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El agua en la encrucijada

Escrito por Javier Sanz
9 de septiembre de 2014 a las 8:47h

A lo largo de la pasada semana tuvo lugar en Estocolmo, del 31 de agosto al 5 de septiembre, la Semana Mundial del Agua (2014 World Water Week), organizada por el prestigioso Stockholm International Water Institute (SIVI) desde el año 1991. En esta ocasión el Congreso internacional, al que han asisitido varios miles de expertos –científicos, empresarios, políticos y comunidades cívicas- de todo el mundo, ha versado sobre “energía y agua”.

A la espera de las conclusiones de este Congreso, si repasamos los temas tratados en las más de 100 actividades desarrolladas a lo largo de estos días, es dificil echar en falta cualquier tema de actualidad que tenga que ver con ambos tópicos y todavía es más dificil imaginar más temáticas de las tratadas allí que vinculan agua y energía. Más de mil millones de personas hay en el Planeta que todavía no tienen acceso a la electricidad y un poco menos de esta cifra los que tienen grandes dificultades para acceder al agua. Sin olvidar que energia, agua y seguridad alimentaria se encuentran estrechamente vinculados.

Verdaderamente el uso y gestión del agua en todo el Mundo constituye una  encrucijada cuya confluencia con los recursos energéticos plantea conflictos y problemas que no son fáciles de resolver. Por citar un ejemplo de rabiosa actualidad –también tratado en Estocolmo- el uso del “fracking” o “fraccionamiento hidráulico” como tecnología para explotar el “gas pizarra” que está llamada a alcanzar –como ya sabemos- un gran protagonismo en el inmediato futuro, pese a no suponer reducción alguna de los gases de efecto invernadero y tener un potencial riesgo sobre los recursos hidrológicos subterráneos. O, por referirse a una temática bien conocida en nuestro país: la construcción de embalses y pantanos que proporcionan valiosos recursos hidroeléctricos pero a costa de un impacto ambiental no siempre asumible. Indudablemente que, a lo largo del extenso programa de la Semana Mundial del Agua son muchas las iniciativas de las empresas, de los expertos y de las Administraciones Públicas para hacer compatible y sostenible el uso de los recursos hidrológicos con la producción sostenible de la energía pero cohonestar pacíficamente ambos aspectos no resulta nada sencillo. Y sin embargo, dar una solución equilibrada a ambas necesidades es una de las claves del futuro de la Humanidad.

Con relación al agua, me ha parecido muy interesante una de mis lecturas del verano y, en particular, la del famoso arquitecto madrileño Antonio LAMELA, que lleva por título “El Agua en España. Nuevos lagos sustentables”(LID Editorial Empresarial, Madrid, 2014). Se trata de un original ensayo sobre la política hidrológica en España en el que se muestra muy crítico con la gestión y planificación vigente y, de manera particular, con los trasvases fluviales intercuencas como el “Tajo-Segura”. En este último punto me recuerda a la postura del prestigioso Hidro-geólogo Ramón LLAMAS MADURGA.

En la segunda parte del ensayo de LAMELA se exponen –mirando al futuro- los “nuevos modelos de gestión del agua”. Así, entre otros asuntos, la necesidad de un “plan hídrico ibérico” (frente a la fragmentación jurídica actual de la gestión de las cuencas hidrográficas), la apuesta por la desalación de las aguas salobres y de mar (que, en realidad, no es nueva ya que fue promovida por la Ministra Cristina NARBONA hace una década y que plantea algunos retos por el coste energético que conlleva), la potenciación de las reservas superficiales de agua (lagos en lugar de pantanos), la gestión eficiente del agua (que implica la necesaria y ugente reforma del sector agropecuario) y, sobre todo, la opción de la “innovación como fuente de soluciones” (frente a presiones interesadas o partidistas, o a enfrentamientos administrativos territoriales). Y, concluye: “no a los ilegales, improcedentes e hipotecantes trasvases de agua fluvial intercuencas; sí al control estricto de las demandas hídricas, a su buen uso y consumo, a la explotación racional de los acuíferos, a la reutilización de las aguas y a las desaladoras de agua salobre y agua de mar”.

Refrescante resulta esta exposición de Antonio LAMELA, quien a pesar de no ser experto –como el mismo confiesa- en los temas hidrológicos, su visión holística e integradora de la tierra y del espacio -que dio lugar a la creación una novedosa propuesta de estrategia territorial planetaria que denomina “Geoísmo”- le permite acertar, a mi juicio, en muchas de la soluciones más fundamentadas para la planificación hidrológica en España.

Quizá, Antonio LAMELA coincida en su planteamiento general con el del Profesor sudafricano, John BRISCOE -que enseña actualmente en la Universidad de Harvard- quien acaba de recibir, en el marco de la Semana Mundial del Agua, el premio “Stockholm Water Prize” (equivalente al premio Nobel sobre el agua). “El genio del Profesor BRISCOE –señala la reseña de prensa-  yace en su fusión de la ciencia, la implementación de políticas y la práctica, lo que le da un conocimiento sin igual sobre cómo debe gestionarse el agua para mejorar las vidas de las personas en todo el mundo”.

Una vez más estoy convenido de que las grandes ideas, las que permiten el progreso de las sociedades –y, por ende, de la gestion sostenible de los recursos naturales- parten de un conocimiento práctico, pegado al terreno, con el principal objetivo de resolver los problemas cotidianos. Un conocimiento que luego trasciende de lo pragmático para iluminar los más diversos senderos de la Ciencia.

Aquí no hay playa: el expolio de la arena

Escrito por Javier Sanz
15 de agosto de 2014 a las 20:44h

Fuente: Turismo de Vigo, Playa de Rodas, Islas Cíes

Mientras disfruto mis vacaciones de verano en la Ría de Vigo, entre las lecturas que han caído en mis manos he topado con un magnífico reportaje de Cristina SÁEZ, publicado el pasado 10 de agosto en el Magazine de La Vanguardia, titulado: “El expolio de la arena”. Una temática relacionada con las playas que viene muy a cuento en estos días en que la mayor parte de los veraneantes disfrutamos en estos plácidos y dorados arenales.

En el citado reportaje se recogen algunos llamativos datos como los siguientes: “tres de cada cuatro playas están desapareciendo, y en el año 2100 podría no quedar ni una en todo el Planeta”. La arena –especialmente la de las playas-  constituye un muy valioso recurso que se utiliza para usos tan variados como la fabricación de vidrio, de pasta de dientes y de pinturas, semiconductores, etc., pero de modo principal para la construcción con el hormigón armado. Se estima que el tráfico mundial de este material es de unos 18.000 millones de toneladas, lo cual no nos dice mucho salvo que lo comparemos con los 3.400 millones de toneladas de consumo anual de petróleo. Y, como puede imaginarse, tan preciosa materia prima se ha convertido en muchos lugares del mundo en objeto de “mafias que extorsionan, sobornan y matan para extraer hasta el último gramo de sílice, que luego venden de contrabando” como explica la autora del citado reportaje.

