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Cerrar el círculo de la economía circular

Escrito por Javier Sanz
20 de enero de 2016 a las 2:10h

vNwJh4Suouh1ADQdru43qcQYm5mYACOUpsNo se trata de un juego de palabras sino el título del nuevo “plan de acción” que la Comisión Europea acaba de aprobar a finales del año pasado con el objetivo de poner en marcha un nuevo modelo de economía, la llamada “economía circular”. Si recuerdan mis lectores, a finales del año pasado, nos hicimos eco de la alarma difundida por influyentes ambientalistas de toda Europa ante la posible retirada por parte de la nueva Comisión Europea (presidida por JUNCKER) de un programa sobre promoción de la “economía circular” en el paquete de medidas de política ambiental comunitaria que había sido presentado por el anterior Comisario de Medio Ambiente (Janez Potočnik). Felizmente, parece que tal vigorosa y pronta reacción ha dado sus frutos con la presentación por la actual Comisión Europea, como decíamos, del “plan de acción de la Unión Europea para la economía circular”.

En cuanto al concepto y características de la “economía circular” nos remitimos a lo ya dicho en nuestra anterior colaboración pero, no obstante, es bueno recordar aquí la inestimable labor de difusión que sobre esta idea viene realizando la “Ellen Macarthur Foundation” (sustentada por muy importantes “sponsors” como “Cisco”, “Google”, “Philips”, etc.). Encuadrada en una de las siete iniciativas emblemáticas de la “Estrategia Europa 2020” (para un “crecimiento inteligente, sostenible e integrador”), en particular, la relativa a la definida como “una Europa que utilice eficazmente los recursos”, la “nueva estrategia económica” pretende sustituir el periclitado modelo de “economía lineal” (extracción, fabricación, utilización y eliminación; es decir: “coge, fabrica y tira”) por un nuevo modelo de sociedad implicada en utilizar y optimizar los stocks y flujos de materiales, energía y residuos desde la perspectiva de la eficiencia del uso de los recursos. Además, esta nueva dirección económica ha de impulsar la competitividad de la Unión Europea y debe crear muchos puestos de trabajo, así como mayores oportunidades para la integración y cohesión social.Ellen-MacArthur-Foundation

Como se expresa en la introducción del citado “plan”, “la transición a una economía más circular, en la cual el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, y en la que se reduzca al mínimo la generación de residuos, constituye una contribución esencial a los esfuerzos de la Unión Europea encaminados a lograr una economía sostenible, hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos y competitiva”. Para tal fin, el plan contempla una serie de medidas clave como las orientadas a reducir el insultante despilfarro de alimentos, para el fomentar el “diseño ecológico” –que, a su vez, promueven la “reparabilidad”, “durabilidad” y “reciclabilidad” de los productos, además de la eficiencia energética-, para el reconocimiento de los “abonos orgánicos” y los “bionutrientes”, para abordar los problemas de “reciclabilidad”, “biodegradabilidad” y presencia de sustancias peligrosas en los plásticos (que reduzcan significativamente los residuos marinos), para regular la reutilización de las aguas residuales, etc. Y, todo ello, con una generosa financiación de más de 6.000 millones de euros con cargo a los Fondos estructurales y al programa de investigación “Horizonte 2020”.

En dicho conjunto de medidas resulta especialmente relevante la revisión de la legislación de residuos con un elenco de objetivos comunes de cara al año 2030 como los del reciclado del 65% de los residuos municipales y del 75% para los residuos de envases, o el de la reducción de la eliminación en vertederos a un máximo del 10% de todos los residuos, y la aprobación de una serie de incentivos económicos para comercialización de productos más ecológicos y para la recuperación y reciclado. Pese a todo, tales previsiones no han escapado de los críticas de algunos grupos ecologistas como “Amigos de la Tierra” que esperaban unos objetivos más ambiciosos (por ejemplo, el 70% de reciclaje y preparación para la reutilización para el año 2030 o el 30% de la reducción del desperdicio alimentario).

economia_circularDesde luego que las previsiones recogidas en el plan son impresionantes: la evitación de residuos, el diseño ecológico, la reutilización y medidas similares podrían aportar a las empresas de la UE un ahorro neto de 600 000 millones de euros, o el 8 % del volumen de negocios anual, reduciendo al mismo tiempo las emisiones anuales totales de gases de efecto invernadero en un 2-4 %. Y, si no he entendido mal la filosofía de la “economía circular”, una de sus consecuencias es la de acabar con la insostenible práctica de la “obsolescencia programada” (ya controlada, en parte, en Francia).

Está claro que la “economía circular” está llamada a tener un gran protagonismo en el futuro del Planeta con una acelerado consumo de recursos naturales, cada vez más escasos. De hecho, muchos de los presupuestos de esta economía se están aplicando ya en muchos países de Europa (Alemania, Reino Unido, Holanda y Francia), vinculados a la política de los residuos. Es sabido que la República Popular de China cuenta desde el año 2008 con una “Ley de Economía Circular” aunque todavía con muchas dificultades para tener una aplicación efectiva. Y, en España, el recientemente aprobado “Plan Estatal sobre el Marco de Gestión de Residuos” (PEMAR: 2016-2022) trata de incorporar el nuevo paradigma económico.Screen-Shot-2016-01-19-at-12.55.58

Nos parece muy atractivo esta nueva política económica. Los beneficios son evidentes como trata de demostrar el reciente informe sobre “Circular Economy in Europe” que acaba de publicar la Agencia Europea de Medio Ambiente. Como dice el prestigioso economista catalán, Joan MARTÍNEZ ALIER: “¿Quién podría estar en contra?”. Pero este autor se muestra un tanto escéptico la nueva moda. Citando a otro autor (Jesús RAMOS MARTÍN) se refiere a la “ilusión de la economía circular” en virtud de la cual parecería que el crecimiento puede continuar de manera ilimitada “pues reciclaremos los residuos y los convertiremos en nuevos recursos”; pero aparece una paradoja (la “paradoja de JEVONS”): “la mayor eficiencia abarata el coste y por tanto puede llevar a un mayor uso”. Además, según el citado profesor de economía ecológica los datos actuales sobre el uso mundial de materiales dejan mucho que desear: “lo que se recicla actualmente en el mundo no es más que el 6% de los materiales extraídos”, y, por lo tanto, “estamos lejísimos de una economía circular”.

Quizá nos encontremos ante una “cuadratura del circulo” de la economía circular, pero algo me dice este nuevo planteamiento es la única forma de alejarse del fantasma de un futura crisis global de los recursos naturales, tal como predicen algunos futurólogos. La Unión Europea está apostando fuerte por esta iniciativa y no vamos mas que alentar, cuantas veces sea preciso, tan apasionante reto.

La Transcantábrica está que arde o los retos del sector forestal español

Escrito por Javier Sanz
2 de enero de 2016 a las 1:41h

efe_20151228_185902471Con motivo de una viaje familiar que he realizado estos días desde Galicia hasta el Pais Vasco y Navarra, he tenido la oportunidad de comprobar con asombro las inusuales temperaturas (por llamativamente templadas) a lo largo de todo el litoral cantábrico, así como la triste lacra de los incendios forestales que están asolando la cordillera Transcantábrica. Más de 3.000 hectáreas han ardido en lo que va de invierno.

Como señalan los expertos, no es excepcional que proliferen los incendios de Asturias y Cantabria en la temporada de invierno-primavera. Pero lo cierto es que este año se han dado unas excepcionales condiciones más propicias para el fuego: altas temperaturas, combustibles secos, baja humedad, vientos fuertes, ausencia prologada de lluvias… Y, además, se están produciendo incendios de grandes dimensiones que afectan a arbolado autóctono y a ciertos espacios de gran valor ecológico. Según un especialista en temas forestales, se trata de uno de los más graves episodios de los últimos 25 años. Algo tendrá que ver con todo ello el fenómeno del “niño” y, quien sabe, con el calentamiento global.

