprobó un documento, adoptado por los Estados Miembros, para renovar su compromiso para lograr –acelerar- las metas de los ODM, y se acordó la celebración de una Cumbre Mundial de alto nivel, en septiembre de 2015, para adoptar un nuevo grupo de Objetivos, los “Objetivos de desarrollo sostenible”. En el documento final del “acto especial de seguimiento de la labor realizada para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio” se dice: “Reconociendo la interrelación intrínseca que existe entre la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible, subrayamos la necesidad de que se aplique un enfoque coherente que integre de manera equilibrada las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Este enfoque coherente entraña que se procure establecer un solo marco y un solo conjunto de objetivos, de carácter universal y aplicables a todos los países, teniendo en cuenta al mismo tiempo las diversas circunstancias nacionales y respetando las políticas y prioridades nacionales…”. Muy interesante debate este de la relación entre pobreza y medio ambiente al que dedicaremos futuros comentarios.

Jeffrey SACHS –autor del sugerente ensayo titulado “El fin de la pobreza: cómo conseguirlo en nuestro tiempo” (Editorial Dabate, 2006)- cita en su artículo del diario EL PAIS sobre “La era del desarrollo sostenible” (que introduce el repetido curso “on line” de Columbia) una frase de J. F. KENNEDY: “el hombre tiene en sus manos mortales el poder de abolir todas las formas de pobreza humana y todas las formas de vida humana”. Pero, sin menospreciar (ni mucho menos) el impresionante poder de la “tecnología” –las “manos del progreso”-, soy de los que piensan que, en muchos casos, la clave del desarrollo sostenible está, más bien, además de en la justicia intra-generacional, en el corazón, en la generosidad y en el espíritu solidario de los seres humanos, y, en particular, de aquellos que tienen los medios y la responsabilidad de promoverlo.

Presente y futuro de la información ambiental

Escrito por Javier Sanz
12 de enero de 2014 a las 11:49h

A finales del 2013 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la debatida Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, tras casi dos años de tramitación parlamentaria. Se cubría de esta forma –mejor o peor según los críticos- una grave laguna de nuestro pais para podernos asimilarnos a una verdadera democracia. Transparencia pública que hoy más que nunca es necesaria para tratar de regenerar la maltrecha clase política.

En el Preámbulo de esta Ley se recuerda que, con anterioridad, en virtud de la Ley 27/2006 se reconocieron los derechos de acceso a la información, a la participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, cuyo mejor comentario jurídico sigue siendo el de mis buenos amigos, Jose Antonio RÁZQUIN LIZARRAGA y Ángel RUIZ DE APODACA (Editorial Aranzadi, 2007). A su vez, esta Ley había transpuesto al ordenamiento español dos Directivas comunitarias (2003/4/CE y 2003/5/CE) receptoras del Convenio de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas sobre acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente de 25 de junio de 1998, conocido como “Convenio de Aarhus”. En el origen de este importante Convenio late el Principio 10º de la famosa Declaración de Río de Janeiro de 1992 en el que se declara entre otras cosas que “toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que ofrecen peligro en sus comunidades…”. En definitiva, nuestro sistema jurídico reconoce que el acceso a la información ambiental es un presupuesto para la participación pública en los asuntos que afectan al medio ambiente.

Por lo tanto, mucho antes de que se haya estrenado en España –en su versión cabal- el “derecho a la información pública”, se venía reconociendo desde mediados de 2006, tanto el derecho del público (personas físicas o jurídicas) a “acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos que la posean en su nombre” (art. 2,1, a) de la Ley 27/2006) como las obligaciones de las Administraciones Pública y autoridades públicas de informar al público en materia ambiental (bien mediante las actividades de difusión determinadas en los arts. 6 a 9 de la misma Ley, o bien previa solicitud de los ciudadanos en los términos de sus arts. 10 a 12).

Además, insertos como estamos de lleno en el siglo XXI, la repetida Ley 27/2006 recoge la obligación para las Administraciones Públicas de “fomentar el uso de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones para facilitar el acceso a la información” (art. 5,1, e). Un mandato que fue inmediatamente ratificado por lo que se refiere al menos a la Administración General del Estado por la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

En definitiva, en el momento actual las Administraciones Públicas que tienen competencias sobre el medio ambiente están obligadas a difundir información ambiental relevante y a facilitar información individualizada a los ciudadanos en esta materia. Se atribuye a AL GORE la frase siguiente: “la Administración no tienen nada que ver con adivinar sino con saber. Los que ocupan cargos de responsabilidad deben poseer la información que necesitan para tomar decisiones acertadas”.