En el mismo artículo periodístico se menciona la existencia del documental titulado “Sand-Wars” (“Guerras de arena”), producido en 2013 por el periodista francés Denis DELESTRAC, en el que se muestran los resultados de los tres años que dedicó a investigar por todo el mundo esta realidad. Este documento gráfico  ha recibido ya varios premios en diferentes festivales de cine documental (su información fundamental puede encontrarse en la página web: http://www.sand-wars.com/ ) .

Con posterioridad a este trabajo de investigación se ha publicado por Programa Nacional de Medio Ambiente de Naciones Unidas (PNUMA), en marzo de 2014, el informe titulado: “Sand, rarer than one thinks” (“arena, más escasa de lo que pensamos”). En este interesante informe se afirma que “las arenas y gravas representan el más grande volumen de materias primas utilizadas por el ser humano después del agua” y su consumo excesivo –que va creciendo exponencialmente- está provocando importantes impactos ambientales en las zonas costeras y marinas. Al mismo tiempo, se pone de manifiesto la falta de conciencia pública de la verdadera magnitud del problema y la ausencia de una política global que promueva medidas internacionales eficaces para exigir medidas contra la sobre-explotación de dichos recursos.

Aquí no hay playa” es, como mucho saben (los de mi generación), el título de una canción de moda de mediados de los años 80, del grupo musical de “ska” de Madrid “The Refrescos”, referida a la ciudad de Madrid. Pero, ciertamente, en los últimos decenios se ha producido en España y en muchos países, episodios de desaparición de las playas (sobre todo las urbanas), bien por mal diseño de las infraestructuras portuarias y de defensa de la costa, bien por la construcción de presas y pantanos en las cuencas fluviales que han limitado el aporte de áridos a sus zonas litorales adyacentes, etc. También está cobrando fuerza en los últimos años los fenómenos naturales (indirectamente antrópicos) de la regresión costera por los efectos del cambio climático sobre las zonas costeras. Es, por ejemplo, el caso de la ciudad de A Coruña en la que resido, cuya conocida playa urbana de Riazor es preciso reponerla de arena de forma periódica, con gran coste para el erario público, por el efecto de los temporales y mareas vivas, cada vez más recurrentes.

Desde el punto de vista jurídico, la Ley 22/1988 de Costas se comprometió seriamente a la protección de las playas y de las dunas. Su Exposición de Motivos subraya que de los 7.880 kilómetros de costa del territorio español, el 24% corresponde a las playas que, como patrimonio público, supone más de 13.560 hectáreas. Dicha Ley establece una exigente régimen de protección de las playas y dunas (si bien peligrosamente flexibilizado en este punto, entre otros, por la reciente reforma operada por la -engañosamente llamada- Ley 2/2013 de protección y uso sostenible del litoral). Las playas son bienes de dominio público; la extracción de áridos está sometida a importantes limitaciones y a la evaluación de impacto ambiental; no cabe la existencia de playas de uso privado y los usos particulares permisibles han de someterse a previas autorizaciones o concesiones públicas, y siempre respetando su naturaleza y siendo preferentemente desmontables. La reforma de la Ley de Costas prevé, como novedad, los supuestos de regresión costera y las posibles obras de protección que pueden realizarse.

En España tenemos claro que la “gallina de los huevos de oro” es el turismo (tercer país con más turistas –más de 60 millones- sólo superado por Estados Unidos y Francia), el turismo de “sol y playa”, preferido por más del 80% de los turistas que visitan nuestro país. El valor de los usos turísticos de las playas en elevadísimo pero mucho más –y menos conocido- lo es su valor ecológico para la estabilidad y protección de la biodiversidad de los ecosistemas marítimo-terrestres.

Protejamos con esmero nuestro preciosísimo recurso de las playas, dunas y arenales con que la Naturaleza nos ha agraciado tan generosamente para poner de manifiesto -y denunciar cuando sea preciso- la gravedad de los efectos y las nefastas consecuencias del actual “expolio de la arena” que acontece en todo el mundo.

El “mantra de la sostenibilidad” y el colapso civilizatorio.

Escrito por Javier Sanz
18 de julio de 2014 a las 14:22h

Hace pocas semanas se hacía público un Manifiesto de corte ecologista titulado “última llamada” (hashtag en twitter: #Ultimallamada), que ha sido firmado ya por varios centenares de personas, entre ellas relevantes ecologistas, activistas sociales, profesores/as universitarios/as, personalidades políticas, así como muy destacados pensadores e intelectuales en el campo del medio ambiente como, a título de ejemplo, los economistas Joan MARTÍNEZ ALIER y José Manuel NAREDO, el primer Director de la Agencia Europea de Medio Ambiente, Domingo JIMENEZ BELTRÁN, los escritores Jorge RIECHMANN y Joaquín ARAUJO, el fundador de la “Nueva Cultura del Agua”, Pedro ARROJO, y mi buen amigo Luis JIMENEZ HERRERO, ex-Director del Observatorio de la Sostenibilidad de España y flamante Presidente de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (ASYPYS).

La idea central del Manifiesto –que no es nueva como el mismo se encarga de subrayar- es una aguda crítica a la vigente sociedad productivista y de consumo que ya no puede ser sustentada por el Planeta, que es discriminatoria, “tecnólatra y mercadólatra”, que nos está llevando a “un colapso civilizatorio” en el presente siglo XXI, que será “el mas decisivo de la historia de la Humanidad”, “donde se dirimirá nuestra continuidad en la Tierra (de la especie humana) y la posibilidad de llamar humana a la vida que seamos capaces de organizar después”. Y, aunque “la ventana de la oportunidad se está cerrando” –sigue afirmando el Manifiesto- todavía estamos a tiempo (se cifra en un lustro) para “asentar un debate amplio y transversal sobre los límites del crecimiento, y para construir democráticamente alternativas ecológicas y energéticas que sean a la vez rigurosas y viables”. Se termina concluyendo: “Una civilización se acaba y hemos de construir otra nueva. Las consecuencias de no hacer nada -o hacer demasiado poco- nos llevan directamente al colapso social, económico y ecológico. Pero si empezamos hoy, todavía podemos ser las y los protagonistas de una sociedad solidaria, democrática y en paz con el planeta”.

Se trata, a mi juicio, de un manifiesto oportuno en unos tiempos como los que corren en que la preocupación social -y de la opinión pública- sobre el estado del medio ambiente está bajo mínimos y en el que lo único que preocupa es salir de la crisis económica y acabar con la corrupción política, lo cual no es poco.

