Una vez más tenemos que lamentarlo. Cuando parecía que este verano en Galicia  concluía con una campaña moderadamente exitosa de lucha contra los incendios forestales, va y prende al sur de la Costa da Morte, el emblemático monte Pindo (el «Olimpo celta») y sus alrededores, la locura infernal del fuego devastador, impulsado por el fuerte viento del “nordés”. Más de 2.000 hectáreas de bosque de una de las zonas mejor conservadas de nuestra costa.

Ni la frescura del río Xallas, ni la espectacular cascada de Ézaro, ni la mole granítica que emerge en el entorno de la playa de Carnota -la más larga de Galicia- han impedido que el fuego arrase este maravilloso espacio de la Red Natura 2000. Ahora todo está cubierto de negras cenizas lo que durante muchos años ha sido el sacrificado trabajo forestador del ser humano y la paciente evolución de la propia naturaleza. Menos mal, que no ha habido desgracias personales.

Y ahora, como siempre, el momento de exigir responsabilidades, de la críticas -justificadas o partidistas-, de la reivindicación de más medios -personales y materiales-, de una nueva política forestal, de unas mayores y más duras sanciones –penales y administrativas- para los pirómanos e imprudentes causantes de esta reincidente catástrofe vegetal.

Ya son varias las veces que hemos destacado en estas páginas, las fases en que se estructura toda política racional de lucha contra las catastrofes de naturaleza semejante: PREVENCIÓN para evitar en lo posible que se produzcan los peligros y se cumplan las amenazas, INTERVENCIÓN para eliminar o minimizar los daños que puedan ocasionarse, RESPONSABILIDAD para castigar las conductas delictivas e imprudentes causantes de los daños o amenzadas, y RESTAURACIÓN para recuperar en lo posible los bienes afectados, reponiéndolos a su situación original.

Ahora en caliente, cuando todavía humean los rescoldos de la batalla contra el fuego, parece que sólo queremos oir hablar de responsabilidades. Por supuesto, que no está mal, que es lo lógico. Y yo, como jurista, reclamo también la persecución de los responsables de tan lamentables sucesos, sobre los que debe caer todo el peso de la Ley.

No obstante, una vez más (no me cansaré de repetirlo) es preciso insistir, todo lo alto y fuerte que pueda alzar mi voz, en que: ¡CADA VEZ SON MÁS IMPORTANTES Y URGENTES LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN!

Seguramente que nunca podremos impedir la existencia de esos peligrosos locos pirómanos o personas inadaptadas socialmente que se desahogan con sus llamativas acciones ecocidas. Pero estoy convencido de que podemos ir avanzando en la lucha contra esta lacra que tristemente (e injustamente) se viene asociando con nuestra idiosincrasia gallega. Tenemos ya una larga experiencia, conocemos muchos de los factores subyacentes (despoblamiento rural, abandono de tierras cultivadas, ausencia de ordenación de usos del territorio, existencia de conflictos sociales arraigados en determinadas zonas, falta de rechazo social de los delincuentes incediarios, y un largo etc.).

Desde luego que cada caso es distinto y que siempre hay que aprender de los errores. Apliquemos –y respetemos- las leyes que democráticamente hemos aprobado (en Galicia: la Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural, la Ley 3/2007 de Prevención y Defensa contra los incendios forestales, o la reciente Ley 7/2012 de Montes). En ellas se recogen y desarrollan multitud de medidas preventivas que podrían, si no eliminar, reducir considerablemente los riesgos de nuestros bosques, por ejemplo, fomentando o exigiendo su limpieza y cuidado.

No obstante, comparto, en todo caso, la idea de que esta batalla no se puede dar de forma aislada sino que en ella hemos de implicarnos todos los ciudadanos. Como bien dice la Exposición de Motivos de la referida Ley 3/2007: “La política de defensa del medio rural contra los incendios, por su vital importancia para el pais no puede ser implemantada de forma aislada sino integrándose en un conjunto más amplio de planificación del territorio y de desarrollo rural, compromentiendo a todas las Administraciones, las personas propietarias de terrenos forestales, los agricultores y agricultoras, las comunidades de montes vecinales en mano común, la sociedad del medio rural y en general el conjunto de la ciudadanía”.

Ojalá todos nos pongamos a trabajar, desde hoy mismo, con esta actitud, la única razonable que admite la tozuda realidad de los incendios forestales en nuestra bella y querida –y lacerada- tierra.