Ambiental y Cual

La celebración, el pasado 5 de junio del día mundial del medio ambiente, me sorprendió de viaje, asistiendo en Pamplona a un interesantísimo workshop sobre “Las estructuras regulatorias del riesgo en la Unión Europea”, invitado por mi buen amigo el Profesor Ángel RUIZ DE APODACA, uno de los mejores jurístas ambientalistas de nuestro país.  El motivo utilizado por el Programa de Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA) este año 2013 me parece particularmente oportuno, dedicado a la sostenibilidad alimentaria y divulgado con el lema “Piensa, Aliméntate, Ahorra”.

En un mundo como el nuestro en que con menos de una cuarta parte de los alimentos desechados en Estados Unidos y en Europa se podría acabar con la malnutrición que padecen casi mil millones de personas en el Planeta, resulta un sarcásmo el desplifarro alimentario existente. El Papa FRANCISCO, en su audiencia del mismo 5 de junio, en la Plaza de San Pedro, denunciaba la “cultura de lo descartable” y con gráfica expresión señalaba que “la comida que se deseecha es como si fuese robada de la mesa de los pobres, de los hambrientos”.

En la Unión Europea –donde se producen 90 millones de toneladas de desechos alimentarios cada año- la Comisión Europea se ha propuesto como objetivo reducir a la mitad los alimentos en buen estado que se desechan para el 2020. Y, es que tantos descartes no sólo constituyen una monumental injusticia en un un mundo con millones de bocas hambrientas, sino que además suponen un grave impacto para el medio ambiente: un uso ineficiente de la tierra, una pésima gestión del agua, una proliferación de sustancias contaminantes, etc. Se trata, en definitiva, de reducir nuestra “huella alimentaria”.

Hace pocos años el PNUMA publicó un interesante informe titulado “Evitemos las hambrunas en el futuro: fortalecimiento del fundamento ecológico de la seguridad alimentaria mediante sistemas alimentarios sostenibles”. Para que el mundo pueda alimentarnos a los 7.000 millones de personas que poblamos el Planeta (9.000 millones en el 2050), se precisan los cuatro pilares de la “seguridad alimentaria”:  disponibilidad (de cantidades suficientes de alimentos con la calidad y el valor nutricional debidos), acceso (modo de costear la adquisición de provisiones de alimentos nutritivos), utilización (alimentación adecuada, agua limpia y saneamiento adecuado) y establidad (aseguramiento del acceso a la alimentación en todo momento). Pero, junto a estos pilares de la seguridad alimentaria se necesita basar toda el sistema alimentario en un sólido fundamento ecológico;  es decir, evitando perjudicar las condiciones naturales básicas necesarias para producir los alimentos (agua, suelo, diversidad biológica) y reduciendo sus efectos colaterales (contaminación de las aguas subterráneas y superficiales, emisiones de gases de efecto invernadero, acumulación de residuos, etc.).

La agricultura (cultivos y ganado) proporciona el 90% de la ingesta total de calorías del mundo (la pesca y la acuicultura el 10% restante).  Y, en este sentido, tras la llamada “revolución verde” de los años setenta del siglo XX –promotora en muchos casos del uso intensivo de abonos químicos, pesticidas y fitosanitarios- que acabó en muchos países con la hambruna, se abre camino una nueva revolución agraria que viene marcada por la llamada “agroecología” que tiene por objetivo prinicipal el conocimiento de los elementos y procesos claves que regulan el funcionamiento de los agrosistemas, con el fin de establecer las bases científicas para una gestión de los sistemas agrarios en armonía con el ambiente; un nuevo sistema de producción agraria que se preocupa no sólo de la salud de los ciudadanos sino también del bienestar social y económico de los agricultores y ganaderos (cfr. la publicación del CSIC: Agroecología y producción ecológica, 2010).

En esta misma dirección se orienta el interesante ensayo de la periodista francesa, Marie-Monique ROBIN -autora de los reivindicativos libros y documentales sobre el tema alimentario: “El mundo según Monsanto” (2008) y “Nuestro veneno cotidiano” (2010): “Las cosechas del futuro. Cómo la agroecología puede alimentar al mundo” (publicado por Ediciones Península, Barcelona, 2013), un fuerte alegato contra el dominante modelo agroindustrial y una defensa –basada en experiencias concretas a lo largo del mundo- de un modelo productivo mas sostenible basado en la “agroecología”. Tras el largo periplo que la autora ha realizado por todo el Planeta estudiando los modelos de producción alimentaria varias conclusiones rematan su trabajo: comer menos carne, luchar contra los biocarburantes y no confundir algunos productos agrícolas que se comercializan como “ecológicos” (“bio”) pero que, en realidad, no son propiamente “agroecológicos”.

Me gusta especialmente el mensaje central de esta última obra que pretende demostrar que es posible alimentar el mundo sin pesticidas, y, más aún, que sea un jurista, el experto belga de la ONU,  Olivier de SCHUTTER, quien haya defendido el prestigioso Informe titulado “La agroecología y el derecho a la alimentación” (2011).

Sucedió la semana pasada. El Consejo Internacional de Coordinación del Programa UNESCO sobre el Hombre y la Biosfera (MAB: man and the biosphere), reunido en Paris de los pasados días 27 al 30 de mayo, incorporó doce nuevos sitios a su Red Mundial de Reservas de la Biosfera, la denominada “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”. Es decir, que todo el territorio que rodea al municipio de A Coruña en el que vivo (aunque excluido éste) pasa a conformar una más de las 621 reservas repartidas a lo largo y ancho de nuestro Planeta, repartidas en 117 países. Junto a esta nueva reserva gallega dos sitios más: La Granja y el Espinar en la Sierra de Gudarrama y las Tierras del Ebro en Cataluña, sitúan a España -sólo por detrás de los Estados Unidos- en el segundo lugar mundial de los países que más reservas de la biosfera tienen declaradas. Además, esta noticia me ha hecho una particular ilusión ya que con ocasión de este nuevo reconocimiento de reservas del Proyecto MAB se ha ampliado una de las primeras reservas de la biosfera,  Ordesa-Viñamala en la Pirineos Centrales (Aragón), inscrita en la lista mundial desde 1977, al espacio que lo circunda –hacia el valle y sus zonas urbanas- del que proceden mis antepasados paternos.

