La pregunta que encabeza este post no es irónica. Ni gratuita.

En España tenemos un problema. El sistema político está dominado por completo por los partidos. Son imprescindibles para configurar el poder legislativo y, por extensión, el ejecutivo. Así lo marca la Constitución. Y lo consagra la ley electoral: no votamos a Zapatero, a Quintana o a Torres Colomer; votamos a una lista cerrada y bloqueada que normalmente dispone el aparato de la formación política de turno. Pero el escaño o el acta de concejal no pertenece al PSOE, al PP o al BNG, sino a la persona que figure en esa lista.

Esta contradicción ha provocado el fenómeno conocido como transfuguismo. Esta práctica política dará en unas horas la alcaldía de Mos al PP. Un buen día Gerardo Alonso -actual malo de la película- decidió abandonar el partido con el que había conquistado su acta de edil, el PSOE. Pero no renunció a su puesto en la corporación municipal. Él se pasó a la oposición y se convirtió en llave de la gobernabilidad. Fue cuestión de tiempo que se aliara con los populares para arrebatar el bastón de mando a sus antiguos compañeros.

Evidentemente, el PSOE ha demonizado un comportamiento tradicionalmente asociado a la ganancia de prebendas económicas y la corrupción (recordad a Tamayo). Lo mismo haría el PP en caso contrario. Y el BNG. Los partidos firmaron hace tiempo un pacto antitransfuguismo. Pero lo vulneran con frecuencia.

Serían más estrictos si los casos de abandono sin cesión de escaño significaran de verdad una erosión de su dominio del sistema político. Mientras solo sean mecanismos que permitan quitarle al otro un pedacito de poder serán una simple anomalía necesaria, -tal vez controlada, a veces propiciada, siempre tolerada- de la misma manera que el franquismo consideraba la corrupción como el aceite necesario para que se movieran los engranajes del régimen.