Ambiental y Cual

A punto de publicarse en el Boletín Oficial del Estado la nueva Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988, me parece oportuno ofrecer a la opinión pública este modesto comentario de urgencia que suscita la inminente norma legal, desde nuestra perspectiva académica de análisis del litoral.

Por mucho que se quiera presentar la Ley como una medida de protección y uso sostenible del litoral, no encuentro en su texto –salvo lo que deja vigente de la Ley de Costas de 1988- disposición nueva alguna que mejore la protección ambiental de nuestras costas. En todo caso, si puede afirmarse una mayor “sostenibilidad económica” –la puesta en valor económico- del litoral que se deprende de casi todo el texto. Las referencias jurídicas a la regresión costera motivada por los efectos del cambio climático se han introducido al final de su tramitación parlamentaria por la presión de algunos expertos y por los grupos ecologistas, pero esto tampoco puede considerarse propiamente como una norma de protección ambiental sino más bien como una respuesta a dichos riesgos costeros.

En un momento histórico como el presente de crisis económica (y de la construcción), en que la presión urbanística sobre las zonas costeras se había ralentizado, me parece una reforma inoportuna y una ocasión perdida para consolidar el modelo de protección ambiental de nuestro litoral y para la promoción de una urbanización costera sostenible (o, lo que es lo mismo, sensata), no sólo económica sino, ambiental y social.

Por encima de muchos otros aspectos que son susceptibles de crítica en la citada reforma, destaca, a mi juicio, su carácter discriminatorio al excluir del dominio público marítimo-terrestre determinados núcleos de población (Isla de Formentera incluida)  sin una convincente justificación. Mucho me temo que esta medida -que pretende beneficiar a unos cuantos- provoque la reacción de otros muchos que no han visto atendidas sus –también ligitimables- reivindicaciones sobre la costa. Y, al final, en lugar de proporcionar mayor seguridad jurídica al litoral, en la que se basan los promotores de la reforma, se inicie una nueva etapa de contenciosos.

La defensa del litoral es perfectamente conciliable, a mi entender,  con el reconocimiento de legítimos derechos de los propietarios en la costa –como es el caso de Galicia-. Varios intentos se han dado con anterioridad para reconocer la peculiaridad de sus núcleos tradicionales y esto hubiera sido posible sin alterar en su conjunto la filosofía proteccionista de la Ley de Costas de 1988.

Frente a los preocupantes indicios de recentralización competencial que se atisban en la inminente Ley (como el limitado valor de los informes autonómicos sobre la continuidad de actividades económicas en el litoral), confiamos en que nuestra Comunidad Autónoma sepa defender y aplicar sus legítimas competencias urbanísticas y ambientales. Si no es así, podría ponerse en peligro la aplicación del Plan de Ordenación del Litoral de Galicia de 2011 que tantas expectativas ha suscitado para el conjunto de la ciudadanía.

Colaboración publicada en la versión en papel de la Voz de Galicia del domingo 14 de octubre (p. 21)

El pasado viernes 5 de octubre se aprobó por el Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral. Los medios de comunicación han venido subrayando, desde entonces, las posibles consecuencias que este proyecto puede tener si prospera en las Cortes españolas: “se evitará el derribo de cientos de viviendas en la costa”, “se solucionará el problema de los núcleos tradicionales del litoral gallego”, “se permitirá la continuidad de miles de chiringuitos en la costa andaluza”, etc.

Estos titulares sólo reflejan, a mi juicio, una de las posibles lecturas que admite el texto que se propone para reformar en profundidad la Ley de Costas de 1988. Aparte de la unánime crítica por parte de los grupos ecologistas -unidos en la plataforma “no a nuestra costa”-, se han escuchado en los últimos meses (desde que se conocía el borrador del anteproyecto) algunas voces autorizadas del mundo académico especializado poniendo en discusión algunas de las medidas y soluciones recogidas en dicho proyecto.

Pese a que el proyecto se autotitula “Ley de protección y uso sostenible del litoral”, algunos pensamos que, por encima de su finalidad proteccionista y ambiental (que es difícil de identificar en el texto de la reforma), lo que ha pesado en la voluntad de Gobierno es la situación de crisis económica existente en el país, y de aquí la oportunidad (según el proyecto) de la puesta en valor económico de nuestras zonas costeras. En realidad, la Ley de 1988 que se pretende ahora reformar era ambiciosamente proteccionista y supuso un sacrificio, quizá desproporcionado, para los propietarios y usuarios en la franja más sensible de la costa (la llamada “zona marítimo-terrestre” y los terrenos cercanos a la costa, sometidos a la “servidumbre de protección”). Limitaciones y restricciones a las legítimos usos del litoral que ahora se quieren relajar en intensidad y en el tiempo, alargando todavía más los plazos para la aplicación plena de la Ley (en particular mediante la prórroga de las concesiones hasta un máximo de setenta y cinco años). Postergando, en definitiva, el benéfico objetivo –por todos reconocido- de la protección integral de la costa.