Pese a las deficiencias que se han podido dar en la aplicación de la referida normativa que exige la transparencia pública en materia ambiental, hay que reconocer que los instrumentos jurídicos puestos en manos de los ciudadanos para ejercitar su legítimo “derecho a conocer” sobre el estado del medio ambiente son muy considerables.

El “último grito” en la información pública ambiental es la puesta a disposición de los ciudadanos de aplicaciones informáticas (“apps”) para los dispositivos móviles electrónicos (“smartphones”, tabletas, etc.) con un contenido ambiental. Es el caso de la “Environmental Protection Agency” de los Estados Unidos -en la línea del nuevo “open government”- que dispone ya de más de 290 “apps” para el conocimiento y protección del medio ambiente. También la “Agencia Europea de Medio Ambiente” ofrece a los ciudadanos una serie de “apps” para informar sobre el estado del medio ambiente atmosférico de los ciudades europeas (“EuropeAir”), información ambiente de diversa naturaleza (“GreenTips”), localización de áreas naturales protegidas (“iEnvirowatch”), etc.

Aparte de estas iniciativas públicas, este tipo de aplicaciones ambientales (conocidas como “green apps”) estaban ya disponibles –y siguen proliferando- en el mercado (o de forma gratuita) para los internautas, para funciones tan diversas como el cálculo de la “huella ecológica”, el ahorro del consumo energético, la medición del ruido ambiente, la medición de las emisiones industriales de CO2, la difusión de “consejos verdes”, la localización de “puntos limpios” para el reciclaje o la geolocalización de los espacios naturales protegidos, etc.

Sin despreciar la información procedente de los poderes públicos (que puede caer en la “tentación” de maquillar los datos adversos sobre su gestión ambiental) o del mercado, considero, no obstante, de gran importancia la labor que vienen desarrollando los periodistas ambientales y, en particular, en España la “Asociación de Periodistas de Información Ambiental” (APIA) -fundada a finales de 1994- que el pasado mes de octubre de 2013 organizaron el X Congreso Nacional de Periodismo Ambiental, bajo el título #Tenemos Futuro. Su función institucional de promover una información veraz en materia de medio ambiente los hacen imprescindibles para mantener una opinión pública libre y, en su caso, para ejercer una legítima función de control sobre los poderes públicos en sus obligados cometidos de protección ambiental.

Los que formamos parte de la “blogosfera” contribuimos, en mayor o en menor medida, a dicha tarea de depuración informativa y de fomento la defensa del medio ambiente. Como puso de manifiesto el Grupo de Trabajo 24 del Congreso Nacional del Medio Ambiente de 2012, las “redes sociales” están llamadas a desarrollar un enorme potencial en la configuración de las futuras políticas ambientales y de concienciación y educación ciudadanas.

No es pequeña nuestra responsabilidad –de cara a la ciudadanía- de trabajar con la máxima seriedad posible, sin gratuitos alarmismos y sin inconfesables intenciones manipuladoras de la opinión pública, pero siempre con valentía, en particular cuando ejercitamos nuestro constitucional derecho a difundir la información ambiental.

Resiliencia, optimismo y valores al comienzo del nuevo año

Escrito por Javier Sanz
1 de enero de 2014 a las 18:22h

Voló el año 2013 sin que me atreva ahora a hacer un balance, como  acostumbraba. ¿annus horribilis? ¿Hemos salido ya del fondo de la crisis? Los inmejorables datos de  Wall Street al cierre de ayer o la importante subida de la Bolsa española ¿marcan un antes y después en estos convulsos tiempos?

No pienso que las cosas de la economía y, mucho menos, de la propia vida cambien de la noche a la mañana. Todo cambio para bien requiere, por lo general, tiempo, poso, reflexión. Con lo que ha sucedido en la última década lo que si creo es en la capacidad del ser humano por aprender y adaptarse a las circunstancias cambiantes. En este sentido hay un término, “resiliencia”, que procedente de la fisica se viene utilizando con frecuencia en la ecología –referido a la capacidad de las comunidades de soportar, adaptarse y recuperarse a perturbaciones ambientales adquiriendo nuevas herramientas- y también se utiliza en el campo de la psicología para significar la “capacidad de las personas o grupos de sobreponerse al dolor emocional para continuar con su vida y salir fortalecido de dicha experiencia”.