Como siempre, no basta lamentarse ante tan recurrente fenómeno en el que interviene la mano (negra) del hombre pues, se sabe que, muchos de ellos son intencionados, lo cual no quiere decir que sean provocados por los pirómanos (esos seres humanos enfermos, afectados un trastorno psicológico del control de sus impulsos). Y, como tiene causas fundamentalmente antrópicas hay que diseñar estrategias preventivas y de minimización lo más efectivas posibles.OPAM2015

Leyendo hace unos días la colaboración de la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, Blanca RODRÍGUEZ-CHAVES sobre la “gestión sostenible de los montes” –publicado en la nueva edición del Observatorio de Políticas Ambientales de 2015, coordinado por el Profesor Fernando LÓPEZ RAMÓN, en el que tengo el honor de participar- quedan muy claros los grandes retos que tiene por delante el sector forestal español, que se puede resumir en la siguiente frase: “la planificación y ordenación de los terrenos forestales desde una visión global del monte que garantice el necesario equilibrio entre los criterios económicos, sociales y medioambientales”. Teniendo en cuenta que un alto porcentaje de la superficie forestal en España es privada (cerca del 70%), no se disponen para esta realidad instrumentos de ordenación apropiados y el resultado, es como señala, la citada autora, en muchos lugares, “ausencia total de gestión y abandono”.

La referida visión global e integrada en la lucha contra los incendios forestales aparece reflejada en una valiosa propuesta, publicada en abril de 2012 y promovida por la Asociación de Profesionales Forestales de España (PROFOR) y la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), bajo el título “Propuesta para una nueva política de incendios forestales en la cornisa cantábrica”.

Por tal motivo, estoy de acuerdo que es imprescindible vincular la política forestal con un adecuado desarrollo rural. En esta dirección se sitúa la aprobación del “Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal” (2014-2020) en el marco de la nueva Política Agraria Común (PAC) y financiada por los fondos del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Un montón de medidas para la revitalización e impulso del sector forestal que pasa principalmente por la “diversificación de la actividad económica en los municipios rurales, mejorando así las condiciones de vida de sus habitantes y, en particular, los vinculados más directamente con la actividad forestal”. Medidas que han de propiciar la futura revisión del vigente Plan Forestal Español.

informe¿Cómo ha colaborado hasta el momento a este cambio de modelo la reciente reforma de la Ley de Montes (operada por la Ley 21/2015, de 20 de julio) es, sin duda, prematuro dar una opinión fundamentada? Consciente de las críticas que ha merecido tal reforma, lo cierto es que se han dado algunos pasos, a mi juicio, en la buena dirección –ya ensayadas previamente por la normativa forestal de las Comunidades Autónomas (Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Navarra y el País Vasco)- como la ampliación del concepto de monte o su consideración como “infraestructuras verdes para mejorar el capital natural y su consideración en la mitigación del cambio climático”, la simplificación de los instrumentos de ordenación y gestión forestal, el fomento de las agrupaciones de propietarios forestales, la potenciación de la certificación forestal, la dinamización del aprovechamiento de la biomasa forestal como fuente de energía, etc. Por el contrario, me parece criticable la previsión legal de una excepción a la prohibición de cambio de uso forestal cuando se ha producido un incendio forestal (véase su artículo 50,1).

Si siempre, al hablar de los incendios forestales, me he referido a la importancia de las medidas preventivas -aunque sin olvidar, por supuesto, cuando proceden, las necesarias medidas represivas (administrativas y penales)- estoy convencido que la mejor manera de luchar contra esta tragedia recurrente es poner la bases de una buena política de ordenación del territorio, urbanística y de desarrollo rural, perfectamente coordinadas con la medidas de ordenación y planificación forestal. Para este fin, el Estado puede marcar pautas y proporcionar medios, pero son las Comunidades Autónomas las que asumen, por sus competencias, una mayor responsabilidad y protagonismo. Se trata de medidas que verán sus frutos a medio o largo plazo pero que merecen ser aplicadas con generosidad y altura de miras.

Espero que ahora, a comienzos de un nuevo año, en que todos formulamos nuestros buenos propósitos, no caigan en saco roto las más valiosas propuestas de los expertos y profesionales en estas materias.  Por cierto, aprovecho para desearos a todos un ¡Muy Feliz 2016!

El “Acuerdo de París” sobre cambio climático: un motivo para la esperanza

Escrito por Javier Sanz
15 de diciembre de 2015 a las 11:32h

afp_20151212_184011653Sobre las 19,30 hs. del pasado sábado, 12 de diciembre, en el Centro de Convenciones de París-Le Bourget, concluyó la Cumbre sobre el Cambio Climático (también conocida por las siglas “COP21”), organizada por Naciones Unidas, tras diez días de agotadoras negociaciones para consensuar el texto definitivo del “Acuerdo de París”. ¿Acuerdo histórico? ¿Final de la “edad de las energías fósiles”? ¿Nacimiento de la “sociedad descarbonizada”? ¿Insuficiente? ¿Farsa? Todas estas expresiones se han utilizado para calificar en estos días el resultado de la Cumbre tras su finalización.

Incluso habiendo seguido este histórico evento a través de internet, debo confesar que fui contagiado por la emoción de los centenares de representantes de los 195 países que concurrieron a la Cumbre cuando, durante más de dos minutos, aplaudieron entusiasmados el resultado obtenido y, en particular, al presidente de la COP21, el francés Laurent FABIUS y su equipo negociador de alto nivel. Qué lejos queda el fracaso de la Cumbre celebrada en Copenhague en 2009 y quizá, ante el temor otro fiasco, los responsables de la Cumbre tenían claro que, esta vez, no podían fallar.

Si se revisa el documento de 40 páginas, resultado del trabajo de la Cumbre, con su primera parte programática y la segunda con el dispositivo “Acuerdo de París” (vinculante para las Partes una vez que lo ratifiquen o aprueben y entre en vigor), cabe encontrar muchas indeterminaciones e inconcreciones sobre la aplicación de las diferentes medidas -de mitigación, de adaptación, de financiación, de cooperación…- que han de adoptarse, antes y después del 2020, para lograr el objetivo fundamental “mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de 2º C con respecto a los niveles preindustriales”. Algunos grupos ecologistas y expertos han incidido en esta crítica y no les falta parte de razón, pero, a mi juicio, el motivo de esperanza que nos abre el “Acuerdo de Paris” es que se trata de un compromiso, mejorable sin duda, que implica a todos los países del mundo sin excepción, por primera vez en la historia.0b3ed2351e92e169-07600

En un complejísimo “encaje de bolillos” la hábil diplomacia francesa ha sido capaz de convencer a todos para el consenso, desde los “países desarrollados” a los “países en desarrollo”, pasando por los “países menos adelantados” y los “pequeños Estados insulares”. Conscientes todos ellos de que, como señala la parte programática del Acuerdo: “el cambio climático representa una amenaza apremiante y con efectos potencialmente irreversibles para las sociedades humanas y el planeta y, por lo tanto, exige la cooperación más amplia posible e todos los países y su participación en una respuesta internacional efectiva y apropiada…”. Quizá, como nunca se había dado en las negociaciones internacionales sobre el clima, había en el ambiente un clamor (incluida la insistente llamada del Papa Francisco), una favorable predisposición para llegar al Acuerdo.

¿Bastará el Acuerdo para frenar las amenazas del calentamiento global? Es posible que no sea del todo suficiente y que requiera una profunda revisión en el futuro, pero en el éxito del Acuerdo (dicho sea sin triunfalismos) han contribuido los mayores emisores de CO2, China y Estados Unidos, lo cual marca la diferencia con los intentos anteriores. No obstante, sobre estos países se abren inmensos desafíos como el de aplicar con efectividad en la República Popular de China la exigente normativa ambiental que demandan los ciudadanos en sus grandes y polucionadas ciudades; o la de vencer en Norteamérica las enormes reticencias de los republicanos ante las medidas de mitigación de las emisiones. También son colosales los retos a los que se enfrentan los países petroleros ante medidas que puedan comprometer sus recursos, salvo que se desarrollen tecnologías de secuestro de CO2.

afp_20151130_170136711Es la hora de actuar por parte de los Estados y, en especial, de los “desarrollados”. De actuar con solidaridad y equidad, y bajo el “principio de las responsabilidades comunes y diferenciadas” y en virtud de las “capacidades respectivas”. Pero, también es, quizás, una llamada urgente a nosotros los ciudadanos, para que adoptemos –tal como se recoge al comienzo del Acuerdo- “estilos de vida y pautas de consumo y producción sostenibles”.