Ya está bien -se viene a decir- de los “mantras cosméticos del desarrollo sostenible”. Me hace gracia esta expresión porque no le falta razón al Manifiesto al expresarse así, ya que estamos hartos de oir hablar de sostenibilidad y desarrollo sostenible, como mero recurso publicitario, para teñir de verde empresas, productos y servicios. Pero, en mi opinión, el abuso de los términos no invalida los serios intentos de lograr, al tiempo, una sostenibilidad ambiental, social y económica

De otra parte, a lo largo del manifiesto aparece referencia al larguisimo e inacabado debate sobre los “límites del crecimiento”. Un debate que se inició con el Informe MEADOWS encargado al MIT por el Club de Roma, publicado en 1972; que más tarde fue actualizado en 1992 (“Mas allá de los límites del crecimiento”) y luego renovado treinta años después (con la referencia a la “huella ecológica”) en 2004. Más reciente todavía es el “Informe 2052: un pronóstico global para los próximos cuarenta años” del Profesor holandés Jorgen RANDERS, publicado en 2012, con la inclusión de los aspectos del cambio climático. Por cierto que, sobre esta temática, este año 2014 se ha publicado en España un interesante ensayo del profesor italiano Ugo BARDI: “Los límites del crecimiento retomados (editado por Catarata, Madrid, 2014) con un repaso de la historia de los “límites del crecimiento”, reflexiones sobre los modelos en que se basa, sobre sus críticas y el debate político que ha generado.

BARDI achaca el relativo fracaso mediático de los informes del Club de Roma al llamado “efecto Casandra” (por cierto, véase su interesante blog), es decir, la tendencia humana a no creer en las malas noticias y dado que, como se demuestra en la actualidad (con relación al cambio climático) no se pueden poner en marcha, por ser impopulares, acciones globales de gran envergadura, se muestra -el Profesor italiano- partidario de los “pequeños pasos”, “medidas que sean flexibles y que se puedan adoptar progresivamente a los cambios en la magnitud de los problemas y en la comprensión pública de la situación”. Me parece una buena opción.

Quizá los “necesarios cambios radicales en los modos de vida, las formas de producción, el diseño de las ciudades y la organización territorial…” que reclama el Manifiesto estén ya fuera de nuestro alcance –como se desprende en el sugerente epílogo de Jorge RIECHMANN al ensayo de BARDI- y que lo único que nos quede es “tratar de ganar resiliencia para los tiemos durísimos que vienen”.

El Manifiesto ha sido criticado por algunos por su “diagnóstico catastrofista” y por constituir “una enmienda a la totalidad del sistema económico y social”. Por supuesto que nadie puede negar que en nuestro mundo hay una minoría que acapara la mayor parte de la riqueza mientras muchos cientos de millones viven en una pobreza abyecta y muchos mueren de hambre pese a que despilfarramos buena parte de los  alimentos que producimos, lo cual es de todo punto inaceptable. Pero también es un dato incontestable que en los últimos decenios hemos conseguido reducir los índices de probreza y aumentar la esperanza de vida. Leyendo en último informe de Naciones Unidas de 2014 sobre los “Objetivos de  Desarrollo del Milenio” hay razones para no incurrir en pesimismo depresivo aunque no para dormirse en los laureles.

Hay también en el Manifiesto una referencia esperanzada a los muchos movimientos existentes en pro de la justicia ambiental. Y como jurista, valoro especialmente esta perspectiva como los que defendemos que la forma de Estado del futuro ha de ser la del “Estado Social, Democrático y Ecológico de Derecho“.

Es muy posible que transcurra un lustro y haya que volver a formular, una y otra vez, nuevas llamadas de atención pero, en todo caso, estoy plenamente de acuerdo con el Manifiesto en que “necesitamos una sociedad que tenga como objetivo recuperar el equilibrio con la biosfera, y utilice la investigación, la tecnología, la cultura, la economía y la política para avanzar hacia ese fin” y que, además,  “necesitaremos para ello toda la imaginación política, generosidad moral y creatividad técnica que logremos desplegar”. Es un reto apasionante y urgente –al que me adhiero con los cientos de firmantes del Manifiesto-, sobre el que, desde aquí, deseamos, humildemente, promover y fomentar con todas nuestras fuerzas.

El derecho ambiental y la energía en el mundo mundial

Escrito por Javier Sanz
6 de julio de 2014 a las 10:39h

Acabo de volver de Tarragona, tras asistir al 12º Congreso Mundial de Derecho Ambiental de la IUCN Academy of Environmental Law, magníficamente organizado por los miembros del Centro de Estudios de Derecho Ambiental (CEDAT) de la Universidad Rovira i Virgili. Más de trescientas personas de cuarenta y un países de todo el mundo nos hemos congregado en esta Universidad tarraconense, entre los pasados días 30 de junio a 5 de julio, para debatir un buen número de ponencias y las 270 comunicaciones que habíamos presentado al Congreso en torno a la temática de la “energía y medio ambiente” (“Energy for a fair society in a safe Planet“).

Ha sido una muy estimulante experiencia poder compartir con iusambientalistas venidos de los cinco continentes reflexiones sobre los temas que nos ocupan y preocupan y no sólo en el ámbito energético sino en todos los sectores de la variadísima temática ambiental. Colegas de los países más desarrollados, de los países emergentes y de los que luchan por salir de la pobreza. Todos con una misma pasión, la lucha jurídica por la protección del medio ambiente y la implantación de la justicia ambiental. Y, aunque es verdad que la dichosa crisis que nos atenaza –como lo he comprobado hablando con los colegas de otros países-  está más extendida internacionalmente de lo que yo pensaba, los iusambientalistas de todo el Planeta no han perdido su dinamismo y su espírítu combativo.

Cierto es también que el derecho ambiental ha tenido un impresionante desarrollo desde sus comienzos –que cabría situar en torno a los años setenta del siglo XX- y ahora está implantado en la casi totalidad de los países, pero siguen siendo enormes los retos que el jurista ambiental tiene por delante tanto a nivel internacional, nacional, regional y local. Así, por ejemplo, por lo que se refiere a los efectos y consecuencias del cambio climatico o en relación a la técnica de la “fracturación hidráulica” (conocido como “fracking”) para la explotación de los esquistos o del “gas pizarra”. Tema éste que, por cierto, fue uno de los “temas estrella” del Congreso.

Especial relevancia han tenido las intervenciones de algunos de los más importantes expertos iusambientalistas del mundo: Michael GERRARD (Universidad de Columbia, USA), Zen MAKUCH (Imperial College, UK), Jan JANS (Universidad de Groningen, Holanda), Ludwig KRÄMER (Universidad de Bremen, Alemania) y un largo etcétera. También fue invitado el Profesor catalán Joan MARTÍNEZ ALIER, Catedrático de Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona y uno de los más importantes referentes de la “economía ecológica” en el mundo. De la conversación que tuve con él me enteré de que ha promovido un ambicioso estudio (EJOLT) para identificar e inventariar todos los “conflictos ambientales” del mundo que son, en el momento presente, más de un millar.

Las 270 comunicaciones se desarrollaron a lo largo de los tres días de duración del “12th UICN AEL Colloquium” distribuidas en 53 mesas. Cuánto me hubiera gustado tener el don de “bilocación” o “trilocación” para no perderme muchas de las interesantes exposiciones de mis colegas. Para hacerse una idea de la multiplicidad y variedad de los temas tratados –siempre dentro del lema “energía y derecho ambiental”- en la mesa en que yo intervine (hablando sobre los parques eólicos marinos y la ordenación marítima y costera) una profesora australiana trató sobre el impacto de los parques eólicos terrestres sobre la avifauna y los murciélagos, otra profesora española sobre la reforma del régimen jurídico eléctrico y sus nefastas repercusiones sobre las energías renvables y, finalmente, un profesor norteamericano disertó sobre una ingeniosa propuesta de aprovechar la electricidad de los vehículos mientras éstos no se utilizan para el transporte.