El Diccionario de la Real Academía de la Lengua Española ha terminado por admitir la palabra “resiliencia” definiéndola como “la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límites y sobreponerse a ellas”. Me encanta esta palabra como “leit motiv” para iniciar la cuesta de enero. Además esta capacidad de lucha del ser humano me lleva al optimismo. Justamente mi última lectura del año del pasado (hace unos minutos) ha sido el libro titulado “Abundancia” –publicado en Barcelona por Antoni Bosch Editor- escrito por el polifacético cofundador y Presidente de la Singularity University, Peter H. DIAMANDIS y el periodista Steven KOLTER. Un “chutazo” de optimismo tecnológico ante al arraigado ambiente de pesimismo reinante en la opinión pública. Siguiendo la jerarquía de necesidades de la pirámide de MASLOW –desde las más básicas (comida, agua, alojamiento) hasta las más ambiciosas (salud y libertad), pasando por otras como la energía, la educación y las tecnologias de información y comunicación-, los autores de este animante ensayo van examinando los avances científicos y tecnológicos que ofrecen de cara el futuro una mejora de la calidad de vida de los habitantes de nuestro Planeta, incluso de los “mil millones de abajo” de la pirámide (o “emergentes”).

En los temas más relacionados con el medio ambiente como el agua –cuya escasez o consumo contaminado produce una gran mortalidad en los países en desarrollo- los autores presentan soluciones tecnológicas, aparentemente sencillas y asequibles, que podrían acabar con muchos de los problemas actuales de salud. En el caso de la energía, por supuesto que se incide en la futura expansión de las energías renovables aunque no se hacen ascos sobre la energía nuclear. Tecnologías de la información (que permiten extender los avances del bienestar), nanotecnologías, biotecnologías, innovación (mucha innovación) y la aparación de los “tecnofilántropos”, sin olvidar la importancia de la democratización de la sociedad… pintan un panorama muy prometedor. Y, por fin, las claves de este trabajo: “la mejor manera de predecir el futuro es crearlo uno mismo” y “donde hay una visión, el pueblo florece”. Los autores te ofrecen una página web para seguir “abundando” en el tema de la abundancia (únete al HUB de la abundancia).

Sea como fuere, el optimismo está de moda en estos tiempos inciertos. Los ensayos que siguen esta orientación no paran de publicarse: “El optimista racional. ¿Tiene límites la capacidad del progreso de la especie humana?” de Matt RIDLEY (Santillana Ediciones, 2010), “Un viaje optimista por el futuro” de Mark STEVENSON (Galaxia Gutemberg, 2011), “Viaje al optimismo. Las claves del futuro” de Eduardo PUNSET (Destino, 2011), etcétera. Sin duda que necesitamos, como el comer, estos mensajes positivos como los de la magnífica campaña de la marca GADIS, “saldremos como gallegos” y “si llueve que llueva”.

Valorando muy favorablemente todo lo anterior, soy de la opinión de que la solución del futuro del “bienestar” no se limita a los meros avances tecnológicos, por muy espectaculares que éstos sean, sino que es preciso además un fuerte componente moral y ético en nuestras conductas como seres humanos. A este propósito me parecen muy pertientes las recientes palabras del Papa FRANCISCO, relativas específicamente a la protección ambiental: “los seres humanos no somos meros beneficiarios, sino custodios de las demás criaturas (…) No dejemos que a nuestro paso queden signos de destrucción y de muerte que afecten a nuestra vida y la de las futuras generaciones” (parágrafo 215 de la Exhortación Apostólica sobre la Alegría del Evangelio).

!Feliz año 2014!

El mundo ambiental de Jostein Gaarder

Escrito por Javier Sanz
1 de diciembre de 2013 a las 21:18h

Cuando el otro día me enteré que se había publicado el nuevo libro Jostein GAARDER (Oslo, 1952) que lleva por título “La tierra de Ana” y por subtítulo “Una fábula sobre medioambiente y el clima de nuestro planeta” (editado en España por Siruela) no paré hasta conseguirlo y, por supuesto, leerlo. He sido uno de los 26 millones de lectores de aquella popular novela –“El mundo de Sofía” (1991)- que, acerca de la historia de la filosofía, cautivó a jóvenes y mayores en la última década del siglo XX. Uno de esos ejemplos significativos de “crossover books” o productos literarios que, destinados principalmente al público infantil y juvenil, llegan también, intencionalmente o no, al público adulto.

