Subido a mi bicicleta de montaña en lo alto de la Sierra de Guadarrama, recibí la semana pasada una llamada de Radio Nacional de España para opinar sobre la nueva edición (la 13º) del Informe de Greenpeace, Destrucción a toda costa, 2013, dedicado en esta ocasión al “análisis del litoral a escala municipal”. Terminado mi montaraz paseo acudí rápidamente a internet para conseguir el citado Informe. Como ya saben mis lectores el litoral es una de mis actuales ocupaciones y nada de lo que le acontece me resulta ajeno.

El informe se basa fundamentalmente en un interesante estudio de Fernando PRIETO: Costas inteligentes: la costa como un bien común. Análisis por municipios de la ocupación del suelo en los primeros 500 metros de costa y visión para un futuro sostenible en 2030. Los datos que se manejan proceden de un proyecto europeo –denominado Corine Land Cover para creación de una base de datos sobre la cobertura y uso del territorio en la Unión Europea, dirigido por  la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)- consistente en imágenes satélite de la construcción en la costa en los años 1987, 2000 y 2005. Por consiguiente, las conclusiones del informe reflejan el proceso de urbanización del litoral en España en lo más álgido del desarrollo económico basado, en buena parte, en la construcción de viviendas. Y, por supuesto, en plena vigencia de la Ley de Costas de 1988.

Sobre la base de dicha información el nuevo Informe de Greenpeace hace un ranking de los municipios litorales según su superficie artificial (y su evolución en el periodo de tiempo considerado) dentro de la franja de los 500 metros desde la ribera de mar que representa el ámbito de protección de la citada Ley de Costas. En la superficie artificial se tienen en cuenta diferentes categorías de suelo artificial: desde el tejido urbano continuo, el discontinuo, las zonas industriales y comerciales, zonas portuarias, etc. Las conclusiones generales son conocidas, en términos generales, desde tiempo atrás, con un progresivo e imparable proceso de litoralización de la población española (cercana al 45% residente en los municipios litorales), que el estudio cifra en un incremento máximo del 26% de artificialización de toda la franja costera de 500 metros en 2005 (que supone el 0,55% del territorio nacional).

Aunque el Informe se introduce con un claro rechazo a la reciente Ley 2/2013, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988 (y aporta diez buenas razones para ello), dado el periodo de análisis del trabajo presentado (hasta el año 2005), afirma que esta Ley de 1988 “funcionó de forma muy limitada”. Pero ¿qué hubiera sido del litoral español de no haber existido la benéfica Ley de 1988? Y, en todo caso, el proceso de urbanización del litoral no hay que achacarlo sólo a los municipios sino que hay que co-responsabilizar también, en su caso, a las Comunidades Autónomas -que mantienen importantes competencias de control urbanístico y de ordenación del territorio y del litoral- e incluso a la Administración General del Estado (a través de las respectivas Demarcaciones de Costas). Una vez más, me confirmo en la idea de que lo que ha fallado es, no tanto, la Ley de Costas sino su aplicación de la Ley de Costas y la colaboración-coordinación entre las Administraciones Públicas competentes.

Aunque sean muy efectistas, no soy muy partidario de los rankings. Pienso que es muy difícil fijar en un listado la clasificación de los peores y mejores municipios costeros en función de la ocupación de su superficie. Hay que tener en cuenta muchos y variados indicadores. Hace muy poco que un buen amigo y colega trataba de convencerme en Benidorm sobre las excelencias del modelo de ocupación intensiva que allí se ha producido desde los años sesenta. Además es la posición mayoritaria de la doctrina urbanística acerca de la mayor sostenibilidad de la “ciudad compacta”.

En cualquier caso, estoy de acuerdo con los redactores del Informe de Greenpeace en criticar un proceso generalizado de ocupación del litoral en nuestro país que sólo la “crisis del ladrillo” ha podido paralizar, en que la reciente reforma de la Ley de Costas de 1988 corre el serio peligro de agravar la situación, y en que los municipios que preserven de la construcción las zonas costeras que todavía no han sufrido la presión urbanizadora “son los que en el futuro tendrán previsiblemente unas mejores condiciones económicas y sociales”.

Por último, antes que la Ley 2/2013, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988 sea declarada en algunos de sus aspectos como inconstitucional ante nuestro Tribunal Constitucional o impugnada ante los organismos jurisdiccionales de la Unión Europea, como propugna Greenpeace, espero y confío que sean las Comunidades Autónomas las que en virtud de sus importantes competencias de ordenación del litoral y de protección ambiental reconduzcan razonablemente la situación. Quizás se me pueda tachar de ingenuo pero, en la situación actual, no veo solución mejor y sin necesidad de declararse insumiso.