La responsabilidad de las grandes empresas multinacionales en relación con sus efectos sobre el medio ambiente en países del Tercer Mundo, el futuro sobre el Ártico y la explotación de sus recursos minerales, los efectos de la producción de biocarburantes sobre el precio de los alimentos, los impactos ambientales de las infraestructuras hidrológicas en China, la implantación de las “smart cities” y la reducción del consumo energético, las medidas de adpatación al cambio climático, el derecho del acceso a la energía como derecho fundamental, la promoción de las energías renovables marinas, los aspectos jurídicos de la “pobreza energética” en España, el derecho de los pueblos indígenas a participar de los beneficios económicos de la producción energética, la explotación de la energía geotérmica en ciertos espacios naturales de América Central, medidas ante el desafío de la dependencia energética… son algunos de los muchísimos y variadísimos temas tratados  (incluido, como vimos, el del “fracking”).

Con el Prof. PIGRAU, organizador del 12º IUNAEL (a la derecha)

Como han coincido estos días con algunos de los partidos del Mundial de Brasil ha sido inevitable hablar del “deporte-rey”. Ánimos y felicitaciones a los procedentes de los paises sobrevivientes hasta ese momento en el campeonato: Brasil, Colombia, Costa Rica, Francia, etc. Pero para nada he advertido ofensivas rivalidades entre sus respectivos representantes nacionales. Quizá todos éramos conscientes que lo que está en juego en el Planeta,  entre otras muchas cosas, la mejora en la aplicación de las políticas ambientales y la efectividad del derecho ambiental, tienen infinitamente más importancia que la obtención de un trofeo deportivo.

Hay que dar la enhorabuena al Profesor Antoni PIGRAU y a su magnífico grupo de investigadores e investigadoras del CEDAT por haber logrado organizar, en los tiempos que corren, tan importante evento mundial. ¡Moltes gràcies!

Pacíficos y benéficos “eco-drones”

Escrito por Javier Sanz
30 de junio de 2014 a las 10:39h

La verdad es que siempre los he mirado con mucha prevención (incluso con pavor) y máxime cuando es sabido que han provocado, hasta el momento, la muerte selectiva (con daños colaterales) de muchos cientos de personas. Se trata del  llamado “dron” (término importado del inglés que significa “zángano” o “abejorro”) o “vehículo aéreo no tripulado” (conocido también por las siglas UAV: “Unmanned Aerial Vehicles”). En España, hace pocos años, ante la laguna legal existente, en virtud de una modificación del vigente Reglamento de la Circulación Aérea Operativa (la Orden PRE/1366/2010) se ha definido el “dron”  como “vehículo aéreo propulsado que no lleva personal como operador a bordo”; además lo caracteriza señalando que: a) es capaz de mantenerse en vuelo por medios aereodinámicos, b) es pilotado de forma remota o incluye un programa de vuelo automático, c) es reutilizable, y d) no está clasificado como un arma guiada o un dispositivo similar de un solo uso diseñado para el lanzamiento de armas”.

Sea como fuere, desde el punto de vista jurídico, este tipo de vehículos se ha venido encuadrando dentro de los materiales, productos y tecnologías de “doble uso” (civil-militar), y, por lo tanto, su comercialización está restringida. Pero como este invento parece que va a tener en el futuro un desarrollo excepcional hasta la Comisión Europea  acaba de emitir –el mes de abril pasado- una comunicación con el objetivo de “abrir el mercado de la aviación al uso civil de sistemas de aeronaves de forma remota de manera segura y sostenible” (documento COM(2014) 207 final).  Claramente, detrás de esta propuesta está la industria que augura que este sector fomentará la creación de empleo, será fuente de innovación y de crecimiento durante los años venideros.

A los efectos de nuestro blog, lo destacable es que los drones no sólo pueden tener consecuencias sangrientas sino que pueden convertirse en aliados para la protección del medio ambiente. Pero entonces les llamamos “eco-drones” para no referirnos a sus usos militares. Y, así, nos enteramos que en 2012 fueron utilizados para la vigilancia y detección de cazadores furtivos de rinocerontes en Sudáfrica (en una extensa zona de más de 100.000 hectáreas en la provincia de KwaZulu-Natal). Hasta el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas (PNUMA) se ha interesado por ellos.

En la actualidad podemos encontrar en la red una buena colección de “eco-drones” promovidos por empresas de todo el mundo con interesantes finalidades de protección ambiental. Desde la mejora de las cosechas en la agricultura con un menor impacto ambiental (“Airinov”), la observación y monitorización de especies en peligro (“Conservation Drones”), pasando por el estudio de pequeñas aves (“Easy Fly”), por las labores de extinción de incendios forestales (“Nitrofirex”) hasta la lucha contra la caza de ballenas (“Osprey”) y un largo etcétera. También pueden desempeñar tareas humanitarias como las operaciones de salvamento y atención de personas tras catástrofes naturales o accidentes industriales.

No me cabe la menor duda de la gran utilidad de estos ingenios aéreos que además resultan mucho más baratos que los satélites que se vienen utilizando para la observación de los ecosistemas. Justamente esta semana voy a participar en un Congreso Internacional organizado en Barcelona por la Universidad Oberta de Cataluña sobre “Internet, Derecho y Política” en la que expongo una comunicación sobre los “servicios electrónicos de información ambiental” (en particular sobre la Directiva INSPIRE sobre infraestructura de información espacial en la Unión Europea).

De todas formas la utilización de los “drones” (lo mismo que los “eco-drones”) plantean en la actualidad no pocos problemas jurídicos que están todavía por resolver como por ejemplo la protección de la intimidad y privacidad de los ciudadanos y la responsabilidad por los daños que pueden ocasionar en su funcionamiento. Por tal motivo, hoy por hoy está prohibido en España su uso comercial aunque parece ser que muy pronto la Agencia Estatal de Seguridad Aérea –dependiente del Ministerio de Fomento- va a publicar una reglamentación “ad hoc”.  En Alemania la Ley de Aviación regula desde mayo de 2012 el uso de los UAVs.

En materia ambiental su utilización puede ser beneficiosa para la protección del medio ambiente pero también puede utilizarse por los infractores (por ejemplo, por los cazadores furtivos para localizar sus presas). Además, se abre un inmenso panorama en la tarea de información ambiental -que es un derecho reconocido en la Ley 27/2006, de 18 de julio- que ha de realizarse con profesionalidad y seriedad por las Administraciones Públicas competentes, aunque, justo para preservar el patrimonio natural y la biodiversidad (por ejemplo, en relación a la localización de las especies amenazadas o a la de sus lugares de reproducción), puede legítimamente excepcionarse la obligación de facilitar información ambiental.