Ahora procede dar la enhorabuena a los promotores de nuestra querida y circundante reserva de las “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”. Me consta el gran esfuerzo desarrollado para preparar la propuesta, de hace mucho tiempo, por el equipo de trabajo, con tan buenos profesionales de la Asociación de Desenvolvemento Rural “Mariñas-Betanzos”, el Centro de Extensión e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA) y el Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER) de la Universidad de Santiago, además del aproyo y colaroración de muchas otras instituciones (de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta, de Aguas de Galicia, de la Diputación de A Coruña y de los 18 municipios –liderados por el de Abegondo- integrantes del territorio concernido por la flamante reserva. Tuve la oportunidad de conocer el serio trabajo que vienen realizado estas instituciones a través de mi colaboración en varias actividades relacionadas con el Proyecto Mandeo, una iniciativa promovida por la Diputación de A Coruña y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) que, entre muchas otras realizaciones, publicó el libro colectivo titulado Río Mandeo, cuenca fluvial y desarrollo sostenible (Diputación de A Coruña, Coruña, 2012), una interesante visión interdisciplinar sobre la gestión del agua en dicha cuenca fluvial (o como dice la publicidad del proyecto, “un paraíso fluvial”).

Las “reservas de la biosfera”, como la recién designada en Galicia (la quinta tras Terras do Miño, Área de Allaríz; Os Ancares y el Río Eo) tienen como función, además de la conservación y protección de la biodiversidad, el desarrollo económico y humano de estas zonas, la investigación, la educación y el intercambio de información entre las diferentes reservas, que forman una red mundial.  En la Declaración de Madrid sobre el Programa MAB de la UNESCO y sobre la Red Mundial de Reservas de la Biosfera –emitida en el mes de febrero de 2008- entre otros llamamientos se formuló la siguiente petición: que “se aproveche el potencial de acción de las reservas de la biosfera para abordar los nuevos problemas, como son la pérdida del conocimiento tradicional y la diversidad cultural, la demografía, la pérdida de terrenos cultivables, el cambio climático, la biodiversidad y el desarrollo sostenible; y, en particular, como lugares para invertir e innovar, con el objetivo de mitigar el cambio climático y adaptarse al mismo, promocionar un mayor uso de la energía renovable en alternativas sostenibles tanto en áreas rurales como urbanas, además de incrementar y aprovechar los servicios y productos de los ecosistemas en el desarrollo sostenible para el bienestar humano”.

De todo esto se trata en la “Propuesta de Reserva de la Biofera Mariñas Coruñesas  e Terras do Mandeo” presentadas por sus promotores ante la UNESCO en junio de 2012, en la que, tras su precisa justificación y una completa descripción de sus dimensiones histórica, socioeconómica, geográfica, etc. se ofrece en el marco de su  “plan de acción” una serie de líneas de acción prioritarias: desde el plan de choque y su gestión adaptativa, hasta la promoción de los recursos etnográficos y patrimoniales, pasando por el cumplimiento de las funciones de conservación, la política de comunicación, la sustenibilidad del medio rural con la biodiversidad, la sostenibilidad de la pesca y el marisqueo, la prmoción del turismo de calidad, la cooperación entre instituciones y con la sociedad civil, el desarrollo de las capacidades, etc.

Ahora que la protección ambiental parece no ser una prioridad por parte de muchos Gobiernos y Administraciones Públicas, confiamos que este ilusionado proyecto permita valorar y proteger las enormes potencialidades que ofrece esta maravillosa reserva de la biosfera -que cubre alrededor de 116.000 hectáreas, que alberga una población de cerca de 190.000 habitantes, que engloba las cuencas de dos grandes ríos, el Mero y el Mandeo, y que posee ecosistemas costeros y de montaña que dan cobijo a una gran diversidad biológica- en la que estoy feliz y cotidianamente inmerso.

En estas semanas se está intentando cerrar el complejo proceso de negociación interinstitucional en la Unión Europea para la aprobación de la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) que debería haber entrado en vigor a comienzos de este año 2013. El futuro texto normativo –que sustituirá al del año 2003- tiene como objetivo fundamental devolver la sostenibilidad a las poblaciones de peces y, así, ofrecer a los ciudadanos de la Unión Europea un suministro alimentario estable, saludable y seguro.  Desde el nacimiento de la PPC en 1983 –poco antes de la incorporación de España a la Unión Europea (1985)- se perseguía asegurar un abstecimiento alimentario (procedente de la pesca) a precios razonables pero, al mismo tiempo, se preveían medidas de gestión conservacionistas basadas en “totales autorizados de capturas” (TACs) y cuotas de pesca. Era evidente que,  junto a la política de los mercados y estructuras pesqueras, la política de los recursos pesqueros resultaba esencial ya que no hay pesca en los mercados, ni pescadores sin pescado.

Tanto en las sucesivas reformas de 1992 y de 2002 se puso de manifiesto el grave desequilibrio entre la capacidad de la flota y las posibilidades de captura. Pese a las medidas que se han venido adoptando en estos decenios (planificación y gestión del esfuerzo pesquero, mayor control de las capturas, exigencia de técnicas de pesca más selectivas, reconversión profesional de los pescadores y desguace de buques, etc.), lo cierto es que aquél desequilibrio persiste e incluso se está agravando. Hay bastante unanimidad en el mundo científico de que en las pesquerías tradicionales hay una clara situación de sobrepesca que están poniendo en claro peligro su subsistencia. Lo cual afecta a la misma rentabilidad de las flotas (cada vez más baja) y, todo ello, pese al importante apoyo público al sector.

Por estos motivos, en las propuestas de reforma de la PPC –promovidas por la Comisión desde el año 2009- predominan los objetivos de marcada naturaleza ambiental: sostenibilidad de la pesca en su triple vertiente ambiental, económica y social; aplicación en la gestión de las pesquerías el principio de precaución; mantenimiento del “rendimiento máximo sostenible” que garantice el mantenimiento y restauración de los recursos; minimización de los impactos negativos de la actividad pesquera en el ecosistema marino; etc. 