El reto inaplazable de la movilidad urbana sostenible

Escrito por Javier Sanz
8 de diciembre de 2015 a las 12:37h

229_vest_evropska-nedjelja-mobilnostiMientras seguimos muy atentos las negociaciones de la Cumbre del Cambio Climático en Paris están siendo centro de atención informativa los graves sucesos de alerta de contaminación atmosférica que acontecen en puntos tan distantes como las capitales de España y de la República Popular China. En efecto, desde hace varias semanas se debate en nuestro País la eficacia de las medidas promovidas por la Alcaldía de Madrid para reducir los altos niveles de dióxido de nitrógeno, por efecto de la inversión térmica, con restricciones en el tráfico (reducción del límite de velocidad para circular por la M-30 y prohibición de aparcar en el centro de la capital). Y, de otra parte, en esta semana, Pekín ha declarado por primera vez la alerta roja por contaminación, la más alta posible y con el mayor registro del año (con 274 microgramos de partículas de diámetro inferior a las 2,5 micras por metro cúbico de aire, diez veces superior a lo recomendado por la OMS), que ha obligado a sus autoridades a adoptar medidas drásticas como, entre otras, el cierre temporal de las escuelas y la reducción a la mitad del tráfico rodado.

También en estos días se ha hecho público el Informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente titulado “Calidad del aire en Europa.- Informe de 2015” según el cual, la contaminación atmosférica constituye el mayor riesgo medioambiental individual para la salud y sigue siendo responsable de más de 430.000 muertes prematuras en toda Europa. Se afirma también que los contaminantes que más afectan a la salud humana son las partículas en suspensión, el ozono troposférico y el dióxido de nitrógeno. Y no se nos escapa que la mayor parte de estos peligrosos contaminantes proceden de la combustión de los vehículos de motor.AEMA

Son muchas y muy variadas las medidas que están aplicando las grandes capitales del mundo como la “tasa de congestión” que exige el Ayuntamiento de Londres para acceder en coche al centro de la ciudad, a la “Zona de Peaje” (“Congestion Charge Zone”); la prohibición de entrada de los coches 4X4, diésel antiguos o grandes camiones al centro de París; o la necesidad de tener una “placa identificativa ambiental” para acceder en coche a las zonas verdes (“umweltzone”) de las grandes ciudades de Alemania; y un largo etcétera. En este sentido, es oportunísimo que estos días de la Cumbre de Paris se haya celebrado una Jornada sobre transporte y movilidad sostenible, presidida por Ségoléne ROYAL, Ministra francesa de Ecología, Desarrollo y Energía.

Ya hemos defendido aquí con anterioridad las iniciativas de “ciudad sin coches” o “ciudades para los peatones y para los ciclistas”. También estamos convencidos de que el futuro de la automoción pasará por la implantación de los vehículos eléctricos y autónomos. Se trata, sin duda, de un problema creciente en las grandes ciudades y conurbaciones urbanas –donde se emite el 80% del CO2- pero, como ha dicho recientemente el economista británico Nicholas STERN: “El futuro del Planeta nos lo jugamos en las ciudades”. Pero, mientras no se produce el cambio de paradigma en la utilización (reducción o eliminación) de los combustibles fósiles en los transportes, la solución pasa ineludiblemente por la aplicación de efectivas medidas de “movilidad -o mejor, de accesibilidad- urbana sostenible”.

Hace más de dos decenios en que la “Carta de Ciudades Europeas hacia la sostenibilidad” (también conocida como “Carta de Aalborg”) proclamaba: “Nosotras, ciudades, debemos esforzarnos por mejorar la accesibilidad y por mantener el bienestar y los modos de vida urbanos a la vez que reducimos el transporte”. Y, a partir, de aquí han sido muy numerosas las iniciativas sobre “movilidad sostenible” como el Libro Verde de la Comisión EuropeaHacia una nueva cultura de la movilidad urbana de 2007 y su correspondiente “Plan de Acción” de 2009.

9788437074184En España entre las iniciativas en esta materia destaca la pionera –en Europa- Ley 9/2003, de Movilidad de Cataluña y, más recientemente, también en ámbito de las Comunidades subrayamos la Ley 6/2011, de 1 de abril, de movilidad de la Comunidad Valenciana que ha merecido una valiosa y cuidada publicación, editada por los Profesores Andrés BOIX PALOP y Reyes MARZAL RAGA, colegas de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, que lleva por título: Ciudad y Movilidad. La regulación de la movilidad urbana sostenible (Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2014). Se trata de una oportuna obra y una temática que, como dicen sus editores en el prólogo, “obliga a una reflexión sobre cómo habría de ordenarse e incentivarse el modo en que nos movemos en nuestras ciudades a efectos de mejorar la calidad de vida de todos y, adicionalmente, fomentar una mayor igualdad de oportunidades para el desarrollo personal de quienes vivimos en ellas”. En la Comunidad Valenciana se alberga además uno de los más importantes observatorios de movilidad urbana, el Observatorio de Movilidad Metropolitana.

A nivel de la Administración General del Estado la preocupación por la movilidad se puso de manifiesto con la publicación en 2009 de la “Estrategia Española de Movilidad Sostenible” -promovida conjuntamente por los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino- proponiendo una batería de medidas en áreas prioritarias de actuación (infraestructuras de transporte, energía, calidad del aire y del ruido, seguridad y salud, etc.). Posteriormente la Ley 2/2011 de “Economía Sostenible” introdujo los “Planes de Movilidad Urbana Sostenible” a nivel autonómico, supralocal y local. (arts. 99 a 106). Desde hace poco se vincula la concesión de subvenciones por los Presupuestos General del Estado a las Entidades locales por servicios de transportes colectivos a la aprobación de planes de movilidad sostenible. Y, entre las primeras iniciativas locales no puede faltar la referencia al “Plan de Movilidad Sostenible y del Espacio Público” de Vitoria-Gasteiz en 2007.muevete

Por supuesto que no basta con la mera aprobación de estrategias y planes de movilidad urbana sostenible que, muchas veces, son brindis al sol. Una verdadera estrategia de movilidad supone la implicación de todas las Administraciones que tienen competencias sobre el territorio (ordenación del territorio, urbanismo, infraestructuras, vivienda, áreas comerciales, etc.), un considerable esfuerzo de colaboración interadministrativa, una adecuada coordinación de los planes con proyección sobre el territorio, y, ante todo, una real implicación de la ciudadanía en la aplicación de las medidas que, en ocasiones, no son muy populares pero necesarias en caso de emergencia. Y, todavía, más al fondo, la clave está, a mi juicio, en la promoción de una cultura y una educación de la movilidad sostenible (por ejemplo, frente al generalizado individualismo –yo el primero- del uso del vehículo particular), en la difusión del “coche compartido”, en la afición por los transportes públicos (que funcione bien), en un saludable uso de la bicicleta (cuando se prevén sendas seguras). Y, todo esto no se improvisa con una estrategia o un plan. Aunque por las noticias que encabezan este comentario, la implantación de la movilidad urbana es “cuestión de vida o muerte”, al menos en las grandes urbes, ¿A qué esperamos?

Cumbre de Derecho Ambiental en A Coruña: hay un espléndido futuro.