¿Os imagináis que en el futuro son unos eco-drones los que se encargan de realizar la polinización de las plantas ante una eventual desparación de las abejas? Sea ciencia-ficción o realidad lo de los “eco-drones”, prefiero un mundo lleno de vida y naturaleza salvajes donde la técnica intervenga lo mínimo imprescidible.

Hacia una sostenibilidad colaborativa

Escrito por Javier Sanz
15 de junio de 2014 a las 10:59h

En las últimas semanas está saltando a la opinión pública el conflicto abierto entre los taxistas y el gremio de transportes de viajeros de toda Europa y algunas aplicaciones informáticas como “Uber” –una “app” informática, creada por una “startup” nacida en San Francisco, que detecta la ubicación de una persona, utilizando el GPS de la teléfono, y le ofrece de forma inmediata y económica un conductor para trasladarlo a donde desee-, una innovación tecnologica que está siendo tachada por aquellos de intrusismo y de competencia desleal. Quizá lo sea.

Son de estos casos en que se intuye la emergencia de un nuevo modelo de actividad económica que, basada en la tecnología 2.0, hace tambalear los cimientos de negocios y prácticas tradicionales. En realidad, desde hace tiempo conocíamos, en el marco de la sostenibilidad, prácticas sobre “movilidad compartida”, incluso fomentadas por las Administraciones Públicas, relativas al uso de coche compartido (denominado en inglés “carsharing”) entre personas particulares, perfectamente válidas, lo cual va en beneficio del ahorro económico, de la disminución de los problemas de aparcamiento en las ciudades, pero también del ahorro de emisiones de CO2.

Interesándonos por este asunto nos enteramos que la “movilidad compartida” es sólo una de las muchas experiencias de lo que se denomina “economía colaborativa” o “economía compartida”. Se trata de un nuevo modelo de “capitalismo en transformación” que apunta –según Lluis GARAY, profesor de la UOC- hacia la necesidad de una mayor responsabilidad social, económica y ambiental y que está proliferando al calor de la crisis económica. Donde se manifiesta de manera más significativa es en el consumo que se califica de “colaborativo” ( también, “responsable”) y que pretende pasar de un modelo de propiedad individual a un uso compartido. Compartir coches o viviendas, microfinanciar proyectos (“crowdfunding”), intercambiar bienes de segunda mano (al modo del antiguo trueque), ofrecer tiempo de servicios (dentro de los denominados “bancos de tiempo”), disponer del uso de huertos urbanos, colaborar en proyectos comunes, poner a disposición del uso público de programas informáticos (“software libre”) o de obras intelectuales (como la archiconocida licencia “creative commons“), crear “monedas complementarias sociales”, etc., son algunos de las muchas iniciativas que se han puesto en marcha en los útimos años con bastante éxito y un crecimiento exponencial.

Todo este fenómeno tiene como libro de cabecera el titulado Whats’s Mine is Yours. The rise of collaborative consumption (HarperBussiness, 2010), firmado por Rachel BOTSMAN y Roo ROGERS. Una de la 10 ideas que cambiarán el mundo, según la revista TIME. Partiendo de la existencia de un problema existente en nuestras sociedades desarrolladas: el “hiperconsumo” (cuyo lema es el de “usar y tirar”) con consecuencias fatales para la comunidad como la generación incesante de residuos, se propone un modelo que se basa en cuatro condiciones: creencia en la gestión de los comunes, confianza entre los miembros, masa crítica y activos sin utilizar. Se distinguen tres categorías de sistemas de “consumo colaborativo”: el basado en “productos” (se paga por el beneficio de usar o acceder a un producto sin necesidad de adquirir su propiedad), el manifestado en “mercados de distribución” (redistribución de los bienes usados o aquiridos de donde no se necesitan a dónde sí se necesitan y por quien sí los necesita; gratis o por intercambio de venta), y el plasmado en “estilos de vida colaborativa” (personas con intereses comunes que se unen para compartir o intercambiar bienes no materiales o servicios como tiempo, espacios o habilidades). También “comunidades globales” como OuiShare -nacida en enero de 2012 en París- destinadas a promover este tipo de economía colaborativa y que se están extendiendo rápidamente por todo el mundo.

Algunas de estas iniciativas de la “economía colaborativa” tienen un potencial de sostenibilidad ambiental indudable ya que al reducir el consumismo desaforado implantado en la mayor parte de nuestras sociedades y al promover el uso eficiente de los bienes y recursos, se puede reducir considerablemente la “huella ecologica” asociada, tanto a la fabricación como al uso de los bienes compartidos (cfr. documento de ECODES sobre “consumo colaborativo y economía compartida“). Por consiguiente, nos parece un prometedor signo de ese modelo de producción que, tarde o temprano, acabará sustituyendo al vigente. No obstante, hasta entonces, surgen muchos retos cuya solución no es fácil aplicar en estos momentos.

¿Habrá llegado el momento de declarar ilegal la “obsolescencia programada”? ¿la reducción del consumo no implicará graves desequilibrios económicos como la generación del desempleo? ¿prosperará el modelo del “decrecimiento sostenible”?

No me atrevo a declarar que el futuro discurrirá por estos senderos de la colaboración y compartición de bienes y servicios, de carácter voluntario, pero algunos de los principios en que se sustenta me parecen muy sugerentes y esperanzadores. En una sociedad como la nuestra, en la que domina un individualismo materialista y solipsista, todo lo que sea compartir, colaborar, poner a disposición pública, …, me suena muy bien, es aire fresco.

Se nos ha ido un padre (en memoria del Profesor Ramón Martín Mateo)

Escrito por Javier Sanz
25 de mayo de 2014 a las 20:12h

En la familia iusambientalista estamos de luto. El pasado 22 de mayo fallecía en Alicante, a los ochenta y seis años, Ramón MARTÍN MATEO, Catedrático de Derecho Administrativo, pero sobre todo, para nosotros -y para muchos- el “padre del Derecho Ambiental español” y el maestro indiscutible de quienes nos venimos dedicando a esta disciplina jurídica.

Por encima de su imperecedera obra científica (decenas de monografías y centenares de artículos de revistas) y de sus muchos reconocimientos honoríficos (entre éstos varios Doctorados Honoris Causa en España y fuera de España), me queda muy vivo el recuerdo de su entrañable amistad y de su paternidad en mi especialización jurídico-ambiental. Lo conocí personalmente a comienzos de los años noventa con motivo de mi asistencia a un Seminario sobre Derecho Ambiental organizado en la Facultad de Derecho de la  Universidad de Alicante de la que Ramón fue su segundo Rector (cargo que ocupó desde 1986 a 1993). Desde el primer contacto que tuve con él me percaté enseguida de su excepcional y atractiva personalidad. Un verdadero universitario, abierto y generoso con todos los que acudimos en busca de su magisterio de los más diversos lugares del mundo y, en particular, del mundo iberoamericano.

