Con motivo de una viaje familiar que he realizado estos días desde Galicia hasta el Pais Vasco y Navarra, he tenido la oportunidad de comprobar con asombro las inusuales temperaturas (por llamativamente templadas) a lo largo de todo el litoral cantábrico, así como la triste lacra de los incendios forestales que están asolando la cordillera Transcantábrica. Más de 3.000 hectáreas han ardido en lo que va de invierno.
Como señalan los expertos, no es excepcional que proliferen los incendios de Asturias y Cantabria en la temporada de invierno-primavera. Pero lo cierto es que este año se han dado unas excepcionales condiciones más propicias para el fuego: altas temperaturas, combustibles secos, baja humedad, vientos fuertes, ausencia prologada de lluvias… Y, además, se están produciendo incendios de grandes dimensiones que afectan a arbolado autóctono y a ciertos espacios de gran valor ecológico. Según un especialista en temas forestales, se trata de uno de los más graves episodios de los últimos 25 años. Algo tendrá que ver con todo ello el fenómeno del “niño” y, quien sabe, con el calentamiento global.
Como siempre, no basta lamentarse ante tan recurrente fenómeno en el que interviene la mano (negra) del hombre pues, se sabe que, muchos de ellos son intencionados, lo cual no quiere decir que sean provocados por los pirómanos (esos seres humanos enfermos, afectados un trastorno psicológico del control de sus impulsos). Y, como tiene causas fundamentalmente antrópicas hay que diseñar estrategias preventivas y de minimización lo más efectivas posibles.
Leyendo hace unos días la colaboración de la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, Blanca RODRÍGUEZ-CHAVES sobre la “gestión sostenible de los montes” –publicado en la nueva edición del Observatorio de Políticas Ambientales de 2015, coordinado por el Profesor Fernando LÓPEZ RAMÓN, en el que tengo el honor de participar- quedan muy claros los grandes retos que tiene por delante el sector forestal español, que se puede resumir en la siguiente frase: “la planificación y ordenación de los terrenos forestales desde una visión global del monte que garantice el necesario equilibrio entre los criterios económicos, sociales y medioambientales”. Teniendo en cuenta que un alto porcentaje de la superficie forestal en España es privada (cerca del 70%), no se disponen para esta realidad instrumentos de ordenación apropiados y el resultado, es como señala, la citada autora, en muchos lugares, “ausencia total de gestión y abandono”.
La referida visión global e integrada en la lucha contra los incendios forestales aparece reflejada en una valiosa propuesta, publicada en abril de 2012 y promovida por la Asociación de Profesionales Forestales de España (PROFOR) y la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), bajo el título “Propuesta para una nueva política de incendios forestales en la cornisa cantábrica”.
Por tal motivo, estoy de acuerdo que es imprescindible vincular la política forestal con un adecuado desarrollo rural. En esta dirección se sitúa la aprobación del “Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal” (2014-2020) en el marco de la nueva Política Agraria Común (PAC) y financiada por los fondos del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Un montón de medidas para la revitalización e impulso del sector forestal que pasa principalmente por la “diversificación de la actividad económica en los municipios rurales, mejorando así las condiciones de vida de sus habitantes y, en particular, los vinculados más directamente con la actividad forestal”. Medidas que han de propiciar la futura revisión del vigente Plan Forestal Español.
¿Cómo ha colaborado hasta el momento a este cambio de modelo la reciente reforma de la Ley de Montes (operada por la Ley 21/2015, de 20 de julio) es, sin duda, prematuro dar una opinión fundamentada? Consciente de las críticas que ha merecido tal reforma, lo cierto es que se han dado algunos pasos, a mi juicio, en la buena dirección –ya ensayadas previamente por la normativa forestal de las Comunidades Autónomas (Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Navarra y el País Vasco)- como la ampliación del concepto de monte o su consideración como “infraestructuras verdes para mejorar el capital natural y su consideración en la mitigación del cambio climático”, la simplificación de los instrumentos de ordenación y gestión forestal, el fomento de las agrupaciones de propietarios forestales, la potenciación de la certificación forestal, la dinamización del aprovechamiento de la biomasa forestal como fuente de energía, etc. Por el contrario, me parece criticable la previsión legal de una excepción a la prohibición de cambio de uso forestal cuando se ha producido un incendio forestal (véase su artículo 50,1).
Si siempre, al hablar de los incendios forestales, me he referido a la importancia de las medidas preventivas -aunque sin olvidar, por supuesto, cuando proceden, las necesarias medidas represivas (administrativas y penales)- estoy convencido que la mejor manera de luchar contra esta tragedia recurrente es poner la bases de una buena política de ordenación del territorio, urbanística y de desarrollo rural, perfectamente coordinadas con la medidas de ordenación y planificación forestal. Para este fin, el Estado puede marcar pautas y proporcionar medios, pero son las Comunidades Autónomas las que asumen, por sus competencias, una mayor responsabilidad y protagonismo. Se trata de medidas que verán sus frutos a medio o largo plazo pero que merecen ser aplicadas con generosidad y altura de miras.
Espero que ahora, a comienzos de un nuevo año, en que todos formulamos nuestros buenos propósitos, no caigan en saco roto las más valiosas propuestas de los expertos y profesionales en estas materias. Por cierto, aprovecho para desearos a todos un ¡Muy Feliz 2016!
Trackbacks/Pingbacks