Casi al final de las largas y sesudas conversaciones filosóficas entre Sofía y Alberto, se hace referencia a una importante corriente filosófica del siglo XX -que surge ante los enormes problemas del medio ambiente- la “ecofilosofía”. “Muchos ecofilósofos occidentales han señalado que toda la civilización de Occidente va por muy mal camino –expresa GAARDER en boca de Alberto-, por no decir que está a punto de llegar al tope de los que puede tolerar el Planeta. Han intentado llegar hasta el fondo, no quedándose sólo en los resultados concretos de contaminación y destrucción ambiental. Dicen que hay algo profundamente erróneo en toda la manera de pensar occidental”.

Lo que no podía imaginarme es que este, mundialmente conocido, escritor noruego, autor de novelas, historias cortas y libros para niños, había fundado en 1997 el Premio Sophie (The Sophie Prize) gracias a la enorme fortuna lograda por su exitoso “best-seller” que ha sido traducido a 54 lenguas. Se trata de un premio internacional –generosamente dotado con 100.000 dólares- que se convoca desde entonces, anualmente, con el objetivo de premiar la labor de personas u organizaciones que trabajan a favor de un futuro más sostenible; de aquellos sujetos que destacan por sus ideas innovadoras o pioneras sobre una nueva conciencia ecológica que el Planeta necesita. Hasta el año 2013 el premio Sophie ha sido otorgado a muy diversas personas: desde escritores, periodistas, ecologistas, científicos, políticos, ONGs, etc. Entre ellos destaca la concesión del premio a la activista ambiental keniata Wangari MAATHAI (premio Nobel de la Paz en 2004) conocida por su “Movimiento Cinturón Verde” que consiguió que fueran plantados millones de árboles en comunidades rurales pobres. También, fue concedido el premio al lider espritual del mundo cristiano ortodoxo, Su Santidad BARTOLOMÉ I, Arzobispo de Constantinopla; a el movimiento social internacional ATTAC, etc. Lamentablemente, según se dice uno de los anexos del libro que comentamos, “este premio no cuenta ya con los fondos necesarios para continuar en los próximos años”. ¡Lástima!

La “Tierra de Ana” es una fábula ambiental protagonizada por la joven Ana que está muy preocupada por como será nuestro Planeta, desde el punto de vista del medio ambiente, dentro de 70 años. A través de un ingenioso “diálogo intergeneracional”, Ana sueña que está con su propia bisnieta que se llama Nova y que vive allá por el año 2082. El contraste entre la situación actual y la futura –que, en sus sueños, describe con negras pinceladas- le llevará a buscar con su amigo Jonás nuevas soluciones para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, a reducir el desproporcionado consumo del petróleo, a frenar la desforestación, etc.

En la rueda de prensa que Jostein GAARDER ha dado con motivo de la publicación de este nuevo libro, desvela, pese a su preocupación por el medio ambiente, su visión optimista. A la pregunta de un periodista: “¿cree que la humanidad será capaz de detener la destrucción del planeta?”, nuestro autor responde: “Ser pesimista es una actitud inmoral. Ser optimista es luchar contra todos los obstáculos. Yo soy optimista, creo que es posible construir una sociedad más sana”. Como saben mis lectores, comparto plenamente esta opinión.

GAARDER se muestra muy crítico con nuestra sociedad y sus gobernantes por la falta de compromiso (basta ver los decepcionantes resultados de la “Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático” (COP19), celebrada, recientemente, en Varsovia) ante el daño que se está causando a nuestro Planeta. Deben de tomarse medidas urgentes y todos debemos sensibilizarnos para ello antes de que sea tarde. Con su fábula ambiental, aderezada –como en sus anteriores obras- de misterio y de optimismo, Jostein nos da algunas pautas de cómo impedir un mundo tan lógebro y empobrecido como el que describe la joven Nova a finales del siglo XXI. En todo caso, confiamos con el autor, que sólo se trate de un mal sueño. Y si la “Tierra de Ana” lo leen muchos jóvenes será, sin duda, una inmejorable inversión de sostenibilidad hacia el futuro.