Ramón MARTIN MATEO fue ante todo un pionero. En sus años de Catedrático de Derecho Administrativo en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Sarriko (Bilbao) y como Rector de la Universidad del País Vasco entre los años 1976 y 1978, desarrolló trabajos de investigación que marcarían el futuro de los trabajos científicos de Derecho Administrativo en España: me refiero en particular, al Derecho Ambiental, cuya obra titulada  “Derecho Ambiental” (publicada en 1977 por el Instituto de Estudios de la Administración Local) constituye una obra seminal. Pero lo mismo podría afirmarse del derecho administrativo económico y del derecho de la energía.

Este universal e inolvidable vallisoletano (nacido en el pueblito de Villabramiga, en Tierra de Campos) nos contagió a todos los que nos acogimos a su paternal amistad un verdadero entusiasmo en la defensa del medio ambiente desde el Derecho que, al mismo tiempo, es la defensa del hombre, “una especie en peligro” (título de su obra publicada en 1993). Un luchador incansable y valiente que cooperó con su trabajo universitario a la transición de nuestro país hacia las libertades y la democracia.

Le gustaba definirse como “ingeniero social bienhumorado” y verdaderamente fue un jurista preocupado por la mejora y el progreso de nuestra sociedad, superando cualquier formalismo jurídico. En sus obras hay una elevada  apertura de miras, en la dirección de lo que hoy denominamos “interdisciplinariedad”, que constituye una de las claves actuales del desarrollo científico de nuestro tiempo.

Ante la tristeza de su pérdida me refugio ahora en el recuerdo de su desbordante e ingenioso sentido del humor. ¿Quien no recuerda -de los que le conocimos- las amenas sobremesas que compartimos con él, narrándonos sus anécdotas acontecidos en los innumerables viajes que realizó a lo largo de su vida profesional, invitado por las más diversas instituciones y organizaciones? Me resulta delicioso releer su librito “Lecturas para el desayuno” (recopilación de sus artículos periodísticos en el “Diario La Verdad”) que me regaló en una de las ocasiones que nos vimos. O, como buena muestra de su ironía frente a la corrupción urbanística es inolvidable uno de sus últimos ensayos jurídicos, al inicio de la crisis económica (y del ladrillo), “La gallina de los huevos de cemento” (Civitas, 2007).

A Ramón MARTÍN MATEO, como Presidente de la Asociación de Derecho Ambiental Español (ADAME), como impulsor de los Congresos Nacionales de Derecho Ambiental –que concitaron la reunión de los centenares de juristas ambientales españoles y de otros muchos países-, como Director de la más prestigiosa Revista de Derecho Ambiental de nuestro país (Revista Aranzadi de Derecho Ambiental) y, sobre todo, como maestro y amigo, le debemos tanto que estoy seguro que su magisterio y recuerdo perdurará siempre en nuestros corazones y en los de las generaciones venideras de iusambientalistas.

¿Qué Europa (sostenible) queremos?

Escrito por Javier Sanz
11 de mayo de 2014 a las 10:15h

Esta semana ha comenzado la campaña de las Elecciones europeas-2014 que concluirá con la votación del 25 de mayo, día en el que los ciudadanos europeos estamos llamados a elegir los 751 diputados que conforman en Parlamento Europeo.

Este proceso electoral está caracterizado por una creciente desafección hacia las Instituciones Comunitarias en muchos países de la Unión y por el “euroescepticismo” que ha arraigado en muchas personas ante las medidas de austeridad y recortes financieros por parte de las autoridades económicas comunitarias.

Limitándonos a las cuestiones ambientales, por mucho que nos duela, entre las principales asuntos de la opinión pública y las preocupaciones prioritarias de los europeos no se encuentran aquéllas, sino el desempleo, la situación económica, la subida de los precios, etc. Según los últimos resultados oficiales del Eurobarómetro, el medio ambiente, el cambio climático y la energía ocupa los últimos lugares de la tabla de los tópicos de la encuesta.

En el debate político de las próxima elecciones no parece que los programas electorales de los partidos que concurran vayan a decantar de forma decisiva los resultados. Lo cual no impide que la erosión en el apoyo ciudadano de los partidos mayoritarios (por los episodios de corrupción) pueda beneficiar a partidos minoritarios y, entre ellos, los partidos de corte ecologista.

Por lo que se refiere a España, me pareció muy oportuna la iniciativa de las cinco principales organizaciones ecologistas (Greenpeace, WWF, SEO/Birdlife, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción). Bajo el título “Un programa por la tierra. Justicia social y ambiental para hacer frente a la crisis” –hecho público en febrero de 2014- en el que se formulaban 14 peticiones para las elecciones al Parlamento Europeo. Asimismo, el pasado 24 de abril, dichas organizaciones ecologistas y la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) convocaron a un debate a los candidatos a europarlamentarios de las diferentes formaciones políticas, que, en efecto, tuvo lugar con respresentantes del PP, PSOE, UPyD, IU y EQUO.

En dicho “Programa por la tierra” se reivindican los grandes asuntos de la sostenibilidad ambiental en la Unión Europea: desde los objetivos previstos para 2030 sobre la lucha contra el cambio climático, la transición hacia un modelo energético renovable y la eficiencia energética, la reducción de los residuos y la racionalidad en el uso de los recursos naturales, pasando por la detención en la pérdida de la biodiversidad y potenciación de la Red Natura 2000, la protección de los mares y recuperación de los recursos pesqueros, la promoción de una agricultura compatible con la preservación del medio ambiente, la gestión sostenible de las aguas continentales, la reducción y prohibición de los productos químicos peligrosos, hasta la reducción de la contaminación del aire, la inserción de la protección ambiental en las relaciones comerciales, la potenciación de la fiscalidad ecológica y la plena garantía del acceso a la información, participación y acceso a la justicia en materia ambiental.

El mismo “Programa” reconoce que “Europa ha destacado siempre a nivel mundial por su ambición en cuestiones ambientales y los miembros del Parlamento Europeo, los primerops en convertir esa ambición en compromisos políticos”. Y, en efecto, así ha sido y los europeos podemos congratularnos de que tenemos la política ambiental más avanzada y proteccionista del mundo. Otra cosa es que se aplique –y respete- de igual modo en todos los países porque, justamente, el mayor problema de la política ambiental comunitaria –que adquirió carta de naturaleza constitucional con la reforma de los Tratados Constitutivos operada por el Acta Única Europea de 1987- es su deficiente aplicación efectiva.

Como estudioso del Derecho Ambiental realmente estoy impresionado por el completísimo y técnicamente avanzado “grupo normativo ambiental” comunitario, cuyo “derecho derivado” lo componen más de trescientas Directivas que regulan los asuntos más diversos y complejos de la protección ambiental. Y, de los actos comunitarios no obligatorios, las recomendaciones y los documentos que se engloban en lo que se denomina “soft law”, hay verdaderas joyas. Desde la “madre” de todas las estrategias, la estrategia  “Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador” (2010) y su iniciativa emblemática “para una Europa Eficiente en el Uso de los Recursos”, la apuesta de Europa por la “economía azul (2012), …, o uno de los más recientes instrumentos de la política ambiental comunitaria: el Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 titulado “Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta” (2013).

