Acabo de presenciar el último partido de la final de la NBA en la que el equipo de la Bahía de San Francisco, los Golden State Worriors de Oakland, acaban de ganar el campeonato tras cuarenta años desde la última vez en que también lo lograron. Lo hemos celebrado con los amigos americanos por todo lo alto, aunque la alegría ha quedado empañada por la trágica noticia de la muerte de seis jóvenes, ayer por la noche, aquí en Berkeley, por el derrumbamiento de un balcón en el que estaban, muy cerca de donde resido.
Volviendo a nuestras inquietudes ambientales experimentadas en la West Coast norteamericana, me ha llamado la atención la reciente noticia de que el Parlamento Europeo había decidido aplazar la votación sobre la aprobación de las negociaciones que se vienen desarrollando entre la Unión Europea y los Estados Unidos con relación al futuro “Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión” (conocido también por sus siglas en inglés: TTIP). Apoyado por los populares, liberales y reformistas de la Eurocámara pero con el frontal rechazo de los verdes y la izquierda europea, parece que han surgido discrepancias sobre su aprobación por el grupo socialdemócrata.
Como es sabido el TTIP tiene su origen en la Cumbre entre la Unión Europea y los Estados Unidos celebrada en noviembre de 2011, en la que se decidió crear un “Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento” al que se encomendó iniciar las negociaciones y diseñar el marco político para fomentar la inversión y comercio mutuos, y, con tal fin, preparar un gran acuerdo global de libre comercio y de protección de la inversión; con esta instrumento se pretende fomentar el crecimiento económico y la competitividad internacional de ambas partes. Desde sus primeros pasos, esta futura alianza comercial trasatlántica –que busca la reducción o eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias entre ambos ámbitos económicos- ha generado el claro rechazo de la izquierda política y de los grupos ecologistas que ven en este proyecto. Se argumenta que de aprobarse el Tratado se favorecerá a las empresas trasnacionales (perjudicando a la mayoritarias empresas pequeñas y medianas europeas) y desde el punto de vista ambiental se reducirán los estándares ambientales comunitarios (más exigentes que los norteamericanos). La “campaña NO al TTIP” recoge éstas y otras muchas críticas.
La Comisión Europea –que promueve las aprobación del TTIP- ha rechazado tales críticas y de hecho ha destacado que, en la ronda de las negociaciones, se ha puesto de manifiesto la obligación de que el futuro acuerdo no puede menoscabar, entre otros temas, las normas adoptadas por ambas partes para salvaguardar “la protección del consumidor, el medio ambiente, la salud y la seguridad”. Pese a la confidencialidad con la que se están llevando las negociaciones, ha trascendido la posición de la Unión Europea en materia de “desarrollo sostenible y medio ambiente” (documento hecho público el 7 de enero de 2015) y asimismo el 24 de marzo de 2015 tuvo lugar una reunión de expertos en materia de medio ambiente (“Sub-group meeting on environmental issues”) para definir la posición de la Unión Europea en el futuro acuerdo. Y, también, en esta dirección de promover los objetivos ambientales de la UE a través del mercado, puede consultarse el contenido de la mesa redonda celebrada en Bruselas el pasado 3 de junio.
Acontencida la 9ª ronda de las negociaciones -que tuvo lugar el pasado 24 de abril en New York y que consta de tres pilares fundamentales (acceso al mercado, cooperación normativa y reglamentación)- son varios los asuntos ambientales que son objeto de tratamiento conjunto: el cambio climático (propone alcanzar un acuerdo internacional vinculante en el marco de la Convención del Cambio Climático de la ONU), la protección de la diversidad biológica, la gestión sostenibles de los bosques y de los recursos pesqueros, la gestión de los productos químicos y de los residuos que tengan en cuenta el su ciclo de vida, los pesticidas, etcétera. Particularmente conflictivo ha sido el tema de los “organismos genéticamente modificados” que, por ahora, ha quedado fuera de las conversaciones.
Con relación a la resolución de controversias que acompañan a cualquier acuerdo comercial de estas características, se pretende utilizar los mecanismos del “arbitraje internacional” que ha sido recibido de forma negativa por las organizaciones ambientales por la confidencialidad en el desarrollo de los procedimientos arbitrales y sus laudos. Además, se afirma que, por esta vía, se podría burlar el derecho legítimo de los Estados a regular el interés público y, en particular, la manera en que las políticas públicas, la protección de medio ambiente o la salud pública, podrían influir en la inversión. No obstante, uno de las disposiciones del proyecto de acuerdo trata sobre la “transparencia de los procedimientos” que implicaría la puesta a disposición del público de la información sobre el asunto sometido en su caso al arbitraje.
Todavía queda un largo camino hasta la conclusión del Acuerdo que, posiblemente, no verá la luz hasta el año 2017. Además para su aprobación se necesitará el acuerdo del Parlamento Europeo y de los 28 parlamentos nacionales de la Unión Europea. Seguiremos asistiendo a un enconado debate entre los partidarios de ese gran ámbito económico trasatlántico (con un intercambio comercial de más de un billón de dólares, 4 billones de dólares en inversiones y 13 millones de puestos de trabajo) y los defensores de la idiosincrasia regulatoria y normativa comunitaria en materia ambiental.
Como ha puesto de manifiesto magistralmente mi amigo el Profesor belga Nicolás de SADELEER en su magnífica monografía “EU Environmental Law and the Internal Market” (Oxford University Press, 2014), la relación entre la integración económica y la protección del medio ambiente ha estado llena de controversias. En el seno de la Unión Europea ha habido un magno intento de reconciliar el mercado y el medio ambiente con el fin de lograr el desarrollo sostenible. Y, en parte, se ha logrado, no sin dificultades y con numerosas medidas de armonización que integran la dimensión ambiental.
La futura aprobación de citado acuerdo trasatlántico de comercio e inversión –que va a suponer el reconocimiento mutuo de las normas de los productos de la Unión Europea y de los Estados Unidos o la adopción de normas ambientales comunes– plantea todavía muchas incertidumbres. Habrá que esperar a la conclusión de las negociaciones y a la aprobación por las instituciones comunitarios y los Estados miembros. Pero vistas las cosas desde aquí (los Estados Unidos), soy de la opinión –con el citado Profesor belga- de que, en la Unión Europea, tenemos más claro que la protección ambiental no sólo es un objetivo de los Tratados constitutivos sino una misión fundamental, en igualdad de condiciones, con el crecimiento económico y el mercado interior.