El proyecto de Ley se justifica en la necesidad de reforzar la seguridad jurídica en el litoral frente a la inseguridad para los titulares de viviendas y otros inmuebles (muchos de ellos de fuera de España que promovieron el “Informe Auken” en el Parlamento Europeo). Sin embargo, la modificación de algunos de los conceptos esenciales para la determinación del dominio público marítimo-terrestre, la voluntad declarada de revisar el deslinde y las medidas singulares previstas -sin justificación alguna- por el proyecto para ciertos espacios costeros, mucho me temo que, en lugar de aportar seguridad, pueden despertar agravios comparativos y prodigar de nuevo los interminables pleitos a los que ya nos tiene acostumbrados la aplicación de la Ley de Costas. Soy de los que piensa que el problema de la Ley de 1988, de su conflictividad, más que en su contenido, ha estado en su aplicación o mejor dicho en su falta de aplicación, o también en su aplicación arbitraria en algunos casos.

Por supuesto que junto a las sombras de proyecto se avizoran algunas luces como las medidas para la constancia registral del proceso de deslinde, la razonable ampliación de los derechos de los titulares de edificaciones y actividades en la costa, el reforzamiento de la tutela cautelar ante los atentados que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre, etc. En el caso de Galicia, la Disposición Transitoria 2ª del proyecto de Ley puede permitir –si se mejora su redacción- la razonable legalización de muchos núcleos rurales singulares de nuestra costa, que se viene demandando desde hace largo tiempo.

Y, por último, quiero destacar que el proyecto de Ley –como no podía ser menos, al tener en cuenta las importantes competencias autonómicas sobre ordenación del litoral- reconoce a las Comunidades Autónomas costeras algunas de las más importantes decisiones sobre los usos de la costa (reducción de la servidumbre de protección en las rías, autorizaciones y concesiones de actividades económicas, etc.). Y, en este sentido, pensamos que la Xunta de Galicia tiene en sus manos –de aprobarse el proyecto de Ley en curso- una excelente oportunidad para aplicar el flamante “Plan de Ordenación del Litoral” de Galicia (aprobado por Decreto 20/2011), con la finalidad de proteger y preservar nuestra costa de indeseables y empobrecedores procesos de urbanización. Al final, como siempre, por encima de las reformas legales lo que está en juego hacia el futuro es la sensatez y buen gobierno de nuestros gestores costeros, estatales, autonómicos y locales.

Acabo de llegar de Granada donde, el pasado viernes 5 de octubre, he participado en una mesa redonda sobre la reforma de la Ley de Costas, organizada por Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada y dirigida por mi buen amigo y colega el Catedrático Estanislao ARANA GARCÍA. La celebración de este evento ha tenido lugar justo el mismo día en que el Consejo de Ministros anunciaba la aprobación del anteproyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral que se va a remitir a las Cortes Españolas para su tramitación parlamentaria.

Ayer la prensa de todo el país se hacía eco de la noticia: “El Gobierno indulta más de 10.000 viviendas construidas en la costa”, “la Ley de Costas abre una vía para evitar la piqueta de cientos de núcleos” (referido a Galicia), “la nueva Ley aplaza el derribo de viviendas en la costa”, “la nueva Ley de Costas resuelve el conflicto de los núcleos rurales”… Titulares que más bien parecen expresar algo así como un alivio –de cientos, miles, decenas de miles de propietarios de viviendas e instalaciones en la costa- ante una condena (de derribo o “expolio”) que se cernía en virtud de la aplicación de los sucesivos planes de la todavía vigente Ley de Costas. Sólo los ecologistas se manifiestan totalmente opuestos a –lo que entienden- una verdadera privatización del litoral. Otros llegan a hablar de “la “desamortización” del dominio público litoral” (Fernando PALAO).

Personalmente –como director de nuestro, modesto pero activo, Observatorio del Litoral de la Universidad de A Coruña- no puedo compartir la alegría de algunos (más bien pocos) ante la reforma que se presenta por el Gobierno con dicho proyecto de Ley. Lo digo con el profundo pesar y la creciente zozobra que me produce la no fácil lectura del texto del borrador –ya anteproyecto- de la inapropiadamente llamada “ley de protección y uso sostenible del litoral”. 