Escrito por Javier Sanz
22 de noviembre de 2015 a las 18:24h

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Acabamos de concluir en el espectacular Paraninfo de la Universidad de A Coruña el Congreso sobre “El Derecho Ambiental para una Economía Verde. Ha sido un Congreso científico “con todas las de la ley” (nunca mejor dicho) pero, ante todo, una reunión de los colegas-amigos de la que suelo llamar “familia ius-ambientalista”. Había “mono” de tener una reunión como esta después de una prolongada “sequía” desde el último Congreso Nacional de Derecho Ambiental (el VII) celebrado en 2009 en Tarragona, organizado por la Asociación de Derecho Ambiental Español (ADAME) y uno de los más dinámicos y destacados institutos universitarios para el estudio y la investigación del Derecho Ambiental en nuestro país (el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de la Universidad Rovira i Virgili de la capital tarraconense).

Como he dicho había “mono” de volver a vernos y hablar de nuestra pasión que es el Derecho Ambiental y lo cierto es que, una vez más, se ha producido la “magia” y la “emoción” de los debates entre nosotros y con los expertos invitados pertenecientes a Administraciones públicas ambientales (desde el escalón local hasta la Comisión Europea), de varias organizaciones ambientalistas y de otros sectores de la actividad económica y empresarial. En un ambiente atomosférico extraordinariamente benigno para estas fechas del año en Galicia, nos hemos congregado más de cuarenta especialistas en Derecho Ambiental y en economía verde venidos de los más diversos puntos de España y de algunos países de la Unión Europea. Investigadores de más de veinte Universidades.1447902353438_860_1000_U_8566d68261dcb8556b1811dd7942e8e5

A esta cita no han faltado algunos de los más destacados miembros de la “primera generación” (o pioneros)  de la “familia ius-ambientalista” como el Profesor Fernando LÓPEZ RAMÓN, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y Coordinador del “Observatorio de Políticas Ambientales” que, cada año (desde 1996), viene publicando unos completos, críticos y enjudiosos informes sobre el estado de la cuestión de la política y el derecho ambiental en España y fuera de España. También hemos contado con un miembro insustituible de la “primera generación”, mi también buen amigo el abogado ecologista José Manuel MARRACO, incansable luchador, con una inmensa experiencia práctica que sabe hacer valer con indiscutible autoridad y viveza en todos los debates en los que interviene.

De la “segunda generación” de ius-ambientalistas hemos contando nada menos que con la siempre sugerente y esperada intervención del Profesor Jesús JORDANO FRAGA -que a nadie deja indiferente-, así como otros grandísimos expertos como los profesores Agustín GARCÍA URETA, José Francisco ALENZA GARCÍA, René SANTAMARÍA ARINAS, Dionisio FERNÁNDEZ DE GATTA, Susana GALERA, Íñigo SANZ RUBIALES, José Antonio y Martín RÁZQUIN LIZARRAGA, Gabriel DOMENECH PASCUAL… Igualmente ha sido un lujo contar con la participación del abogado valenciano Javier SERRANO, figura imprescindible en la organización de todos los Congresos Nacionales de Derecho Ambiental celebrados hasta el momento. Indudablemente que no estuvieron “todos los que son” (en España) pero “todos los que estuvieron son” de los mejores.

12 - 1 (2)Para mí, lo que más me ha impresionado del Congreso es el entusiamo y el trabajo desarrollado por los verdaderos protagonistas del mismo, los jóvenes investigadores pertenencientes a la “tercera generación del Derecho Ambiental” (que empiezan a brillar en este siglo XXI). Bajo la excepcional coordinación general del Profesor Juan José PERNAS GARCÍA, compañero de mi Universidad de A Coruña, se han elaborado desde hace varios meses en el marco de la Red Mercado y Medio Ambiente (ECOVER) los Informes específicos que han liderado, a su vez, las profesoras Lucía CASADO (Universidad Rovira i Virgili), Blanca SORO (Universidad de Murcia), Alba NOGUEIRA (Universidad de Santiago), Manuela MORA (Universidad de Huelva) y el profesor Ángel RUÍZ DE APODACA (Universidad de Navarra). Informes muy seriamente trabajados por un nutrido grupo de investigadores (que es imposible citar aquí) que, con las aportaciones del debate desarrollado en el Congreso, serán publicados durante el primer trimestre del años próximo 2016. Podemos estar muy orgullosos de estos juristas ambientalistas españoles, del altísimo nivel de esta nueva generación de expertos. Lo cual me lleva a afirmar que hay un gran presente y un muy prometedor futuro en la lucha jurídica por la protección de nuestro ambiente, tomando con fuerza el testigo que nos han dejado juristas tan excepcionales como el Profesor Ramón MARTÍN MATEO (“padre del Derecho Ambiental español”) y el Profesor Demetrio LOPERENA, ambos fallecidos hace pocos años y recordados durante la inauguración del Congreso.

El broche de oro del Congreso lo ha puesto la conferencia de clausura del Profesor belga Nicolás de SADELEER, uno de los más prestigiosos especialistas de Derecho Ambiental de Europa, cuyo reciente libro sobre “EU Environmental Law and The Internal Market” (publicado en 2014 por la editorial de la Universidad de Oxford) ha servido de inspiración para el trabajo colectivo presentado en el Congreso de estos días.12 - 1

A la espera de la magna Cumbre de Paris sobre el cambio climático –que tendrá lugar entre los próximos días 30 de noviembre a 11 de diciembre-, en la que hay mucha expectativas puestas en todo el mundo para abordar con decisión política la lucha contra el calentamiento global, los temas tratados en esta nuestra –y más modesta- “Cumbre de A Coruña” han versado sobre la aplicación de los instrumentos de protección ambiental en nuestro país, desde los más tradicionales procedimientos de evaluación de impacto ambiental hasta los más novedosos como la “custodia del territorio” y los “bancos de naturaleza”. Claramente se observa un retroceso en la efectividad de muchos de los mecanismos legalmente establecidos y en virtud de las medidas que, bajo la excusa de la crisis económica (y por la “necesidad” de promover el desarrollo económico), están relajando la aplicación de algunos de ellos.

Amparados en el principio de “no regresión ambiental” -que debe orientar ese “Estado Ambiental de Derecho” que muchos defendemos-, los trabajos expuestos en el Congreso además de proceder a una aguda crítica de los retrocesos observados y de las amenazas abiertas hacia el futuro, propugnan de forma razonada y valiente los argumentos jurídicos que han de evitar la degradación del grupo normativo ambiental vigente.

12 - 1 (1)Ilustrados en el Congreso con las intervenciones de los Profesores de Economía Fernando GONZÁLEZ LAXE y Luis JIMÉNEZ HERRERO acerca del verdero contenido de la “economía verde” del futuro (con sus diversas versiones y modalidades: bio-economía, economía azul, economía circular, economía colaborativa, etc.) que enmarca el título del Congreso, sin duda que los juristas tenemos por delante el inmenso reto de repensar y rediseñar el vigente Derecho Ambiental para sirva con eficacia a los intereses generales y para la sostenibilidad de las generaciones futuras. El desafío es colosal pero me inspira mucha confianza el haber visto en el Congreso que, tanto en los más veteranos como en los más jóvenes ius-abientalistas, no se ha perdido la vitalidad, el entusiasmo y la pasión que siempre nos ha caracterizado y que la defensa jurídica del medio ambiente reclama con urgencia.

El futuro de la energía será renovable, o no será

Escrito por Javier Sanz
14 de noviembre de 2015 a las 12:48h

93658_webCon motivo de mi reciente participación en el Seminario sobre los “Retos de la Energía Eléctrica” organizado por mi amigo y colega el Profesor Juan Carlos LAGUNA DE PAZ, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, he tenido que repasar la ingente información que tenía disponible sobre las energías renovables. Una cuestión que, en estas últimas semanas, está en el candelero informativo de nuestro país a causa de la cercana aprobación de la normativa del Gobierno español sobre la producción de energía eléctrica por “autoconsumo” o, más popularmente conocido, como el “impuesto al sol” (expresión utilizada por los críticos de la regulación estatal al entender que una penalización a la producción autónoma de energías renovables).