Entre los objetivos específicos y medidas concretas que se han barajado ninguno ha adquirido tal notoriedad como el relativo a la reducción o eliminación de los “descartes”, es decir, aquellas capturas de todo tipo de especies que los pescadores devuelven al mar (muertas o heridas), bien porque se trata de especies no comerciables, por superar la cuota permitida, por no haber alcanzado la talla mínima…, o bien porque se utilizan métodos de pesca no permitidos. El hecho es que en la Unión Europea los descartes suponen cerca del 25% del total de capturas (en torno a un millón setencientas mil toneladas de peces). La idea es que ahora se obligará a los pescadores a que descarguen en puerto todas las especies comerciales que capturen.

Quienes lo vimos quedamos muy impresionados con las imágenes difundidas por un documental sobre la pesca del tiburón, en la que se mostraba cómo se pescaba a estos escuálidos con la única intención de extraer sus preciadas aletas, tras lo cual se devolvía al agónico animal a lo profundo de las aguas marinas.  Luego ha sido la campaña internacional “Ni un pez por la borda” –de apoyo a la iniciativa de prohibición de los descartes- que, gracias a la adhesión de más de 850.000 personas de toda Europa y de la las más importantes asociaciones ecologistas, de las entidades vinculadas con la pesca artesanal (como la Fundación Lonxanet), de personajes famosos e incluso de grandes chefs de la gastronomía, ha obtenido un marcado éxito en la opinión pública.

La propuesta de la Comisión Europea sobre los descartes, como una de las “medidas estrella” de futura política pesquera común hacia el 2020, se orienta hacia el objetivo final de su total prohibición si bien pasando por unas etapas previas de progresiva eliminación de esta perjudicial práctica pesquera según los diferentes tipos de especies. A principios del mes de febrero pasado, el Parlamento Europeo respaldó por una abrumadora mayoría (502 votos a favor, 137 en contra y 27 abstenciones) la eliminación progresiva de los descartes –comenzando en 2014- en el marco de la reforma de la PPC, suavizando, no obstante, la propuesta de la Comisaria de Agricultura y Pesca, María DAMANAKI que pedía poner fín de forma inmediata a dicha práctica. El reciente Consejo de Ministros de la Pesca de la Unión Europea ha puesto de manifiesto las discrepancias de algunos Estados miembros sobre dicha medida (como es el caso de España), solicitando una mayor flexibilización en la aplicación de dicha medida.

En esta materia concreta de los descartes me alegra saber que incluso la influyente Confederación Española de Pesca (CEPESCA) –que representa a la mayor parte de la pesca industrial y de la pesca artesanal- declara tener entre sus prioridades la minimización de los descartes, si bien defiende también una aplicación gradual y flexible de dichas medidas. También es muy importante promover el I+D+i en la implantación de artes y métodos más selectivos. Y, como ya saben mis lectores, no puedo ocultar mi particular preferencia por las buenas prácticas de la pesca artesanal.

Hoy más que nunca es preciso exigir una pesca más responsable -al que se refiere el “Código de conducta para la pesca responsable” de 1995, promovido por la FAO- que cuente con medidas tan razonables como la eliminación de los desplifarradores descartes. No debe entenderse como un antojo caprichoso del lobby ecologista. Es, quizá, una de la claves del futuro –no la única, desde luego- para la protección, tanto de los recursos pesqueros, como de la digna y sacrificada profesión de la pesca marítima. Y, la reforma ahora en curso de la PPC es una buena ocasión para erradicar esa insostenible práctica pesquera.

Esta expresión resume la utilizada en el primer libro de la Biblia: “Sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla; mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra” (Génesis, 1, 28). Una célebre frase sobre la que se ha basado –y se sigue basando en la actualidad- la acusación de algunos ecologistas al cristianismo (formulada inicialmente en 1967, en el número 155 de la revista Science, por el historiador norteamericano Lynn WHITE) por contener un mensaje –pretendidamente- antropocéntrico y depredatorio de los recursos naturales.

Con las mismas palabras los profesores Emilio CHUVIECO (Catedrático de Geografía de la Universidad de Alcalá) y María Ángeles MARTÍN RODRIGUEZ-OVELLEIRO (Profesora de Evaluación de Imapacto Ambiental en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid) han publicado –en formato digital- un interesante ensayo cuyo título completo es: “¡Dominad la tierra! Raíces filosóficas y teológicas del ecologismo” (editorial Digital Reasons, Madrid, 2013). Partiendo de la base de que el problema ecológico es –según sus autores- uno de los más graves que actualmente afectan a la humanidad (poniendo incluso en peligro la existencia de la especie humana sobre la Tierra) y de que, en buena parte, está causado por el ser humano, se analizan las diferentes corrientes filosóficas que han propiciado la aparación de los movimientos conservacionistas y de las diferentes versiones del ecologismo que se han dado hasta el momento presente. Se realiza un exhaustivo repaso de las diversas respuestas que se han dado a los crecientes problemas ambientales bajo la óptica de un compromiso ético o moral.

Como señalan los autores, el ambientalismo como movimiento social y como planteamiento filosófico y ético innovador nace en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX (se citan como verdaderos precursores a R. W. EMERSON y a H. D. THOREAU, y J. MUIR es el fundador de la primera asociación ecologista, Sierra Club, en 1882 que todavía pervive). No obstante, no será hasta la década de los años setenta del siglo XX cuando se produce un cambio de paradigma en el que el ser humano es consciente de su interacción e independencia con la biosfera y a partir del cual la protección ambiental pasa a formar parte de las agendas políticas.

Resulta interesante el repaso y sistematización que se hace en el trabajo de las “éticas ambientales” que se han desarrollado desde entonces, desde la “Ética de la Tierra” de Aldo LEOPOLD al “ecofeminismo” de Vandana SHIVA y de Wangaria MAATHAI, pasando por la “ecología profunda” (Deep ecology), la “hipótesis Gaia” de James LOVELOCK, la “liberación animal” de Peter SINGER, la “justicia ambiental”, etc.  La mayor parte de estas visiones son “biocéntricas” o “ecocentricas” –que son dominantes en el mundo del ecologismo- que se distinguén de las posturas “antropocéntricas” en la que el ser humano se proclama dominador de la existencia. Como postura intermedia se recoge también el “ecologismo personalista” del Profesor Jesús BALLESTEROS (de cuyo planteamiento me considero deudor en muchos de sus aspectos).