Se ha afirmado con toda razón de que más del ochenta por ciento de la normativa ambiental que rige en España (y en todos los países miembros de la Unión) procede de la normativa comunitaria. Normativa que para ser aplicable necesita de las normas de transposición a cada uno de los ordenamientos  internos. Y, por supuesto, cada Estado es responsable de la aplicaciòn “puertas adentro” de la normativa ambiental transpuesta. Y mucho habría que hablar aquí sobre la necesaria reorientación de la política y el derecho ambiental comunitarios hacia una mayor simplificación (sin reducir el nivel de protección), hacia una codificación de las normas, hacia una mayor difusión pública de sus contenidos, hacia la necesaria participación ciudadana, etc. Pero no es ahora el momento.

En la línea de una reflexión acerca del modelo de sostenibilidad en la Unión Europea me ha parecido interesante y oportuna la obra colectiva dirigida por Florent MARCELLESI y Francisco SEIJO, bajo el título ¿Qué Europa queremos? Ideas y políticas para un continente justo, democrático y sostenible (Icaria, Barcelona, 2014). Con la participación de profesores universitarios, representantes de grupos ecologistas españoles y franceses y otros activistas sociales, este trabajo tiene mayores pretensiones intelectuales que las de un mero programa político. Además su lectura me ha permitido conocer “EcoPolítica” –coordinada por el Prof. MARCELLESI- que es una interesante red de prospectiva, debate y formación sobre Ecología Política, con abundante información en esta novedosa rama científica del medio ambiente.

¿Qué futuro le espera a Europa en la ero del petróleo caro y del ineluctable cambio climático? ¿qué potencial existe para el emplo verde y la reconversión ecológica de la economía en Europa? ¿cómo afrontar de forma solidaria y sostenible la crisis de las deudas económicas, sociales y ecológicas? Son algunas de las cuestiones a las que citado trabajo colectivo trata de responder. Es muy posible que estos interrogantes no estén en la primera línea de las preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos que han sido convocados a las elecciones europeas de 2014. Pero de lo que no me cabe la menor duda es que los europarlamentarios de la próxima y siguientes legislaturas deberán responder –eso sí, en codecisión con el Consejo de Ministros comunitario-, antes o después, a tan apremiantes desafíos.

Por un Internet más ecológico: “clicking clean”

Escrito por Javier Sanz
4 de mayo de 2014 a las 10:20h

Gracias a que, desde hace muchos años, soy socio del Capítulo español de la Internet Society (ISOC) y recibo diariamente las noticias que me llegan de sus asociados, me he enterado de la polémica despertada por el artículo publicado hace dos años –en septiembre de 2012- por James GLANZ titulado “Power, pollution and the Internet”. En ese artículo se venía a decir que si la “nube” (“cloud computing”) fuera un Estado, su consumo de energía eléctrica sería el  sexta más grande del Planeta; que la “nube” consume la energía producida por 30 plantas de energía nuclear (“30 billion wats of power”). Mis colegas de la ISOC no dudaron en poner, inmediatamente, en duda la fiabilidad de estos espectaculares datos. Lo cierto es que no debe ser pequeña la factura del consumo global de electricidad que sostiene los más de 2.500 millones de personas que estamos conectados a Internet.

Sea lo que fuere, algo se está moviendo en Internet de cara a la sostenibilidad ambiental. ¿Será por mero snobismo o por una moda pasajera? ¿acaso para atraer a los concienciados internautas ambientalistas? O porque ¿realmente es preciso colaborar a rebajar la factura de un consumo exponencial de nuestras navegaciones ciberespaciales, las de media humanidad?

La preocupación y sensibilidad ambiental de las empresas tecnológicas que operan en Internet –y, por ende, de sus servicios y productos- no es nueva, sin embargo, puede afirmarse que en los últimos años está creciendo la “responsabilidad ambiental”. Y, esta dirección, me ha parecido de gran interés el informe que acaba de publicar –en abril de 2014- la multinacional  ecologista “Greenpeace”, con el título “Clicking Clean: how companies are creating the Green Internet. Desde hace unos años este grupo ecologista había venido denunciando el enorme consumo de energía por parte de las empresas del sector tecnológico (How Clean is your Cloud?, 2012).

El referido estudio recoge, en realidad, un ranking de las más importantes empresas tecnológicas norteamericanas (una veintena) conforme al tipo de energía que consumen (gas natural, carbón, nuclear) y de acuerdo con una serie de parámetros relativos a su “transparencia energética”, el uso de energías renovables, su “eficiencia energética”, etc. En definitiva, se trata de un “índice de energía limpia” (“Clean Energy Index”). Y los resultados del estudio son que seis de las más importantes marcas tecnológicas (entre ellas, Apple, Facebook, Geogle, Box, Salesforce…) han dado pasos muy importantes hacia la alimentación de sus centros de datos con energías renovables. En particular, se destaca el extraordinario esfuerzo realizado por las empresas Apple y Facebook y por su gran “transparencia energética”. Así, por ejemplo, esta red social creada por Mark ZUCKERBERG, posee su centro de datos en Iowa que está alimentado por un parque eólico. Google también resulta bien parada del análisis energético de Greenpeace.

En el lado opuesto se sitúa la empresa Amazon –cuya infraestructura depende en gran parte de Internet- con una inexistente transparencia energética y ausencia de información sobre el alcance de su “huella ecológica”. Igualmente, en el caso de Twitter, la organización ambientalista denuncia que la red social no ha hecho esfuerzo alguno por incorporar energías renovables en sus centros de datos.

Confieso que soy usuario de Apple y que me ha impresionado su reciente campaña sobre “responsabilidad ambiental. “Queremos dejar un mundo mejor del que nos encontramos”, comienza diciendo. “Nos esforzamos por crear los mejores productos del mundo… Productos de los que estar orgullosos… –sigue afirmando- Esta misma pasión por innovar en las que nos guía a la hora de abordar nuestro compromiso con el medio ambiente”. Todos los mensajes están muy bien pensados: “tenemos una responsabilidad muy grande: dejar una huella más pequeña”; “las sustancias tóxicas no tienen cabida ni en nuestros productos ni en nuestros procesos”; etc.

Todos sus apartados sobre responsabilidad ambiental están magníficamente ilustrados: “cambio climático”, “sustancias tóxicas”, “recursos limitados”, … y, para poner la “guinda”, en el apartado de “nuestra evolución” –que comienza “durante más de 20 años, Apple se ha esforzado por reducir al máximo el impacto ambiental de la compañía y de sus productos”- se adjunta una Carta de la Vicepresidenta de Iniciativas Ambientales de Apple, Lisa JACKSON, nada más y nada menos quien fue hace pocos años Directora de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (conocida por sus siglas “epa”). Hay que reconocer que, al menos, su “marketing ecológico” es extraordinario. Información ambiental según las directrices de la Guía G3 de la “Iniciativa Mundial para la Elaboración de Informes de Sostenibilidad” (GRI); certificación por la ISO 14001; cumplimiento de la Directiva Europea de Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS); retirada de BFR y PVC de sus productos; respeto de la normativa CE 1907/2007 sobre registro, evaluación, autorización y restricción de preparados químicos (conocida como REACH); detallados informes ambientales de todos y cada uno de sus productos; y un largo etcétera.