Estoy absolutamente convencido de que el futuro de la energía tiene su clave en la universalización y predominio de las energías renovables, en sus múltiples facetas: solar (térmica, fotovoltáica o termoeléctrica), eólica (marina o terrestre), marina (maremotriz, undemotriz), geotérmica, minihidráulica, de la biomasa, biocarburantes… Y, sin embargo, según los último datos del Informe de la situación mundial de las energías renovables “REN21” (2015) este tipo de energías limpias no pasa del 20% del consumo final de energía y es un poco superior al 22% en cuanto a la producción mundial de electricidad. Aunque si tomamos el caso de España, más del 40% de la energía eléctrica es renovable (según el último Informe de la Asociación de Empresas de Energías Renovables, de 2014).

Seguramente no hace falta recordar que una de las medidas más importantes para la lucha contra el cambio climático –dentro de los intrumentos de “mitigación” de los gases de efecto invernadero- está la del fomento de energías renovables, junto con la reducción del uso de los combustibles fósiles (la llamada “descarbonización” de la economía) y el también muy relevante capítulo del ahorro y eficiencia energética. De hecho, de cara a la próxima “Cumbre de París sobre el cambio climático” (en diciembre próximo) han sido ya más de 160 países los que han presentado sus programas de medidas contra el calentamiento global, entre los que se destaca el apartado de las energías renovables.a4ef9d99e70711a161f3468b5ea5069f3298ac30

En la Unión Europea, como es sabido, desde la presentación en 2010 de la Estrategia 2020” para “una energía competitiva, sostenible y segura, la Comisión Europea propuso lograr para el año 2020 una reducción de los gases de efecto invernadero del 20% (respecto de los niveles de los años 90), un ahorro energético del 20% y de una implantación del 20% de las energías renovables para el mismo año 2020. En la más reciente fase del proceso de integración de las políticas comunitarias de energía y la climática, auspiciada por la “Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva” (2015) -con el objetivo de “descarbonizar la economía”- la Comisión Europea quiere convertir a la Europa comunitaria en lider de las energías renovables con una implantación del 27% para 2030.

España, tras haber sido desde los comienzos del presente siglo XXI un país lider en el crecimiento de la energías renovables, a partir de la honda crisis económica de 2008, la normativa energética ha invertido muy sensiblemente dicha tendencia (por ejemplo, con la reducción de primas y otras limitaciones). De esta “involución” da buena cuenta el libro colectivo dirigido por, mi paisano y amigo, el Profesor ALENZA GARCÍA titulado “La regulación de las energías reovables ante el cambio climático” (en el que he tenido el honor de participar con un estudio sobre la energía eólica marina). Especialmente críticos con el vigente régimen de las energías renovables –el recogido en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico (desarrollada, a su vez, reglamentariamente por el RD 413/2014)- son los profesores de Castilla-La Mancha, Irene RUIZ OLMO y Francisco DELGADO PIQUERAS, calificando dicho marco jurídico como una “grave retroceso” de las energías renovables en nuestro país. Por su parte, el coordinador del citado libro rechaza la idea de que a situación de crisis económica es inasumible e insostenible el fomento de las energías renovables; una falso dilema contestado de una parte por la obligación moral y jurídica de las compromisos de lucha contra el cambio climático y, de otra parte, por el inestimable papel de dichas energías en la consecución de otros grandes objetivos de la actual política energética (garantía del suministro, reducción de la dependencia exterior, impulso de la competitividad…).

La-regulacion-de-las-energias-renovables-ante-el-cambio-climatico-i1n11227303En el “Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España”, presentado por Asociación de Empresas de Energías Renovables (AEER) en 2014, son más que sobresalientes los beneficios de estas energías para la economía española: más de 70.000 empleos generados, generación de 7.387 millones de euros para el PIB, un ahorro de costes de emisiones y en las importaciones, etc. Y, desde luego, está claro que los costes generados por las renovables (en particular, para el pago de primas) no es causante principal del famoso y recurrente “déficit tarifario” al que recurren, una y otra vez, los representantes del oligoplio del sector energético español.

Es evidente que todavía vamos a seguir dependiendo de la energía que nos llega del exterior (actualmente la dependencia energética de España es del 70%, por encima de la media de la Unión Europea del 54%). Y también es verdad que en el “mix energético” español los combustibles fósiles siguen teniendo en la producción de la energía primaria un gran peso (42% del petróleo, 20% del gas natural, 12% de la energía nuclear, 12% del carbón). Pero resulta más positivo el dato de que casi el 50% de la energía eléctríca que producimos proviene de las fuentes renovables.

Habrá que seguir con mucho interés la política energética (“Energiewende”) y de cambio climático de Alemania donde desde la “Estrategia ministerial sobre cambio energético” de 2011, en virtud de la cual se decidió prescidir en un futuro próximo de la energía nuclear y que ha promovido la “Ley para la reforma de las energías renovables” de 2014 con la que se persigue como meta que en 2050 el ochenta por ciento de la energia eléctrica producida proceda de este tipo de energías limpias.making-a-success-of-the-energy-transition,property=bild,bereich=bmwi2012,sprache=en

En esta senda deseable de “descarbonización” de la sociedad y de la economía no es un buen dato el actual bajísimo precio del petróleo, que según el ultimo Informe de la Agencia Internacional de la Energía puede mantenerse bajo hasta, nada menos, que el 2020. Si queremos minimizar el impacto del cambio climático –del que parece que nadie nos libra de un mínimo de 2 grados de aumento para el 2100- urge este cambio de modelo energético. Un modelo nuevo, de distribución descentralizada –por el avance de los sistemas de autoconsumo de electricidad en los hogares y de almacenamiento de la energía (como los baterías presentadas hace pocos meses por la empresa Tesla en California), a la espera de otros grandes avances en el campo de la “energía del hidrógeno” o de la “fusión fría”. Un nuevo modelo energético en el que el ahorro y la eficiencia energética es una obsesión constructiva. Un modelo basado en la automoción eléctrica que permita una verdadera movilidad sostenible que hoy reclaman a gritos las grandes ciudades.

No hay tiempo para soñar, hay que poner las bases de un nuevo modelo energético en que el que el imparable desarrollo tecnológico de las energías renovables (“alternativas”, según la terminología tradicional) nos evitarán desembocar en un mundo inhabitable.

Acabar con la “maldición de los recursos” y el “paradigma extractivista”

Escrito por Javier Sanz
2 de noviembre de 2015 a las 1:19h

 

logoFIDAconmexicoAcabo de volver de Puerto Rico donde he participado en el Congreso de Internacional de Derecho Administrativo organizado por Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo (FIDA). En la caribeña ciudad de San Juan de Puerto Rico, capital de este Estado Libre Asociado a los Estados Unidos de América, hemos concurrido profesores de Derecho Público de más de veinte países de Iberoamérica.

Entre los núcleos temáticos del Congreso estaba el relativo a las “políticas ambientales y energéticas” en Latinoamérica. En este apartado he presentado una ponencia relativa a la respuesta del Derecho Ambiental frente a la conflictividad social existente en esta Región ante las explotaciones mineras. “Piquiá de Baxio” en Brasil, “San José del Progeso” y “Magdalena de Teitipac” en México, “Parque Nacional Yasuni” en Ecuador, “Comunidad Nueva Esperanza” en Honduras, “Lote petrolero nº 116” en la amazonia del Perú, son algunos de los casos de una extensa lista de conflictos sociales originados por actividades extractivas en las que, por lo general, son afectados pueblos indígenas.