En la referida mesa redonda, celebrada en el precioso paraninfo de la Facultad de Derecho de Granada, pudimos asisitir a una excelente conferencia de la Profesora coruñesa Marta GARCÍA PÉREZ (miembro destacado del Observatorio del Litoral y una de las mejores especialistas de nuestro país en esta materia) acerca del verdadero trasfondo (un “caballo de Troya”) de la reforma de la Ley de Costas -que no es otro que la “revalorización económica del litoral”- y de la frustrada regeneración de la costa con la Ley vigente, a modo de “crónica de una muerte anunciada”.

Pero, acaso ¿no tienen derecho los propietarios de viviendas e instalaciones en las zonas de protección de la costa a ver admitidas por el Gobierno sus demandas ante la injusta expropiación operada por la Ley de Costas de 1988? Otro de los intervinientes en la mesa redonda, el Sr. José ORTEGA, abogado que preside una de las más importantes plataformas de afectados por la Ley de Costas, resulta que tampoco comparte plenamente el contenido de la reforma por entender que la solución adoptada por el anteproyecto es discriminatoria (al salvar sin justificación alguna de la estricta aplicación de la Ley a once núcleos costeros)  y además, a su juicio, no resuelve todos los problemas de los que se consideran agraviados por la Ley de Costas (más bien genera agravios comparativos).

El anteproyecto está plagado de conceptos jurídicos indeterminados, susceptibles de muy variadas interpretaciones y aplicaciones divergentes en la práctica, como agudamente se encargó de exponer muy gráficamente –en la misma mesa redonda- el Profesor Miguel LOSADA RODRÍGUEZ (Catedrático de Ingeniería Hidráulica y Director del Instituto Sistema Tierra de Andalucía), por ejemplo, en el caso de los mayores temporales que están llamado a delimitar el ámbito de la zona del dominio público marítimo-terrestre.

¿Bienes comunes costeros o dominio público litoral frente a propiedades privadas en el litoral? ¿Valores ambientales frente a intereses crematísticos? No soy partidario de planteamientos simplistas en una temática tan compleja como es la ordenación del litoral. Como quise destacar en mi breve intervención en la repetida mesa redonda, en mi opinión, el verdadero fracaso de la Ley de Costas de 1988 ha sido su aplicación, en ocasiones arbitraria y caprichosa, por parte de las Administraciones implicadas (desde la del Estado, hasta la de las Entidades locales, pasando por las Comunidades Autónomas), su gestión, a veces,  desigual a lo largo del litoral insular y peninsular, y la perjudicial tolerancia ante flagrantes incumplimientos en algunas zonas de la costa (por ejemplo, en el caso paradigmático del Algarrobico).

Si el anteproyecto de “Ley –que acaba de aprobar el Consejo de Ministros- de protección (de intereses privados) y uso sostenible (meramente económico) del litoral” se aprueba tal cual, tengo claro que la reforma promovida por el Gobierno –eso sí- en el loable objetivo de aprobar medidas para salir de la crisis, lo será a costa de nuestra costa, de sus más preciosos valores, en los que están en juego, inescindiblemente, los intereses públicos y los privados. La única esperanza que tengo es que los futuros gestores de la costa tengan una más alta consideración –que los anteriores- del magnífico patrimonio natural que están llamados y obligados a preservar.

Cuando apenas habíamos tenido tiempo de leer el nuevo informe de este año “Destrucción a toda costa” presentado el pasado jueves 12 por Greenpeace, el viernes 13 me enteré gracias a Radio Nacional de España de la aprobación en el Consejo de Ministros del “histórico tijeretazo”. Una locutora de RNE nos pedía la opinión –a los miembros del Observatorio del Litoral de la Universidad de A Coruña- sobre un proyecto de Ley de reforma de la Ley de Costas de 1988 del que sólo teníamos algunos datos muy generales por la prensa.

Se trataba de una noticia que esperábamos con cierta ansiedad después de que, a principios de año, el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, anunciara la preparación de una “profunda reforma de la Ley de Costas”.

Tiempo habrá para estudiar con detalle el texto del borrador del anteproyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Desde nuestro Observatorio no queremos perder la oportunidad de aportar lo mejor de nuestros conocimientos y opiniones en el debate que, sin duda, se producirá desde la difusión de este anteproyecto que habrá de aprobarse, en su caso, por las Cortes Españolas.