La sentencia del Prestige (y III): algunas lecciones y avisos para navegantes.

Escrito por Javier Sanz
20 de noviembre de 2013 a las 13:49h

En la señalada mañana del 13 de noviembre, el peso de la justicia recayó, por fin pero levemente, sobre el célebre Capitán del Prestige, Apostolos Ioannis MANGOURAS, cuando el Magistrado PÍA IGLESIAS, leyó la fundamentación de su condena por el delito de desobediencia (ex. art. 556 del Código Penal) por el que se le había acusado. Durante alrededor de tres horas –aparece probado- rechazó las órdenes de las autoridades marítimas españolas  que le exigían aceptar el remolque. Una actitud inaceptable en un contexto tan grave de emergencia pero una clara prueba de cómo se supedita el salvamento marítimo a los intereses económicos en juego. Una desobediencia “frontal, fría y maliciosa”. Y pese a todo, el Tribunal afirma del Capitán que “demostró en el transcurso de estos hechos un valor y resistencia muy alejadas de un casi veletudinario y adoptó decisiones o desobedeció frontalmente órdenes perentorias con una entereza y lucidez más que notables…”.

Y hasta aquí, una sentencia hecha pública justo once años de producirse el hecho que se enjuicia, tras nueve años de instrucción –por seis jueces diferentes, todos ellos titulares del Juzgado nº 1 de Corcubión-, y transcurridos nueve meses de juicio oral, con más de 400 horas de duración, a lo largo de 89 sesiones, con más de 200 declaraciones de testigos y peritos, a cuya causa se había personado cerca de 1.500 perjudicados (agrupados en 55 acusaciones), asistidos por 70 letrados y representados por 27 procuradores, entre ellos el Estado francés y ocho municipios galos. Con un sumario que ha superado la cifra record de los 300.000 folios.

Transcurrida una semana desde la publicación de la sentencia, que ha sido objeto de generalizada -e incluso despiadada- crítica en la mayoría de los medios de comunicación, por encima de las injustas e inoportunas lecturas políticas que se han vertido sobre ella, deseo formular brevemente algunas ideas que, desde el punto de vista jurídico, me suscita. Desde luego que no se puede achacar al Tribunal el haber avalado la impunidad de los responsables de la catástrofe del Prestige. Lo único que dice es que no considera responsables penalmente a los acusados (salvo la condena al Capitán por delito de desobediencia), pero eso no empece a que puedan ser, en el futuro,  declarados responsables civil o administrativamente.

Muchos profesionales del Derecho han declarado estos días que la vía judicial penal en nuestro país no ha sido la más oportuna para depurar las responsabilidades jurídicas del caso y, menos aún, cuando es objeto de instrumentación política. No obstante, con posterioridad a 2002, se han producido importantes reformas en el Código Penal que hoy permitirían condenar por delito ecológico a las personas juridicas (art. 327) y exigir a los responsables de este delito, junto al castigo punitivo, la adopción de medidas de restauración del equilibrio ecológico perturbado (art. 339). En todo caso, si en un caso similar como el Prestige existieran indicios de delito, el Poder Judicial debería poner a disposición de los instructores y juzgadores medios proporcionados, e incluso, nombrar un juez o tribunal “ad hoc” que se hiciera cargo del mismo, con rapidez y eficacia. La justicia tardía es un verdadera injusticia.

Volvemos a insistir en que la sentencia de la Audiencia Provincial que comentamos ha rechazado la responsabilidad penal de los acusados, pero persiste intacta la responsabilidad derivada del “Convenio Internacional de responsabilidad civil por contaminación del mar por hidrocarburos” (conocido por las siglas CLC) que recae sobre el propietario del buque, una responsabilidad objetiva y limitada (los aproximadamente 25 millones de euros que depositó tras el accidente la aseguradora británica del Prestige). Una cantidad que, sin duda, es muy insuficiente para cubrir los daños económicos producidos por el accidente (más de 1.200 millones, según la Fiscalía), a la que hay que sumar la que aporta complementariamente, en estos casos, el FIDAC (Fondo internacional de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos) hasta llegar a un total de 180 millones de euros. Tuvo que suceder el Prestige para que a los responsables del FIDAC no se les cayera la cara de vergüenza y se vieran en la obligación de elevar su cuantía a más de 1.000 millones de euros.          