De la alta conflictividad ambiental en latinoamérica informan diversos organismos como el “Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina” (OCMAL), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano, o el Proyecto internacional “Environmental Justice Organisations, Liabilites and Trade (EJOLT). En el último informe de 2015 de la EJOLT, de los 346 conflictos ambientales existentes en todo el mundo –los relacionados con las actividades mineras- 222 casos se situan en la Región Latinoamericana (casi el 65%). Este problema se ha venido denominando “la maldición de los recursos” en virtud de la cual se produce la paradoja consistente en que el crecimiento de los países fuertemente dependendientes de la comercialización de sus materias primas –como el el caso de los países iberoamericanos- no está en consonancia con el potencial de sus recursos naturales.u-m-students-compile-list-of-top-ecological-conflicts-in-us-history-orig-20140319

Consciente de la importancia de este problema ha tomado cartas en el asunto la “Comisión Económica para América Latina y el Caribe” (CEPAL) que, en enero de este año 2015, organizó la celebración en Santiago de Chile de una Mesa de Alto Nivel “Hacia una visión de la gobernanza de los recursos naturales para la igualdad en América Latina y el Caribe”. Con motivo de dicha reunión la Secretaria Ejecutiva del CEPAL, Alicia BÁRCENA, tras destacar la extraordinaria riqueza de los recursos naturales que alberga América Latina, destacó la necesidad de “poner en el centro de la agenda de políticas públicas” de Hispanoamérica “la gobernanza de los recursos naturales (…) para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo”, “superar el paradigma extractivista” para lo cual se requiere que los países de la región construyan “los pactos y consensos políticos necesarios para que los Estados puedan captar y canalizar eficientemente la inversión de las rentas de sus recursos hacia el logro de sus metas de desarrollo sostenible e inclusivo”.

Tuve la oportunidad de conversar en el Congreso de Puerto Rico con mis colegas de varios de los países más afectados (como Perú, Ecuador o Brasil) por la referida “maldición de los recursos”. Como siempre, las cosas se ven de diferente manera desde dentro de los respectivos países pero de lo que no cabe la menor duda de que es urgente promover soluciones ya que, en algunos de los conflictos, se producen muertes de personas y graves injusticias con poblaciones pobres. Ciertamente asuntos tan mediáticos como “Caso Chevrón” en Ecuador, han propiciado la reacción de las empresas mineras promoviendo buenos códigos de conducta como el llamado “Estandar” de la “Extractive Industries Transparency Initiative” (EITI) (publicada a principios de este año 2015) o la “Good Practice Guide: Indigenous Peoples and Mining” promovida por el “International Council on Mining & Metals” (cuya segunda edición es de este año 2015).

el estandar eitiSin restar importancia a este tipo de iniciativas –que los juristas denominamos “soft law”- en mi ponencia defendí la aplicación efectiva de los instrumentos jurídicos ya vigentes como el “Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo” (OIT), aprobado en 1989, relativo a los “pueblos indígenas y tribales en países independientes” donde se consagra entre otros derechos el derecho de estos pueblos al consentimiento libre, previo e informado de los proyectos mineros que afectan al territorio en el que viven. Derecho que luego fue reconocido por la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas” de 2007. También, con relación a las poderosas empresas mineras extranjeras que suelen operar en los países de Iberoamérica, sus Estados de origen deberían de perseguir, en su caso, la responsabilidad ambiental de dichas empresas cuando no lo hacen en los países donde desarrollan su actividad.

Con mis colegas latinos hablamos de la importancia de aplicar de forma efectiva las normas e instrumentos de Derecho Ambiental que existen en casi todos los países: evaluación de impacto ambiental, autorizaciones ambientales, planificación territorial, responsabilidad, etc. Porque el problema no estriba, por lo general, en la falta de normativa sino en su escasa o nula ejecución. Y, en cuanto a la impugnación por parte de los afectados ante los Tribunales Judiciales, no siempre se facilita o resulta expedito el acceso a la justicia por falta de medios económicos suficientes.

Con un colega de Perú

Con un colega de Perú

En todo caso, en mi intervención enfatizé acerca de la importancia de los medios preventivos (como el relativo a la evaluación del impacto ambiental) y de lo que, a mi juicio, es lo más prioritario como es el acceso a la información y de la participación de los afectados por las actividades mineras a los procedimientos desarrollados con motivo de su proyecto, puesta en marcha y ejecución. Estoy convencido que si se promoviera la transparencia pública y la participación social –que se manifiesta en la estrategia del “bottom-up” (de “abajo arriba”)- se solucionarían (o, al menos, se minimizarían) muchos de los problemas ocasionados en buena parte de los proyectos extractivos. A fin de cuentas son los seres humanos, habitualmente los más pobres y desposeídos, los que más sufren las desastrosas consecuencias del “paradigma tecnocrático dominante” (en palabras del Papa Francisco en su Encíclica “Laudato Si”).

Para que nadie se quede atrás: la nueva “Agenda para el Desarrollo” después de 2015.

Escrito por Javier Sanz
12 de octubre de 2015 a las 20:50h

Objetivos_de_Desarrollo_SostenibleHan pasado desapercibido para mucha gente pero, a mi juicio, son cruciales para promover el desarrollo futuro de los próximos decenios. Me refiero a los llamados “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS) que fueron aprobados por la Asamblea General al final de la “Cumbre de Desarrollo Sostenible” que tuvo lugar en la sede de Naciones Unidas los pasados días 25 al 27 de septiembre, todo ello en el marco de la “Agenda para el desarrollo después de 2015” que se inicia con los palabras “Transformar nuestro mundo” y que se proyecta hasta el 2030.

Los ODS vienen a reemplazar –o más bien potenciar- los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” (ODM) fijados por Naciones Unidas con motivo de la “Declaración del Milenio” aprobada el 8 de septiembre de 2000. Tales objetivos –un total de ocho- se proponían ambiciosas metas para el desarrollo hasta el año 2015: “erradicar la pobreza extrema y el hambre” (al menos hasta la mitad entre 1990 y 2015), “lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer”, “reducir –en dos terceras partes (entre 1990 y 2015)- la mortalidad infantil”, “mejorar la salud materna” (reducir en tras cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna), “combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades graves”, “garantizar la sostenibilidad del medio ambiente” (por ejemplo, reducir a la mitad para 2015 la proporción de personas sin acceso sostenible alagua potable y a servicios básicos de saneamiento), y “fomentar la asociación mundial para el desarrollo” (mayor cooperación entre los países y, en particular una mayor solidaridad de los países desarrollados para con los países pobres”. Según un Informe de Naciones Unidas publicado en 2014 algunos de los objetivos se han cumplido (como el de la reducción de la extrema pobreza o la mejora en el acceso del agua potable) pero todavía quedan muchos objetivos prioritarios por cumplir (en particular con relación a la sostenibildiad del medio ambiente).

La nueva “Agenda para el desarrollo” –elaborada a lo largo de dos años de consultas públicas y de múltiples negociaciones entre los países- recoge 17 Objetivos y 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan todas las esferas del desarrollo sostenible: los aspectos económicos, sociales y ambientales. Se trata de un ambicioso “plan de acción en favor de las personas, el Planeta y la prosperidad” orientado bajo la idea fundamental de “erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones… requisito indispensable para el desarrollo sostenible”. Un “plan de acción” que tiene que ser implementado por todos los países –desarrollados y en vías de desarrollo- mediante una “alianza de colaboración”. Los países reunidos en la Asamblea General de Naciones Unidas declaran con bella expresión –al aprobar la “Agenda”- que “al emprender justo este viaje, prometemos que nadie se quedará atrás”.ods

“La presente Agenda –reza en su apartado 5- tiene un alcance y una importancia sin precedentes. Todos los países la aceptan y se aplica a todos ellos, aunque teniendo en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada uno y respetando sus políticas y prioridades nacionales. Estos Objetivos y metas son universales y afectan al mundo entero, tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo, son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible”. La Agenda va dibujando un futuro de un mundo “sin probreza, hambre, enfermedades…”, en el que “sea universal el respeto de los derechos humanos y la dignidad humana”, en el que “cada país disfrute de un crecimiento económicos sostenido, inclusivo y sostenible y de trabajo decente para todos”, un mundo en el que “la humanidad viva en armonía con la naturaleza”…

Son inmensos los desafíos de nuestro mundo actual (pobreza, desigualdades, crisis humanitarias y desplazamientos forzados de población, agotamiento de los recursos naturales, cambio climático -que se define como “uno de los mayores retos de nuestra época y sus efectos adversos menoscaban la capacidad de todos los países para alcanzar el desarrollo sostenible”-…, pero “nuestra época –dice la “Agenda”- ofrece inmensas oportunidades”.