En este momento, lo primero que me brota, tras haber leído con cierto apresuramiento el texto difundido por el Ministerio y las noticias que ya se están prodigando en torno a esta cuestión, es que quizá no es el momento más oportuno para reformar –como se pretende- nuestra Ley de Costas, a punto de cumplir sus 24 añitos. La crisis financiera, en buena parte motivada por la “burbuja inmobiliaria”, había conseguido frenar el imparable proceso de litoralización de la costa (presión inmobiliaria sobre las zonas costeras) y parecía un buen momento para invertir esta tendencia, procurando preservar de la urbanización las áreas de nuestro litoral mejor conservadas.

Pese a que la revisión de la Ley se presenta como “un modo eficaz para proteger la integridad del dominio público marítimo-terrestre y preservar su uso común”, la idea-fuerza que, a mi juicio, sobrevuela todo el texto es la de flexibilizar, a toda costa, la dureza de la finalidad proteccionista de la Ley de Costas y contentar a muchos propietarios –nacionales y extranjeros- de terrenos en el borde litoral que se habían visto privados de su titularidad dominical previa en virtud de la citada norma legal. Sin atentar propiamente a la filosofía nuclear de la Ley de Costas -que declara de dominio público muchos de los bienes situados en la línea de la costa y establece servidumbres y limitaciones sobre los terrenos contiguos a la misma- se prolongan hasta 75 años los plazos de las concesiones aprovechamientos privados sobre los bienes públicos (inicialmente fijados hasta un máximo de 60 años), se amplian los plazos de las autorizaciones para actividades económicas sobre el dominio público, se reducen (en algunos supuestos como en la rías) la extensión de la servidumbre de protección (de 100 a 20 metros), se someten a una intervención administrativa más relajada las obras e instalaciones situadas en los terrenos cercanos a la línea de costa, etc.

Detrás de cada línea del texto de la reforma de la Ley de Costas se identifican concretas situaciones conflicitivas que se han producido a lo largo de su vigencia en diversos puntos de la geografia insular y peninsular de España. Situaciones problemáticas, con nombres y apellidos, que el texto reformador pretende solucionar y que, incluso, enumera concretamente para excepcionarlas sin aportar razones específicas. Algunas afectan a Galicia como ciertos núcleos rurales tradicionales de su litoral que podrían ver en esta reforma nuevas vías de solución.

En las veinticuatro páginas del borrador pueden encontrarse también algunos aciertos como la llamada “claúsula antialgarrobico” (en virtud de la cual la Administración General del estado puede suspender ilegales intentos urbanizadores de los municipios) o la obligada publicación de la línea de deslinde, o la mayor constatación registral de los bienes integrantes del dominio público marítimo-terrestre, etc.

Tengo que finalizar aquí mi ya extenso comentario de urgencia. Independientemente de que opinemos que no es el mejor momento para levantar la “caja de los truenos” del litoral, lo que más me preocupa del texto es que, en absoluto se aborda una cuestión capital en la aplicación de la Ley de Costas: la necesaria colaboración y coordinación entre las tres Administraciones Públicas con competencias sobre el litoral (la central, la autonómica y la local), por no entrar en la participación ciudadana que debería potenciarse para tan importantes decisiones sobre lo más valioso de nuestro patrimonio natural.

El pasado viernes 8 de junio celebrábamos el Día Mundial de los Océanos, bajo el tema “Juventud: la nueva etapa para el cambio”. No hay duda que serán los jóvenes (preferentemente los indignados) de ahora quienes protagonizarán de los cambios del futuro y, presumiblemente, desde una mayor  consciencia de los poblemas ambientales que padecemos.

En este año 2012 celebramos además el treinta aniversario de la apertura a la firma de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (10 de diciembre de 1982, pero que no entró en vigor hasta 1994), verdadera “Constitución de los océanos”.  Por este motivo, no nos puede extrañar que el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, haya dicho “no podría haber una forma más adecuada de conmemorar el día mundial de los Océanos que con la ratificación de todos los paises que todavía no lo hayan hecho”. ¿No acaso una indirecta a los Estados Unidos?

No hay duda de la importancia de nuestros océanos (nada menos que las tres cuartas partes de  Planeta Tierra-Océano).  Que si los efectos del cambio climático, que si la sobrepesca, que si las especies invasoras… pero no puede olvidarse que más del 70% de la contaminación marina procede de fuentes terrestres. Y de aquí que, una vez más queramos llamar la atención sobre la prioritaria atención que debemos poner en nuestras costas, en las que, por cierto, vivimos más de la mitad de la población mundial.

