La Voz de Galicia
Sobre lo ambientalmente correcto, lo sostenible e insostenible y otras inquietudes acerca del estado del planeta Tierra
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Acabo de volver de un viaje a Nicaragua invitado por la Universidad Centroamericana (UCA) con sede en Managua, para, entre otras actividades, pronunciar una conferencia sobre el “Derecho al agua” en la inauguración del Foro Nacional y Feria de Tecnología de Agua Potables y Saneamiento Integral (V NICARAGUASAN-2017), cuyo “leit motiv” era la “universalización y sostenibilidad del agua y saneamiento”.

Antes de entrar en esta vital temática, tengo que manifestar mi sorpresa por la extraordinaria belleza de las tierras nicaragüenses, de la exuberancia de su flora, de sus numerosos volcanes, de sus grandes lagos, …, y por encima de todo, de la calurosa acogida y de la amabilidad de sus gentes. Pese a que apenas pude salir de Managua, la capital de este país centroamericano (todavía no plenamente recuperada de su devastador terremoto de 1972), mi visita a la pintoresca Masaya y a la preciosa vista de la “Laguna de Apoyo” desde el mirador de La Catarina, fueron suficientes para enamorarme de este país. Es el segundo más pobre de América Latina y el quinto con menos desarrollo humano de la Región, pero con rica biodiversidad –como su vecina y exitosa Costa Rica- todavía por descubrir.

Volviendo al tema del agua, preparando mis notas para mi conferencia sobre el contenido del “Derecho al Agua y al Saneamiento y el Objetivo 6º de Desarrollo Sostenible”, he caído en la cuenta de la extraordinaria importancia del agua –su marcada interdependencia– en la consecución de todos y cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados en septiembre de 2015 por la Asamblea General de la ONU e incorporados a la llamada “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Si bien el Objetivo 6º se propone, específicamente, “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible para todos” ninguno de los otros 16 Objetivos pueden desvincularse del “derecho al agua y al saneamiento” reconocido como “derecho humano” por la citada Asamblea General en 2010. En efecto, sin pretender agotar la cuestión, con relación a los países en desarrollo ¿quién duda que el ODS nº 1 –sobre el fin de la pobreza en todas sus formas- pueda cumplirse sin acceso a la servicio básico del agua (como fuente de vida y sustento del bienestar de las sociedades)?; ¿cómo puede ponerse fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria (ODS nº 2) si no hay suficientes recursos hídricos para la producción agrícola?; ¿acaso puede garantizarse el ODS nº 3 de garantizarse “una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”, si una de las causas más frecuentes de mortalidad infantil es el uso y consumo de aguas no debidamente depuradas?; ¿es posible garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad” (ODS nº 4) cuando la gran mayoría de las niñas tienen que atender las tareas domésticas que incluyen la búsqueda de agua a varios kilómetros?…

La disponibilidad del agua también está íntimamente unida al logro del “acceso a una energía asequible y sostenible” (ODS nº 7) en la que el agua juega un papel importante en la producción de la energía renovable más importante: la energía hidroeléctrica. Sobre el ODS nº 8, relativo a “la promoción del crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo” el reciente informe “World Water Development Report” de 2016 sobre “Water and Jobs”, demuestra que el crecimiento del empleo está relacionado con la gestión sostenible del agua. Por lo que respecta a la “construcción de infraestructuras resilientes” (ODS nº 9), constituye una prioridad máxima en la agenda pública proporcionar acceso al agua a los 800 millones de seres humanos que carecen del mismo, lo mismo que resolver los problemas de saneamiento y potabilidad de las aguas a 2.500 millones de personas.

El derecho al agua y al saneamiento también es una prioridad en nuestro mundo que cada vez será más urbano: “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros resilientes y sostenibles” (ODS nº 11) no pueden concebirse sin el derecho universal a los servicios hídricos. Y dado que uno de los mayores impactos del cambio climático se manifiestan (ya lo estamos viendo en nuestros días) sobre las variaciones en el ciclo del agua, con fenómenos adversos (sequías o inundaciones), es también claro que entre las medidas urgentes que deben aplicarse para “combatir el cambio climático y sus efectos” (ODS nº 13) están de forma prioritaria los servicios relativos al agua, por exceso o por defecto.

Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible” (ODS nº 14) depende en gran parte de cómo se gestionan los recursos hídricos continentales (aguas superficiales y subterráneas), evitando su contaminación y sobre-explotación. También, el “uso sostenible de los ecosistemas terrestres, la lucha contra la desertificación y la detención de la degradación de las tierras y de la pérdida de la biodiversidad” (ODS nº 15) se basa en el uso racional y eficiente de los recursos hídricos. El ODS nº 16 que tiene por objeto “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar al acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles” se proyecta al máximo nivel en el tema del agua para evitar los conflictos (incluso guerras) en cuanto al uso compartido del agua, para exigir ante las Administraciones Públicas los servicios hídricos esenciales y para promover la participación de los ciudadanos en su gestión.

Finalmente, la “gobernanza del agua” o “buena administración de los servicios hídricos” es lo que está actualmente en juego si se quieren “fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible” (ODS nº 17).

He vuelto conmovido por la extraordinaria lucha desarrollada en América Latina por muchas asociaciones, ONGs, académicos y muchas personas en la consecución efectiva del derecho del acceso al agua y al saneamiento y, en particular, en Centroamérica, donde todavía –como se desprenden del reciente  informe de la Global Water Partnership– hay muchas personas (sobre todo en las zonas rurales y comunidades indígenas) que carecen del mismo. Y me pregunto, ¿qué hacen los gobiernos y Administraciones de estos países para resolver tan gravísima carencia? ¿qué puede haber más prioritario que el derecho al agua (es como el reverso del “derecho a la vida”)? ¿qué es más urgente que tales servicios básicos en la ayuda al desarrollo? Seguramente, como prevé la “Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible” antes del 2030 se logren sus objetivos en torno al ODS nº 6 (“agua limpia y saneamiento”), pero todavía queda mucho por hacer, también en Nicaragua donde, por cierto, no faltan recursos hídricos sino una eficaz gobernanza y un efectivo saneamiento.

La obligación de prestar los servicios básicos de acceso al agua y de su saneamiento es responsabilidad inexcusable de los Estados y gobiernos. Hacer efectivo el derecho humano (prestacional) al agua que consiste en ofrecer a los ciudadanos –urbanos y rurales- un abastecimiento continuo y suficiente de agua (disponibilidad), unos recursos hídricos de calidad (salubridad; color, olor y sabor aceptables) y accesibles (física y económicamente) sin discriminación alguna, y con cantidad suficiente para satisfacer las necesidades esenciales, con preferencia sobre otro tipo de usos. También, proporcionando garantías e instrumentos jurídicos para defender el derecho al agua (de forma personal y colectiva) ante las Administraciones Públicas y los Tribunales de Justicia. En definitiva, tras mi breve estancia en Nicaragua, tengo claro que la ayuda al desarrollo que prestamos desde nuestros países desarrollados debería tener en este Objetivo del Desarrollo Sostenible nº 6 una de sus prioridades indiscutibles.