Con motivo de mi reciente participación en el Seminario sobre los “Retos de la Energía Eléctrica” organizado por mi amigo y colega el Profesor Juan Carlos LAGUNA DE PAZ, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, he tenido que repasar la ingente información que tenía disponible sobre las energías renovables. Una cuestión que, en estas últimas semanas, está en el candelero informativo de nuestro país a causa de la cercana aprobación de la normativa del Gobierno español sobre la producción de energía eléctrica por “autoconsumo” o, más popularmente conocido, como el “impuesto al sol” (expresión utilizada por los críticos de la regulación estatal al entender que una penalización a la producción autónoma de energías renovables).

Estoy absolutamente convencido de que el futuro de la energía tiene su clave en la universalización y predominio de las energías renovables, en sus múltiples facetas: solar (térmica, fotovoltáica o termoeléctrica), eólica (marina o terrestre), marina (maremotriz, undemotriz), geotérmica, minihidráulica, de la biomasa, biocarburantes… Y, sin embargo, según los último datos del Informe de la situación mundial de las energías renovables “REN21” (2015) este tipo de energías limpias no pasa del 20% del consumo final de energía y es un poco superior al 22% en cuanto a la producción mundial de electricidad. Aunque si tomamos el caso de España, más del 40% de la energía eléctrica es renovable (según el último Informe de la Asociación de Empresas de Energías Renovables, de 2014).

Seguramente no hace falta recordar que una de las medidas más importantes para la lucha contra el cambio climático –dentro de los intrumentos de “mitigación” de los gases de efecto invernadero- está la del fomento de energías renovables, junto con la reducción del uso de los combustibles fósiles (la llamada “descarbonización” de la economía) y el también muy relevante capítulo del ahorro y eficiencia energética. De hecho, de cara a la próxima “Cumbre de París sobre el cambio climático” (en diciembre próximo) han sido ya más de 160 países los que han presentado sus programas de medidas contra el calentamiento global, entre los que se destaca el apartado de las energías renovables.

En la Unión Europea, como es sabido, desde la presentación en 2010 de la “Estrategia 2020” para “una energía competitiva, sostenible y segura”, la Comisión Europea propuso lograr para el año 2020 una reducción de los gases de efecto invernadero del 20% (respecto de los niveles de los años 90), un ahorro energético del 20% y de una implantación del 20% de las energías renovables para el mismo año 2020. En la más reciente fase del proceso de integración de las políticas comunitarias de energía y la climática, auspiciada por la “Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva” (2015) -con el objetivo de “descarbonizar la economía”- la Comisión Europea quiere convertir a la Europa comunitaria en lider de las energías renovables con una implantación del 27% para 2030.

España, tras haber sido desde los comienzos del presente siglo XXI un país lider en el crecimiento de la energías renovables, a partir de la honda crisis económica de 2008, la normativa energética ha invertido muy sensiblemente dicha tendencia (por ejemplo, con la reducción de primas y otras limitaciones). De esta “involución” da buena cuenta el libro colectivo dirigido por, mi paisano y amigo, el Profesor ALENZA GARCÍA titulado “La regulación de las energías reovables ante el cambio climático” (en el que he tenido el honor de participar con un estudio sobre la energía eólica marina). Especialmente críticos con el vigente régimen de las energías renovables –el recogido en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico (desarrollada, a su vez, reglamentariamente por el RD 413/2014)- son los profesores de Castilla-La Mancha, Irene RUIZ OLMO y Francisco DELGADO PIQUERAS, calificando dicho marco jurídico como una “grave retroceso” de las energías renovables en nuestro país. Por su parte, el coordinador del citado libro rechaza la idea de que a situación de crisis económica es inasumible e insostenible el fomento de las energías renovables; una falso dilema contestado de una parte por la obligación moral y jurídica de las compromisos de lucha contra el cambio climático y, de otra parte, por el inestimable papel de dichas energías en la consecución de otros grandes objetivos de la actual política energética (garantía del suministro, reducción de la dependencia exterior, impulso de la competitividad…).

En el “Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España”, presentado por Asociación de Empresas de Energías Renovables (AEER) en 2014, son más que sobresalientes los beneficios de estas energías para la economía española: más de 70.000 empleos generados, generación de 7.387 millones de euros para el PIB, un ahorro de costes de emisiones y en las importaciones, etc. Y, desde luego, está claro que los costes generados por las renovables (en particular, para el pago de primas) no es causante principal del famoso y recurrente “déficit tarifario” al que recurren, una y otra vez, los representantes del oligoplio del sector energético español.

Es evidente que todavía vamos a seguir dependiendo de la energía que nos llega del exterior (actualmente la dependencia energética de España es del 70%, por encima de la media de la Unión Europea del 54%). Y también es verdad que en el “mix energético” español los combustibles fósiles siguen teniendo en la producción de la energía primaria un gran peso (42% del petróleo, 20% del gas natural, 12% de la energía nuclear, 12% del carbón). Pero resulta más positivo el dato de que casi el 50% de la energía eléctríca que producimos proviene de las fuentes renovables.

Habrá que seguir con mucho interés la política energética (“Energiewende”) y de cambio climático de Alemania donde desde la “Estrategia ministerial sobre cambio energético” de 2011, en virtud de la cual se decidió prescidir en un futuro próximo de la energía nuclear y que ha promovido la “Ley para la reforma de las energías renovables” de 2014 con la que se persigue como meta que en 2050 el ochenta por ciento de la energia eléctrica producida proceda de este tipo de energías limpias.

En esta senda deseable de “descarbonización” de la sociedad y de la economía no es un buen dato el actual bajísimo precio del petróleo, que según el ultimo Informe de la Agencia Internacional de la Energía puede mantenerse bajo hasta, nada menos, que el 2020. Si queremos minimizar el impacto del cambio climático –del que parece que nadie nos libra de un mínimo de 2 grados de aumento para el 2100- urge este cambio de modelo energético. Un modelo nuevo, de distribución descentralizada –por el avance de los sistemas de autoconsumo de electricidad en los hogares y de almacenamiento de la energía (como los baterías presentadas hace pocos meses por la empresa Tesla en California), a la espera de otros grandes avances en el campo de la “energía del hidrógeno” o de la “fusión fría”. Un nuevo modelo energético en el que el ahorro y la eficiencia energética es una obsesión constructiva. Un modelo basado en la automoción eléctrica que permita una verdadera movilidad sostenible que hoy reclaman a gritos las grandes ciudades.

No hay tiempo para soñar, hay que poner las bases de un nuevo modelo energético en que el que el imparable desarrollo tecnológico de las energías renovables (“alternativas”, según la terminología tradicional) nos evitarán desembocar en un mundo inhabitable.