Y no podemos dejar de poner de relieve esta urgente tarea  desde nuestra humilde pero activa atalaya del Observatorio del Litoral, toda vez que, como ya sabemos, otea en el horizonte normativo de nuestro país la anunciada reforma de la benéfica Ley de Costas. Gran expectación se ha generado sobre este tema en España donde los grupos ecologistas ya se han posicionado a través de la Plataforma en defensa de la Ley de Costas, en la que se recogen diez importantes motivos para mantener inalterada esta Ley:  garantiza el uso público y libre de la costa; debe ser un seguro contra la especulación y contra la corrupción en nuestro litoral; salvaguarda el valor económico del litoral; asegura el buen estado del litoral; permite la instalación en nuestras playas de establecimientos, como restaurantes, terrazas, etc, siempre que cumplan la legislación; avala nuevos modelos de desarrollo turístico, invirtiendo en reformar las infraestructuras existentes; vela por la seguridad ciudadana, evitando que se edifique en zonas peligrosas por riesgo de inundación o temporales, etc.

Más recientemente, un colectivo de profesores universitarios –predominantemente geógrafos pero también eminentes colegas juristas- han promovido la firma de un Manifiesto por la preservacíon y gestión de los espacios costeros, en el que entre otras afirmaciones se subraya la “indeclinable responsabilidad del Estado en la preservación de la costa”, “la situación de la costa (en España) no admite involución normativa”, “la protección del litoral es una obligación moral”, etc.

Y, a todo esto, el “tema estrella” de los últimos meses –como para caldear el ambiente en este materia- es el proyecto urbanístico aprobado por el Ayuntamiento de Tarifa cerca de la playa gaditana de Valdevaqueros. Este mes de enero estuve muy cerca de esa playa, en esa otra maravillosa playa tarifeña de Bolonia (Baelo Clauida). No conozco bien el proyecto pero, aun siendo partidario de un equilibrado desarrollo económico de las poblaciones costeras, sería muy triste si se repitiera de nuevo el triste culebrón del Algarrobico.

Por de pronto, mientras el Gobierno no revele sus intenciones reformistas en la normativa de nuestro litoral, prefiero reservarme el juicio y promover la firma de la “Declaración Universitaria Cadiz 1812-2012 sobre Manejo Costero Integrado en Iberoamérica” –de la que me siento muy implicado por haber participado en el Congreso Internacional, celebrado en Cádiz el pasado mes de enero, en que fue formulada-. En particular, destaco el Objetivo 9º de la Declaración: el de “interiorizar en los modelos de gestión pública y privada que la sostenibilidad del litoral depende del valioso patrimonio costero, natural y cultural, de Iberoamérica. Este paso es previo, y complementario, al aprovechamiento de las oportunidades que ofrece dicho patrimonio en la búsqueda del bienestar de las personas”.

Ojalá tan encomiables principios no sean arrumbados -en plena vorágine de la crisis- por engañosas soluciones desarrollistas (que algunos han denominado “neoladrillismo”).

No podía ser más oportuno. Recién acabo de volver de Cádiz donde se ha celebrado los días 25 a 27 de enero el Primer Congreso Iberoamericano de Gestión Integrada de Áreas Litorales, donde nos hemos reunido más de 300 estudiosos de veinte países de todo el mundo para debatir cómo proteger esa valiosa franja costera en la que ya vivimos más de la mitad de la población mundial. Con una impecable organización por parte del entusiasta grupo de investigación de “Gestión Costera” liderado por el Profesor BARRAGÁN, hemos podido compartir en la preciosa “Tacita de Plata” –que este año celebra, por todo lo alto, el bicentenario de la Constitución Española de la 1812 (la “Pepa”)- nuestras inquietudes sobre las áreas litorales.

Y mira por donde, es justo en estos días en que el señor ARIAS CAÑETE, el nuevo Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,  ha dejado caer que el Gobierno iba a promover una “profunda reforma de la Ley de Costas”. Y, en seguida, se ha levantado, al menos un poquito, la caja de los truenos. Los ecologistas no han tardado en reaccionar alertando a la opinión pública sobre una posible privatización de las zonas costeras. Por su parte, las activas “plataformas y asociaciones de afectados por la Ley de Costas” han aplaudido la expectativa de que, por fin, se atienda a sus reclamaciones.

