Hace pocos días el Gobierno ha anunciado la aprobación de varias medidas fiscales que permitan reducir el galopante déficit público e incrementar los ingresos tributarios 
del Estado. Entre estas medidas se señala el denominado “céntimo verde”, un recargo fiscal que supondría gravar entre cinco y seis céntimos de euro el consumo de hidrocarburos (gasolina y gasoil). Se ha dicho que esta medida pretende cubrir el enorme ”déficit tarifario” (la diferencia entre elcoste real de la producción de electrícidad y la tarifa reconocida a las compañías eléctricas) que ya se eleva por encima de los 25.000 millones de euros.
UNESA, la Asociación Española de la Industria Eléctrica defiende tal medida ya que de esta forma se podrían seguir manteniendo las primas a las energías renovables de la tarifa eléctrica y, de paso, cumplir con los objetivos de la Unión Europea para el incremento de producción de esta modalidad de energías limpias (que a partir del año 2020 el 20% de la energía consumida proceda de energías renovables). Pero, a su vez, MONTORO, el Ministro de Hacienda se opone a este destino del “céntimo verde” ya que, por lo general, la recaudación tributaria no puede vincularse a un destino concreto del gasto público. Y, al mismo tiempo, las compañías petroleras –a través de su patronal (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos)- se manifiestan en contra de tal medida ya que, en su opinión, se trata de un “subsidio cruzado” (restringido por el Derecho Comunitario) y además “no existe justificación ambiental para tal recarga”.
Desde que lei hace muchos años la preclara obra del científico alemán, Ernst Ulrich VON WEIZSÄCKER: Política de la Tierra, una de las más serias reflexiones sobre la política ambiental en siglo XX, estoy convencido de que una verdadera política ambiental debe pasar inexorablemente –como el defiende- por una reforma fiscal verde. Y debe de reconocerse que, al menos nuestro país, los impuestos verdes han proliferado en las Comunidades Autónomas. Existen en España más de treinta tributos que afectan a sectores tan variopintos como las aguas (el canon sobre el saneamiento), sobre la emisión de gases contaminantes, sobre el aprovechamiento del viento (el canon eólico), sobre la producción de residuos, sobre las grandes superficies, sobre actividades que inciden sobre la naturaleza, etc. Que suponen cada año muchos cientos de millones de euros para las arcas de las haciendas autonómicas.
Sigo de cerca los rigurosos estudios e informes del prestigioso centro de investigación, Economics for Energy, liderado por mi buen amigo Xavier LABANDEIRA. Las conclusiones de su reciente informe “Un nuevo modelo de reforma fiscal verde” destacan la oportunidad que ofrece para España la aplicación en el futuro de los impuestos energeticos-ambientales que, además de alcanzar unos considerales incrementos recaudatorios, “nos pemitirían mantener la agenda de cambios en el modelo económico y cumplir los compromisos de reducción de emisiones; una “reforma fiscal verde” que, como defiende este estudio, “aperece vinculada a las políticas económicas emergentes: cambio climático, renovables y eficiencia energética, a la que se podrían añadir objetivos distributivos, de I+D y de competitividad”.
Mucho me temo -ojalá me equivoque- que el cacareado “céntimo verde” no vaya por estos derroteros y que se convierta al final en un mero recurso recaudatorio. Lo cierto es que algunos de los impuestos verdes existentes, al menos de los que yo conozco, pese a estar legalmente vinculados a una finalidad ambiental (por tanto extrafiscal) por el mecanismo de la “caja única” de los tributos no siempre son repercutidos para los fines para los que se crearon.
Sea bienvenido un verdadero “céntimo verde” con los deseables fines ambientales y bajo el sabio criterio de “quien contamina paga”. Pero, de no ser así, por favor, ahórrense el apelativo de “verde” que ya que, de tanto abusar de él, está suficientemente desprestigiado.