El pasado 19 de mayo se produjo, por causas que todavía se desconocen, la rotura de un oleoducto subterráneo situado en la costa de Santa Bárbara, una turística zona del litoral central de California. Hasta el momento se calcula que se han vertido unos 100.000 galones de crudo (unos 400.000 litros), parte de los cuales han contaminado las aguas litorales afectando a unos 14 kilómetros de la costa (6 kilómetros de playas). Varios centenares de operarios –con sus trajes protectores blancos (cómo me recuerda esto al “Prestige”) comenzaron las tareas de limpieza de la costa y de las aguas adyacentes. La empresa propietaria del oleoducto (“Plains All American Pipeline”) –que transporta crudo para los tanques de almacenamiento de la empresa “Exxon Mobil”- no es la primera vez que ocasiona un accidente de parecidas características pues se sabe que, desde principios del presente siglo, ha generado vertidos de 273.000 galones de petróleo crudo en las aguas o costas de Texas, Luisiana, Oklahoma y Kansas; y, por tal motivo, ha desembolsado más de 23 millones de dólares.
Una vez alertadas las autoridades acerca de la producción del accidente, el dispositivo de emergencia se puso en marcha bajo la coordinación del Gobierno de California a través de su Departamento de Pesca y Vida Silvestre (“Departament of Fish and Wildlife”): la “Oficina de Prevención y Respuesta ante los vertidos” de California, el “Centro de Operaciones de Emergencia”, el “Centro de Información Unificado”…, también los organismos federales: la “Guardia Costera de los Estados Unidos”, la “Administración Oceánica y Atmosférica Nacional” (NOAA), el “Departamento de Transporte”, el “Servicio Meteorológico Nacional”, la “Oficina de Santuarios Marinos Nacionales”, la “Agencia de Protección Ambiental” (EPA)… Por su parte, la titular de la Fiscalía General de California –Kamala HARRIS– trabaja con los fiscales locales en la investigación del suceso con el fin de promover cargos penales y/o civiles. También, el Gobernador de California –Jerry BROWN– ha declarado el «Estado de Emergencia» que permite la rápida puesta a disposición del operativo de todos los recursos disponibles.
Siguiendo los planes de contingencia y en aplicación de la “Ley Federal sobre contaminación por petróleo” (Oil Pullution Act de 1990, aprobada tras la catástrofe del “Exxon Valdez”) y de la Ley californiana sobre prevención de vertidos (“Lempert-Keene-Seastrand Oil Spill Prevention and Response Act” de 2014), las autoridades del Estado de California (en especial, la California Coastal Commission) junto con las autoridades federales se han puesto a trabajar para evitar o reducir al máximo los daños al medio ambiente. Por lo pronto, la empresa responsable del vertido tendrá que aportar los recursos económicos necesarios para proceder a las tareas de limpieza de la costa. No se ha podido evitar la muerte por el vertido de varios delfines comunes, pelícanos marrones, leones y elefantes marinos,
Los ecologistas no ha tardado en reaccionar reclamando un cambio en el sistema energético norteamericano hacia la nueva “era post-petróleo” mediante la promoción de las energías renovables. Los grupos radicados en la zona del accidente miran con preocupación este suceso conscientes de que el problema puede volverse a producir ya que enfrente de la costa son varias las plataformas petroleras que bordean el litoral de Santa Bárbara. El director de la organización ecologista “Environmental Defense Centre” (EDC), Owen BAILEY, ha apuntado de una parte que «quedan una cantidad de interrogantes, principalmente por qué este oleoducto relativamente nuevo no tenía un sistema de cierre automático y por qué las primeras medidas para contener la fuga no han sido más eficaces», y de otra parte, que la zona afectada «alberga una fauna muy diversa, incluidas varias especies de ballenas que están en peligro, además de que esta costa emblemática atrae a miles de personas de todo el mundo». La directora de la organización ecologista Sierra Club, Kathryn PHILLIPS ha dicho que «ya es hora de que la industria petrolera reaccione», “¿Cuántas señales más necesitamos para entender que la salud y el medioambiente no están entre sus prioridades?», se preguntaba.
Al hilo de este accidente nos enteramos de que en la misma zona de la costa de Santa Bárbara se produjo en 1969 la mayor marea negra -antes de la provocada por el hundimiento del buque “Exxon Valdez” en 1989 (vertido de 11 millones de galones en las costas de Alaska)- pero, sin duda, por debajo de la más reciente catástrofe de 2010 por la explosión de la plataforma de extracción de petróleo “Deepwater Horizon” en el Golfo de México, que produjo un vertido de 210 millones de galones de crudo). En aquella primera ocasión, una plataforma petrolera (perteneciente a la empresa “Union Oil”) cercana a las costas de Santa Bárbara provocó un vertido de más de cuatro millones de galones. Y tal fue la cobertura mediática que cubrió el suceso que dio lugar a un importante movimiento popular de defensa ambiental, instaurándose con tal motivo el “Día de la Tierra” -que celebramos recientemente-, así como la aprobación de importantes leyes estatales y federales de protección y gestión de la costa (como es el caso de la «Ley Federal de Gestión de las Zonas Costeras» de 1972).
Vistas las cosas de esta orilla del Pacífico -y tras haber vivido con gran intensidad la catástrofe del “Prestige”- da la impresión de que aquí el dispositivo de emergencia frente a la contaminación por vertidos de hidrocarburos funciona con mayor eficacia que en España y con una más adecuada coordinación entre las autoridades del Estado afectado y las del Estado Federal. Otra cosa es la política norteamericana de explotación de hidrocarburos en el mar, pues no hay que olvidar que hace pocas semanas el Gobierno federal estadounidense, a través de su Departamento de Interior, ha autorizado a la compañía petrolera holandesa Shell para iniciar las perforaciones en aguas del Océano Ártico, frente a las sensibles costas de Alaska. Lo cual ha provocado la reacción inmediata de todos los grupos ecologistas que ven con esta arriesgada decisión una marcha atrás en la política energética contra el cambio climático.
Con todo lo dicho, pese a las eficaces medidas y sólidos instrumentos de los Gobiernos norteamericanos –federal y estatales- en la lucha contra la contaminación marina accidental, son tantos –y tan valiosos- los recursos naturales costeros y litorales que se ponen en riesgo con la explotación de los hidrocarburos en el mar, que, en el momento presente, no alcanzo a ver que, a largo plazo, compensen los beneficios que puede reportar tal explotación a gran escala, sin una seria evaluación ambiental y sin vigorosas medidas de gestión de los riesgos. No cabe duda de que me influye de forma determinante la experiencia gallega sobre vertidos marinos, pero me gustaría que alguien me diese razones para pensar de otro modo.
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