Todo son, por ahora, especulaciones y lo único que sabemos es lo que ha dicho el citado Ministro en su comparencia ante el Congreso de los Diputados el pasado 1 de febrero. Entre las 66 medidas que constituyen su programa de trabajo se recoge, en efecto, la “reforma de la Ley de Costas” con el fin de “hacer compatible la protección del litoral con el desarrollo de actividades económicas”, para potenciar la “protección de los sistemas litorales, la conservación del dominio público marítimo-terrestre y la recuperación de zonas litorales degradadas”, para la “puesta en valor de las playas”… En fin, que hasta que no tengamos una propuesta de reforma legislativa más concreta no podemos opinar sobre el verdadero alcance de la anunciada reforma.

Lo que sí podemos adelantar son algunas ideas que venimos defendiendo desde el Observatorio del Litoral de la Universidad de A Coruña (que tengo el honor de dirigir). Que la Ley española de Costas de 1988 supuso un antes y un después en la protección de nuestro degradado litoral, tan machacado en muchos lugares por la presión urbanistica. Sin desconocer la traumática aplicación de la Ley a lo largo de estos casi veinticinco años y la discutible solución legal sobre la recuperación pública de la llamada zona marítimo-terrestre, no cabe duda de que ha logrado calar en la conciencia ciudadana la necesidad de proteger un espacio tan valioso para todos.

Pero, al mismo tiempo, debemos afirmar, alto y claro, que es preciso seguir protegiendo nuestras costas con nuevos instrumentos y estrategias. Que es necesario vincular la protección de nuestras aguas continentales (los ríos) con la protección del litoral; que es urgente controlar los vertidos que desde tierra constituyen la más grave amenaza para la calidad de nuestras costas; que es importante declarar y proteger nuevas áreas marinas; que es obligado, jurídica y constitucionalmente, promover una mayor colaboración entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas en la ordenación de las diferentes –y diversas- áreas litorales; que en la futura gobernanza de las costas no puede quedar al márgen la sociedad…

Cuánto hemos aprendido estos días -primero en Cádiz y luego aquí en A Coruña (en un Seminario sobre Gobernanza del Litoral organizado por el Campus del Mar)- con mi amigo Stephen OLSEN, Director del Coastal Resources Center  (CRC) de la Universidad de Rhode Island (Estados Unidos), uno de los mejores especialistas del mundo en la gestión integrada (gobernanza) de las zonas costeras. Una de las grandes lecciones de OLSEN es que deben de manejarse –y armonizarse- con suma delicadeza los tres grupos de actores que inciden sobre el litoral: el mercado, el Gobierno y la sociedad civil.

Confiamos en que el nuevo Gobierno del Estado ponderará adecuadamente dichos factores y el alcance que debe de tener, en su caso, la reforma de la Ley de Costas. De lo contrario sería tirar por la borda muchos años de costoso esfuerzo colectivo para preservar uno de nuestros mejores patrimonios naturales, y las generaciones futuras no nos lo perdonarían.

Algunas de las cifras de la “destrucción a toda costa” –que aparecen en la 10ª edición del Informe de Greenpeace sobre la situación del litoral español- son muy significativas: “en los últimos 20 años se ha destruido en la costa española la superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día”, “en 2007 los ayuntamientos del litoral proponían la construcción de cerca de 3 millones de nuevas viviendas”, “en 2010, 38 ciudades españolas incumplen la normativa sobre depuración de aguas, cuyo plazo vencía en diciembre de 2000”, … Un panorama bastante descorazonador. Pero de nada vale lamentarse. ¿Qué hacer?

Desde luego, estoy bastante de acuerdo con este Informe en que el “modelo económico basado en el ladrillo” y “depredador del litoral” está periclitado, aunque Greenpeace no está segura de que haya pasado a la historia. Con más de un millón de viviendas en stock, pendientes de venta (en manos de muchas instituciones financieras que las promocionaron irresponsablemente) y con más de tres millones de viviendas vacías, veo dificil que sector inmobiliario vuelva a la pujanza de tiempos anteriores.

Pese al indudable coste ambiental de las grandes infraestructuras –autovías y puertos industriales- que contempla el Plan Estratégico de Infraestructuras del Estado (2005-2020) y que critica ampliamente el Informe, no tengo tan claro que constituyan un valor retardatario para la recuperación económica. Pero debe exigirse la seria y responsable utilización de los instrumentos de la evaluación ambiental en cada proyecto y en conjunto (la llamada evaluación estratégica de planes y programas).

Comparto plenamente en que, cuanto antes, debe de retomarse por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, la Estrategia de Sosteniblidad de la Costa –un necesario plan de gestión integrada de las zonas costeras recomendado por la Unión Europea- que, inexplicablemente está abandonado desde el año 2007. En ella se contemplaba, entre otras medidas, la adquisición de terrenos en zonas sensibles y de interés ecológico del litoral como viene haciéndolo el Gobierno francés.

