Definitivamente ¡NO! No comparto la decisión del “Gobierno en funciones” de prorrogar –por ¡sesenta años! (nada menos que hasta el 2078)- la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, en la Ría de Pontevedra, de la papelera perteneciente a la empresa ENCE Energía y Celulosa S.A. Confieso que tenía especiales ganas de publicar esta opinión y si no lo he hecho antes es porque mi agenda de trabajo no me lo ha puesto fácil.

Desde que fue tomada la decisión –expresada en la Resolución de la Directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de 20 de enero de 2016 (por delegación de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)- se ha desatado una interminable cadena de reacciones de todo tipo. Han predominado las opiniones críticas a la prórroga capitaneadas por los grupos ambientalistas (como la activa “Asociación pola Defensa da Ría” de Pontevedra) y por algunos de los Ayuntamientos afectados y, en particular, el de la ciudad de Pontevedra. Éste último ha manifestado su radical oposición, entre otras medidas, promoviendo –y aprobando (el pasado 22 de febrero)- la declaración de persona “non grata” -que no comparto- sobre su paisano, el mismísimo Presidente del Gobierno en funciones. Al mismo tiempo, no han faltado opiniones favorables a la medida sobre la continuidad de la papelera de Pontevedra: las de quienes ven, en el momento actual de la crisis económica, una oportunidad de desarrollo económico de Galicia y para el mantenimiento de centenares de puestos de trabajos dependientes –directamente o indirectamente- de la citada instalación industrial situada en la zona llamada de Luorizán.

Como es sabido, la papelera de Pontevedra -que había comenzado su actividad en virtud de una Orden Ministerial de 13 de junio de 1958 (cuando ENCE pertenecía al Instituto Nacional de Industria)-, en principio tenía sus días contados hasta el año 2018 en que, de acuerdo con lo previsto por la Ley de Costas de 1988, caducaba la concesión del dominio público marítimo-terrestre (exactamente, 373.524 metros cuadrados). Pero, hete aquí que fruto de la reforma de la referida Ley de Costas de 1988 -la promovida por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral– se alteró (en el art. 1,39 de ésta última Ley) el régimen de concesiones en la zona marítima-terrestre de la Disposición Transitoria Primera, 2 de la Ley de Costas (que, originalmente, sólo podían continuar hasta 2018) por un régimen especial para los terrenos destinados en dicha zona para “instalaciones e industrias”, pudiendo el Gobierno español prorrogar las concesiones preexistentes hasta un máximo de sesenta años, pero, para lo cual, necesita el previo informe –“determinante” (que, no vinculante) del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente. Informe que, según la nueva redacción de la Ley de Costas, debe incluir “las condiciones que deba contemplar la concesión para garantizar una adecuada protección del medio ambiente”.

Con arreglo a la reformada Ley de Costas el Gobierno del Estado podría haber aprobado la prórroga de la concesión sin el informe favorable de la Administración ambiental autonómica (aunque debería motivado las razones de interés general por las que lo hace), pero en este caso que comentamos el Informe de la Xunta de Galicia, emitido con fecha de 10 de noviembre de 2015, ha sido favorable si bien ha recordado la necesidad de cumplir con las obligaciones de protección ambiental que se concretaron en la autorización ambiental integrada reconocida a ENCE en 2013.

No pretendo aburrir aquí al lector con argumentos jurídicos que no es del caso traer a colación en este momento. Se podría admitir que el procedimiento jurídico utilizado para la concesión de la prórroga es el adecuado desde el punto de vista formal (aunque hay quienes lo discuten). Pero, a mi modo de ver, hay suficientes razones de fondo –políticas, jurídicas y técnicas- que permiten mantener una posición contraria a la discutida decisión del Gobierno de la Nación.

Desde el punto de vista político –en el mejor de los sentidos, de una buena gobernanza del territorio-, una decisión como la de la continuidad durante sesenta año mas de la papelera hubiera requerido, a mi juicio, un mayor debate público y un verdadero proceso de participación ciudadana en la solución final. Aun habiendo ciudadanos beneficiados con la permanencia de la papelera, pienso que son muchos más los afectados y, singularmente, los que lo fueron cuando se instaló la papelera, a finales de los años cincuenta del pasado siglo, con un extraordinario coste ambiental. Pero en una democracia que se precie, los intereses generales deben de prevalecer sobre los particulares. Además, es preciso recordar aquí, las repetidas promesas de los políticos de todo nivel y color político en la dirección de apoyar la finalización de la referida concesión. Y, a todo lo anterior, añado que es criticable haber tomado la decisión en un Gobierno “en funciones” (sólo para los temas de “ordinaria administración”).

Por lo que se refiere a la justicia ambiental, no me cabe la menor duda de que Galicia y los ciudadanos que viven en el entorno de la Ría de Pontevedra tienen un derecho a no soportar por más años las incomodidades de la papelera. Según nuestro Estado de Derecho, han de repartirse con justicia las cargas y los beneficios que conlleva nuestra convivencia y nuestro desarrollo económico. Y, desde esta perspectiva, pienso que prolongar sesenta años más las externalidades contaminantes de ENCE es manifiestamente injusto y desproporcionado. Es cierto que, cuando se instaló la papelera, no había legislación ambiental que evitara la degradación ambiental de una de las rías más bellas de Galicia, no hay que olvidar que, sobre los gestores del grupo empresarial ENCE-ELNOSA, recayó una condena por delito ecológico por la Audiencia Provincial de Pontevedra (la Sentencia de 5 de noviembre de 2002).

En cuanto a una orientación más técnica –desde la protección ambiental– del asunto que nos ocupa, la situación degradación de la Ría de Pontevedra persiste como se pone de manifiesto por la recientísima Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 10 de marzo de 2016, por la que se condena al Reino de España por haber incumplido las obligaciones que le incumben en aplicación de la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas en lo que respecta a la aglomeración de Pontevedra-Marín-Poio-Bueu. Aunque la situación actual de deterioro de las aguas en transición de la Ría de Pontevedra no se debe principalmente a la instalación industrial de ENCE, la gravedad de la situación es motivo más que suficiente para haber declarado la caducidad de su concesión y de esta manera facilitar el proceso de recuperación del medio marino afectado.

¡Muy bien con lo ambiental!, se me dirá, pero ¿qué pasa con los puestos de trabajo que genera la papelera y todo el desarrollo económico que se desarrolla en torno a la explotación forestal en Galicia? Siempre he defendido un modelo de desarrollo sostenible que no olvide la perspectiva económica (junto a la social y ambiental). La toma de buenas decisiones requiere una planificación previa que, en el supuesto de que se hubiera decidido cerrar ENCE en Pontevedra, hubiera precisado de un razonable periodo de aplicación de las medidas oportunas: búsqueda de un nuevo emplazamiento (menos dañino para el medio ambiente), mantenimiento de los puestos de trabajo para actividades sustitutivas, etc. Los cambios necesitan tiempos de asimilación.

No dudo de la buena voluntad de los actuales gestores de la empresa ENCE Energía y Celulosa quienes, con fecha de 4 de diciembre de 2015, se ha comprometido a cumplir las condiciones y prescripciones impuestas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para otorgar la prórroga extraordinaria de la concesión otorgada en 1958. Más de 61 millones de euros en mejoras ambientales ambientales y operativas, mantenimiento de más de 800 empleos en Pontevedra y 5.000 en Galicia, etc. Aun con todo, a mi no me salen las cuentas y menos para una actividad potencialmente contaminante que, sin nadie lo remedia, está llamada a perdurar algo más de un siglo (120 años, desde 1958 a 2078). No lo entiendo. Quizá es que soy de letras.