Junto a la erradicación de la pobreza y reducción del hambre y la seguridad alimentaria, nada queda fuera de la nueva Agenda del Desarrollo: la sanidad y el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de géneros y entre los países, el crecimiento económico y la promoción del trabajo, el acceso a energías asequibles, el desarrollo de infraestructuras resilientes, la industrialización inclusiva y el fomento de la innovación, las ciudades y los asentamientos humanos. También son muy ambiciosos los objetivos propiamente ambientales: el acceso universal al agua y su gestión sostenible, la garantía de pautas de consumo y de producción sostenibles; la aplicación de medidas urgentes para combatir el cambio climático; la utilización sostenible de los océanos, mares y recursos marinos; la protección, restauración y promoción de la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres y su biodiversidad biológica. Y además de todo lo anterior, como instrumentos horizontales –que abarcan todos los temas específicos- la facilitación del acceso a la justicia y la creación de “instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles”, así como el fortalecimiento de los medios de ejecución de la Agenda y de la propia Alianza mundial.

61PIQBvML4L._SX258_BO1,204,203,200_Estamos, en definitiva ante una ambiciosa “hoja de ruta” para tratar de lograr la tan deseada “sociedad del desarrollo sostenible” donde todo está relacionado: economía, sociedad, medio ambiente. No sé valorar si estamos ante una utopía irrealizable. La reciente obra de Jeffrey SACHS, titulada: “The Age of Sustainable Development” (Columbia University Press, 2015) nos ofrece un apasionante panorama en que todas las piezas parecen encajar y en la que los retos parecen meridianos aunque gigantescos. Por otra parte, constituye un magnífica introducción a buena parte de los grandes temas abordados en la nueva Agenda para el Desarrollo. No obstante, nos consta que su autor ha participado muy activamente en su redacción.

“¿Es posible el desarrollo sostenible?” se pregunta –en el último apartado de su último capítulo de la referida obra- el Director del Earth Institute de la Universidad de Columbia. Frente a escépticos y agoreros de malos augurios, el Profesor SACHS acude a los grandes de ejemplos de avances muy importantes (“breakthrough”) en la historia de la Humanidad como el fin de la esclavitud o los movimientos para el logro de los derechos civiles como los promovidos por Mahatama GANDHI y Martin Luther KING. Y, finalmente, con palabras del Presidente John F. KENNEDY, pronunciadas en plena “guerra fría” -con el fin de resolver de forma pacífica los problemas con la antigua Unión Soviética- apelando a “nuestros comunes intereses”: “que nuestro básico punto de unión es que todos vivimos en el mismo pequeño Planeta; que todos respiramos el mismo aire; que todos queremos el mejor futuro para nuestros hijos; que todos somos mortales”.

Como saben mis queridos lectores, yo también soy optimista y confío en la innata solidaridad del ser humano. Pero necesitamos para ello, como demuestra la historia, auténticos líderes capaces de sacrificarse por el bien de la Humanidad. Los “Objetivos del Desarrollo Sostenible” están muy claros, ahora hace falta la voluntad política para aplicarlos, empezando por nosotros mismos.

¿La última oportunidad? Pensando en la próxima Cumbre de París

Escrito por Javier Sanz
4 de octubre de 2015 a las 9:52h

NicholasSternBookCVR_175pxHace pocos días Nicholas STERN, el famoso economista británico –autor del Informe sobre las graves consecuencias económicas del cambio climático, hecho público en 2006, que lleva su nombre- ha afirmado que nuestra generación es la última capaz de frenar, si quiere, el calentamiento global. Más recientemente, el mismo autor ha publicado libro que lleva por título: “¿Por qué estamos esperando? La logica, la urgencia y la promesa de la lucha contra el cambio climático, (Mit Press, 2015). En este nuevo libro el autor sostiene que los costes del cambio climático van a ser mucho mayores de lo que había calculado en su Informe (hasta un 20% del PIB si no se adoptara ninguna medida). Contiene una llamada a líderes empresariales, a los responsables de las ciudades y a los jóvenes para que presionen a los políticos con el fin de adoptar decisiones para luchar contra el cambio climático.

El economista destaca de cara al futuro, en las próximas décadas, tres factores fundamentales que determinarán los retos que se avecinan: primero, un profundo cambio estructural en la economía global, con un fuerte crecimiento en el mundo en desarrollo y en el proceso de urbanización; segundo, el más rápido progreso técnico que el mundo jamas haya visto; y tercero, un período crítico para la acción climática, porque las concentraciones de gases de efecto invernadero ya están en niveles muy peligrosos. Ante esta perspectiva puede elegirse entre no hacer nada –seguir igual- o promover un cambio basado en la innovación y en la cooperación internacional. Esta segunda opción nos proporcionará, según el mismo autor, un crecimiento sostenible a largo plazo y un considerable avance en la lucha contra la pobreza. Como el Papa Francisco en su Encíclica “Laudatio Si, STERN se queja de la falta de voluntad política y el cortoplacismo de los actuales gobernantes para actuar con la urgencia requerida.

En todo caso, su conclusión –previa apelación a los responsables políticos- es bastante esperanzadora: “estamos en un punto notable de la historia. Tenemos la oportunidad de combinar los profundos cambios estructurales en la economía mundial y un cambio tecnológico extraordinario por un lado, con una rápida transición hacia una economía baja en carbono en el otro. Podemos encontrar al mismo tiempo una forma mucho más atractiva para crecer y desarrollarse, superar la pobreza y reducir radicalmente los graves riesgos del cambio climático. Debemos decidir y actuar o la oportunidad se perderá. El momento es ahora”, y termina con la pregunta que encabeza su estudio: “¿Por qué estamos esperando?”

Con Teresa Ribera y Xavier Labandeira (Director de la Escuela de de Regulación Climática del Instituto Europeo de Florencia)

Con Teresa Ribera y Xavier Labandeira (Director de la Escuela de de Regulación Climática del Instituto Europeo de Florencia)

Con la mirada puesta en la Cumbre de Paris, el próximo mes de diciembre, fueron muy esclarecedoras las ideas expuestas sobre dicho evento por Teresa RIBERA –ex Secretaria de Estado para el Cambio Climático y actual directora del prestigioso Institute for Sustainable Development and International Relations (IDDRI) con sede en Paris- en la inauguración de una nueva edición del Master en Gestión del Desarrollo Sostenible de la Universidad de Vigo, en el que tengo el placer de impartir docencia desde hace varios Cursos.

En efecto, para que prospere con éxito la “XXI Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático” de Paris -con el principal objetivo de llegar a un acuerdo internacional sobre el clima previsto para después de 2020- se hace preciso que concurran, según la experta española, varios argumentos. De una parte, una visión de conjunto de los problemas del desarrollo y una estrategia a largo plazo (2050 y 2100). Por otro lado, aunque es clave la implicación de los grandes emisores (China, Estados Unidos y la Unión Europea: responsables del 46% de las emisiones totales) más importante es que los acuerdos que surjan en la Cumbre sean aceptados y apoyados por la mayoría de la Comunidad Internacional; debe de tratarse de una agenda –hacia la transición de una economía baja en carbono- que implique a todos los países, afirmó RIBERA, “sin que valgan atajos” (por ejemplo,que unos pocos países se pongan de acuerdo). Hay que fijar metas concretas, generar confianza entre los países, no limitarse a aplicar sólo las medidas propias de la política climática (mitigación, adpatación) sino reorientar todas las políticas pública hacia dicha tarea, dejar atrás los recursos fósiles…. En cuanto al “pilar financiero”, los 100.000 millones de dólares previstos han de estar disponibles para los países en desarrollo para que puedan acometer sus estrategias de adaptación, fortaleciendo la resiliencia de su economía y de sus sistemas sociales y naturales.

arton7510Por lo que se refiere a los actores (“stakeholders”) no basta con las contribuciones de los países que están presentando sus propio planes de lucha contra el cambio climático sino que, cada vez resulta más relevante el papel de los entes locales, regionales y sub-estatales, de las empresas y multinacionales, así como el paternariado público-privado en muchas de las acciones que se adopten.