Es muy interesante la creación de reservas litorales y marinas que permitan la conservación de ciertos tramos de la costa y su cogestión por los usuarios del medio rural. Existen en Galicia varias buenas experiencias al respecto como son los casos de Lira (en Carnota) y la Ría de Cedeira.

Resulta urgente y prioritario la aplicación de la normativa de aguas residuales en las grandes ciudades costeras (no aprendemos a pesar de las repetidas condenas comunitarias que hemos recibido). Y, lo mismo, en cuanto a la actualización del modelo de gestión de la contaminación marina accidental (¿para cuándo un renovado Plan de Contingencias? En vigente es de 2001, anterior al Prestige).

Y, por supuesto, la innegociable lucha contra la corrupción urbanística (verdadera lacra de la política muncipal en España), un cambio de modelo en el desarrollo turístico (menos macrocomplejos hoteleros y urbanizaciones masivas) de mayor calidad y con una adecuada integración en el patrimonio natural y ambiental, la asunción de responsabilidades patrimoniales por parte de los responsables públicos que traicionan la confianza de los ciudadanos con impresentables gestiones, etc. De acuerdo con estas propuestas de Greenpeace.

Sin embargo, en lo que estoy más plenamente de acuerdo es con su última conclusión: que (como siempre) la educación es imprescindible. “La educación ambiental –termina el Informe de Greenpeace- es una herramienta imprescindible en estrategias integrales de protección de la costa, para que resulten más efectivas. Cada ciudadano tiene poder para reclamar a las administraciones públicas políticas de desarrollo urbanístico y planificación territorial sostenibles, así como denunciar agresiones al medio costero”. Sus frutos no se ven a corto plazo pero al final es la estrategia más efectiva.

En la 10ª edición del Informe de Greenpeace sobre la situación del litoral en España –que, como ya hemos dicho, pretende ofrecer un balance de la última década (2000/2010)- se hace referencia a cada una de las diez Comunidades Autónomas costeras.
“A pesar de presentar un litoral privilegiado, Galicia no ha cuidado su costa durante esta última década”. Con esta conclusión se inician las páginas dedicadas en el citado Informe a nuestra Comunidad Autónoma. Y para fundamentar esta opinión se hace un repaso exhaustivo sobre las actuaciones que, a juicio de Greenpeace, han afectado negativamente a la Comunidad que ocupa el segundo puesto con más costa protegida (el 52,3 %). En primer lugar, la “marbellización” del litoral gallego que con el “boom” de ladrillo ha arrojado la desorbitada cifra de 800.000 viviendas proyectadas en los 86 municipios costeros, con la consiguiente amenaza para miles de hectáreas de bosques y espacios naturales; un acelerado proceso que sólo con la aprobación en 2007 de la Ley de Medidas Urgentes del litoral ha sido frenado por la moratoria que impide la construcción en la franja de 500 metros desde la ribera del mar.
En segundo lugar, el Informe critica la proliferación de infraestructuras portuarias –comerciales y deportivas- programadas en estos años, con una referencia especial al nuevo puerto exterior de A Coruña. Como contrapunto en esta materia se destaca como “buena noticia” la anulación en 2009 por el Tribunal Supremo de la ampliación del puerto de Marín por no contar con el preceptivo estudio de impacto ambiental. También en la línea de costa se consideran negativos los nuevos proyectos de plantas de acuicultura, algunas de las cuales afectarían a espacios de la Red Natura 2000.
Otro relevante apartado del Informe “Destrucción a toda costa” sobre Galicia es el relativo a los problemas de contaminación que perjudican al litoral gallego y que ponen en peligro su extraordinaria riqueza pesquera y marisquera. Los vertidos industriales y la falta de depuración de las aguas residuales urbanas, así como los repetidos accidentes y catástrofes marítimas, son particularmente perjudiciales para esos ecosistemas tan característicos y valiosísimos de Galicia como son las rías.
En su exposición sobre Galicia el Informe concluye destacando las “asignaturas pendientes” como la aprobación del “Plan de Ordenación del Litoral”, la efectiva protección de los espacios naturales protegidos de la costa, la no ejecución de determinados puertos comerciales y deportivos de gran impacto ambiental, la mejora de las medidas de seguridad marítima frente a los accidentes marítimos, y la necesaria regeneración de las rías gallegas.
Ciertamente, estamos a tiempo de conservar nuestro más preciado patrimonio natural. La “crisis del ladrillo”, pese a sus indeseables consecuencias para el desarrollo económico de nuestra tierra, ha traido consigo el benéfico efecto de la relajación de la presión urbanística que atenazaba algunas zonas costeras de Galicia. El pasado mes de junio acaba de aprobarse el documento inicial de las “Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia” uno de cuyos elementos clave es el litoral (“paisaje de calidad, de identidad y de excelencia”) y sigue en tramitación el “Plan de Ordenación del Litoral”. Ayer mismo nos enterábamos del acuerdo firmado por las Administraciones del Estado, la autonómica y la local para ampliar la depuradora de la Ría de Vigo. No obstante, quedan todavía muchas incógnitas pendiente como la reconducción de la urbanización en algunos puntos de la Mariña lucense, los nuevos emplazamientos de plantas de acuicultura, el control de los vertidos, la aprobación del renovado Plan Hidrológico de Galicia-Costa, la aplicación de los instrumentos de protección de la Red Natura, etc.
Confiemos al menos que entre todos seamos capaces de valorar el magnífico patrimonio que hemos heredado y que hemos de proteger a toda costa.