También se analizan las propuestas de las grandes religiones (cristianismo, judaísmo, islam, hinduísmo, budismo e indigenismo) en relación con el problema ambiental y la conservación de la naturaleza.  Muy acertada me parece la crítica que los autores hacen de la desenfocada e injusta hipótesis de L. WHITE acerca del cristianismo (como responsable de los actuales desequilibrios ecológicos), siendo no sólo la cosmovisión ambiental cristiana de San Francisco de Asís sino también la moderna exégesis de los textos bíblicos sobre las relaciones entre el hombre y la Creación, sólidos argumentos, a mi juicio, para rebatir aquélla arraigada tesis.  Y, en esta dirección, la correcta interpretación de la Biblia se aproxima más –como recuerdan los autores- al moderno concepto de la “administración o mayordomía ambiental” (environmental stewardship) que a un trasnochado y perturbador “antoprocentrismo tecnocrático”. De otra parte, pese a la rica tradición ambiental cristiana, el desarrollo doctrinal de la Iglesia Católica en esta materia se ha plasmado vigorosamente en los documentos de su Doctrina Social y, en particular, a partir del pontificado de Juan Pablo II (en sus encíclicas sociales como la Solicitudo Rei Socialis o la Centésimus annus).

Tras estudiar los planteamientos de las grandes religiones los autores concluyen que todas ellas “incluyen argumentos sólidos para enfocar las relaciones hombre-medio de una manera equilibrada, que permitiría resolver los grandes problemas ambientales del planeta”, aunque reconocen que “en ningún país estos principios se llevan a la práctica de modo efectivo”. De aquí la necesidad de afirmar una moral “ecologica” sobre un fundamento más sólido que el dominante relativismo ético. Sobre unas bases que pueden encontrarse en la naturaleza de las cosas y en un mejor conocimiento de las relaciones del ser humano con su entorno natural.

Esta visión ética del respeto a la naturaleza y del propio ser humano (que el Papa Benedicto XVI ha resumido en el concepto de “ecología humana”) implica –como destacan CHUVIECO y MARTÍN RODRIGUEZ-OVELLEIRO- revisar nuestros estilos de vida (“reducir la huella ecológica”) y nuestros hábitos de consumo (en especial en los países desarrollados), para lo cual las virtudes franciscanas de la pobreza y de la sobriedad en el uso de los bienes materiales podrían colaborar, en parte, al moderno planteamiento del “decrecimiento sostenible”. De igual forma, los mismos autores señalan los “límites ambientales de la técnica”, subrayando “los peligros que una manipulación artificial de la naturaleza puede llevar sobre el mantenimiento de los ecosistemas y la propia salud humana”. En definitiva, nos encontramos ante un profundo y recomendable ensayo en el que, por encima de las diferencias de pensamiento y de creencias que uno pueda tener, puede hallar útiles ideas que nos permitan cuidar con actitud agradecida el valioso regalo que la naturaleza nos ofrece.

A punto de publicarse en el Boletín Oficial del Estado la nueva Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988, me parece oportuno ofrecer a la opinión pública este modesto comentario de urgencia que suscita la inminente norma legal, desde nuestra perspectiva académica de análisis del litoral.

Por mucho que se quiera presentar la Ley como una medida de protección y uso sostenible del litoral, no encuentro en su texto –salvo lo que deja vigente de la Ley de Costas de 1988- disposición nueva alguna que mejore la protección ambiental de nuestras costas. En todo caso, si puede afirmarse una mayor “sostenibilidad económica” –la puesta en valor económico- del litoral que se deprende de casi todo el texto. Las referencias jurídicas a la regresión costera motivada por los efectos del cambio climático se han introducido al final de su tramitación parlamentaria por la presión de algunos expertos y por los grupos ecologistas, pero esto tampoco puede considerarse propiamente como una norma de protección ambiental sino más bien como una respuesta a dichos riesgos costeros.

En un momento histórico como el presente de crisis económica (y de la construcción), en que la presión urbanística sobre las zonas costeras se había ralentizado, me parece una reforma inoportuna y una ocasión perdida para consolidar el modelo de protección ambiental de nuestro litoral y para la promoción de una urbanización costera sostenible (o, lo que es lo mismo, sensata), no sólo económica sino, ambiental y social.

Por encima de muchos otros aspectos que son susceptibles de crítica en la citada reforma, destaca, a mi juicio, su carácter discriminatorio al excluir del dominio público marítimo-terrestre determinados núcleos de población (Isla de Formentera incluida)  sin una convincente justificación. Mucho me temo que esta medida -que pretende beneficiar a unos cuantos- provoque la reacción de otros muchos que no han visto atendidas sus –también ligitimables- reivindicaciones sobre la costa. Y, al final, en lugar de proporcionar mayor seguridad jurídica al litoral, en la que se basan los promotores de la reforma, se inicie una nueva etapa de contenciosos.

La defensa del litoral es perfectamente conciliable, a mi entender,  con el reconocimiento de legítimos derechos de los propietarios en la costa –como es el caso de Galicia-. Varios intentos se han dado con anterioridad para reconocer la peculiaridad de sus núcleos tradicionales y esto hubiera sido posible sin alterar en su conjunto la filosofía proteccionista de la Ley de Costas de 1988.

Frente a los preocupantes indicios de recentralización competencial que se atisban en la inminente Ley (como el limitado valor de los informes autonómicos sobre la continuidad de actividades económicas en el litoral), confiamos en que nuestra Comunidad Autónoma sepa defender y aplicar sus legítimas competencias urbanísticas y ambientales. Si no es así, podría ponerse en peligro la aplicación del Plan de Ordenación del Litoral de Galicia de 2011 que tantas expectativas ha suscitado para el conjunto de la ciudadanía.

