Con verdadera emoción recibí, hace pocos días, de parte de mis colegas universitarios colombianos, el texto del “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” que lleva por fecha el 24 de agosto pasado, firmado en La Habana por varios dignatarios internacionales y, en particular por el Presidente Juan Manuel SANTOS y uno de los máximos representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo (FARC). Se pone fin así a cincuenta años de guerra entre el Gobierno colombiano y las guerrillas, con un triste balance de más de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos, sin contar con los seis millones de desplazados.
Han sido más de cuatro años de intensas negociaciones que concluyen con un esperanzador programa de cese del fuego, bilateral y definitivo, con la reconciliación de las partes en conflicto y con un proceso de reconstrucción –económica y política- del país. Todo un conjunto de medidas políticas, económicas y judiciales que forman parte del proceso de justicia transicional que garantizará el ansiado objetivo de la plena pacificación del país.
Cabe imaginar que tanto años de guerra ha tenido un grave impacto sobre el medio ambiente del país. Y, en efecto, el pasado mes de marzo del presente año, Simón GAVIRÍA MUÑOZ, Director General del Departamento Nacional de Planeación del Gobierno colombiano hacía balance de los enormes impactos ambientales del conflicto, así como de loa retos y oportunidades para maximizar los “dividendos ambientales de la paz”. Entre los impactos acumulados del conflicto: 3 millones de hectáreas de bosque desforestadas, 1.300 millones de toneladas de CO2 emitidas, 1,5 millones de hectáreas de suelo degradadas, 60% de las fuentes hídricas del país potencialmente afectadas por la extracción ilícita de minerales y vertidos de petróleo, 780 mil hectáreas desforestadas cuyo uso actual es diferente al de su vocación natural… Y, en cuanto a los “dividendos ambientales” que trae consigo cada año de paz, ahorraría a Colombia más de 7 billones de pesos colombianos.
Me viene a la memoria ahora aquellos magníficos principios de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (aprobada en junio de 1992): en concreto, el 24º: “La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible…” y el 25º: “La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables”. Declaraciones éstas que cobran un especial sentido cuando nos referimos a un país como Colombia que, en sus 1,14 millones de km2, alberga uno de los patrimonios naturales más ricos y biodiversos del Planeta: unos paisajes asombrosamente variados (incluidos casi medio millón de km2 de la cuenca del Amazonas) y el impresionante récord de poseer más especies de plantas y animales por km2 que cualquier otro país del mundo; sólo en aves, se han descrito allí una 1.700 especies que representan un poco menos del 20% de todas las aves del globo; su patrimonio vegetal comprende la friolera de 130.000 especies (de ellas un tercio son endémicas)…
Volviendo al texto del “Acuerdo Final”, un largo documento de casi 300 páginas, éste se estructura en seis partes y varios Protocolos y Anexos. Me ha interesado mucho su contenido pero, sobretodo, sus referencias al medio ambiente que paso a comentar muy brevemente. No es casual que su Primera Parte se dedique a la “Reforma Rural Integral” precedida de la expresión “Hacia un nuevo Campo Colombiano”. En este apartado abundan las referencias a la “sostenibilidad ambiental”. Está orientado por el principio del desarrollo sostenible “ambiental y socialmente sostenible” y que requiere “la protección y promoción del acceso al agua, dentro de una concepción ordenada del territorio” (p. 11). Se centra en el bienestar de los habitantes del campo, las comunidades campesinas y grupos étnicos; apunta a fortalecer la presencia del Estado en el territorio, integrar las regiones, cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, fomentar la producción agrícola, proteger el medio ambiente y asegurar progresivamente el derecho a la alimentación.
Entre las medidas sobre acceso a la tierra, además de un “Fondo de Tierras” de distribución gratuita para los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente (que dispondrá de unos tres millones de hectáreas en los primeros diez años), la delimitación y fortalecimiento de las reservas forestales y espacios naturales de especial importancia ecológica, la extinción administrativa del dominio por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, etc. El acceso a la tierra comprende además el acceso integral a los medios para hacer uso efectivo de la tierra (capital, semillas, asistencia técnica) y la creación de un entorno favorable (riego, educación, vivienda, etc.). Por otro lado, en la Parte Tercera -sobre el “Fin del conflicto”- se contemplan la reincorporación de los miembros de las FARC-EP a la vida civil desarrollando, entre otros, “programas y proyectos productivos sostenibles” (p. 66).
Otro apartado clave del “Acuerdo de Paz” es el relativo a la “Solución al problema de las drogas ilícitas” (Parte Cuarta) con la previsión de actividades como planes integrales de “sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dicho tipo de cultivos (causantes de una buena parte de la desforestación). Sustitución que “no puede ser en detrimento de la sostenibilidad económica, ambiental y social de las Comunidades y respectivos territorios” (p. 93). Sin embargo, se ha criticad o el Acuerdo en el sentido de que no queda claro si los crímenes realizados por las FARC-EP en contra del medio ambiente (como, por ejemplo, la voladura del oleoductos) están contemplados entre los que no serán objeto de indulto y/o amnistía.
Nos consta que para las negociaciones previas se han desarrollo interesantes trabajos sobre este específico aspecto del medio ambiente. En este sentido quiero destacar el documento elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia con el apoyo de Naciones Unidas y la Cooperación de Alemania: “Consideraciones ambientales para la construcción de una paz territorial estable, duradera y sostenible en Colombia. Insumos para la discusión”, fechado en septiembre de 2014. Más recientemente, la aprobación por la Asamblea de Naciones Unidas de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS) puede ayudar al proceso de pacificación que tiene por delante la República Colombiana: “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles” es el 16º ODS para cuyo logro se requieren muchos años de implantación y de cultura democrática.
Muy atentos seguiremos, de cerca, con ilusión, el proceso de pacificación del querido “País de las Esmeraldas”. Los colombianos se lo merecen y también su precioso patrimonio natural y cultural. Por el momento, el “Acuerdo Final” que hemos comentado contiene muchas y buenas ideas para conseguir sus ambiciosos objetivos. Como dijo en 1992 el entonces Secretario General de Naciones Unidas, BOUTROS BOUTROS-GHALI: “No sé si las ideas guían al mundo, pero de todas maneras nada es posible sin ellas” (Discurso ante la Asamblea General de la ONU con motivo de la celebración de la Cumbre de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, publicado bajo el título “Paz, Desarrollo y Medio Ambiente”).