Google Green” por su parte, también presenta un llamativo y envidiable  programa de responsabilidad ambiental. “Una Web mejor para el medio ambiente” reza su declaración ambiental. “Esto significa que cuando utilices los productos de Google, mostrarás un mayor respeto hacia el medio ambiente”, añade. Y como prueba de ello manifiesta: “hemos eliminado nuestro impacto en el cambio climático desde 2007”; “nuestros centros de datos utilizan un 50% menos de energía que los centros de datos habituales”; “hemos invertido más de 915 millones de dólares en energías renovables”, etc.

Soy consciente de que uno no se debe dejar impresionar en exceso por la publicidad empresarial. Muchas veces se cumple el refrán “dime de qué presumes…”. Pero todo parece indicar que algo se mueve en Internet a favor de un uso más sostenible de los recursos energéticos por parte de grandes empresas tecnológicas que así consiguen, sobre todo, atraer a más clientes. En cualquier caso se trata de conseguir, de una manera u otra, el objetivo enunciado por Kumi NAIDO –actual Director Ejecutivo de Greenpeace-  “We need a greener online for a greener offline”.

Las ciudades “medias” son hermosas

Escrito por Javier Sanz
26 de abril de 2014 a las 14:17h

El pasado martes, dia 22 de abril, celebramos el “día internacional de la Tierra” o también, como viene denominándola Ban KI-MOON, el Sercetario General de las Naciones Unidas, de forma más entrañable, “día internacional de la Madre Tierra”. Se cumplen 44 años desde el comienzo de esta campaña en los Estados Unidos coincidiendo con la creación de la “Environmental Protection Agency”, un pionero organismo público que ha sido la “madre” de muchas de las técnicas de protección ambiental que hoy conocemos. Me gusta esta fecha pero fue justo el 22 de abril de hace cuatro años cuando inicié este blog.

En esta ocasión la campaña del “Earth day 2014” ha versado sobre las “ciudades verdes”, teniendo en cuenta que, en la actualidad, más de la mitad de la población mundial vive en las ciudades. Y se calcula que, en 2050, concentrarán el 70%.

Repasando esta semana las novedades bibliográficas de la biblioteca de mi Facultad me he encontrado, casualmente, con una pequeña monografía titulada: “Las ciudades medias en la globalización” (Editorial Síntesis, 2014), elaborada por Andrés PRECEDO LEDO, y Alberto MÍGUEZ IGLESIAS, profesores de geografía de la Universidad de Santiago de Compostela. En esta obras los autores destacan que, en las útimas décadas se han producido “cambios importantes en los patrones de asentamiento de la población del Planeta” y, en particular, los datos muestran “un proceso de urbanización global y acelerado”. Un proceso que, a diferencia de épocas anteriores, está afectando a los paises emergentes y los menos desarrollados. Además este proceso “no se desarrolla de forma equilibrada sobre el territorio, sino que tiende a polarizarse en determinados puntos”.

El fenómeno más llamativo de este proceso es progresivo incremento de las llamadas “megaciudades” o aglomeraciones urbanas de más de 10 millones de habitantes, con una densidad mínima de 2.000 habitantes por Km2. Parece ser que hoy existen en el mundo 22 ciudades -o mejor- áreas metropolitanas que cumplen estas características comenzando por el área de Tokio-Yokohama (con sus 35,200.000 habitantes). Pero, como era previsible, China, India y Brasil son los países que más “megaciudades” tienen en su haber.

En otra ocasión tuvimos la oportunidad de comentar el libro de Edward GLAESER acerca de “El triunfo de las ciudades”, un canto optimista sobre la vida urbana e incluso sobre su “sostenibilidad sostenible”. Sin desconocer las ventajas de las megaciudades que he podido visitar (Londres, París, Buenos Aires, Seul…), lo cierto es que no me siento muy cómodo en estos ámbitos de enorme concentración poblacional. Pero me imagino que no sería más confortable para mi la experiencia de vivir en la mayor parte de las “megaciudades” del Planeta que se sitúan, hoy en dia, en los países emergentes o en desarrollo.

El estudio antes citado de los profesores compostelanos, si bien centrado principalmente en la realidad geográfica europea, la superioridad de la calidad de vida de las “ciudades intermedias” (entre 250.000 y 1,000.000 de habitantes). Y concluyen: “las ciudades más grandes son más competitivas, pero las ciudades medias tienen mejor calidad de vida”. A nivel mundial, afirman: “es indudable que en el nuevo contexto urbano de globalización, las megaciudades globales forman la red urbana que soporta los cimientos de la economía global, pero no son las únicas que pueden desempeñar un papel activo en el nuevo mapa urbano. Muchas ciudades intermedias han logrado también posicionarse como entornos de conocimiento y de excelencia…”.

Hace pocas semanas se publicaba un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud en el que se daba el dato de que en 2012 unos siete millones de personas murieron (una de cada ocho del total de muertes en el mundo) como consecuencia de la contaminación atmosférica. Esta conclusión duplica con creces las estimaciones anteriores u confirma que la contaminación atmosférica consituye en la actualidad, por sí sola, el riesgo ambiental para la salud más importante del mundo. No es atrevido presumir que un tanto por ciento muy elevado de estas muertes están vincualdas a zonas urbanas. Por cierto, que en relación con este tema, fue presentado hace unos meses un interesante informe elaborado por la Fundación MAPFRE y el Observatorio de Sostenibilidad de España. Titulado “Salud y sostenibiliad: efectos de la calidad del aire urbano”. En el además de poner de manifiesto la vulnerabilidad urbana y la exposición a la contaminación del aire (“la ciudad: ¿un marco de vida saludable?” se plantea el estudio) en algunos entornos urbanos de España, recoge una completa relación de propuestas de actuación para mejorar la calidad del aire urbano.

Vivo feliz en una “ciudad intermedia” y no tengo “mono” de las ventajas y atractivos de las “grandes ciudades” y mucho menos de las “megalópolis”, pero también pienso que no se trata de una mera cuestión de número de habitantes. Desde hace tiempo que venimos hablando de las “smart cities” y de las notas que deben orientarla en los diferentes aspectos de la gobernanza (participación, transparencia, inclusión social …) y de la sostenibilidad ambiental (movilidad urbana, eficiencia energética, etc.), social (inclusión social y accesibilidad a los servicios) y económica (competetitividad, innovación, etc.).

En todo caso, pienso que ante todo hay que pensar en las personas, en todas las personas, y en esta dirección las responsabilidades de los gobiernos locales serán cada vez más importantes y concretamente para reducir la pobreza. A esta conclusión llega el Tercer Informe del Observatirio Mundial de Democracia Local y Descentralización (GOLD III) sobre “El acceso a los servicios básicos y el proceso de urbanización mundial”, hecho público en 2013 por la organización “United Cities and Local Governments” (UCLG).

Cada vez estoy más convencido que el futuro de la humanidad está vinculado a las ciudades pero no a cualquier tipo de ciudad.