Celebramos hoy el “Día Mundial del Agua” (instituido por la Asamblea General de  Naciones Unidas en febrero de 1993) bajo la coordinación  el Programa “Habitat” de Naciones Unidas y con la colaboración del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que se centra en el tema “Agua para las ciudades: respondiendo al desafío urbano”. Este año el objetivo del Día Mundial del Agua 2011 (DMA 2011) es situar el centro de la atención internacional sobre el impacto del rápido crecimiento de la población urbana, la industrialización y la incertidumbre causada por el cambio climático, los conflictos y los desastres naturales sobre los sistemas urbanos de abastecimiento de agua. Asimismo, se trata de poner de relieve y alentar a los gobiernos, las organizaciones, comunidades y personas a participar activamente para responder al desafío de la gestión  del agua urbana.

En la Cumbre mundial de Johannesburgo de 2002 sobre desarrollo sostenible el apartado de “agua y saneamiento” fue uno de los cinco grandes temas de dicha cita internacional, uno de cuyos compromisos principales fue el de reducir a la mitad para el 2015 la pobación que no tiene acceso al agua potable o que carece de servicios de saneamiento (o lo que es lo mismo, casi la mitad de la pobación mundial).

Ahora el campaña del DMA 2011 sobre servicios hidráulicos (abastecimiento y saneamiento) para las ciudades o áreas urbanas -en las que ya vivimos 3.300 millones de personas- no pensemos que sólo se orienta para los paises del Tercer Mundo sino que constituyen una prioridad en todo el mundo. De hecho, en la ciudad en la que vivo (en A Coruña) se acaba de inaugurar –por la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino- la depuradora de aguas residuales de la ciudad y de su entorno.  Y en la Ría de Vigo la mejora de estos servicios es también una asignatura pendiente.

Pero aprovechando este significado día quiero tratar muy brevemente de dos cuestiones –a modo de botones de muestra- que reflejan la enorme conflictividad que este recurso tan valioso como el agua genera en nuestro país.

De una parte, la recientísima Sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 16 de marzo de 2011 en virtud de la cual se ha declarado inconstitucional el art. 51 del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007 por el que se otorgaba a Andalucía competencias exclusivas sobre “las aguas de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad”, reconociendo al Estado por consiguiente sus competencias sobre las “cuencas hidrográficas intercomunitarias” (gestionadas por las Confederaciones hidrográficas que dependen del Ministerio de Medio Ambiente). Y el mismo fallo se acaba de aplicar sobre el Estatuto de Castilla y León en relación con las competencias que se atribuía sobre la Cuenca Hidrográfica del Duero. Y es que el Alto Tribunal entiende que “las aguas de una misma cuenca forman un conjunto integrado que deber ser gestionado de forma homogénea” y que la gestión fragmentada de las aguas pertenecientes a una mismo Cuenca hidrográfica intercomunitaria vulnera la Constitución.

De otra parte, la aprobación de la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de Aguas de Galicia, ha generado cierta oposición por parte de quienes piensan que se ha privatizado la gestión del agua y, como conscuencia de ello, se va a encarecer muy considerablemente el precio del agua que, por ser un bien de todos, se dice “debería ser gratuito”.

Son algunos de los conflictos que la pretendida propiedad del agua y su gestión suscita que deben resolverse desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental y desde la incontestable condición jurídica de bien de dominio público que el agua tiene desde tiempos de los romanos.

Todavía nos resulta reciente la celebración de la Exposición Internacional Zaragoza 2008 sobre “Agua y Desarrollo Sostenible” en la que, a modo de conclusiones y recomendaciones, se aprobó -bajo la clara inspiración de la “nueva cultura del agua”- la Carta de Zaragoza 2008. En esta importante Declaración sobre sostenibilidad del agua encontramos interesantes pautas para resolver los problemas antes citados. Sobre el conflicto entre el “agua y el territorio” en la España plural de las autonomías se puede traer a colación su punto 13 al señalar que “la unidad de cuenca hidrográfica es el ámbito territorial más eficiente para aprovechar el agua y el que mejor permite resolver los conflictos entre paises, regiones o usuarios”. Y sobre el coste del agua, la Recomendación A8 de la misma Declaración, tras destacar que “el abastecimiento del agua potable y la recolección y el tratamiento de las aguas residuales son prioritarios”, apremia a las Administraciones Públicas para que los garanticen “con tarifas justas y que aseguren la cobertura de los costes”.

En fin, conflictos y desafíos sobre el agua que sólo podran solventarse desde la consideración de que se trata de un “bien de todos” pero sobre el que “todos” debemos responsabilizarnos sobre su utilización y gestión sostenibles.