Recuerdo que una de mis primeras lecturas ambientales justamente llevaba por título este de “Nuestro futuro común” (Our Common Future), también conocido como Informe Brundtland, hecho público en abril de 1987. Esta denominación trae causa de la persona –Gro Harlem BRUNDTLAND, ex-primera ministro noruega- que presidió, desde octubre de 1984, a instancias de Naciones Unidas -y previo mandato de la Asamblea General- la “Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo” (World Commission on Environment and Development) con el fin de establecer una “agenda para el cambio”. Las conclusiones de dicho informe propiciaron la celebración de lo que sería la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en junio de 1992 en Río de Janeiro. Además, buena parte de los contenidos del Informe sirvieron para elaborar el conocido Programa 21 (o Agenda XXI) aprobado en dicha magna reunión internacional.

¿A qué se debe traer ahora a colación este documento de más de veintiséis años? Pues resulta que acabo de leer el sugerente ensayo de Daniel INNERARITY, titulado “Un mundo de todos y de nadie. Piratas, riegos y redes en el nuevo desorden global” (publicado por Paidós Estado y Sociedad, Barcelona, 2013). Su autor, Catedrático de Filosofía Política y Social de la Universidad de Zaragoza, dirige el Instituto de Gobernanza Democrática, que viene promoviendo diferentes publicaciones y debates públicos sobre esta materia. Aprovecho para destacar otro de los trabajos del mismo autor, el estudio colectivo codirigido con el conocido político Javier SOLANA: La humanidad amenazada: gobernar los riesgos globales (publicado también por Paidós Estado y Sociedad, Barcelona 2011): una interesante aportación sobre los límites de la ciencia antes los riesgos globales, sobre el principio de precaución y sobre la gobernanza.

En el citado ensayo se plantean las muchas paradojas en que está envuelto nuestro mundo actual: “es un mundo de todos y de nadie”, proliferan asuntos que son de todos (a todos nos afectan) pero de los que nadie puede o quiere hacerse cargo. Y, como muestra de esta realidad se cita el ejemplo del clima que, como bien público de la humanidad, preocupa (su “calentamiento global”) y manifiesta “nuestra común vulnerabilidad” por los riesgos globales que puede implicar para todo el Planeta. Para abordarlo adecuadamente su autor propone sobre la base de la necesaria  “gestión de los riesgos globales” una “política de la humanidad” que “civilice la globalización” mediante la creación de un “espacio de ciudadanía”.

En el tercera parte de su ensayo –tras poner de manifiesto las amenazas que se ciernen sobre la humanidad (en la primera) y reflejar las dificultades para proteger al mundo de sus peligros (en la segunda)-, titulada “Gobernar o el arte de hacerse cargo”, dedica un Capítulo  específico a la “Justicia climática”. En él se analizan tres cuestiones relacionadas con el “cambio climático”: la complejidad de las causas que inciden sobre el mismo, la diversidad de impactos que generan y las diferentes responsabilidades de los agentes concernidos.

Dando por supuesto el carácter antropogénico y universal del cambio climático –tal como demuestra en sus Informes (en particular en su 4º y último) el Panel Intergubernamental del Cambio Climático- el clima ha pasado a formar parte del debate político y asunto de la ciudadanía democrática, “el mayor problema de acción colectiva –según INNERARITY- al que el mundo se la tenido que enfrentar”, y que está ya generando “conflictos” y “migraciones masivas” (los llamados “refugiados climáticos”). Habrá, por lo tanto, que promover “decisiones políticas” en esta materia, o lo que es lo mismo, desarrollar la “gobernanza del cambio climático”. Sin embargo, como destaca el mismo autor, dicha urgente tarea plantea –de cara a la implantación de una “justicia climática”- varias dificultades: identificar las causas, los impactos y las responsabilidades relativas al cambio climático.

La afectación universal del cambio climático y sus eventuales efectos catastróficos –que forman parte de lo que BECK denomina “sociedad del riesgo mundial”-, así como su “alto nivel de interdependencia” de los problemas que aquejan a la humanidad, deberían propiciar –según el repetido ensayista- “soluciones cooperativas”. Pero resulta que los efectos del cambio climático son desiguales, según países, e incluso según generaciones y esto dificulta tremendamente la aplicación de la pretendida “justicia climática”.

Lo cierto es, como se encarga de destacar INNERARITY, que el reconocimiento de las “responsabilidades históricas” de los países desarrollados por las emisiones de gases de efecto invernadero y la “justa distribución de las emisiones futuras de carbono”, no está resultando nada sencillo tras los considerables fracasos de las Cumbres sobre el Clima de Copenhague (2009), de Cancún (2010),  de Durban (2011) y de Catar (2012). Unos, casi desesperados, intentos por prolongar el ya periclitado Protocolo de Kioto que debería implantar con urgencia una necesaria “justicia climática”.

El Director del Instituto de Gobernanza Democrática no se muestra partidario de las soluciones de mercado que se han aplicado (el comercio de emisiones y los permisos de emisión negociables) y reclama una solución política multinacional. Hace tiempo que la propia Convención marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático –que es la base del Protocolo de Kioto- previó un principio clave para este complejo problema de distribución de las cargas climáticas que es el “principio de responsabilidad común pero diferenciada”. Un criterio jurídico ideal para afrontar el problema, pero mucho me temo que, hasta que no veamos con claridad los catastróficos efectos –directos e inducidos- del calentamiento global seguiremos sin consensuar internacionalmente una solución justa y equitativa. Lejos de la benéfica idea de “nuestro futuro común” del Informe Brundtland, más bien nos encontramos –al menos en lo que se refiere al problema del cambio climático- en la triste paradoja que orienta todo el ensayo de INNERARITY: “un mundo (una atmósfera) de todos y de nadie”, sin que la frágil Comunidad Internacional lo remedie.

Hoy 43ª aniversario del día internacional de la Tierra, cumple tres añitos este blog.  Debo confesar que cuando lo inicié no esperaba que duraría tanto tiempo. Soy un entusiasta ambientalista (quien me conoce lo sabe bien) pero no podía imaginar que, semana tras semana, tendría temas o asuntos suficientes (libros, noticias, sucesos, etc.), relacionados con el medio ambiente, para comentar. Y, sin embargo, os aseguro que todavía tengo en cartera decenas de cuestiones que podría haber tratado pero que, o no me ha dado la vida, o los he sustituido en el último momento por otro que me parecía más actual o interesante. Otra cosa es que haya logrado comunicar lo que pretendo: sensibilizar a la gente sobre la necesidad de cuidar nuestro entorno, convencer de que todavía estamos a tiempo de invertir tendencias desastrosas para nuestra supervivencia, demostrar que el ser humano -que nos ha llevado a tan indeseables indicadores ambientales- es el único que nos puede sacar del atolladero.

