Conciencia ambiental a toda costa (I): la última década.

Se acaba de publicar, a comienzos de este veraniego mes de julio de 2010, la 10ª edición del Informe de Greenpeace sobre la situación del litoral que es conocido por su expresivo título Destrucción a toda costa.
Felicitamos a Greenpeace por su incansable constancia en poner de manifiesto los puntos negros los más de 8.000 kilómetros de zonas costeras que constituyen uno de nuestros mejores patrimonios naturales y económicos, y que comprenden los puntos de atracción del 80 por ciento de los más de sesenta millones de turistas que visitan nuestro país. Zonas costeras en la que, por cierto, ya vivimos el 44 por ciento de la población española.
Siguiendo el esquema expositivo de los Informes precedentes, en la nueva edición se efectúa un diagnóstico general de la situación actual en el conjunto de España y luego se analiza cada una de las diez comunidades autónomas costeras además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En esta ocasión nos parece que tiene un particular interés su lectura; al tratarse de la décima edición del Informe, su contenido se presenta a modo de grandes líneas de las actuaciones –públicas y privadas- sobre la costa en la última década, con especial referencia a las que han resultado negativas o destructoras de sus valores ambientales.
Con carácter general, en el conjunto de todo el Estado español, el argumento principal del informe es, como no podía ser menos, la burbuja inmobiliaria promovida por los gobiernos y apoyada alegremente por las entidades financieras. Lo cual ha conllevado una extraordinariamente presión urbanística sobre todo el litoral español –y, por consiguiente, de muchas zonas de especial valor ecológico- con la construcción de varios millones de viviendas. Un lucrativo negocio de lo que mi querido maestro Ramón MARTÍN MATEO (padre del Derecho Ambiental español) ha denominado la gallina de los huevos de cemento. Pero si la urbanización ha sido siempre –como destaca el Informe- “uno de los principales problemas de la costa”, ello viene agravado por abundantes casos de corrupción que se han detectado tras las sospechosas recalificaciones del suelo; aunque (lo que resulta más triste) no siempre los cargos públicos implicados en semejantes turbias operaciones resultan castigados en las correspondientes elecciones democráticas.
La degradación de la costa no sólo se debe a la mala urbanización de los espacios costeros. De la crítica del Informe no se escapan las grandes o pequeñas infraestructuras portuarias -desde los grandes puertos del Estado y sus ampliaciones, hasta los numerosos puertos deportivos que jalonan todo el litoral español- que, sin dejar de suponer un evidente signo de progreso económico, conllevan igualmente importantes impactos ambientales sobre la delicada dinámica litoral. Sin embargo, estamos de acuerdo con el Informe en que la contaminación de las aguas marinas, por un deficiente control de los vertidos y la falta de depuración de las aguas residuales constituye una de la asignaturas pendientes de la protección de la costa. Prueba de ello son las múltiples denuncias y sanciones que España ha recibido de la Unión Europea por incumplir e infringir la correspondiente normativa ambiental comunitaria.
Y como colofón de todo lo anterior, y en parte debido a la saturación de la franja costera, a la contaminación y a la desaparición acelerada de las playas, resulta que el turismo, principal motor económico de España, ha comenzado a resentirse. La industria turística –señala en Informe- viene acumulando su sexto año consecutivo de descenso de ingresos. De hecho Estados Unidos acaba de desbancar a España de su segundo puesto en el ranking mundial de llegadas. Es urgente en España, por consiguiente, la aplicación de un modelo turístico costero mucho más sostenible.