En el debate posterior a la intervención de la Directora del IDDRI uno de los asistentes le preguntó si la Cumbre de Paris es la última oportunidad que tiene la Humanidad para abordar con éxito el problema del calentamiento global. Ella respondió que sí, en una dirección, por lo tanto, similar a la mantenida por el Prof. STERN. Quizá sea, en efecto, la última oportunidad, pero de lo que no me cabe la menor duda es que hay suficientes argumentos científicos y éticos para actuar con premura y que esperar -¿a qué?- no es una opción razonable. Por no decir suicida.

Un descomunal fiasco pero una extraordinaria oportunidad

Escrito por Javier Sanz
27 de septiembre de 2015 a las 10:15h

Captura de pantalla 2015-09-27 a las 10.35.12 AMParece un sarcasmo que, justo esta semana, en que hemos celebrado el “Día mundial sin automóvil” –que tiene lugar desde mediados de los años noventa los 22 de septiembre- y, en la Unión Europea, la “Semana de la movilidad”, ha explotado en los medios de comunicación el escándalo sobre el masivo fraude de la compañía Volkswagen sobre el trucaje en la medición de los gases contaminantes de unos once millones de varios modelos de sus coches diésel, comercializados entre 2008 y 2015.

Todavía no sabemos el verdadero alcance de un hecho de tanta gravedad cuyas consecuencias no sólo afectan a la propia compañía automovilística germana (con la caída en picado del valor de sus acciones o la inmediata dimisión de su Presidente) sino que ya han tenido un impacto en las bolsas europeas y una desconfianza hacia el tradicional prestigio de la tecnología alemana. Desde el punto de vista jurídico ya se han puesto en marcha por parte de los Gobiernos de los países afectados procedimientos de investigación que pueden concluir en multimillonarias sanciones e, incluso, en responsabilidades penales. También se han constituido plataformas de afectados que han iniciado sus demandas de responsabilidad civil.

Este descomunal fiasco ha sido destapado por el International Council on Clean Transportation (ICCT), una entidad independiente ambiental (un “think tank”) con oficinas en Washington, San Francisco y Berlín. Su misión es la de promover la eficiencia energética y calidad ambiental de los transportes con el fin de colaborar a la mitigación del cambio climático y mejorar la calidad del aire. Partiendo de ciertas sospechas respecto de varios vehículos alemanes, promovieron un estudio con el que pretendrían demostrar que los modelos analizados cumplían con la normativa y que el diésel es un combustible limpio. Con la colaboración de una institución universitaria, los técnicos de la ICCT descubrieron, con mayúscula  sorpresa, que varios modelos de la compañía Volkswagen superaban en más de 40 veces los límites legales previstos para la emisión de los óxidos de nitrógeno.images

Informada la Agencia de Protección Medioambiental estadounidense (EPA) se ha podido detectar además que la compañía Volkswagen había manipulado en los vehículos afectados el sistema de medición de la emisiones para maquillar sus niveles reales de contaminación a la baja. Ha sido, en definitiva, la EPA quien el pasado 18 de septiembre ha hecho públicas las conclusiones de su investigación.

Ante tan sorprendentes acontecimientos nos preguntamos cómo ha podido suceder semejante fraude que puede poner en peligro muchos puestos de trabajo y que pone bajo sospecha una de las más importantes industrias europeas. ¿Acaso no existe en la Unión Europea una normativa que limita las emisiones contaminantes de los automóviles?

En cuanto a la normativa comunitaria sobre emisiones (de óxidos de nitrógeno, de hidrocarburos, de monóxido de carbono y de partículas) la Unión Europea viene estableciendo, desde los años setenta, para cada tipo de vehículo, normas cada más exigentes. Más en particular, desde el año 1992 entró en vigor una serie de normas ambientales, bajo la denominación “Euro”, que obliga a los fabricantes a desarrollar nuevos sistemas de gestión del escape, filtros de partículas y catalizadores en los motores de gasóleo. Muy recientemente, a principios del presente mes de septiembre entró en vigor la normativa “Euro 6” a través de la cual la Unión Europea limita las emisiones de gases contaminantes de nueva fabricación (a partir de ahora, por ejemplo, el límite de emisiones de óxidos de nitrógeno será de 80mg/Km, un 50% menos que lo permitido en la normativa anterior, contenida en la norma “Euro 5” de 2009). Por cierto, que los fabricantes de coches, reunidos en la Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles (ACEA) se han quejado de la sucesiva aprobación de dichas normas y han solicitado la ampliación del plazo para su implantación.

aceafull3_0Personalmente lo que más me sorprende de esta triste historia es saber que algunas de las Instituciones comunitarias ya tenían noticia, desde hacia cinco años, de que las emisiones contaminantes de los vehículos fabricados en la Unión Europea eran mayores de lo permitido en muchos tipos de marcas. Ha fallado, a mi juicio, de forma clamorosa, la supervisión de la aplicación de la normativa ambiental. Lo cual se torna preocupante en la medida en que buena parte de los nuevos vientos en la implementación de las normas jurídico-administrativas se confía a los instrumentos de inspección o de control a posteriori (con el fin de “agilizar las actividades económicas”, se justifica).

Desde luego que no es la primera vez que se producen fraudes parecidos. La misma empresa Volkswagen fue acusada en 1973 por la EPA de amañar sus motores, y, también, la General Motors pagó, en 1995, una multa de 45 millones de dólares por eludir los controles de contaminación en alguno de sus modelos. Por lo visto, los grandes grupos empresariales del automóvil siguen contando con un gran poder para influir en la normas que les pueden afectar y para restringir en lo posible los mecanismos de control de sus actividades y productos.cfd

Pese al incalculable daño que se ha producido en la confianza de los consumidores, las entidades automovilísticas -y, en concreto, la empresa Volkswagen– tienen la oportunidad de empeñar todas sus energías en recuperar su prestigio a través de una implacable depuración de las responsabilidades por fraudes o incumplimientos de la normativa, y, ¿por qué no?, de una apuesta por la innovación en el diseño de coches con un bajo nivel de contaminación. Pero, en mi opinión, no es acertada la respuesta la de los responsables del Volkswagen en estos días diciendo que “Todos los vehículos afectados son absolutamente seguros y aptos para la circulación. Las irregularidades detectadas están relacionadas exclusivamente con las emisiones contaminantes”. O, ¿es que no son peligrosos los más de dos millones de toneladas de óxidos de nitrógeno que -se calcula- han emitido los vehículos trucados?

Quizá ha llegado la hora de apostar por el “vehículo ecológico avanzado”, que son los términos usados en las normas europeas sobre emisiones para la definición de un “vehículo limpio”. ¿Híbrido, eléctrico, de hidrógeno, autónomo…? No lo sé. O, quizá, mucho mejor, la priorización de los servicios públicos de transporte y exigentes planes de movilidad urbana. Y, desde luego, las Instituciones supervisoras de la normativa ambiental -comunitarias y nacionales- tienen que “ponerse las pilas” en su función de control para la garantía de los intereses públicos, para hacer valer nuestro derecho a un medio ambiente atmosférico saludable. Pero, si éstas fallan, siempre nos quedará la esperanza de que benéficas instituciones -como el ICCT (que ha destapado el caso que nos ocupa)- defiendan desinteresadamente a la ciudadanía.