El lema del “Día de la Tierra” de este año 2013 nos habla de las “muchas caras del cambio climático”: del hombre de las Islas Maldivas preocupado por trasladar a sus familia a otro lugar más seguro y protegido de las crecientes inundaciones; al granjero de Kansas que lucha por sobrevivir ante la pertinaz sequía que esquilma sus cultivos; al pescador del Niger cuyas redes vienen a menudo cada vez más vacías; etc. También el mundo animal sufre: el oso polar por el derretimiento del Ártico, el tigre por la reducción de los manglares en la India, el orangután por los frecuentes incendios que devastan los boques de Indonesia…

He querido titular, no obstante, este post con la clásica expresión “cara y cruz” del cambio climático porque estoy convencido que ver el rostro de sufrimiento, actual y futuro, de los seres vivos en nuestro Planeta puede constituir un revulsivo para que nuestras sociedades despierten del letargo, que promuevan la necesaria solidaridad intra- e inter-generacional. Me consta que ya ha mucha gente en el mundo que está actuando, que están poniendo su granito de arena para reducir sus conductas insolidarias, consumistas, egoístas.

He estado este fin de semana leyendo el librito titulado “50 cosas que hay que saber sobre la Tierra”, escrito por el geólogo y productor de la sección de Ciencia de la BBC, Martin REDFERN (publicado en España por la editorial Ariel, 2013). Me gusta cómo se inicia este trabajo: “vivimos en un planeta maravilloso. Somos afortunados su podemos tomarnos el tiempo para admirar su belleza, contemplar su majestuosidad y mostrarnos agradecidos. Pero la mayoría estamos ocupados, correteamos por la superficie y omitimos dos importantes dimensiones: la profundidad y el tiempo”. Sobre la profundidad señala: “la Tierra no yace simplemente como un bloque de cemento esperando que caminemos por encima, sino que es un planeta vivo”. Y acerca del tiempo, apostilla el mismo autor: “Nuestra existencia humana apenas supone un único tictac en el reloj del tiempo geológico, y aun así hemos cambiado el planeta haste dejarlo irreconocible. Tal vez, si logramos entenderlo mejor, trataremos a nuestro mundo con más respeto”.

REDFERN utiliza –siguiendo al Premio Nobel de Química, Paul CRUTZEN- la expresión “antropoceno” para describir la edad geológica en la que vivimos e incluse se atreve a describir cómo serán dentro de 100 millones de años nuestras ciudades, que serán fósiles y engullidas bajo las aguas. Sobre los recursos futuros, tras explotar los recursos terrestres habrá que pasar a la “explotación minera de los océanos”, y, de aquí, a la “minería espacial” (los recursos de la Luna y de otros planetas). El “clima futuro” está marcado por la “fusión de los polos”, por “fenómenos extremos” y “mareas ascendentes”. Mucho más incierto es cómo evolucionará nuestra especie humana que antes de su extinción o emigración a otros mundos habrá de adaptarse a las nuevas circunstancias climáticas. Y, por encima de las profecías apocalípticas es claro que nuestro mundo se acabará, impactado por un asteroide, abrasado por una tormenta solar, y, sin duda, cuando se agote el combustible nuclear del sol. Pero esto último, no ocurrirá hasta dentro de 4.000 o 5.000 millones del años.

Hasta que se confirmen -o no- todas estas elucubraciones pasará mucho tiempo. Lo que ahora nos importa es actuar responsablemente, cada uno en la medida de sus posibilidades, conmovidos por el rostro del sufrimiento de tantos seres vivos que ya reclaman nuestra respuesta.

Los pasados días 11 y 12 de abril tuve la fortuna de asistir, en la espectacular sede del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC en Madrid, al VIII Simposio sobre la “Razón Jurídica” dedicado a “La previsibilidad de los resultados: aspectos filosóficos y jurídicos”, organizado por los investigadores del citado centro, Lorenzo PEÑA y Txetxu AUSÍN. Ha sido para mí una extraordinaria experiencia intelectual compartir día y medio las reflexiones de tan relevantes filósofos y juristas de toda España pero, en particular, disfrutar de las sabias preguntas y luminosas aportaciones del Dr. PEÑA al hilo de cada una de las ponencias presentadas.

El Simposio se encuadraba en un proyecto de investigación dirigido por el Prof. AUSÍN sobre “Los límites del principio de precaución en la praxis ético-jurídica contemporánea” (conocido con el término en euskera “Kontuz”). Justo en atención a esta temática, fui invitado a exponer algunas ideas jurídicas sobre el “principio de precaución” (o de “cautela”). Un principio que nació en Alemania, a comienzos de los años setenta del siglo XX, de la mano del Gobierno federal socialdemócrata y que ha llegado a convertirse en el paradigma de protección de los grupos ecologistas. No obstante, fue la Declaración de Río de Janeiro aprobada en la Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible de 1992 la que en su Principio 15º popularizó esta directriz jurídica al determinar que: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deben aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.

En mi ponencia traté de explicar cómo este principio ha ido implantándose en los diferentes niveles del ordenamiento jurídico ambiental, desde el nivel del Derecho Internacional (por ejemplo, en el Convenio del Cambio Climático o en el de Diversidad Biológica) al plano del Derecho español -que tiene una de sus más recientes plasmaciones en la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición-, pansando por el Derecho Comunitario que introdujo en su Tratado de la Unión Eueopea –tras la reforma de Maastricht en 1992- el “principio de cautela” como principio orientador de su política ambiental (el actual art. 191, 2 de su Tratado de Funcionamiento). En la Unión Europea su invocación más conocida fue la que tuvo lugar con ocasión de la crisis de las “vacas locas” (derivada de la “encefalopatía espongiforme bovina”), que dio lugar a varios pleitos ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de los años 1996 y 1998 en los que, frente a las pretensiones de varias sociedades británicas del sector bovino, el Tribunal de Luxemburgo declaró la virtualidad protectora del prinicipio de precaución (que originó, a su vez, el sacrificio de cientos de miles de vacas en toda Europa). A diferencia del “principio de prevención” -en los casos en que hay certeza científica sobre los daños a la salud o al medio ambiente-, la precaución se esgrime en los supuestos en los que no hay tal certeza (organismos genéticamente modificados, campos electromagnéticos, productos farmacéuticos, nuevos productos químicos, “fracking”, etc.).