Se acaba de publicar, a comienzos de este veraniego mes de julio de 2010, la 10ª edición del Informe de Greenpeace sobre la situación del litoral que es conocido por su expresivo título Destrucción a toda costa.
Felicitamos a Greenpeace por su incansable constancia en poner de manifiesto los puntos negros los más de 8.000 kilómetros de zonas costeras que constituyen uno de nuestros mejores patrimonios naturales y económicos, y que comprenden los puntos de atracción del 80 por ciento de los más de sesenta millones de turistas que visitan nuestro país. Zonas costeras en la que, por cierto, ya vivimos el 44 por ciento de la población española.
Siguiendo el esquema expositivo de los Informes precedentes, en la nueva edición se efectúa un diagnóstico general de la situación actual en el conjunto de España y luego se analiza cada una de las diez comunidades autónomas costeras además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En esta ocasión nos parece que tiene un particular interés su lectura; al tratarse de la décima edición del Informe, su contenido se presenta a modo de grandes líneas de las actuaciones –públicas y privadas- sobre la costa en la última década, con especial referencia a las que han resultado negativas o destructoras de sus valores ambientales.
Con carácter general, en el conjunto de todo el Estado español, el argumento principal del informe es, como no podía ser menos, la burbuja inmobiliaria promovida por los gobiernos y apoyada alegremente por las entidades financieras. Lo cual ha conllevado una extraordinariamente presión urbanística sobre todo el litoral español –y, por consiguiente, de muchas zonas de especial valor ecológico- con la construcción de varios millones de viviendas. Un lucrativo negocio de lo que mi querido maestro Ramón MARTÍN MATEO (padre del Derecho Ambiental español) ha denominado la gallina de los huevos de cemento. Pero si la urbanización ha sido siempre –como destaca el Informe- “uno de los principales problemas de la costa”, ello viene agravado por abundantes casos de corrupción que se han detectado tras las sospechosas recalificaciones del suelo; aunque (lo que resulta más triste) no siempre los cargos públicos implicados en semejantes turbias operaciones resultan castigados en las correspondientes elecciones democráticas.
La degradación de la costa no sólo se debe a la mala urbanización de los espacios costeros. De la crítica del Informe no se escapan las grandes o pequeñas infraestructuras portuarias -desde los grandes puertos del Estado y sus ampliaciones, hasta los numerosos puertos deportivos que jalonan todo el litoral español- que, sin dejar de suponer un evidente signo de progreso económico, conllevan igualmente importantes impactos ambientales sobre la delicada dinámica litoral. Sin embargo, estamos de acuerdo con el Informe en que la contaminación de las aguas marinas, por un deficiente control de los vertidos y la falta de depuración de las aguas residuales constituye una de la asignaturas pendientes de la protección de la costa. Prueba de ello son las múltiples denuncias y sanciones que España ha recibido de la Unión Europea por incumplir e infringir la correspondiente normativa ambiental comunitaria.
Y como colofón de todo lo anterior, y en parte debido a la saturación de la franja costera, a la contaminación y a la desaparición acelerada de las playas, resulta que el turismo, principal motor económico de España, ha comenzado a resentirse. La industria turística –señala en Informe- viene acumulando su sexto año consecutivo de descenso de ingresos. De hecho Estados Unidos acaba de desbancar a España de su segundo puesto en el ranking mundial de llegadas. Es urgente en España, por consiguiente, la aplicación de un modelo turístico costero mucho más sostenible.