En cuanto a las indemnizaciones por los daños económicos de la catástrofe es justo recordar aquí que el Gobierno español articuló, en virtud de unas normas excepcionales (los Reales Decretos-Leyes 4/2003 y 4/2004), un procedimiento para anticipar a los afectados el pago de las mismas (a quienes lo justificaron). Un sistema de reparación anticipada, a mi juicio muy acertada (eso sí, cuando estabamos en plena bonanza de la economía española) a la que se acogieron unas 27.000 personas, lo cual supone cerca del 80% de los afectados por la catástrofe. Sin embargo, ni el CLC, ni el FIDAC, ni estos ingeniosos y benéficos anticipos han contemplado los daños ecológicos puros (o valor contingente) que investigadores de la Universidad de Santiago llegaron a concretar con extraordinaria precisión. Así, por ejemplo, más de 1.000 millones de euros es el valor del daño moral que nos inflingió la catástrofe del Prestige a los gallegos.

Un capítulo aparte es la intervención de la clasificadora del Prestige, la norteamericana “ABS”, contra la que el Gobierno español promovió una demanda civil por más de 1.000 millones de dólares ante los Tribunales de los Estados Unidos, que fue rechazada –en primera y en segunda instancia- por entender que no se había probado la “negligencia consciente” de la citada empresa en las inspecciones –presuntamente irregulares- efectuadas sobre el buque Prestige a lo largo de su singladura. Era muy dificil lograr un triunfo judicial contra la poderosa empresa en su propio terreno. Se intentó y costó mucho dinero. Pero estoy convencido de que de haber ganado el Reino de España hubiera sido diferente la sentencia que comentamos.

¿Qué decir de la actuación de la Administración General del Estado en la gestión de la crisis del Prestige? Sin reconocer la responsabilidad penal del Ex-Director General de la Marina Mercante, la sentencia leída por el Magistrado PÍA IGLESIAS afirma que “se aplicó el plan de emergencia, aunque el número de miembros fue superior al previsto y no se constituyó formalmente en comité técnico asesor, lo cual puede criticarse como falta de rigor en la gestión administrativa y formal de la crisis…”. Y quizá, por este motivo, no me cabe duda de que alguna representación de los afectados intentará promover el procedimiento para suscitar la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública por funcionamiento –normal o anormal- de los servicios públicos.

Una vez más, a fuerza de ser un verdadero pesado -al calor de la sentencia que tantas reacciones adversas ha suscitado- debo recordar que, pese a los repetidos anuncios gubernamentales y que, por Real Decreto 1695/2012, se aprobó el “Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina”, todavía está vigente el viejo “Plan Nacional de Contingencias por contaminación Marina” de 2001 que, a mi modesto juicio, no funcionó muy bien cuando la crisis del Prestige. Por favor, ¡apruébese el nuevo “Plan Nacional” antes de que ocurra otro accidente de semejante magnitud catastrófica! Y, es que estoy plenamente convencido de que para la seguridad marítima que precisa nuestra delicada y valiosa costa gallega (y de la del resto del mundo) lo más importante son las medidas preventivas (no sólo las represivas) como la del citado Plan. Un necesario y urgente Plan que comprendería, como no, la repetida solución de acogida de los buques necesitados de asistencia en los famosos “lugares de refugio”. No obstante, la Ley de Puertos y de la Marina Mercante, profundamente reformada en 2011, sigue atribuyendo al Director General de la Marina Mercante la decisión de acogerlos o no en dichos lugares (art. 299,2), aunque nada dice del alejamiento. En cualquier caso, lo que la ciudadanía no entendería es que, ante un nuevo accidente, el sistema y plan de respuesta no funcionara con normalidad y, de ser posible, con eficacia.

Tengo que finalizar ya este largo comentario que, acertado o no, procede de mi dedicación universitaria sobre el tema en los últimos años y como entusiasta usuario de la costa. Confiando en que la tozuda repetición de accidentes graves en Galicia rompa su trágica cadencia y esperando que las autoridades competentes no olviden que otro Prestige puede suceder y prevean las medidas oportunas, si la catástrofe se repite –¡Dios no lo quiera!- que aprendamos de los errores cometidos y hagamos votos para que el desgraciado buque sea propiedad de la Exxon, de Total, de BP o de Repsol.