La aplicación del prinicipio de precaución se proyecta especialmente sobre los “riesgos tecnológicos” (los derivados de la actuación humana para distinguirlos de los riesgos (espontáneos) de la naturaleza) sobre los que todavía existe una incertidumbre acerca de sus efectos negativos sobre los seres humanos o sobre el medio ambiente. Sobre este tema de los riesgos recomiendo el interesante ensayo “Riesgo: una breve introducción” de Baruch FISCHHOFF y John KAVANY (recientemente publicado en España por Alianza Editorial, Madrid, 2013; traducción de la obra inglesa de 2011). Una muy buena aproximación a este tema, tanto en lo relativo a su definición como al proceso de “evaluación de riesgos” al que se somete (en sus fases de análisis, gestión y comunicación del riesgo).

En mi intervención puse de manifiesto de que se trata de un principio particularmente controvertido pues para muchos se trata de una seria rémora al progreso científico y tecnológico (ya que su aplicación estricta puede conllevar medidas restrictivas frente a productos o tecnologías sobre los que hay incertidumbres acerca de sus efectos para la salud o el medio ambiente). El Dr. PEÑA destacó, muy agudamente, en este sentido –en el citado Simposio, tras mi intervención- como en Francia (que introdujo la precaución en su “Carta de Medio Ambiente” de 2005) su aplicación estaba provocando la salida de sus científicos a otros países menos proteccionistas. Yo defiendo una aplicación moderada del repetido principio, sometido a un riguroso proceso de “evaluación y gestión del riesgos” con la intervención de comités científicos verderamente independientes.

Comparto plenamente las conclusiones a la que llega la Agencia Europea de Medio Ambiente en su muy reciente informe “Lecciones tardías de alertas tempranas” (2013) –fruto de muy variados casos de productos y actividades que resultaron perjudiciales por no haber atendido a las iniciales alertas efectuadas-. En él se recomienda un uso más amplio del principio de precaución para reducir los riesgos de las tecnoogías nuevas y no probadas suficientemente. Soy partidario del progreso y de la innovación científica y técnica –al tiempo que rechazo aquellos planteamientos que ven riesgos potenciales por doquier- pero no a cualquier precio para la salud y el medio ambiente. Los actuales procedimientos de evaluación de riesgos, aún con sus limitaciones, no son otra cosa que, razonablemente aplicados, una nueva forma de aplicar la clásica máxima prudencial de los clásicos: “más vale prevenir que curar”.

El pasado martes asistí, en la Domus de A Coruña, a una interesante conferencia del Subdirector del INTECMAR sobre las importantes actividades que desarrollan en relación con los productos marinos –particularmente con los moluscos-, controlando, casi diariamente, el estado biologico y ambiental de las zonas de producción acuícola, todo ello con el fin de garantizar su aptitud para el consumo humano y su calidad alimentaria. Aprendimos mucho todos los que asistimos y me impresionó el gran nivel de las numerosos –e inteligentes- preguntas que al ponente formularon los estudiantes universitarios presentes. Me interesó mucho el tema de las mal llamadas “mareas rojas” que tantos quebraderos de cabeza producen en los profesionales de la acuicultura (con el cierre cautelar de sus instalaciones por el INTECMAR): una curiosa modalidad de “contaminación natural” por medio de biotoxinas marinas de tres clases que, como remarcó el conferenciante, no está asociada (como yo pensaba) a la contaminación antrópica.

Esta conferencia inauguraba un ciclo de intervenciones relacionadas con el mar, organizado por el proyecto europeo “Sea for society. Towards a blue society”. En este proyecto -en que participan 28 socios de 11 países- se trata de promover el dialogo entre investigadores, gestores públicos, ciudadanos, gente joven, autoridades locales, etc. con el fin de generar, por medio de un aprendizaje recíproco, el nuevo concepto de la “Sociedad Azul” (Blue Society). A su vez, esta iniciativa de divulgación se enmarca en el más amplio ámbito de la “Política marítima integrada” impulsada desde mediados de 2007 por la Comisión Europea.

Con el objetivo estratégico “Europa 2020” (“una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”), la Unión Europea es consciente de su marcada vocación marítima y de las ingentes posibilidades económicas que tiene su configuración geográfica litoral. Desde la puesta en marcha de esta “politica integrada”-que reúne las tradicionales políticas sectoriales comunitarias con inicidencia marina: pesca, transporte marítimo, medio ambiente, etc- se han venido desarrollando varias políticas “transversales”:

- un mayor conocimiento del medio marino para ayudar al sector, las autoridades públicas y los investigadores a encontrar información y utilizarla de forma más eficaz para desarrollar nuevos productos y servicios y, al mismo tiempo, mejorar nuestro conocimiento del comportamiento del mar (véase la Red Europea de Observación e Información del Mar: EMODNET).

- una mejor ordenación de los espacios marinos (marine spatial planning) que consiste en la ordenación y regulación de todos los usos humanos del mar y la protección de los ecosistemas marinos. Y en cuanto al litoral, la Comisión Europea ha recomendado –desde finales de los noventa- la aplicación de la llamada gestión integrada de las zonas costeras.

- una mayor vigilancia marítima en diferentes materias (control en las fronteras, seguridad, control de la pesca, aduanas, medio ambiente, defensa, etc.) con el fin de proporcionar métodos de intercambio de datos e información a las autoridades interesadas o implicadas en esta tarea.

-un mayor crecimiento económico (“crecimiento azul”) a todas las actividades existentes, emergentes y potenciales que pueden generar empleo; por ejemplo, transporte marítimo de corta distancia, turismo costero, energía eólica en alta mar, desalinización, uso de los recursos marinos en las industrias farmacéuticas y cosméticas, etc.

En octubre de 2012 se firmaba en Nicosia (Chipre), con ocasión del Consejo informar de ministros de la Unión Europea relacionados con la política marítima integrada, la “Declaración Limassol”, fijando las bases de la “agenda marítima y marina para el crecimiento y el empleo” y sobre el convencimiento de la importancia de la “Economía Azul”.

No nos cabe ninguna duda de que el mar supone –y lo ha supuesto desde hace muchos siglos- una -¿inagotable?- fuente de recursos y inmenso ámbito de oportunidades para el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, tampoco se nos escapan los retos para evitar la aceleradas destrucción y degradación a la que estamos sometiendo nuestro océanos en el último medio siglo. Es muy elocuente en este sentido el ensayo de la  oceanógrafa norteamericana, SYLVIA A. EARLE (conocida internacionalmente “Embajadora del Océano”): “Un mundo azul. El rumbo de los océanos, el futuro de la tierra” (publicado en España por RBA en 2012). Con motivo de la devastadora contaminación producida por la plataforma petrolífera “Deepwater Horizon” en el Golfo de México, la autora examina un ecosistema global como es medio marino que se encuentra al borde de una crisis ambiental irreversible, a menos que actuemos inmediatamente. Y, según ella, “la situación todavía puede revertirse”. Es especialmente luminosa la tercera parte de su obra: “Ha llegado la hora” que estructura en cuatro capítulos: “explorar el océano”, “gobernar el océano”, “cultivar el océano” y “proteger el océano”. Si de verdad queremos un “futuro azul”, hay que actuar en estas direcciones, antes de que sea tarde.

Proteger, cuidar, conservar, restaurar, rehabilitar, salvaguardar… son algunos de los muchos verbos que utilizamos para expresar algunas de las múltiples tareas que son el objetivo de las políticas ambientales. Sin embargo, hay una forma verbal que me parece especialmente bella y apropiada para significar lo mismo -y quizá todo a la vez-: custodiar. El término “custodia” -que proviene del latín “custodia/custodiae”- nos remite a diversas acciones: guardar, conservar, respetar o cuidar. En el lenguaje habitual la custodia es una responsabilidad que se tienen sobre la educación y manutención del menor de edad tras un divorcio o separación. También se custodian los tesoros y las riquezas.

En el último decenio la expresión de “custodia del territorio” ha adquirido carta de naturaleza para expresar “un conjunto de estrategias e instrumentos que pretenden implicar a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y el buen uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos. Para conseguirlo, promueve acuerdos y mecanismos de colaboración continua entre propietarios, entidades de custodia y otros agentes públicos y privados (Basora Roca, X. y Sabaté i Rotés, X. 2006).

Incluso nuestra Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad la ha incluido entre sus instrumentos de protección al establecer en su art. 72, 1 que: “Las Administraciones Públicas fomentarán la custodia del territorio mediante acuerdos entre entidades de custodia y propietarios de fincas privadas o públicas que tengan por objetivo principal la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad”.

Esta interesante e ingeniosa figura de protección ambiental tiene una larga trayectoria histórica cuyos orígenes se remontan a finales del siglo XIX en los Estados Unidos (donde se utiliza la expresión “land stewardship”) y desde entonces esta institución se ha extendido por todo el mundo. En España una de las primeras experiencias semejantes fue promovida en 1975 -¿cómo no?- por el querido y genial naturalista Félix RODRIGUEZ DE LA FUENTE: el Refugio de Rapaces de Montego de la Vega en Segovia. Posteriormente han sido muchas organizaciones ecologistas y otras organizaciones relacionadas con la naturaleza, las que han promovido en todo el pais una tupida “red de custodia del territorio”, incluso con el apoyo de algunas Administraciones Públicas (en especial cabe destacar el apoyo prestado por la Fundación Biodiversidad dependiente del Ministerio de Medio Ambiente).

Una fecha muy significativa en la historia de esta institución fue la “Declaración de Montesquiu de Custodia del Territorio” de 11 de noviembre de 2000, si bien circunscrita a Cataluña donde tuvieron lugar algunas de las primeras iniciativas de custodia (desde 2003 se ha creado incluso una red: Xarxa de Custodia del Territori). Y en la actualidad se está constituyendo el Foro Estatal de Custodia del Territorio el cual trabaja de manera estratégica y conjunta para la promoción institucional, social, legal y técnica a nivel estatal del concepto de custodia del territorio y su aplicación en la gestión y conservación del patrimonio natural, cultural y del paisaje.

En el último Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA2012) la “custodia del territorio” fue objeto de debate –bajo la dirección de mi buen amigo y excelente jurista ambiental, Enrique ALONSO GARCÍA, Consejero del Consejo de Estado- junto con otros novedosos mecanismos de financiación –adecuados para estos momentos de crisis económica- para la conservación de la naturaleza: los “bancos de hábitats” (un original mecanismo utilizado en los Estados Unidos para aplicar medidas compensatorias derivadas de impactos ambientales, ya sea por la construcción de un proyecto o por daños de accidentes en determinadas instalaciones).

Pero volvamos a la sugerente palabra que inicia este post: la “custodia”. Me ha gustado especialmente que el nuevo Papa, FRANCISCO, haya dedicado una buena parte de la homilía de la misa de iniciación de su pontificado (el pasado 19 de marzo) a hablar de ese deber que nos concierne a todos: “custodiar toda la creación, la belleza de la creación, como se nos dice en el Libro del Génesis y como nos muestra San Francisco de Asís”, que consiste en “respetar a todas las criaturas de Dios y el entorno en el que vivimos”. Una hermosa referencia la vocación propia del ser humano que concluye con una apremiante petición del Pontífice: “Quisiera pedir, por favor, a todos cuantos ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito económico, político o social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad: seamos «custodios» de la creación, del designio de Dios inscrito en la naturaleza; custodios del otro, del medio ambiente; ¡no dejemos que signos de destrucción y de muerte acompañen el camino de este mundo nuestro!”.